A partir del siglo XVIII la nueva dinastía reinante en España fue francesa, así como los miembros del gobierno que asesoraron a Felipe V durante la guerra y que posteriormente fueron designados por el propio Luis XIV para aconsejar y controlar a su nieto. Entre ellos destacan la princesa de los Ursinos y el embajador Jean Michel Amelot que ejercería como primer ministro, y el experto en finanzas Jean Orry, ministros que introdujeron a España en el modelo del Absolutismo monárquico francés. Felipe V (1700-1746), monarca de personalidad débil y depresiva estuvo sometido a la influencia de las dos mujeres con las que se casó, en especia, de su segunda mujer, Isabel de Farnesio. Durante su reinado ejercieron el poder validos como el cardenal Albertoni o el barón de la Ripperdá. El gobierno de ambos resultó un fracaso en política exterior (intento de Felipe V por recuperar algunas de las posesiones pedidas por España y la política encaminada a colocar a los hijos de Isabel de Farnesio en tronos italianos) y fueron sustituidos por una burocracia española absolutista y reformista (Melchor de Macanaz y José Patiño formaron la primera generación de funcionarios reformistas). Tras la muerte de Felipe V ( y el breve reinado de Luis I, 1724) le sucede su hilo Fernando VI (1746-1759). Este monarca tampoco intervino en el gobierno, que acabó en manos de la segunda generación de burócratas, entre los que destacan José de Carvajal y el marqués de la Ensenada. Estos políticos procedían de la baja nobleza y dependían del favor del monarca y de sus partidarios en la Corte. La política de cuño absolutista de los primeros Borbones trajo como consecuencia constantes enfrentamientos con la alta nobleza y gran parte del clero. 

 10.3.

La España del siglo XVIII

Reformas en la organización del Estado. La monarquía centralista.

 Los Borbones impusieron en España el modelo absolutista implantado en Francia. En este modelo, el monarca constituía la emanación de Estado: a él pertenecían los territorios y era fuente de ley, justicia y máxima autoridad de gobierno. Felipe V, mediante los decretos de Nueva Planta (entre 1707 y 1716) reorganizó el territorio imponiendo una única estructura de carácter uniforme (con alguna excepción en Navarra y el País Vasco). Se abolieron las Cortes de los diferentes reinos peninsulares integrándolas en las Cortes de Castilla, que se convirtieron en las Cortes de España, que sólo se reunían a petición del monarca y para jurar al heredero. El Consejo de Castilla asumió funciones del Consejo de Aragón, y ejercía, así mismo, como Tribunal Supremo de Justicia. Sus funciones de gobierno fueron perdiendo peso frente a las nuevas Secretarías, cuya función era auxiliar al monarca (Estado, Asuntos Extranjeros, Justicia, Guerra y Marina y Hacienda). Los secretarios eran nombrados y destituidos por el rey, y sólo rendían cuentas ante el monarca. Se eliminaron los virreinatos, exceptuando los americanos, y se crearon demarcaciones provinciales, gobernadas por capitanes generales. Se implantaron también reales audiencias. Por último, se extendió a todo el territorio la institución de los corregidores castellanos. En la administración se creó la figura del intendente, que dependía directamente del rey. Sus funciones eran la recaudación de los impuestos, la dinamización económica del país y controlar a las autoridades locales. Otra de las novedades de este periodo fueron los repetidos intentos de reorganizar la Hacienda. La nueva administración entendía que era imprescindible que todos los habitantes de reino pagaran en relación a su riqueza, incluidas las clases privilegiadas. Aprovechando el derecho de conquista, en Aragón y Cataluña se implantaron la talla, el equivalente y el catastro, cuyo éxito fue evidente. El sistema trató de extenderse a toda España (Catastro de Ensenada, 1750-1753), pero las fuertes resistencias de los privilegiados impidieron su aplicación. 

10.7. La Ilustración en España. 

 Esta nueva corriente de pensamiento se extendió muy rápido por Europa, hasta el punto de que el siglo XVIII se le denomina Siglo de las Luces. Su principal característica es la confianza en la razón, la inteligencia y el progreso. Por ello los ilustrados apoyaban la educación y el progreso como bases del cambio y sometieron a crítica los principios por los que se regía la sociedad estamental, afirmando la igualdad y el derecho a la libertad de todos los seres humanos. Criticaban la rígida organización económica, se opusieron al dominio ideológico de la Iglesia y se enfrentaron al absolutismo monárquico, defendiendo la necesidad de un contrato entre gobernantes y gobernados. En España, la introducción y difusión de las ideas ilustradas fue lenta y difícil, pues la ausencia de amplios grupos burgueses, el anquilosamiento y conservadurismo de los medios intelectuales universitarios y el enorme peso de la Iglesia los obstaculizaron. A partir de 1750 surgió una generación de pensadores (Feijóo, Campomanes, Cadalso, Jovellanos, Aranda, Floridablanca, Olavide y Capmany…) que no formaban un grupo homogéneo, pero que coincidieron en el interés por la ciencia, el espíritu crítico, y la idea de progreso. Muchos ilustrados eran miembros de la pequeña nobleza y permanecieron aislados entre la incomprensión y la indiferencia de la aristocracia, el clero y las clases populares. Estaban convencidos de que sólo la mejora del nivel cultural podría sacar al país del atraso, por ello hicieron de la educación un objetivo prioritario, se enfrentaron a las órdenes religiosas y a los estamentos privilegiados y defendieron la necesidad de imponer una enseñanza útil y obligatoria en los primeros niveles. Otra preocupación importante fue la cuestión económica, pues eran conscientes del atraso del país. Por ello se esforzaron en estudiar la situación del país (Sociedades Económicas de Amigos del País) y proponer una serie de reformas.

