La Restauración Borbónica: Características y Funcionamiento del Régimen

1. La Restauración Borbónica: Características

El pronunciamiento de Martínez Campos en 1874, que puso fin a la situación generada durante la Iª República, supuso la reinstauración en nuestro país de la monarquía borbónica, representada por el hijo de Isabel II, Alfonso XII, y continuada, por la prematura muerte del rey, por la regencia de su mujer María Cristina, hasta la mayoría de edad del futuro Alfonso XIII (nacido en 1886, reinó entre 1902-1931). El régimen de la Restauración se prolonga hasta la llegada de la IIª República, en 1931.

La Restauración es el período de mayor duración de todo el s. XIX, caracterizado por su crecimiento económico, desarrollo cultural y estabilidad política desconocidos hasta entonces.

Económicamente, la consolidación de los dos sectores industriales predominantes, el siderometalúrgico vasco y el textil lanero y algodonero catalán, lo decisivo para la modernización del país radicó en el desarrollo del sector servicios, tanto en los medios de transporte, como en los de comunicación de masas y en el uso de la electricidad. Esta modernización fue acompañada de una creatividad cultural en la generación del 98, aunque seguía habiendo analfabetismo y pedagogías tradicionales y religiosas, excepto en la Institución Libre de Enseñanza: fundada en 1876 por profesores, dirigidos por Francisco Giner de los Ríos.

2. Funcionamiento del Régimen

A) Pacificación del País y Constitución de 1876

La característica más destacada del nuevo régimen radicó en la aprobación de la nueva Constitución del 76, el control de la oposición y de los primeros nacionalismos y la alternancia pacífica en el poder por los dos grandes partidos (conservador y liberal), apoyándose en el caciquismo y el fraude electoral.

Mientras el ejército acababa con la guerra carlista (1876) y temporalmente con la guerra de Cuba (Paz de Zanjón, 1878), la monarquía de Alfonso XII aprobaba la Constitución del 76, en la que se defendía el sistema político diseñado por Cánovas del Castillo y aceptado por el rey antes del golpe de Estado de Martínez Campos: un régimen monárquico muy conservador y autoritario, inspirándose en la Constitución moderada del 45, que permitía al rey recuperar poderes ya perdidos anteriormente, al controlar el ejecutivo y el legislativo y defender la confesionalidad católica, la soberanía compartida y limitaciones de los derechos fundamentales.

B) Bipartidismo, Alternancia en el Poder y Caciquismo

Lo más sobresaliente del nuevo régimen consistió en la necesidad de pactar, por parte de la clase política, unas reglas respetadas por todos impidiendo el bipartidismo y la alternancia pacífica en el poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal.

El sistema diseñado por Cánovas supuso un retroceso democrático, ya que se podía mantener manipulando los resultados electorales, que se conseguía en tres niveles. En primer lugar, el turno de cada partido era decidido por el rey sin participación popular mediante un proceso antidemocrático, pero debía contar con el apoyo mayoritario de las Cortes para poder gobernar con mayoría parlamentaria; de no ser así, el rey las disolvía y se convocaban nuevas elecciones hasta que las nuevas Cortes lo apoyaran por mayoría. La alternancia se produjo en 1881, cuando el rey dio la oportunidad a Sagasta, quien también ocupó la jefatura durante los primeros años de la regencia de María Cristina (1885-1902) por cesión de Cánovas (Pacto de El Pardo). En segundo, una vez elegido el partido por el rey, el Ministerio de la Gobernación elaboraba, antes de las elecciones y según los acuerdos entre ambos partidos, el encasillado, consistente en decidir qué cargos ocuparía el partido en el gobierno y cuáles la oposición. Para terminar, se procedía a la manipulación electoral para dotar a la elección de una apariencia de legalidad: una vez que la lista de candidatos llegaba a la administración provincial y local donde cada partido tenía su apoyo político a cambio de favores, organizaban el “pucherazo” o fraude electoral para conseguir votos a favor de su candidato: compraban votos, presionaban a los electores y poderes locales, falsificaban votos y listas electorales… De este modo, se amañaban los resultados electorales para hacerlos coincidir con los candidatos ya preseleccionados en el M. Gobernación.

C) Control de la Oposición y Nacionalismos

Mientras la derecha, representada por los carlistas, se hallaba muy debilitada tras su derrota militar en 1876 y la izquierda, representada por progresistas, republicanos y movimiento obrero, fragmentada tras su frustración del Sexenio, aparece una nueva oposición, los nacionalismos y regionalismos.

Potenciados por previos movimientos culturales de recuperación del pasado histórico-cultural, se van transformando en movimientos políticos a fines del siglo, tanto en su vertiente conservadora como progresista. El nacionalismo catalán, surgido del federalismo durante el Sexenio, avanzó hasta la creación, en 1891, por la burguesía conservadora, de la Unión Catalanista, promotora de las Bases de Manresa (1892), primer programa preciso del catalanismo, que incluía un proyecto de Estatuto de Autonomía, conservador y tradicionalista, posteriormente, en 1901, fue la fundación del primer partido catalanista, ‘’Lliga Regionalista’’, liderada por los conservadores Prat de la Riba y Francesc Cambó, defensores de la autonomía catalana y fuerza hegemónica electoral hasta la dictadura de Primo de Rivera. Como movimiento burgués planteaba un régimen federal basado en la autonomía de la región. El nacionalismo vasco, heredero del carlismo, fue muy tradicionalista, opuesto al desarrollo industrial, racista, católico intransigente y antiliberal como su principal ideólogo Sabino Arana, fundador del Consejo Provincial Vizcaíno, origen del futuro Partido Nacionalista Vasco (1894), que, a finales del s. XIX, oscilaba entre la independencia o su integración autonómica en España. El galleguismo, valencianismo y andalucismo, adquirieron mucha menor proyección política, siendo todos movimientos minoritarios antes de la guerra civil, limitados a defender la descentralización administrativa y el desarrollo del idioma, pero sin formar partido político, a pesar del prestigio de algunas de sus figuras (Manuel Murguía y Alfredo Brañas, en Galicia; Blas Infante, en Andalucía…)

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