La Dictadura de Primo de Rivera: Orígenes y Planteamientos Políticos, Ideológicos, Sociales y Económicos

Contexto del Golpe Militar de 1923

Para entender el golpe militar que instauró la primera dictadura del siglo XX en España, es crucial conocer una serie de circunstancias tanto internacionales como nacionales que configuraron un escenario de profunda crisis.

Factores Internacionales

Las circunstancias internacionales se relacionan con acontecimientos cruciales en Europa durante y después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Entre estos destacan:

• La Revolución Rusa (1917), que generó un temor generalizado a la expansión del comunismo entre las clases dirigentes europeas.
• La profunda crisis económica de posguerra, que afectó a la estabilidad social y política de numerosos países.
• El ascenso del fascismo en Italia con Benito Mussolini (1922), que ofrecía un modelo autoritario como alternativa a las democracias liberales en crisis y que sirvió de inspiración para movimientos similares.

Factores Nacionales

En cuanto a las circunstancias nacionales que propiciaron el golpe, es preciso mencionar las siguientes:

• El creciente protagonismo del ejército en la vida política, que se consideraba garante de la unidad nacional y el orden público, especialmente tras el desastre de Annual en Marruecos (1921).
• El auge de los nacionalismos periféricos (principalmente catalán y vasco), que eran percibidos por sectores centralistas como una amenaza a la unidad de España.
• La opinión pública, cada vez más crítica con el sistema de la Restauración, exigía responsabilidades por la guerra de Marruecos. Este conflicto era enormemente impopular, conllevaba un elevado coste humano (afectando principalmente a las clases más humildes reclutadas forzosamente) y económico, y estaba marcado por la corrupción y la ineficacia (expediente Picasso).
• Desde el punto de vista social, existía una fuerte conflictividad. Los obreros, organizados en sindicatos como la CNT y la UGT, reivindicaban mejoras laborales y sociales sin encontrar un cauce adecuado o un interlocutor válido en el sistema político, lo que derivaba en frecuentes huelgas y luchas callejeras (pistolerismo en Barcelona). Paralelamente, persistía el problema de los campesinos sin tierra, especialmente en Andalucía y Extremadura, generando un conflicto agrario continuo.

A principios de 1923, la situación política en España era extremadamente difícil, marcada por la inestabilidad gubernamental (gobiernos de concentración débiles e ineficaces) y el descrédito del sistema parlamentario. Resultaba evidente la incapacidad tanto de los partidos dinásticos liberales y conservadores como de las oposiciones al sistema (republicanos, socialistas) para generar un cambio político efectivo y dar respuesta a los graves problemas del país.

El Pronunciamiento Militar y el Directorio Militar (Septiembre 1923 – Diciembre 1925)

El pronunciamiento militar del 13 de septiembre de 1923, encabezado por el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, se presentó como la respuesta a esta profunda crisis. Supuso la quiebra del régimen liberal de la Restauración y la suspensión de la Constitución de 1876. El golpe de Estado contó con el apoyo tácito o explícito del rey Alfonso XIII y fue recibido con pasividad o incluso con la aprobación de una parte considerable de la burguesía, el ejército y sectores conservadores, cansados de la inestabilidad política y el desorden social. No obstante, algunos intelectuales como Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-Inclán se mostraron abiertamente opuestos al nuevo régimen desde el principio.

El primer documento público del dictador fue el Manifiesto del 13 de septiembre de 1923, donde anunciaba un programa vago, con intenciones de acabar con el caciquismo, la corrupción y la indisciplina social, pero sin soluciones concretas, imbuido del espíritu regeneracionista. Inmediatamente, se suspendió la Constitución de 1876, se disolvieron las Cortes y se impuso la censura previa.

Se estableció un Directorio Militar (septiembre de 1923 – diciembre de 1925), presidido por Primo de Rivera y compuesto por ocho generales y un contralmirante. (Esta estructura de gobierno militar concentrado podría recordar, en su forma, al Directorio de la Revolución Francesa, que gobernó entre 1795 y 1799).

