1. Liberalización Económica y Planes de Desarrollo

1.1. El Plan de Estabilización

Hacia 1957, la economía española estaba al borde del colapso: agotamiento de las reservas del Banco de España, déficit, alta inflación y fuerte desequilibrio presupuestario. La ayuda requerida internacionalmente, como la OCDE y el FMI, supuso la aceptación de un conjunto de medidas correctoras que implicaban la liquidación de la política dirigista y autárquica, y la opción por una economía libre de mercado. La nueva orientación económica quedó plasmada en el Plan de Estabilización (1959), que comprendía tres grandes ejes de actuación:

• Estabilización de la economía: Para reducir la inflación se elevaron los tipos de interés, se limitaron los créditos bancarios y se congelaron los salarios.
• Liberalización interior de la economía: Se llevó a cabo a partir de la eliminación de organismos estatales interventores y también de la reglamentación de precios fijos.
• Liberalización exterior de la economía: Eliminación de los obstáculos a la entrada de mercancías extranjeras y a la inversión de capitales exteriores. Para facilitar los intercambios, se devaluó la peseta casi un 50 % respecto al dólar.

En contrapartida, diversos organismos internacionales concedieron préstamos a España para evitar una posible suspensión de pagos y hacer frente a la grave situación económica. A más largo plazo, esta nueva política pretendía incorporar la economía española a los mercados internacionales y estimular el crecimiento económico.

1.2. La Hora de los Tecnócratas

A partir de 1957, los gobiernos nombrados por Franco incorporaron a una nueva generación de políticos, algunos de ellos vinculados al Opus Dei. Presentaban un perfil más técnico que ideológico, estaban más preparados profesionalmente (abogados, economistas, etc.) que sus antecesores. De ahí que se les denominara tecnócratas. Para los tecnócratas, la única forma de mantener el régimen franquista era realizar reformas administrativas y, sobre todo, impulsar una política de crecimiento económico. El desarrollismo económico sería la principal garantía de estabilidad social y de continuidad política, sin tener que cuestionar los principios políticos de la dictadura. El predominio de los tecnócratas despertó las reticencias de los sectores falangistas, que fueron relegados a los ministerios más sociales (Trabajo, Vivienda, Sindicatos).

1.3. Los Planes de Desarrollo

Tras las medidas del Plan de Estabilización, se pusieron en marcha unos Planes de Desarrollo Económico y Social. Se trataba de una planificación orientativa con el objetivo de impulsar la actividad del sector público y de ofrecer previsiones y ayudas a los inversores privados. Se promulgaron tres planes cuatrienales (1964-1967, 1968-1971, 1972-1975). Para controlar su funcionamiento se creó una Comisaría del Plan de Desarrollo, presidida por Laureano López Rodó. Los planes tenían dos líneas de actuación:

• Acciones estructurales: Pretendían solucionar deficiencias de la industria.
• Polos de desarrollo: Tenían que reducir los desequilibrios regionales promoviendo nuevas empresas en zonas de escasa industrialización.

Los resultados de la planificación franquista fueron muy limitados, en buena medida porque en muchos casos los recursos se invirtieron de forma ineficaz. Su mayor logro residió en dotar al país de infraestructuras (electrificación, refinerías de petróleo, carreteras, etc.) y de materias básicas (acero, carbón, aluminio, etc.).

1.4. El Papel del Estado

La propuesta de los tecnócratas incluía adecuar el funcionamiento de las administraciones públicas a la nueva orientación económica. Para incrementar los recursos se puso en marcha una reforma fiscal que resultó insuficiente debido a que la mayor carga fiscal recaía sobre los impuestos indirectos. La actuación de Hacienda se concentró en la limitación del déficit público y el control del gasto público. Durante estos años se apreció también una modificación en las prioridades económicas del gobierno, en buena medida motivadas por las propias necesidades del desarrollismo. Los presupuestos de los ministerios dedicados a servicios sociales e infraestructuras experimentaron un perjuicio respecto a los tradicionalmente mejor tratados, como defensa y gobernación.

