Ley de minas 1871

El sexenio democrático

La crisis económica

Durante el reinado de Isabel II, a mediados de la década de los 60 en 1866 se hizo notable el inicio de una crisis económica, la cual se manifestó a nivel financiero e industrial que coincidió con una crisis de subsistencias.
La crisis financiera se inició a raíz de la crisis de los ferrocarriles. Esta inicio por las gran inversión de capital en bolsa, pero al comenzar a explotar su rendimiento fue menor, el transporte de merecías y viajeros no tuvo la demanda esperada y el valor de las acciones se desplomo. La situación provoca la crisis de muchas entidades financieras que cancelaron sus créditos y extendieron la alarma hacia particulares y empresas.
La crisis financiera coincidió con una crisis industrial. La industria textil se abastecía de algodón de estados unidos pero la guerra de sucesión de este país  hizo que la importación subiera los precios, muchas pequeñas empresas no pudieron superar la subida y además, la crisis económica hacia bajar la demanda y a ello se le suma la crisis de subsistencia.
La crisis de subsistencia la causo una serie de malas cosechas que dieron como resultado una escasez de trigo y los precios de productos básicos empezaron a subir (pan, arroz, bacalao…). La combinación de ambas crisis, agrícola e industrial agravo la situación. En el campo condujo a la violencia y en las ciudades se produjo una oleada de paro.

El deterioro político

La población tenía  motivos de descontento contra el sistema Isabelino. Los negociantes reclamaban medidas para defender sus inversiones en Bolsa, los industriales exigían proteccionismo y obreros y campesinos denunciaban su miseria. En 1866, después de la revuelta de sargentos en el cuartel San Gil  y de su dura represión,  O’Donnell fue apartado del gobierno por la reina, pero  el partido Moderado continuo gobernando por decreto, cerrando las cortes y haciendo oídos sordos a los problemas del país.
Ante la imposibilidad de acceder al poder, los Partidos Progresistas y Demócratas actuaron con una política de retraimiento y firmaron el Pacto de Ostende para derrocar el poder isabelino y dejar la decisión sobre la nueva forma de gobierno (monarquía o república) en manos de unas cortes constituyentes.
A dicho pacto de unieron más tarde los Unionistas tras la muerte de O’Donnell, aportando una buena parte del ejército. Pero el carácter conservador y opuesto a todo cambio social de los unionistas contrarresto el peso de los demócratas y redujo el levantamiento del 68 a un simple pronunciamiento militar.

La revolución del 68 y el gobierno provisional

El 19 de sep. Del 68, el alzamiento militar contra el gobierno consiguió rápidamente el apoyo de la población que pedía a los cuídanos que acudiesen a las armas. En los días siguientes, Prim fue sublevando sucesivamente Málaga, Almería y Cartagena.
El gobierno envió un ejército desde Madrid para aplacar el alzamiento, la batalla se libró el 28 de Sep. Con la victoria de los sublevados. El gobierno no tuvo más remedio que dimitir y la reina tuvo que exiliarse.
Además del enfrentamiento militar  las fuerzas populares tuvieron un gran protagonismo sobre las urbanas; En muchas ciudades se constituyeron Juntas revolucionarias. Las consignas eran parecidas en todos lados: demandas de libertad, soberanía, separación de estado e iglesia, supresión de las quintas, sufragio universal, abolición de impuestos de consumos, elecciones a cortes constituyentes, reparto de la propiedad o proclamación de la república.
Ahora bien, el radicalismo de algunas Juntas no era compartido por Unionistas y Progresistas pero una vez derrocado el gobierno, se dispuso a nombrar uno provisional de carácter centrista.

La constitución de 1869 y la regencia

El nuevo gobierno promulgo decretos para dar satisfacción a algunas demandas populares y convoco elecciones a las cortes constituyentes. Los comicios, fueron los primeros en reconocer sufragio universal a varones mayores de 25  y dieron la victoria a la coalición gubernamental, partidaria de la formula monárquica, pero también aparecieron en la cámara dos importantes minorías: Carlistas y Republicanos. Las cortes se reunieron y crearon una comisión encargada de redactar una nueva constitución que fue proclamada el 1 de junio del 69.

La constitución del 69, la primera democrática de la historia de España, estableció un amplio régimen de derechos y libertades y también proclamaba la soberanía nacional. El estado se declaró monárquico, pero la potestad de hacer las leyes residía exclusivamente en las Cortes: el rey tan solo las promulgaba, no podía vetarlas, y sus poderes quedaban bastante limitados.
Proclamada la Constitución y con el trono vacante, las Cortes establecieron una regencia, que recayó en el general serrano, mientras Prim fue designado presidente. Los republicanos mostraban su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la actividad insurreccional. La situación económica era grave y además había que encontrar nuevo monarca. Por otro lado, el nuevo gobierno fue recibido con simpatía por gran parte de los países europeos, ya que ponía fin a la inestabilidad política de Isabel II, los nuevos dirigentes parecían más adecuados para emprender las reformas económicas a fin de garantizar las inversiones y los negocios extranjeros.

El intento de renovación económica

Uno de los objetivos de ‘’la gloriosa’’ era reorientar la política económica, Por ello, la política económica de esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a la entrada del capital extranjero.
El ministro de Hacienda, suprimió la contribución de consumos pero introdujo la contribución personal según su renta. También  estableció la peseta como unidad monetaria, para unificar y racionalizar el sistema monetario.
La deuda pública excesivamente elevada y habían deudas con la Banca extranjera. Además, La  grave crisis de los ferrocarriles solo tenía solución con recursos públicos. Todo ello se pretendió solucionar mediante la ley de minas de 1871.
La última gran acción sobre la economía fue la liberación de los intercambios exteriores, Ley de bases Arancelarias, que dio lugar a la oposición de los industriales algodoneros catalanes y cerealistas que veían peligrar su monopolio nacional. 

La Frustración de las aspiraciones populares


La Constitución frustro algunas de las aspiraciones de otros grupos políticos,  como los republicanos que ante la monarquía reclamaban la persistencia de las desigualdades sociales a campesinos, jornaleros y trabajadores de fábrica, que no veían mejorar su situación.
El campesinado demandaba un mejor reparto de la tierra mientras las revueltas urbanas protestaban contra los consumos, las quintas y el aumento de los precios, de igual modo, el incipiente movimiento obrero radicalizo la demanda de la mejora de las condiciones laborales.
Los republicanos encarnaron gran descontento, pero el fracaso de sus insurrecciones condujeron a que la mayoría de estos sectores de inclinaran hacia posiciones más radicales y apolíticas (internacionalismos).

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