La dictadura implicó una severa restricción de las libertades políticas y de prensa, anulando el sistema de representación parlamentaria. Las principales medidas del Directorio Militar fueron:

• Suspensión de los derechos y garantías constitucionales.
• Sustitución de los gobernadores civiles por gobernadores militares en las provincias. Disolución de las Diputaciones Provinciales y cese de los concejales en los ayuntamientos, que fueron sustituidos por juntas de vocales asociados (mayores contribuyentes).
• Establecimiento de una férrea censura de prensa y limitación de la libertad de expresión.
• Represión de la oposición: cierre del Ateneo de Madrid y destierro de Miguel de Unamuno a Fuerteventura, debido a sus críticas abiertas a la dictadura.
• Prohibición de las manifestaciones y actividades de los partidos políticos y sindicatos obreros más reivindicativos.
• Creación y extensión a nivel nacional del Somatén, una milicia cívica de origen catalán, concebida como fuerza auxiliar de orden público, contrarrevolucionaria y de apoyo al régimen.
• Política de orden público muy estricta, que logró reducir la conflictividad social y la delincuencia común en un primer momento.

Primo de Rivera concentró todos los poderes (ejecutivo y legislativo), dirigiendo el Estado como gobernante absoluto con capacidad para dictar decretos-ley. Su objetivo era crear un nuevo régimen político con instituciones propias, superando lo que consideraba los vicios del viejo sistema parlamentario. En 1924, impulsó la creación de la Unión Patriótica (UP), un intento de formar un partido único o movimiento cívico de apoyo al régimen, inspirado en el fascismo italiano pero sin una ideología claramente definida más allá del patriotismo, el catolicismo y el orden. Sin embargo, la UP no trascendió su papel de instrumento de propaganda y encuadramiento burocrático, y no logró consolidar el anhelado propósito regeneracionista ni una base social sólida y activa.

El Directorio Civil (Diciembre 1925 – Enero 1930): Intentos de Institucionalización y Fin del Conflicto Marroquí

Resolución del Conflicto de Marruecos

Uno de los principales problemas que Primo de Rivera se propuso resolver fue el conflicto de Marruecos. Aunque inicialmente se había mostrado partidario de una política de abandono de las posiciones más comprometidas en el Protectorado, consciente de la impopularidad de la guerra, las deficiencias del ejército español y los escasos beneficios económicos de la zona, cambió de estrategia. Aprovechó un ataque de las tropas rifeñas de Abd el-Krim el Jatabi contra la zona francesa del Protectorado para coordinar una acción militar conjunta con Francia. Esta colaboración culminó en el exitoso desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925, que condujo a la rendición de Abd el-Krim en 1926 y la pacificación general del Protectorado español. Este fue el logro más publicitado y popular de la Dictadura.

La victoria en Marruecos reforzó la posición de Primo de Rivera y le permitió pasar a una nueva fase: el Directorio Civil (diciembre de 1925 – enero de 1930). Su intención era institucionalizar el régimen, dotándolo de una fachada civil y de un programa de reformas económicas y sociales, con el objetivo de perpetuarse en el poder.

El Intento de una Nueva Constitución

Para dotar de una apariencia de legalidad y base al régimen, en 1927 se creó, por designación real y representación corporativa (no por elección democrática), una Asamblea Nacional Consultiva. Su principal cometido era elaborar un anteproyecto de nueva Constitución. El texto presentado en 1929, sin embargo, no prosperó debido a varias razones fundamentales:

• No contó con el apoyo unánime ni siquiera dentro del régimen, y mucho menos con el del rey Alfonso XIII, quien veía limitados sus poderes tradicionales en favor de un Consejo del Reino y un Jefe de Gobierno con amplias atribuciones.
• Presentaba importantes carencias democráticas: no reconocía la soberanía nacional, mantenía un poder ejecutivo fuerte en manos del rey y del gobierno, y establecía unas Cortes unicamerales con una mezcla de representación corporativa y sufragio restringido. Esto lo hacía inaceptable para la oposición democrática y republicana, y para muchos monárquicos liberales.

El fracaso de este intento de institucionalización a través de una nueva constitución marcó el inicio de la descomposición de la dictadura, que a partir de 1928 comenzó a sufrir un creciente acoso por parte de diversos grupos opositores, tanto de izquierda como de derecha.

Política Económica y Social de la Dictadura

Política Económica

La política económica de la Dictadura se desarrolló en la favorable coyuntura internacional de los «felices años veinte» hasta la crisis de 1929. Se caracterizó por un fuerte intervencionismo estatal y un nacionalismo económico. Sus principales rasgos fueron:

• El control de los sectores productivos y la supervisión de las actividades económicas a través de diversos organismos y comités reguladores.
• Concesión de ayudas y subvenciones a empresas nacionales, buscando fomentar la industria y reducir la dependencia exterior.
• El reforzamiento del proteccionismo arancelario para proteger la producción nacional de la competencia extranjera.
• Fomento de la creación de monopolios estatales o con participación estatal en sectores estratégicos, como la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) en 1924, o CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A.) en 1927, que controlaba la importación, refinado y distribución del petróleo. También se creó Iberia en 1927.
• Un significativo incremento de la inversión pública, destinada principalmente a un ambicioso programa de obras públicas: construcción y mejora de carreteras (creación del Circuito Nacional de Firmes Especiales), obras hidráulicas (confederaciones hidrográficas para la planificación de regadíos y producción de energía hidroeléctrica), y modernización de los ferrocarriles.