2. Los Años del Crecimiento Económico

2.1. El Protagonismo de la Industria

El principal motor de la expansión económica fue la industria, que entre 1960 y 1973 aumentó su producción a un ritmo del 10 % anual. Este crecimiento fue debido a la mejora de la productividad industrial, a la importación de maquinaria y tecnología, a la inversión extranjera y también a los bajos costes salariales. Se produjo además una diversificación de la producción, derivada de un notable crecimiento del sector metalúrgico (automóviles, electrodomésticos), del químico (farmacéutico, plásticos, detergentes) de la alimentación, así como una reestructuración de los sectores tradicionales (textil, siderurgia y construcción naval). Finalmente, algunas industrias de escasa necesidad tecnológica, pero muy competitivas dados los bajos costes de producción (vestido, calzado y muebles), experimentaron un considerable crecimiento. Las zonas con mayor tradición fabril (Cataluña, País Vasco) continuaron su predominio, aunque también se produjo la industrialización de nuevas zonas, sobre todo en Madrid, y también en ciudades como Ferrol, Vigo, Sevilla, Cádiz, Huelva, Valladolid, Pamplona y Vitoria. Pese a ello, la concentración industrial en pocas zonas continuó siendo una realidad: Cataluña, Madrid y el País Vasco significaban más del 40 % de la producción industrial española.

2.2. La Transformación de la Agricultura

Durante la década de 1960 se produjo la crisis de la agricultura tradicional, básicamente cerealista, de escasa productividad y sustentada en la abundancia de mano de obra. La adecuación de la producción agraria a las necesidades de la nueva dieta de las clases urbanas comportó el abandono de las explotaciones agrarias menos rentables y la transformación de muchas otras. La mayor demanda de productos ganaderos y hortofrutícolas (leche, carne, frutas y verduras) llevó a muchos propietarios a invertir en especies seleccionadas, maquinaria, abonos y semillas selectas. Ello comportó una intensificación de los cultivos y la creación de modernas explotaciones ganaderas. Para mejorar la rentabilidad de la nueva agricultura, el gobierno estimuló la concentración parcelaria y promovió nuevos regadíos. La mecanización agrícola y la intensificación de los cultivos provocó que muchos campesinos abandonaran el campo para buscar empleo en las zonas industriales. El éxodo rural originó la disminución de la población activa agraria en casi dos millones de personas, la desaparición de muchas pequeñas explotaciones y el surgimiento de nuevas empresas agrarias con una alta capacidad de producción y menor empleo de mano de obra.

2.3. La Modernización de los Servicios y la Construcción

Paralelamente se produjo un considerable incremento del peso de los servicios en la economía como resultado del intenso proceso de urbanización, el aumento de las redes de comercio, la mejora de los medios de transporte y de comunicación, el crecimiento de los servicios públicos y el desarrollo del turismo. El comercio internacional creció notablemente, tanto las importaciones como las exportaciones, y modificó su composición. Las principales exportaciones dejaron de ser los productos agrícolas y minerales para serlo los bienes de equipo e incluso los automóviles. La construcción también se vio especialmente incentivada gracias a la edificación de numerosas viviendas en las urbanas en crecimiento, de instalaciones hoteleras en las turísticas y de obras y equipamientos públicos (escuelas, hospitales, carreteras, etc.). La necesidad de financiación de las nuevas actividades económicas promovió el desarrollo del sector bancario, que invirtió cuantiosos capitales en nuevas industrias, concedió créditos a empresas y a particulares y actuó como intermediario en las inversiones de capital extranjero. El reforzamiento de este sector, que obtuvo abundantes beneficios, fue acompañado de una notable concentración bancaria: en 1970, los siete mayores bancos españoles controlaban más del 80 % de los recursos financieros del país.

2.4. La Fragilidad del Modelo Económico

La prolongada etapa de crecimiento económico, con tasas anuales de aumento del PIB superiores a la media europea, generó un incremento del 40 % en la renta por habitante entre 1960 y 1975, y la mejora del nivel de vida de los españoles, que fue progresivamente acercándose a la media europea. Ahora bien, la rapidez y la profundidad de las transformaciones experimentadas en estos años no ocultaban la debilidad del modelo económico. Si bien la capacidad de producción se había incrementado notablemente, también lo había hecho la dependencia de la economía española de factores externos. España necesitaba importaciones, tecnología e inversiones extranjeras, que no solo implicaban grandes gastos (compra de patentes, maquinaria, etc.), sino también la supeditación a los intereses y las decisiones de las empresas de países extranjeros. Finalmente, la falta de recursos públicos, dado que el gobierno franquista no se atrevió a realizar una reforma fiscal progresiva, hizo que el Estado no fuese capaz de cumplir suficientemente su papel en la redistribución de rentas, ni de impulsar la construcción de las infraestructuras adecuadas para dar solidez y continuidad al crecimiento económico, ni de crear los servicios públicos precisos para atender las crecientes demandas de los ciudadanos. Todas estas debilidades y déficits se pusieron en evidencia con la grave crisis económica mundial iniciada en 1973.

