Las Grandes Reformas de la República

Contexto Inicial y Establecimiento del Nuevo Régimen

Dos días después de las elecciones municipales convocadas por el Almirante Aznar, se proclama la II República el 14 de abril de 1931, en medio de una coyuntura económica desfavorable derivada del Crac de 1929, de una sociedad dividida y enfrentada, y de una gran fragmentación política. En la noche del mismo día 14, asume el poder un Gobierno Provisional cuyo objetivo era poner en marcha una serie de reformas relacionadas con la cuestión social, la militar y, sobre todo, convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Las nuevas Cortes refrendaron los decretos elaborados por el Gobierno Provisional y crearon una comisión encargada de elaborar una Constitución que, una vez aprobada el 9 de diciembre de 1931, llevó a la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y a Manuel Azaña como jefe de Gobierno. Este primer periodo republicano se caracterizó por acometer una serie de reformas que pretendían democratizar la vida española, modernizar sus estructuras y mejorar el nivel de vida de las clases menos favorecidas.

Principales Ejes Reformadores

La Cuestión Religiosa y la Secularización

Será la cuestión religiosa, a la que Azaña alude en su discurso pronunciado ante las Cortes el 13 de octubre de 1931 y recogido en el documento 2, una de las primeras medidas abordadas por la República con la finalidad de limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la vida española. Estas intenciones se plasmaron en la Constitución, que estipuló la aconfesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil, y se secularizaron los cementerios. El temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían, especialmente en la educación, llevó al Gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y posibilitaba su disolución en caso de peligro para el Estado. El enfrentamiento más grave se produjo con la Compañía de Jesús, que fue disuelta y sus bienes nacionalizados (se les acusaba de depender de un poder extranjero debido a la existencia de un cuarto voto de obediencia al Papa). Una buena parte de los sectores católicos percibió la nueva legislación como una agresión al catolicismo. Estos temores aumentaron tras el incendio de iglesias y conventos entre los días 11 y 12 de mayo. Ante todo ello, la jerarquía eclesiástica no dudó en manifestar su antagonismo hacia la República y en movilizar a los católicos en su contra. La intolerancia de todos hizo que la cuestión religiosa se convirtiese en uno de los motivos clave del enfrentamiento entre españoles en 1936.

La Reforma Militar de Azaña

Uno de los problemas más delicados que se le planteó a la República fue la cuestión militar, ya que era esencial que el nuevo régimen se ganase el favor del Ejército, pero estaba convencido de que este necesitaba una profunda transformación. Azaña impulsó su reforma con tres objetivos básicos: reducir el número de oficiales, cuerpos y unidades; eliminar el poder político de los militares; y aumentar su eficacia. Entre el conjunto de medidas que formaron la «Ley Azaña» destacamos:

• Exigencia de que todos los mandos jurasen fidelidad a la República, tal y como se recoge en el artículo 1 del documento 1.
• Supresión de la Ley de Jurisdicciones de 1906.
• Derecho de retiros, que permitía a los oficiales pasar a la reserva o retirarse voluntariamente con el sueldo íntegro.
• Cierre de la Academia Militar de Zaragoza.

Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República. La Reforma, técnicamente bien planteada, tuvo resultados limitados, ya que si bien se consiguió la disminución de los gastos del Ejército, la reducción de presupuestos dificultó la modernización de material, armamento y equipamiento. Además, fue recibida por los llamados «africanistas» como una agresión a la tradición militar y al Ejército.

La Reforma Agraria: Modernización y Reparto de Tierras

Un 45% de la población era campesina; de ellos, la mitad eran jornaleros, y una parte considerable eran pequeños propietarios y arrendatarios. Si bien las primeras medidas reformistas fueron llevadas a cabo por Largo Caballero durante el Gobierno Provisional (decreto de laboreo forzoso), la medida más importante será la Ley de Bases de la Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en 1932, y que perseguía la modernización de la agricultura y el reparto y distribución de tierras entre los campesinos. La ley, además, permitía la expropiación sin indemnización, tal y como se muestra en el documento 3, de las tierras de los Grandes de España, y con indemnización las cultivadas deficientemente, las no regadas y las arrendadas sistemáticamente. Para aplicar la ley fue creado el Instituto de Reforma Agraria (IRA). La complejidad de la ley, la falta de recursos financieros y la oposición de los propietarios agrícolas a las expropiaciones hicieron que la reforma se aplicase con gran lentitud y las tierras entregadas a los campesinos fueran escasas (unas 12.000 familias). Sin embargo, será la cuestión agraria uno de los mayores problemas que heredó la República.