10.4. La práctica del despotismo ilustrado:

 Carlos III. Carlos III (1759-1788) accedió al trono español al morir su hermano Fernando VI. El nuevo monarca ya había gobernado en Nápoles donde había fomentado los principios de la Ilustración. Al inicio de su reinado tuvo que enfrentarse a la oposición de los estamentos privilegiados que estaban en contra de su programa de reformas. Es en el contexto de este enfrentamiento donde hay que situar el motín de Esquilache (1766). Pero una vez que Esquilache fue sustituido el rey continuó con su programa de reformas. Para llevar a cabo esta política contó con ministros y colaboradores entre los que destacan Campomanes, el conde de Floridablanca y el conde de Aranda; y junto a ellos Pablo de Olavide y Gaspar Melchor de Jovellanos. En el ámbito religioso, los ministros de Carlos III practicaron una política regalista. En este contexto se produjo la expulsión de los jesuitas de España (1766). En el ámbito social, se declararon honestas todas las profesiones (1783) y las de utilidad pública se consideraron mérito para la consecución de la hidalguía. En materia de educación, se reformaron los estudios universitarios y las enseñanzas medias (escuelas de artes y oficios y Reales Academias). En el ámbito económico, se limitaron los privilegios de la Mesta, se colonizaron nuevas tierras y se impulsaron proyectos de reforma agraria; por otra parte se fomentó la libre circulación de mercancías y se decretó el fin del monopolio del puerto de Cádiz (1765). La actividad industrial recibió un claro apoyo mediante la liberalización del proceso de fabricación, el establecimiento nuevos aranceles y la firma tratados comerciales con potencias extranjeras. En último término, se moderó la política impositiva para fomentar la producción y para limitar el gasto público. Uno de los esfuerzos más interesantes fue la creación de las Sociedades Económicas de Amigos del País para fomentar la agricultura, el comercio y la industria, traducir y publicar libros y difundir las ideas liberales. A modo de balance, se podría afirmar que el Despotismo ilustrado de Carlos III fue positivo para España, si bien los intentos de reforma tenían como límite el propio poder del monarca y el mantenimiento del esqueleto del Antiguo Régimen. 

10.5. La España del siglo XVIII. Evolución de la política exterior en Europa. El reinado de los Borbones se inicio con una importante pérdida de poder e influencia de la Corona de España en el contexto internacional (tratados de Utrecht en 1713 y de Rastadt en 1714 que liberaron a la monarquía de la carga militar y financiera que supuso el mantenimiento de las posesiones europeas en los siglos XVI y XVII). El siglo XVIII fue un periodo relativamente pacífico, aunque España se vio implicada en algunos conflictos bélicos como consecuencia del empeño de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, en defender el acceso al tronos italianos de sus hijos, lo que ocasionó una serie de enfrentamientos con Austria. En busca de aliados para una política exterior más beligerante Felipe V y posteriormente Carlos III firmaron una serie de pactos con Francia (Pactos de Familia de 1733, 1743 y 1761). La etapa de gobierno de Fernando VI (1746-1759) inauguró una época de neutralidad en la política exterior española. Sus esfuerzos estuvieron encaminados a la renovación del ejército y de la marina española. España poseía todavía numerosas colonias en América y había que hacer grandes esfuerzos para renovar y controlar la administración y el comercio colonial. Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) España intervino en la Guerra de los Siete Años al lado de Francia (tercer Pacto de Familia, 1761) contra Inglaterra. La guerra terminó con la Paz de París (1763) en la que España cedió la Florida y territorios de México a Gran Bretaña, mientras que la Luisiana pasaba de manos francesas a españolas. En 1782 Carlos III logró la recuperación de Menorca que estaba en manos inglesas desde 1713. En último término habría que destacar la intervención de España, junto con Francia, en la Guerra de Independencia de los EE.UU. (1776-1783) en favor de los colonos norteamericanos. Al final del conflicto, con la derrota de Inglaterra, España recuperó la Florida y los territorios mexicanos mencionados más arriba (Paz de París de 1783).

10.6. La política borbónica en América. Los Borbones, especialmente Carlos III, se preocuparon de reorganizar el comercio con América. A pesar de las dificultades que siguieron a la crisis económica del siglo XVII, eran indudable que las colonias constituían una importante fuente de ingresos para la Corona. El comercio colonial mantenía a principios del siglo XVIII la estructura creada por los Austrias (monopolio de los puertos de Cádiz y Sevilla, organización a través del sistema de flotas, comercio en manos de extranjeros ante la incapacidad de Castilla de satisfacer la demanda americana). A imitación de otros países, la Corona española patrocinó la fundación de Compañías comerciales a las que otorgaba numerosos privilegios y el monopolio sobre productos o territorios americanos. Una de las más importantes fue la Guipuzcoana de Caracas, ligada al conde de Pe- ñaflorida y a la propia corona. Pero el sistema se mostró ineficaz ante los problemas ocasionados por la piratería, el contrabando y la competencia extranjera, entre otros. Esa serie de problemas abrieron la posibilidad de liberalizar el comercio con América en la segunda mitad del siglo XVIII. Estas medidas contribuyeron a la prosperidad de algunas zonas como Cataluña, que pudieron abrirse a la exportación de mercancías.