3. ¿Europa Salvó a España?

El discurso propagandístico franquista presentó el desarrollo económico de la década de 1960 como resultado de los aciertos del régimen, que había planificado, dirigido y liderado el crecimiento económico. Sin embargo, la mayoría de historiadores coinciden en explicar el llamado «milagro español» no como una consecuencia de las decisiones del gobierno, sino como el resultado de la vinculación de la economía española al mercado internacional y al aprovechamiento de la ola de expansión económica que vivió Europa en aquellos años. En efecto, los enormes recursos financieros invertidos para evitar la quiebra de la economía española a finales de la década de 1950 y posibilitar el desarrollo económico provenían del exterior, preferentemente de Europa. Estos llegaron a España básicamente por tres vías: las remesas de los emigrantes, las divisas aportadas por los turistas y las inversiones realizadas por empresas extranjeras. De este modo, España recibió, sobre todo de países europeos, los recursos financieros que permitieron equilibrar el déficit en la balanza de pagos por las importaciones de tecnología, de maquinaria y de los productos imprescindibles para modernizar y hacer más competitiva su estructura productiva. La próspera economía europea de la década de 1960 salvó de la quiebra a la economía española y posibilitó su posterior crecimiento y desarrollo.

4. Los Cambios Demográficos y Sociales

4.1. Un Gran Crecimiento Demográfico

En los quince años que van de 1960 a 1975, España experimentó el aumento de población más elevado de su historia, ya que pasó de 30,4 millones de habitantes a 35,8 entre estas dos fechas. Este espectacular crecimiento se debió básicamente al notable descenso de la mortalidad, sobre todo infantil, y a que se mantuvo una elevada tasa de natalidad. Ambos factores eran el resultado de las mejores condiciones de vida. El índice de mortalidad infantil pasó del 6,3 % en 1950 al 1,9 % en 1970, mientras el número de nacimientos se mantuvo elevado, dado que el uso de métodos de planificación familiar era prácticamente desconocido y el franquismo proponía una política claramente natalista. De este modo, la tasa de fecundidad permaneció alta, y en 1975 se situaba en 2,8 hijos por mujer. La pirámide de edades reflejaba en 1970 un rejuvenecimiento de la población, de manera que los habitantes entre 0 y 14 años aumentaron considerablemente, situándose en el 27,8 %. Igualmente, hubo cierto aumento de la población mayor de 65 años como resultado del incremento de la esperanza de vida, que pasó de 67 a 70 años para los hombres y de 72 a 76 para las mujeres, entre los mismos quince años.

4.2. Del Campo a la Ciudad

El fenómeno demográfico más destacable de esta etapa fue el de los movimientos migratorios. Si la salida de un millón y medio de españoles al extranjero fue numéricamente importante, mucho más lo fueron los movimientos de población en el interior de España entre 1960 y 1975, cuando casi 5 millones de personas cambiaron de provincia de residencia. Las causas de este espectacular fenómeno migratorio fueron: la capacidad de atracción de las grandes ciudades industriales españolas y europeas, que ofrecían mejores trabajos y condiciones de vida, unida a las dificultades de subsistencia, la escasez de empleo y la falta de perspectivas de futuro que existían en buena parte de las zonas rurales. El éxodo rural fue muy intenso en las zonas agrícolas latifundistas del sur de España, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, donde las transformaciones de la agricultura dejaron sin trabajo a muchos campesinos. Pero también las áreas de minifundio, como Galicia y Castilla y León, perdieron buena parte de su población agraria, que buscó mejores oportunidades de vida en las grandes ciudades industriales. Las zonas de mayor atracción de inmigrantes fueron las que ofrecían mayores oportunidades de trabajo derivadas de su mayor dinamismo económico. Este era el caso de Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia, así como las ciudades de la periferia mediterránea y cantábrica. La llegada masiva de población a las zonas urbanas provocó varios fenómenos. En el terreno demográfico, la inmigración supuso un claro incremento de la natalidad en las zonas receptoras, dada la juventud de la mayoría de los inmigrantes, a la vez que provocaba el envejecimiento de las zonas emisoras. A nivel social, la falta de previsión de la masividad del movimiento migratorio por parte de las autoridades provocó graves problemas a causa de los déficits de viviendas, infraestructuras y servicios sociales para poder acoger y atender a los recién llegados.