La Configuración Autonómica del Estado

Una cuestión pendiente en la vida política española fue la configuración de un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía (recordemos que la Constitución republicana había establecido que el Estado integral era compatible con la autonomía de municipios y regiones). Los catalanes (recordemos que en la noche del 14 de abril, Macià había proclamado la República Catalana) fueron los primeros en elaborar el Estatuto (Estatuto de Nuria) —algunos de cuyos artículos aparecen recogidos en el documento 4—, que fue aprobado en referéndum popular (99% de los votos) y posteriormente por las Cortes en septiembre de 1932. El régimen autonómico catalán contaba con un Gobierno y un Parlamento propios con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y se reconocía la cooficialidad del castellano y el catalán. Las primeras elecciones al Parlamento autónomo fueron ganadas por Esquerra Republicana y Macià se convirtió en su primer presidente. A su muerte en 1933, lo sustituyó Lluís Companys. En el País Vasco, el Estatuto (Estatuto de Estella) fue aprobado en octubre de 1936, y José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV, fue elegido primer lehendakari. En Galicia, el proceso estatutario fue más lento y el 28 de junio de 1936 se sometió a plebiscito un proyecto de Estatuto que no llegó a ser aprobado debido al estallido de la Guerra Civil.

La Reforma Educativa y Cultural

En el ámbito de la educación se acometió una reforma con la finalidad de disminuir las elevadas tasas de analfabetismo y promover una enseñanza laica, obligatoria y gratuita. El Ministerio de Instrucción Pública diseñó un ambicioso programa de escolarización que incluía la creación de 6.750 escuelas y 7.000 nuevas plazas de maestros. El deseo de llevar la instrucción y cultura a todos los lugares de España propició la aparición de experiencias entre las que destacan las Misiones Pedagógicas (organizadas por el Ministerio y que llevaron por los pueblos teatro, cine, libros, etc.) y La Barraca (agrupación teatral de jóvenes estudiantes universitarios dirigida por García Lorca, que recorrió España representando obras de teatro clásico).

Oposición, Conflictividad y el Viraje Conservador

Reacciones a las Reformas

Todas estas reformas se pudieron realizar gracias al apoyo de amplios sectores de la población, sobre todo de los grupos menos favorecidos socialmente. Sin embargo, desde ciertos sectores obreros, ideológicamente anarquistas, surgió una oposición al reformismo republicano, al que acusaban de conservador, y que se tradujo en graves conflictos sociales (recordemos lo sucedido en el pueblo gaditano de Casas Viejas en enero de 1933, donde sus habitantes proclamaron el comunismo libertario). No obstante, la principal oposición a las reformas procedía de los grupos sociales más acomodados (oligarquía industrial y financiera, terratenientes, etc.) que pretendían forzar el viraje de la República a la derecha.

El «Bienio Conservador» (1933-1936) y sus Contrarreformas

El triunfo de la derecha (CEDA y Partido Radical) en las elecciones celebradas en noviembre de 1933 abrió paso al «Bienio Conservador» (1933-1936), en el que se adoptaron medidas claramente contrarreformistas:

• La reforma agraria fue desmantelada.
• El sistema de autonomías fue paralizado.
• Los créditos para construir escuelas disminuyeron.
• La Ley de Congregaciones Religiosas no fue aplicada y los colegios católicos siguieron funcionando.
• Incluso se aprobó un presupuesto para el culto y el clero.

La única ley que no se modificó fue la «Ley Azaña» sobre el Ejército.

Radicalización y la Revolución de Octubre de 1934

En respuesta a la política del Gobierno, anarquistas y socialistas radicalizaron sus posiciones y la tensión en el campo fue en aumento. La proliferación de conflictos y la entrada de la CEDA en el Gobierno, considerada por la izquierda como la llegada del fascismo, provocó el inicio de la Revolución de Octubre del 34, que solo tuvo éxito en Asturias.

El Frente Popular y el Fin del Proyecto Reformista

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, se restablecieron las leyes derogadas en el «Bienio Conservador», aunque pronto se verían obstaculizadas debido al inicio de la Guerra Civil.