La institucionalización del régimen y la organización del Estado

El Directorio Militar

Las primeras medidas del Directorio Militar dejaron claro su carácter dictatorial: proclamación del estado de excepción, suspensión del régimen constitucional, disolución de las Cortes, prohibición de las actividades de partidos y sindicatos y cese de las autoridades civiles. En definitiva, se desmontaron los principios del Estado liberal y sus instituciones, que paulatinamente se sustituirían por un ejecutivo fuerte, en gran medida inspirado en la Italia fascista de Mussolini.

El orden público fue encargado al ejército con el objetivo de su restablecimiento. En este sentido, se desarrolló una política represiva, principalmente contra la CNT, que intentó organizar una huelga general. Por otro lado, el PSOE y la UGT colaboraron con la dictadura. La regeneración prometida quedó en una gran farsa.

Los alcaldes y concejales fueron sustituidos por elementos adictos al régimen y los mecanismos electorales fueron eliminados. Lo único que se hizo fue sustituir a unos caciques por otros. Prohibidos los partidos políticos, se creó uno nuevo: Unión Patriótica, con el objetivo de servir de sostén al nuevo régimen y proporcionar los cargos para la administración. Los afiliados procedían, en su mayoría, del catolicismo, de los funcionarios públicos y de los caciques locales.

El problema de Marruecos ocupó, en estos primeros años, un lugar central en las preocupaciones del dictador. Se inició una política conjunta con Francia que dio lugar al desembarco de Alhucemas (1925), operación militar de gran éxito. Abd-el-Krim se rindió, entregándose a los franceses al año siguiente. Este acontecimiento representó el punto álgido de la dictadura, alcanzando Primo de Rivera un relativo consenso y sus mayores cotas de aceptación y popularidad. A partir de 1927, las tropas españolas dieron por concluida la ocupación efectiva de todo el Protectorado.

Por otro lado, destacó una activa legislación social que reguló el trabajo de la mujer, promovió la construcción de viviendas obreras y llevó a cabo un ambicioso programa de obras públicas, en el que nos centraremos al abordar su política económica. Estos aspectos contribuyeron a la aceptación del régimen.

El Directorio Civil

Reconfortado por la popularidad alcanzada, Primo de Rivera decidió sustituir el Directorio Militar por el Civil, con el objetivo de abandonar la excepcionalidad política y regresar a una normalización que permitiese continuar con el proceso de institucionalización del régimen. Ministros destacados de este nuevo gobierno fueron Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunós al frente del Ministerio de Trabajo. El cambio de orientación política manifestaba la voluntad de pervivencia del régimen más allá de su inicial carácter temporal.

En 1927, Primo de Rivera creó una Asamblea Nacional Consultiva. Se trataba de un organismo corporativo, de clara inspiración italiana y compuesto por 400 miembros, con una función consultiva y totalmente sometida al poder ejecutivo. Esta Asamblea estuvo encargada de redactar un Estatuto Fundamental de la Monarquía que actuase a modo de lo que sería una Constitución en un sistema liberal. La mala acogida del proyecto hizo que no llegase a ser aprobado.

Las relaciones laborales fueron reguladas también por el Estado, en un nuevo calco del fascismo italiano. De este modo, los sindicatos verticales organizaban las relaciones entre la empresa, el Estado y los trabajadores, configurando una institución muy en la línea del corporativismo.

La política económica del régimen

En el contexto de una coyuntura favorable a nivel internacional, el régimen consiguió razonables éxitos en materia económica. Se orientó hacia directrices estatales centradas en el desarrollo de las obras públicas. La construcción de carreteras, ferrocarriles, pantanos y centrales hidroeléctricas ocupó un lugar destacado.

En el mismo sentido, se protegió la industria nacional mediante una serie de subvenciones a aquellas empresas estratégicas que no fueran competitivas. Además, en esta materia se crearon monopolios estatales como Telefónica en el ámbito de las comunicaciones y CAMPSA en el sector energético.

Pese al razonable éxito económico de las citadas medidas, hacia finales de la dictadura se había producido un fuerte endeudamiento del Estado, lo que supuso una dificultad durante el periodo final del régimen, así como durante la II República. Por último, la dictadura no abordó los graves problemas del campo español, como la necesaria reforma agraria, la estructura de la propiedad de la tierra o el problema de los jornaleros.

Resumen de medidas y consecuencias

• Supresión de libertades y concentración del poder en el ejecutivo.
• Represión de movimientos obreros y cooperación de ciertos sindicatos con el régimen.
• Creación de instituciones de soporte al régimen: Unión Patriótica y Asamblea Nacional Consultiva.
• Éxitos militares en Marruecos (desembarco de Alhucemas) y legislación social limitada.
• Impulso de obras públicas y protección industrial, acompañado de un endeudamiento público creciente.