4.3. Los Cambios en la Estructura Laboral y Social

El crecimiento de la población urbana posibilitó que las actividades profesionales y las formas de vida de las ciudades fuesen imponiéndose en el conjunto de la sociedad. El desarrollo industrial y del sector servicios dio lugar a un cambio notable de la estructura socio-profesional española, al incrementarse notablemente los asalariados, al tiempo que la clase media aumentaba su peso social y se consolidaba una nueva burguesía urbana. También aumentaron los trabajadores autónomos, el número de funcionarios de la administración y el de los profesionales liberales. Los cambios en la distribución sectorial de la población son una clara muestra de esta radical transformación. Entre 1950 y 1975, la población activa en la industria pasó del 24 % al 38 %, y los ocupados en servicios, del 25 % al 41 %, mientras los activos agrícolas pasaron del 50 % al 21 %. Por primera vez en la historia española, el número de obreros industriales era superior al de campesinos. En 1975, había unos cuatro millones de obreros, que representaban la mitad de todos los activos asalariados, y que se ubicaban preferentemente en las zonas más industrializadas (Cataluña, Madrid, País Vasco, Asturias).

4.4. La Mejora del Nivel de Vida

Los mejores salarios de la industria y de los servicios y el incremento del número de ocupados elevaron tanto la renta por capital como la familiar, que acortaron su distancia con los índices europeos. El incremento del nivel de vida mejoró la capacidad de consumo de bienes y servicios por habitante, que se duplicó entre 1960 y 1973. La composición de los gastos familiares varió notablemente, produciéndose un descenso acusado de los gastos destinados a la alimentación, que pasaron de significar el 55 % de los gastos familiares en 1958 a tan solo el 38 % en 1973, mientras se incrementaban los destinados a vivienda, gastos domésticos y ocio. El crecimiento de la renta se produjo en todas las regiones, ya que las diferencias en los niveles de renta por habitante disminuyeron a causa de las migraciones.

5. Proceso de Urbanización y Desequilibrios Territoriales

El crecimiento económico y las transformaciones demográficas y sociales de la etapa 1960-1975 no solo fueron notablemente rápidos, sino también escasamente regulados por el gobierno y por las administraciones locales. Las consecuencias más evidentes fueron un intenso proceso de urbanización, con la creación de nuevos y populosos barrios, y la consolidación de desequilibrios económicos y de nivel de vida entre las distintas regiones españolas. La magnitud del fenómeno migratorio desbordó las previsiones oficiales, que fueron incapaces de atender con eficacia a las crecientes demandas de viviendas, de infraestructuras y de servicios públicos que se producían en las ciudades que incrementaron considerablemente su población en pocos años. Por otro lado, las zonas del país de mayor tradición agrícola se fueron despoblando al mismo tiempo que la actividad económica se mantenía estancada. En consecuencia, las diferencias territoriales se ampliaron, sobre todo en lo relativo al volumen de población y de la actividad económica, configurando dos Españas: una más poblada, dinámica y con población joven; y otra despoblada, atrasada económicamente y con una población cada vez más envejecida.

6. La Modernización de la Sociedad

Las transformaciones sociales, la progresiva urbanización y la mejora del nivel de vida propiciaron el progresivo abandono de buena parte de las actitudes, normas de conducta e incluso de la rígida moralidad de la postguerra. La sociedad se hizo más abierta y plural a medida que iban imponiéndose los hábitos sociales y culturales de las sociedades que predominaban en Europa. Esta modernización social se evidenció fundamentalmente en los siguientes aspectos:

• Acceso a la sociedad de consumo: Gracias al aumento del poder adquisitivo y la creciente incorporación de la mujer al trabajo asalariado.
• Proceso de laicización y secularización: Que distanció a la sociedad de las rígidas normas y la férrea tutela ejercida por la Iglesia.
• Aumento considerable de los universitarios: La Ley General de Educación de 1970 reorganizó el sistema educativo y posibilitó el incremento de la población escolarizada a todos los niveles, con un considerable aumento de los estudiantes provenientes de familias obreras.
• Modificación de la estructura familiar: Que comportó el tránsito de la familia amplia, propia de los ambientes rurales, a la familia nuclear (padres e hijos) típica del mundo urbano.
• Influencia de los medios de comunicación: La gran capacidad de penetración e influencia de los medios de comunicación (cine, televisión) y el contacto con el turismo y los viajes al extranjero impusieron las pautas de comportamiento familiar predominantes en Europa.
• Cambio en el papel de la mujer: Su creciente incorporación al mundo de los estudios y al trabajo asalariado, así como la extensión de las ideas feministas que propugnan la igualdad entre los sexos, impulsaron el progresivo abandono de su papel tradicional de madre y esposa en exclusiva.
• Debilitamiento de los apoyos sociales del régimen franquista: El cambio generalizado de las pautas sociales y la llegada a la edad adulta de las generaciones que no habían vivido la Guerra Civil estimularon el antifranquismo. El lema «España es diferente» empezó a no convencer a una sociedad que quería emularse a las sociedades europeas, desarrolladas económicamente, modernas socialmente y democráticas políticamente.

7. Reformismo Político sin Libertades

7.1. El Limitado Reformismo de los Tecnócratas

Los gobiernos de la década de 1960, formados a partir de la influencia de Carrero Blanco, pretendieron impulsar reformas políticas que adecuasen el régimen a las transformaciones económicas y sociales que se estaban produciendo y que, al mismo tiempo, enmascarasen algunos de los aspectos más autoritarios del franquismo. El objetivo de estos gobiernos, en los que cada vez tenían más presencia los tecnócratas, se orientó esencialmente hacia la promoción del desarrollo económico, pero también hacia una renovación política que implicase la modernización de la administración, la legislación y las instituciones del país. Detrás de este tímido reformismo había la convicción de que la prosperidad y el bienestar social suplirían la falta de libertades de un gobierno democrático, y que el desarrollismo consolidaría el régimen franquista al lograr el consenso de amplios sectores de la sociedad.

7.2. Las Reformas Institucionales y Legislativas

Para cambiar la imagen represiva del régimen, en 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), que traspasaba los delitos políticos de la jurisdicción militar a la civil, aunque ello no significó una disminución de la persecución de los opositores. En el terreno social, en 1967 entró en funcionamiento la Ley de Bases de la Seguridad Social, que amplió los mecanismos de cobertura, con cargo al Estado, de los seguros de enfermedad, vejez y viudedad, iniciándose así la construcción de un incipiente Estado del bienestar, aunque con un gran retraso respecto a Europa y sin que el empresariado contribuyera a su financiación. En 1966, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, promovió una Ley de Prensa e Imprenta que suprimió la censura previa y permitió la publicación de revistas, periódicos y libros hasta entonces prohibidos. Sin embargo, creaba un sistema de multas y suspensiones gubernativas para penalizar las publicaciones que superasen la siempre imprecisa permisibilidad de la ley. En 1967 se promulgó la Ley Orgánica del Estado, que pretendía coronar el edificio institucional del franquismo. La Ley, aprobada en un referéndum manipulado por el gobierno en el que solo se permitió la propaganda de los defensores del Sí, confirmaba el carácter monárquico del régimen. La Ley de Representación Familiar permitió la elección de los 108 procuradores a Cortes que componían el «tercio familiar», aunque solo se permitía presentarse a candidatos afines al Movimiento y se limitaba el voto a los cabezas de familia (las mujeres solo votaban en caso de serlo). Poco después, en julio de 1969, y de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Sucesión, Franco designó al príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón, como su sucesor. Este nombramiento significaba la culminación del programa de institucionalización auspiciado por Carrero Blanco y el equipo de gobierno tecnocrático.

