El Régimen Franquista en España: Evolución Política y Legislativa (1939-1975)

El Franquismo: Primera Etapa (1939-1959) – Consolidación del Régimen Autoritario

Cuando el Caudillo designó su primer gobierno en 1939, se inició una etapa marcada por la concentración de poderes en la persona de Franco, una característica que se mantendría hasta su muerte. Franco ostentaba los cargos de Jefe del Estado, Jefe del Gobierno, jefe del partido único (FET y de las JONS) y Generalísimo de los tres ejércitos. Durante este periodo, la Dictadura pareció dirigirse hacia un modelo de corte fascista, y Franco empezó a ser denominado Caudillo.

Características del Nuevo Estado

El nuevo régimen se definía por su carácter antidemocrático y antiliberal. Solo se permitió un partido único, la FET y de las JONS, del que Franco era su máximo dirigente. De este partido dependía la Central Nacional Sindicalista (CNS), un sindicato único de tipo vertical.

Legitimación y Marco Legislativo: Las Leyes Fundamentales

Un primer paso crucial para la Dictadura fue legitimarse en el poder mediante la creación de un aparato legislativo. Este se fundamentó en la aprobación de las llamadas Leyes Fundamentales del Reino, entre las que destacan:

  • Fuero del Trabajo (1938)
  • Ley de Creación de las Cortes Españolas (1942)
  • Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947): Esta ley establecía que el Estado español, definido como católico, social y representativo, quedaba constituido en Reino. Además, dotaba de carácter vitalicio la permanencia de Franco en la Jefatura del Estado y le concedía el derecho de elegir a su sucesor, para lo cual se creó el Consejo del Reino.

Posteriormente, y ya dentro de la segunda etapa del régimen, se promulgó la Ley Orgánica del Estado (1967), que vino a adaptar y sistematizar gran parte de las leyes anteriores.

La «Democracia Orgánica»

El franquismo rechazaba el sistema democrático liberal. La construcción del nuevo Estado se inspiró en el Estado corporativista italiano, basándose en tres unidades consideradas fundamentales: la familia (donde se nace), el municipio (donde se vive) y el sindicato (donde se trabaja). El régimen consideraba estas unidades superiores a los partidos políticos. Este sistema fue denominado democracia orgánica, un término con el que se pretendía otorgar al régimen una cierta legitimidad, diferenciándolo claramente de la democracia tradicional.

Las Cortes Franquistas

Las Cortes, cuyos representantes eran llamados procuradores, eran designados directamente por el poder. Estas Cortes franquistas funcionaban únicamente como un órgano de colaboración con la Jefatura del Estado, ya que Franco controlaba el poder legislativo y poseía el derecho a vetar las leyes.

Organización Territorial del Poder

En el plano territorial, el poder del gobierno se transmitía a través de la tradicional institución de los gobernadores civiles de cada provincia, quienes, además, eran jefes provinciales del Movimiento. Estos gobernadores elegían directamente a los alcaldes en los ayuntamientos, que también ejercían como jefes locales del Movimiento. En cada provincia se instituyó, asimismo, un gobernador militar, como muestra de la dualidad del poder civil y militar.

El Franquismo: Segunda Etapa (1959-1975) – Aperturismo Económico, Reformas Limitadas y Crisis Final

La apertura al exterior, el crecimiento económico y el cambio social impulsaron al gobierno a emprender una serie de reformas políticas durante este periodo, aunque siempre dentro de los límites del régimen.

Renovación Gubernamental y Reformas Políticas

A partir de 1962, se incorporaron al gobierno nuevos ministros de carácter tecnocrático, muchos de ellos vinculados al Opus Dei, como Laureano López Rodó. También se sumaron jóvenes falangistas de talante reformista, como Manuel Fraga Iribarne, quien ocupó la cartera de Información y Turismo.

En 1963, se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), que trasladó los delitos políticos a esta jurisdicción civil, sustrayéndolos de la militar, aunque la represión continuó.

En 1966, Manuel Fraga Iribarne promovió la Ley de Prensa e Imprenta, que suprimía la censura previa y permitía una mayor libertad de expresión, aunque con limitaciones. En 1967, se promulgaron leyes significativas:

  • La Ley de Libertad Religiosa reconoció una mayor tolerancia hacia otras confesiones, aunque manteniendo la preeminencia de la Iglesia Católica.
  • La Ley de Bases de la Seguridad Social sentó las bases para un sistema de protección social más amplio, inaugurando un incipiente Estado del bienestar.
  • La Ley Orgánica del Estado (considerada Ley Fundamental) buscaba dejar el futuro «atado y bien atado», en palabras del propio Franco. Esta ley introducía la separación formal entre el Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno, cargo que sería ocupado por primera vez de forma separada por Carrero Blanco en 1973.

La Sucesión y Tensiones Internas

En 1969, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947), Franco designó a Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón, como su sucesor a título de Rey, otorgándole el título de Príncipe de España. Este nombramiento agravó las tensiones entre los tecnócratas (partidarios de la monarquía como forma de evolución controlada) y los sectores más inmovilistas del falangismo, quienes pretendían impulsar las instituciones del Movimiento como garantía de continuidad inalterable del régimen.

El Escándalo Matesa y el Endurecimiento del Régimen

Las disensiones entre los sectores aperturistas e inmovilistas del régimen estallaron públicamente en 1969 a raíz del denominado escándalo Matesa. Esta empresa de maquinaria textil, conectada con el entorno del Opus Dei, protagonizó un fraude financiero que implicó a altos cargos del régimen. El escándalo tuvo repercusiones políticas importantes, ya que provocó la remodelación del gobierno y la salida de los sectores más aperturistas. Como consecuencia, el almirante Luis Carrero Blanco, figura clave del inmovilismo, vio reforzada su posición y se acentuó la necesidad de endurecer la política interna, aumentando la represión.

Represión Creciente y Crisis Final del Franquismo

El recurso al Estado de excepción (declarado en 1969 y 1970-71) se volvió frecuente, a la vez que aumentaban las detenciones y la violencia policial. El Consejo de Guerra de Burgos (diciembre de 1970), también conocido como Proceso de Burgos, contra dieciséis miembros de ETA, con la petición del fiscal de seis penas de muerte (finalmente conmutadas), hizo estallar la contestación popular interna y provocó un alud de protestas internacionales. En este contexto de creciente conflictividad social y política, las tensiones internas, centradas en la continuidad del régimen después de Franco, se decantaron a favor de las posiciones inmovilistas, avaladas por Carrero Blanco y el propio Franco, hasta el asesinato del primero en diciembre de 1973 y la muerte del dictador en noviembre de 1975.

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