Minoría y mayoría de edad Isabel II

Tipo de fuente histórica:


Primaria Cronología:
21 de Febrero de 1836Temática del texto:
Política y económica Autor del texto:
Mendizábal, liberal progresista, presidente del gobierno de España Destinatario del texto:
María Cristina, reina regente de España Contexto histórico (Cuándo, dónde, cómo y por qué)Cuándo:
Regencia de María Cristina (1833-1840). Proceso de desmantelamiento del Antiguo Régimen y tránsito hacia un Régimen Liberal.

Cómo:

En 1836 se inició el proceso de liberalización de la agricultura a base de tres medidas del gobierno progresista presidido por Mendizábal: la disolución del régimen señorial, la desvinculación de los patrimonios y la desamortización. Mendizábal ordenó la disolución de las Órdenes religiosas regulares y, a continuación, procedíó a realizar la incautación de sus propiedades. Estos bienes incautados fueron luego tasados y vendidos en subasta pública al mejor postor. Con ello se buscaba debilitar la influencia de la Iglesia, inclinada hacia el carlismo, y crear una nueva capa de propietarios rurales que activase la producción agrícola y se convirtiera en fieles defensores de la causa liberal.

Por qué:

La agricultura era en 1836 la más importante de las actividades económicas de España, tanto por el porcentaje de riqueza que aportaba a la renta nacional como por la población que empleaba. Sin embargo, su productividad se hallaba completamente estancada. Su sistema de propiedad, heredado de la Edad Media, presentaba el contraste de unos pocos propietarios (aristocracia y órdenes religiosas), dueños de grandes latifundios, en oposición a grandes masas de campesinos (aparceros y arrendatarios) que cultivaban las tierras de esos propietarios, pero que vivían en la miseria. Ese desigual reparto no sólo significaba un desequilibrio social, sino también la eternización de la deficiente productividad agrícola por cuanto a los propietarios no les interesaba invertir en cambios tecnológicos o nuevos cultivos, bien por no necesitar nuevos beneficios o por tener sus propiedades vinculadas. Para aumentar la productividad de la agricultura española, era necesario pasar a una propiedad privada de la tierra y poner con ello las bases de la organización capitalista de la economía, tal como había tenido lugar en otros países europeos, como Gran Bretaña, Francia y Bélgica.

Análisis del texto: 3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos:

Deuda nacional3.2. Ideas principales del texto:
Mendizábal expone los motivos que justifican la venta en pública subasta de los bienes recién confiscados a las órdenes religiosas regulares. Las razones que aduce son de dos tipos: económicas, porque el Estado necesita sanear la deuda pública nacional, acabar con el inmovilismo de los antiguos propietarios y facilitar la industrialización del país. Y políticas, porque pretende la creación de una masa de propietarios afines al liberalismo y que se identifiquen con los principios del mismo.

4. Valoración 4.1. Precedentes y consecuencias: Precedentes:

Las medidas aprobadas por Godoy durante el reinado de Carlos IV, por las Cortes de Cádiz y por los gobiernos del Trienio Liberal.

Consecuencias

La desamortización no creó una clase nueva de propietarios que explotara profesionalmente la tierra sino que la tierra tan solo cambio de manos (de las órdenes religiosas y de la aristocracia a la alta burguésía rentista agraria). Pero tuvo éxito en el sentido de que esa burguésía agraria daría su apoyo al partido moderado durante el reinado de Isabel II.
Sirvió también para financiar la guerra carlista y sanear en parte la Deuda Pública.

4.2. Significado histórico del texto:

La desamortización significó el mantenimiento de la misma estructura latifundista de la propiedad agraria española heredada de la Edad Media. Sus víctimas fueron, además de la Iglesia, grandes masas de campesinos proletarizados. En ello se ha visto parte del origen de las rebeliones campesinas de la edad contemporánea, y de su acercamiento al carlismo (N. De la Península) o al anarquismo (S. De España). La desamortización ha sido juzgada por muchos autores como la gran ocasión perdida para la modernización de España. Sus objetivos serán retomados en 1932 con la Ley de Reforma Agraria, aprobada por el gobierno de Manuel Azaña.

TEMA 2: LA


CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL ENTRE 1833 Y 1869

durante el reinado de Isabel II, se construyó y consolidó el Estado liberal y nacional. En la primera década del reinado, predominó el proyecto progresista o de la izquierda liberal, En la segunda la derecha liberal, que construyó un sistema autoritario con el cual se alcanzó una gran estabilidad política La oposición frontal al Estado y a la economía liberal la encarnó el movimiento carlista, que fue el gran derrotado, política y militarmente, de la España del Siglo XIX. 