7.3. Tensiones entre Inmovilistas y Aperturistas

Todas estas reformas incrementaron las disensiones dentro del régimen franquista e incluso en el seno del propio gobierno. Algunas de las leyes provocaron fuertes discrepancias, como la Ley de Bases de la Seguridad Social, que fue bloqueada durante tres años, y el proyecto de Ley Sindical ante el temor de la mayoría del gobierno de que, como habían evidenciado las elecciones sindicales de 1966, las candidaturas impulsadas por los anti-Fraga fueron duramente censuradas por Carrero Blanco por ser excesivamente permisivas y tolerantes. En 1969, las diferencias políticas en el interior del gobierno se hicieron públicas. El estallido del denominado escándalo Matesa, una empresa de maquinaria textil conectada con el entorno del Opus Dei, provocó una crisis gubernamental. Este caso de corrupción, en el que se veían implicados varios ministros, fue ampliamente difundido por la prensa y los sectores inmovilistas culparon a la excesiva tolerancia informativa de haber contribuido al público descrédito del gobierno. La crisis se resolvió con la victoria de Carrero Blanco y con la formación del llamado gobierno monocolor, que supuso la salida de los ministros más aperturistas (Fraga y Solís), a los que se responsabilizaba del aumento de la contestación social. Carrero Blanco, consolidado como el brazo derecho de Franco, modificó en sentido restrictivo la Ley de Prensa y ordenó reprimir sin contemplaciones toda manifestación opositora.

7.4. Crisis y Renovación de la Iglesia

El Concilio Vaticano II puso en evidencia que la Iglesia católica española debía distanciarse del régimen franquista y cesar en el apoyo incondicional que le había otorgado desde 1939. Para impulsar esta nueva orientación, la Santa Sede procedió a renovar la jerarquía eclesiástica y puso al frente de la Conferencia Episcopal al cardenal Vicente Enrique y Tarancón, claro dirigente del sector conciliar y reformista. No sin pocas resistencias por parte de los obispos y del clero más tradicionalista, Vicente Enrique y Tarancón llevó a la Iglesia española a posicionarse decididamente a favor de las libertades democráticas y la reconciliación política, lo que llegó a provocar irritación en el gobierno. Esta reorientación estaba también condicionada por la crisis interna de la institución (secularizaciones, disminución de las vocaciones), por el contexto de creciente laicización de la sociedad y por la pérdida de buena parte de su influencia en todos los ámbitos de la vida española. También influyó el aumento de sacerdotes jóvenes que se alinearon claramente con las posiciones de la oposición antifranquista.

8. La Reorganización del Antifranquismo

8.1. Los Grupos de Oposición Política

En la década de 1960 se produjo la recomposición del antifranquismo como resultado de las transformaciones sociales, del recambio generacional y de la pérdida de influencia del exilio político. Las organizaciones opositoras plantearon una nueva forma de enfrentarse con la dictadura, pretendiendo su descrédito a partir de la denuncia de las precarias condiciones de vida y de la falta de libertades políticas. También plantearon la necesidad de superación de la Guerra Civil y la reconciliación entre vencedores y vencidos, creando propuestas unitarias para reivindicar las libertades políticas y la democracia. La izquierda tuvo un claro protagonismo político al estar presente en la mayoría de las movilizaciones y conflictos sociales. El Partido Comunista de España (PCE), dirigido por Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, tenía fuerte presencia en los movimientos de masas. Sufrió duramente la represión franquista; en 1963, Julián Grimau, uno de sus dirigentes, fue condenado a muerte. También surgieron nuevas organizaciones socialistas y marxistas (FLP, PCE-ML y PCI), así como grupos que propugnaban la lucha armada (FRAP). El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con menor presencia en los movimientos sociales, estuvo condicionado por el enfrentamiento entre la dirección en el exilio y la militancia del interior. En el Congreso de Suresnes (Francia), celebrado en 1972, estos últimos se hicieron con el control del partido bajo la dirección de Felipe González. También se perfiló una oposición moderada al franquismo compuesta en parte por disidentes del propio régimen (Dionisio Ridruejo, Joaquín Ruiz Giménez…) decepcionados ante la persistencia de la política represiva y antidemocrática. En 1962, buena parte de la oposición moderada (monárquicos, demócratas-cristianos y liberales), junto con republicanos y socialistas en el exilio, participaron en Múnich (Alemania) en el IV Congreso del Movimiento Europeo para denunciar internacionalmente la dictadura de Franco.