Este ambicioso programa de gasto público no fue acompañado de una reforma fiscal profunda que aumentara los ingresos de forma equitativa. El ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, intentó una reforma tributaria moderna y progresiva, pero encontró una fuerte oposición de los sectores económicamente privilegiados (la oligarquía financiera y terrateniente), lo que limitó su alcance y llevó a un considerable aumento de la deuda pública y a presiones inflacionistas, especialmente al final del periodo.

Política Social

En el ámbito social, la medida más destacada fue la creación en 1926 de la Organización Corporativa Nacional (OCN), inspirada en el corporativismo fascista italiano. Su instrumento fundamental fueron los Comités Paritarios, organismos compuestos por igual número de representantes de patronos y obreros de cada oficio, con un presidente y un secretario nombrados por el gobierno. Su función era arbitrar en los conflictos laborales (salarios, condiciones de trabajo), buscando evitar enfrentamientos sociales y huelgas, e integrar al movimiento obrero en el Estado.

En cuanto a las relaciones con los movimientos obreros, el régimen adoptó una doble política: represión y paternalismo. Se reprimió duramente al anarcosindicalismo (la CNT fue ilegalizada y perseguida, pasando a la clandestinidad) y al comunismo. Por otro lado, se buscó la colaboración de un sector del socialismo: la UGT y una parte del PSOE (liderado en esta táctica por Francisco Largo Caballero) participaron en los Comités Paritarios, lo que les permitió cierta capacidad de acción legal y mejoras para sus afiliados, pero también les supuso fuertes críticas internas y externas por colaborar con una dictadura.

Decadencia y Caída de la Dictadura (1928-1930)

Hacia 1928, el régimen comenzó a mostrar claros signos de decadencia y agotamiento, explicada por una confluencia de factores:

• El crecimiento y la reorganización de la oposición al régimen. Esta incluía a los viejos partidos dinásticos apartados del poder, republicanos (que se unieron en la Alianza Republicana), nacionalistas catalanes y vascos (reprimidos por la dictadura), anarquistas, comunistas, e importantes sectores del mundo intelectual y universitario (como la FUE, Federación Universitaria Escolar).
• El progresivo deterioro de la relación entre el rey Alfonso XIII y el dictador Primo de Rivera. El monarca temía que la prolongación de la dictadura acabara por arrastrar a la propia monarquía en su caída.
• La reaparición de la conflictividad social y estudiantil a partir de 1929, agravada por los primeros efectos de la crisis económica mundial (Crack del 29), que empezó a sentirse en España con la devaluación de la peseta y el aumento del paro.
• El creciente endeudamiento del Estado como consecuencia del ambicioso programa de obras públicas y la falta de una reforma fiscal adecuada.
• La pérdida de apoyo de importantes sectores del ejército, que inicialmente habían respaldado el golpe, pero que ahora veían con recelo la politización de algunos mandos y las arbitrariedades del dictador (especialmente en el cuerpo de Artillería).

Esta acumulación de problemas, la falta de una salida política viable y la pérdida de confianza del rey llevaron a Primo de Rivera a presentar su dimisión a Alfonso XIII el 28 de enero de 1930. Poco después, partió a un exilio voluntario en París, donde falleció en marzo de ese mismo año.

El rey Alfonso XIII encargó entonces la formación de gobierno al General Dámaso Berenguer, con el objetivo de retornar gradualmente a la normalidad constitucional (periodo conocido como la «Dictablanda«). Sin embargo, el gobierno de Berenguer fue incapaz de revertir la profunda crisis del régimen y el creciente descrédito de la propia monarquía, que se había vinculado estrechamente a la Dictadura. Los quince meses transcurridos entre la caída de Primo de Rivera y abril de 1931 (incluyendo el breve gobierno del Almirante Aznar) fueron decisivos para la articulación de la alternativa republicana (Pacto de San Sebastián, agosto de 1930) y el advenimiento de la Segunda República Española (14 de abril de 1931 – 1936).