Las guerras carlistas

En este conflicto se enfrentaron las fuerzas (isabelinas), apoyadas por los liberales, y los (carlistas), defensores del absolutismo.
El carlismo es un movimiento ideológico que surge como oposición al liberalismo. Su origen se sitúa en la crisis sucesoria que se abre cuando Fernando VII, mediante la Pragmática Sanción, decide abolir la Ley Sálica para facilitar el acceso al trono a su hija Isabel. Los absolutistas ultras o apostólicos, opuestos a las reformas iniciadas por Fernando VII Desde el punto de vista ideológico, el carlismo se caracteriza por la defensa del poder absoluto del rey, por apoyar el catolicismo y los privilegios de la Iglesia La principal base social del carlismo estuvo en los pequeños campesinos, otro importante apoyo entre el bajo clero, También la pequeña nobleza apoyará el carlismo, mucho más perjudicada que la alta nobleza por la abolición de los privilegios estamentales. Desde el punto de vista geográfico, se difundíó x la mitad norte peninsular, y especialmente allí donde se manténían los fueros como ocurría en el País Vasco, Navarra o las zonas rurales de Cataluña, Aragón o Valencia. Donde el carlismo apenas tuvo apoyos fue en las ciudades. Al ser proclamada reina Isabel II se produce una insurrección en defensa de don Carlos con la que comienza la Primera Guerra Carlista. Esta tuvo como principales escenarios el País Vasco y Navarra, el interior de Cataluña y el Maestrazgo. Destacaron en el bando carlista los generales Zumalacárregui y Cabrera La guerra termina en 1839 con el Convenio de Vergara, por el que los isabelinos se comprometen a reconocer los grados militares carlistas y a respetar los fueros vasconavarros, aunque la guerra siguió en el Maestrazgo un año más.
La Segunda Guerra Carlista (1846-1849) tuvo menos importancia. En ella los carlistas defendieron los derechos del pretendiente Carlos VI y tuvo como escenario el interior de Cataluña.
La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) estalla en defensa de los derechos de Carlos VII frente a la monarquía democrática de Amadeo de Saboyá. El principal escenario estuvo en el País Vasco y Navarra, donde se creó un auténtico Estado con capital en Estella. Con Alfonso XII se puso fin a la guerra en 1876 y con ella se abolieron los fueros vascos, sustituidos por unos conciertos económicos que daban a las tres provincias vascas la autonomía fiscal que ya tenía Navarra.

La minoría de edad de Isabel II (1833-1843)


  Isabel II, es proclamada reina aunque se encarga de la regencia durante su minoría de edad su madre Mª Cristina de Nápoles. Existe además una presión de las potencias occidentales a favor de las reformas liberales y que se refleja en la formación de la Cuádruple Alianza Como consecuencia, se va a iniciar una transición hacia el liberalismo que se basará en el compromiso entre la vieja nobleza y la nueva burguésía liberal. El partido moderado se basa en el liberalismo doctrinario, que combina elementos del Antiguo Régimen con el liberalismo. Defienden la soberanía compartida entre rey y Cortes, derechos y libertades limitados, la oficialidad de la religión católica, unas Cortes bicamerales con un Senado elitista y un Congreso de los diputados elegidos por un sufragio muy restringido, y fuertes poderes para el rey que tendría derecho de veto. El partido progresista se basa en un liberalismo popular, que busca romper con el Antiguo Régimen. Defiende la soberanía nacional, garantías para los derechos y libertades individuales, especialmente de imprenta, mayor tolerancia religiosa, unas Cortes bicamerales en las que ambas cámaras serían electivas por un sufragio censitario más amplio, y unos poderes del rey más limitados. Cea Bermúdez inicia la transición hacia el liberalismo con una tímida apertura política que se basa en el acuerdo entre absolutistas reformistas y liberales moderados. Este acuerdo se plasma en el Estatuto Real de 1834, una especie de carta otorgada que contempla unas Cortes Bicamerales, con muy pocos poderes, en las que el Estamento de Próceres estaría reservado a las élites mientras que el Estamento de Procuradores sería elegido mediante un sufragio muy restringido. Este régimen tan autoritario propicia la oposición de los progresistas que se plasma en varios levantamientos populares, a veces con un carácter anticlerical, y que favorecen que en 1835 la regente llame a un progresista, Mendizábal, para presidir el gobierno y abordar la desamortización eclesiástica. Finalmente, en 1836 el pronunciamiento de los Sargentos de La Granja (La Sargentada) obliga a la regente a jurar la Constitución de 1812.

2.2. La mayoría de edad de Isabel II (1843-1868)


  Comienza la Década Moderada (1843-1854), un largo periodo de gobiernos moderados dominados por las figuras de Narváez y Bravo Murillo. Se crea un nuevo orden político conservador y que se plasma en la Constitución de 1845,con la creación de la Guardia Civil por el duque de Ahumada como instrumento de control de la disidencia rural, y la firma del Concordato con la Santa Sede (1851) que restablece las relaciones con el Papa a cambio de amplios privilegios para la Iglesia.
En 1854, los generales O’Donnell y Espartero protagonizan un pronunciamiento militar conocido como la Vicalvarada. Los sublevados presentan el Manifiesto de Manzanares con promesas de libertad, lo que favorece el inicio de levantamientos populares Se inicia el Bienio Progresista (1854-1856) con la redacción de la Constitución de 1856 que no llegaría a ser promulgada. Se adoptan importantes medidas económicas como la desamortización de Madoz, la Ley de Ferrocarriles o la de sociedades de crédito.Pero, entre 1856 y 1863, forma gobierno el general O’Donnell al frente de un nuevo partido llamado Uníón Liberal. Se trata de un partido de centro, que aglutina a los sectores más centrados de los partidos progresista y moderado, y con los que O’Donnell busca conseguir la estabilidad política. Durante estos años se desarrolla una política exterior de prestigio, que busca distraer la atención del pueblo fomentando el patriotismo, y que lleva a España a intervenir en guerras como la de Marruecos y del Pacífico.
Desde 1863, Narváez vuelve al gobierno con el apoyo claro de la reina. El régimen se vuelve más autoritario, suspendiendo ocasionalmente la Constitución y acentuando la represión como en la Noche de San Daniel. Los partidos de la oposición recurren a la conspiración y la insurrección militar como la del Cuartel de San Gil.

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