8.2. La Reactivación de los Nacionalismos

En Cataluña, aunque los partidos históricos, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Unió Democrática (UD), poco activos, surgieron nuevas organizaciones nacionalistas de izquierda y también se constituyó la Asamblea de Catalunya (1971), una organización unitaria de partidos, movimientos y entidades opositoras. En 1974 se creó Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), organización nacionalista moderada dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco, si bien el Partido Nacionalista Vasco (PNV) permanecía como un referente e inspiraba al gobierno vasco en el exilio, el hecho de mayor repercusión fue la aparición de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en 1959. Esta organización, revolucionaria y nacionalista radical, propugnó a partir de 1968 la lucha armada contra el franquismo, provocando atentados contra personalidades del régimen y fuerzas del orden público. El incremento del terrorismo comportó que algunos delitos volvieran a considerarse rebelión militar y el Estado de excepción se convirtió en un recurso frecuente. El Consejo de Guerra de Burgos (1970), con la petición de seis penas de muerte contra militantes de ETA, provocó un alud de protestas.

8.3. El Nuevo Movimiento Obrero

La protesta de los trabajadores fue la principal manifestación de oposición al régimen a partir de la década de 1960. Entre 1960 y 1975, los conflictos laborales se multiplicaron y se localizaron tanto en las zonas de tradición obrera (Asturias, Cataluña, Guipúzcoa y Vizcaya) como en las nuevas ciudades industriales (Madrid, Pamplona, Ferrol, Vigo, Sevilla, Valencia y Valladolid). La mayoría de los conflictos tenían su origen en reivindicaciones laborales, aunque frecuentemente integraban demandas de libertades políticas. Los patronos y las autoridades franquistas consideraban toda protesta y huelga como un problema de orden público, por lo que actuaban contra ellas con métodos puramente represivos. A nivel organizativo destacó la creación, en 1964, de Comisiones Obreras (CCOO), una organización clandestina que impulsaba la lucha laboral (salarios, condiciones de trabajo…) y la política (libertad sindical, derechos civiles…). Este sindicato combinaba las acciones ilegales, como las huelgas, con los medios legales, aprovechando la elección de representantes sindicales para introducirse en el sindicato franquista. Su éxito en las elecciones sindicales de 1966 hizo que el gobierno las declarase ilegales (1967) y las reprimiese duramente. En 1972 fue detenida su dirección y juzgada en el llamado Proceso 1001, que acabó con la aplicación de condenas muy severas a los dirigentes sindicales, entre ellos Marcelino Camacho. A partir de 1967, sindicalistas vinculados a las Juventudes Obreras Cristianas se separaron de CC OO y fundaron la Unión Sindical Obrera (USO). De los antiguos sindicatos, solo la UGT mantuvo una actividad clandestina, mientras que la CNT prácticamente desapareció.

8.4. Protestas Estudiantiles y Ciudadanas

La incorporación a la Universidad de jóvenes nacidos después de la Guerra Civil y fuertemente influidos por los cambios de 1960, hizo de la protesta estudiantil un frente de conflictividad casi permanente. La lucha contra el SEU, el Sindicato Español Universitario, obligatorio y falangista, llevó a la creación de sindicatos democráticos de estudiantes claramente enfrentados a la dictadura, primero en las universidades de Barcelona y Madrid (1966-1967) y luego en la mayoría de España. La respuesta represiva del régimen, en forma de sanciones a estudiantes, cierre de centros y expulsión de profesores, no hizo más que radicalizar el movimiento. A partir de 1968, con el impacto del Mayo francés, el movimiento estudiantil se radicalizó ideológicamente y convirtió las universidades en unos centros de continua contestación y rebeldía. También fue significativo el surgimiento de nuevos movimientos sociales a favor de las libertades y la democracia, manifestados por numerosas entidades legales, como Justicia y Paz, colegios profesionales, amigos de la ONU, así como de personalidades del mundo académico, cultural, artístico y profesional. Las asociaciones de vecinos adquirieron un notable activismo a partir de la demanda de mejores condiciones de vida para unos barrios desatendidos por la administración y con déficits de servicios públicos.

9. La Agonía de la Dictadura

Desde principios de la década de 1970 hasta la muerte de Franco (1975), el franquismo estuvo condicionado por el aumento de la conflictividad social, la ampliación de la oposición democrática y las tensiones en el interior del régimen, que evidenciaban su desgaste e impopularidad. A estos problemas se añadió el inicio de una grave crisis económica derivada del aumento del precio del petróleo y un conflicto internacional en la colonia española del Sahara.

