La Revolución de 1868 y la Constitución Democrática
La revolución se produjo en septiembre de 1868 al grito de ‘¡Viva España con honra!’ y triunfó sin apenas derramamiento de sangre, formándose Juntas Revolucionarias en muchos puntos del país. Jefes militares, como Prim, Serrano, Topete, se pusieron al frente de este movimiento insurreccional. El ejército leal a la reina fue derrotado en Alcolea del Pinar, e Isabel II, que estaba veraneando en Lequeitio (Bizkaia), se encontró sin apoyos y se exilió a Francia.
El principal objetivo de los revolucionarios fue elaborar una nueva Constitución que estableciera el reconocimiento de la democracia como sistema. La nueva burguesía pretendía una efectiva división de poderes con el fortalecimiento de las Cortes y la independencia del poder judicial. La Constitución, después de haber sido ampliamente debatida durante cerca de cinco meses, fue promulgada en junio de 1869. En ella se consagraban las libertades democráticas básicas (asociación, reunión, expresión), establecía el sufragio universal (masculino) y, por primera vez, había un reconocimiento de la libertad religiosa: el Estado se declaraba aconfesional y permitía la libertad de culto. En la cuestión de la forma de régimen, la solución fue un nuevo concepto de monarquía: el de monarquía democrática, aunque era muy numerosa entre los diputados la opción republicana.
Amadeo de Saboya (1871-1873)
Aunque había una nueva Constitución, España era una monarquía sin rey; por ello, se instauró una regencia presidida por el general Serrano, mientras que Juan Prim fue nombrado jefe de Gobierno. Estaba descartada la vuelta de la familia borbónica; pese a ello, Cánovas del Castillo comenzó a formar un partido alfonsino para asegurar la defensa de los derechos del hijo de Isabel II.
Durante el año 1869 se produjeron diversos problemas que amenazaron la estabilidad del nuevo régimen: comenzó la guerra de Cuba, tras el Grito de Yara, en demanda de autonomía política; se reorganizaron los carlistas que promovían a su pretendiente don Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, como rey legítimo y, finalmente, se sucedían los levantamientos y agitaciones republicanas en gran parte del país.
A fines de octubre de 1870 se logró solucionar la cuestión del rey, en la persona de don Amadeo, duque de Aosta. Este aceptó el trono tras obtener el consentimiento de las potencias europeas, y las Cortes lo eligieron rey a mediados de noviembre. El reinado de Amadeo fue efímero debido a diversos factores: su valedor, el general Prim, fue asesinado días antes de su llegada a España; el conflicto militar en Cuba, la oposición de las fuerzas monárquicas tradicionales alineadas con el carlismo; la hostilidad de la nobleza y la burguesía españolas que lo consideraban un advenedizo, miembro además de una familia real enemiga de la Iglesia; por otra parte, las movilizaciones obreras y populares reclamaban el establecimiento de un régimen republicano y federal.
Después de repetidas elecciones generales y crisis de gobiernos que nada solucionaron, don Amadeo abdicó en febrero de 1873. Inmediatamente, el Congreso y el Senado, constituidos en una sola Asamblea Nacional, dispusieron, de forma ordenada y pacífica, la proclamación de la República. Había al fin llegado ésta porque la monarquía se había quedado sin posibilidades de actuación.
La Primera República Española
Estanislao Figueras fue designado por la Asamblea como presidente de una república unitaria, pero inmediatamente chocó con los republicanos federales. Su principal cometido era convocar unas Cortes Constituyentes para promulgar una nueva Constitución. Los problemas más graves radicaban en la crisis de la Hacienda, la incipiente guerra carlista en el norte, el problema de Cuba y la escasa colaboración del Ejército, más inclinado al moderantismo y simpatizante de los alfonsinos. En sus meses de gobierno pudo poner en marcha ciertas medidas democráticas, tales como la promulgación de una amplia amnistía, o la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y las quintas.
Pero la república unitaria carecía de apoyos sociales, de manera que el resultado de las primeras elecciones dio el triunfo a los republicanos federales. Las nuevas Cortes proclamaron la República Democrática Federal, siendo propuesto como presidente de Gobierno el catalán Pi i Margall.
Con el triunfo de los republicanos federales surgieron entre ellos discrepancias sobre los pasos que debían seguirse en la organización de la España federal (el nuevo modelo aparecía dividido en diecisiete Estados entre los que figuraban como tales Cuba y Puerto Rico). Unos -los transigentes, que constituían la mayoría encabezada por Pi i Margall- consideraban primordial conseguir el orden social para luego proceder a construir una república federal desde arriba; otros -los intransigentes- defendían que se debía comenzar por la construcción de la federación desde abajo, lograda la cual, debía llegar la paz social.
Ambos grupos presentaron a las Cortes sus propios proyectos para una Constitución federal. Pero una sublevación popular exigiendo el establecimiento de cantones libres -revolución cantonal- comenzó en Cartagena y luego se extendió por otras ciudades del sur y levante peninsular. En esta revolución cantonal (en la que cada población se proclamaba cantón independiente del poder central) confluyeron tres revoluciones distintas: la regionalista, la política y la social. Las clases populares, creyendo encontrar en el federalismo la panacea de sus males -igualdad plena y un mayor reparto de la riqueza-, siguieron a los federales intransigentes que querían dar el poder de decisión a las regiones y acabar con el centralismo.
Pi i Margall, al no poder alcanzar la aprobación del proyecto de Constitución y desbordado por la revolución de los cantones, dimitió, sucediéndole Salmerón. Este, durante el escaso mes y medio de mandato se limitó a restablecer militarmente el orden y a reprimir los movimientos obreros internacionalistas como sucedió en Alcoy; era la reacción de los republicanos unitarios defensores del orden social frente al orden natural de la libertad. Salmerón dimitió por problemas de conciencia (no quiso firmar unas penas de muerte contra los revolucionarios), y el 6 de septiembre fue elegido nuevo presidente de Gobierno el catedrático de la Universidad Central Emilio Castelar. Su programa se redujo, básicamente, a restablecer el orden; porque, si bien había finalizado el movimiento cantonal, quedaban otros focos de desorden: la guerra con los carlistas en el norte y la de Cuba. Sin embargo, este intento fue interrumpido por el golpe de Estado del general Pavía (enero de 1874), que con fuerzas de la Guardia Civil disolvió las Cortes Constituyentes, finalizando así la Primera República.