9.1. Los Últimos Gobiernos Franquistas

Las tensiones internas, centradas en la continuidad del régimen, se decantaron a favor de las posiciones más inmovilistas: un proyecto de Ley de Asociaciones Políticas quedó paralizado, la Ley Sindical se convirtió en una simple recopilación de las normas vigentes, y la práctica sancionadora de la Ley de Prensa se endureció. En junio de 1973, el almirante Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno, convirtiéndose en la persona clave para asegurar la continuidad del franquismo después de la muerte de Franco. Estos planes, sin embargo, quedaron truncados en diciembre del mismo año, cuando Carrero fue asesinado por ETA en un atentado perpetrado en Madrid. A partir de ese momento, la fractura entre quienes apostaban por la permanencia del régimen a toda costa (el llamado búnker) y quienes apuntaban hacia la necesidad de un cambio progresivo, creando asociaciones políticas dentro del Movimiento -los aperturistas-, fue haciéndose cada vez mayor. En enero de 1974 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, que pretendía unir a aperturistas e inmovilistas gracias al llamado Espíritu del 12 de febrero, fecha en la que presentó en las Cortes su proyecto de moderada apertura. Pero Arias no convenció a ninguna de las familias franquistas, y mucho menos a la oposición democrática. Ante la ausencia de auténticas reformas, los ministros aperturistas salieron del gobierno, mostrando así la incapacidad del franquismo para democratizarse.

9.2. El Incremento de la Movilización Popular

A partir de 1973 tuvo lugar un espectacular crecimiento de la conflictividad social -obrera, estudiantil, vecinal- y los grupos de oposición tendieron a una acción conjunta previendo la próxima desaparición del dictador. Se crearon organismos unitarios para reivindicar el sistema democrático e impedir la continuidad del franquismo. En 1974, a iniciativa del PCE, se constituyó en París la Junta Democrática, que integraba a Comisiones Obreras, a partidos de izquierda e incluso personalidades de la derecha democrática. En 1975, el PSOE impulsó la Plataforma de Convergencia Democrática junto con grupos demócrata-cristianos, la UGT y el PNV. Los programas de ambos organismos proponían la formación de un gobierno provisional que implantase un régimen democrático, procediera a dictar una amplia amnistía y convocase elecciones libres. En esos años se produjo también un recrudecimiento de la violencia, ya que ETA incrementó sus atentados y apareció un terrorismo ultraizquierdista, representado por el FRAP y el GRAPO. En respuesta, el gobierno de Arias Navarro intensificó la represión: en 1974 fue ejecutado Puig Antich, un joven militante anarquista; al año siguiente se instauró un Estado de Excepción y en septiembre de 1975 fueron condenados y ejecutados cinco activistas de ETA y del FRAP, a pesar de las numerosas peticiones de indulto.

9.3. Conflicto del Sahara

El proceso de descolonización africano había sorprendido a España sin tener preparado ningún plan de acción. En 1956, Francia pactó con el rey de Marruecos la independencia de la zona francesa sin apenas informar al gobierno español, que se vio forzado a proceder de la misma forma con el protectorado español. Tras un breve conflicto armado en 1957, España cedió completamente el territorio de Ifni a Marruecos en 1969, tras haber concedido la independencia a Guinea Ecuatorial en 1968. Para proceder a la descolonización del territorio del Sahara, el gobierno español había aceptado celebrar un referéndum de autodeterminación de ese territorio, a propuesta de la ONU y del Frente Polisario, una formación independentista saharaui. En 1975, aprovechando la grave enfermedad de Franco, Marruecos exigió la entrega de ese territorio, rico en fosfatos y pesca, y el rey Hassan II organizó la Marcha Verde, una invasión pacífica del Sahara que movilizó a decenas de miles de civiles. Ante el peligro de un conflicto bélico con Marruecos y con Franco agonizando, el gobierno de Arias claudicó y el 14 de noviembre se firmó el Acuerdo de Madrid, que suponía la entrega de ese territorio a Marruecos y a Mauritania.

9.4. La Muerte de Franco: El Fin de la Dictadura

En un contexto de condena internacional de la represión franquista (retirada de embajadores europeos), de agudización de las tensiones en el propio régimen y de crisis provocada por el Sahara, el 20 de noviembre de 1975 falleció el general Franco. Dejaba tras de sí un régimen anacrónico y en evidente crisis. Pese a la pretensión de que el futuro de España estaba «atado y bien atado», cada vez era más evidente la imposibilidad de un franquismo sin Franco.