Proclamación de la Segunda República Española (1931)
La proclamación de la Segunda República Española en 1931 marcó un momento histórico decisivo. Tras la dimisión del general Berenguer el 14 de febrero de 1931, Alfonso XIII encargó al almirante Aznar la formación de un nuevo gobierno, cuya única misión fue convocar elecciones municipales para el 12 de abril de ese mismo año. Contra las expectativas de la monarquía, los resultados de estas elecciones mostraron un claro apoyo popular a las fuerzas republicanas en las principales ciudades del país, a pesar de que en las áreas rurales los monárquicos obtuvieron más concejales.
El 13 de abril, aconsejado por su gobierno y sorprendido por la rápida movilización popular, Alfonso XIII emitió un manifiesto en el que anunciaba su decisión de abandonar el trono y marcharse al exilio, abriendo así paso a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. El Comité Revolucionario formado en San Sebastián se convirtió en el nuevo gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora. Este gobierno incluía a representantes de diversos partidos republicanos y socialistas, que reflejaban el apoyo de clases medias profesionales, pequeña burguesía y líderes obreros.
El nuevo gobierno provisional se enfrentó de inmediato a importantes desafíos:
- El debate territorial: El mismo día de la proclamación en Madrid, Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, proclamó en Barcelona la República Catalana independiente. Esto creó una tensión inmediata con el nuevo gobierno central, que se comprometió a restaurar la Generalitat como gobierno autónomo hasta la aprobación de un estatuto de autonomía por las futuras Cortes.
- La reforma agraria: Para paliar la miseria rural, el ministro de Trabajo, Largo Caballero, promulgó decretos para combatir el desempleo agrícola y limitar el poder de los grandes terratenientes sobre los pequeños arrendatarios. Esto incluyó medidas como la obligación de cultivar las tierras y la protección de los derechos laborales, incluyendo el seguro de accidentes y la jornada laboral de ocho horas. Sin embargo, estas reformas generaron resistencia entre los grandes propietarios.
- La reforma educativa: Se priorizó la lucha contra el analfabetismo y la creación de un sistema educativo laico. Se abrieron más de 7,000 escuelas y se eliminaron las restricciones religiosas en la enseñanza, lo que provocó una fuerte reacción por parte de la Iglesia y sectores católicos que interpretaron estas medidas como un ataque a sus principios.
- La reforma militar: Manuel Azaña, como ministro de Guerra, impulsó una serie de medidas para modernizar y controlar al ejército, incluyendo el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco, y la creación de un cuerpo militar más reducido y leal a la República. Esto generó un fuerte rechazo entre los sectores más conservadores.
- El orden público: Se creó la Guardia de Asalto, una nueva fuerza policial destinada a mantener el orden urbano y proteger al régimen republicano, aunque se continuaron utilizando mecanismos de represión heredados de la monarquía, lo que causó tensiones internas.
En junio de 1931 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, resultando en una mayoría para la coalición republicano-socialista. El PSOE obtuvo 116 escaños, seguido del Partido Radical de Lerroux con 90, que se había convertido en una fuerza conservadora moderada. Las nuevas Cortes, presididas por Niceto Alcalá Zamora, se encargaron de redactar la Constitución de 1931.
La Constitución de 1931 estableció una república democrática bajo soberanía popular, con un sistema parlamentario unicameral y sufragio universal que por primera vez incluyó a las mujeres (aunque solo pudieron votar activamente a partir de 1933). Incluía una extensa declaración de derechos, como la libertad de expresión, asociación, igualdad de género en el matrimonio, y derechos laborales y educativos. Además, reconocía el derecho de autonomía para regiones como Cataluña y el País Vasco.
Sin embargo, la Constitución generó divisiones significativas, especialmente por su postura aconfesional que separaba la Iglesia del Estado y prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, lo que desató una intensa oposición de la jerarquía católica y episodios de violencia anticlerical. Esto, junto a la falta de consenso entre las diversas fuerzas políticas, marcó un inicio convulso para el nuevo régimen.
El Bienio Reformista (1931-1933)
El Bienio Reformista (1931-1933) marcó los primeros años de la Segunda República en España, con Manuel Azaña como presidente del gobierno tras ser nombrado por Niceto Alcalá Zamora. Este periodo se caracterizó por profundas reformas sociales, económicas y políticas, en un contexto de crisis global que complicó su aplicación. Desde su inicio, el gobierno de Azaña apostó por una alianza entre republicanos de izquierda y socialistas, excluyendo a los radicales liderados por Lerroux. Esta alianza enfrentó rápidamente desafíos debido a la crisis económica internacional de 1929-1933, que redujo drásticamente las exportaciones agrícolas y mineras, elevando el desempleo al 10% y agudizando la conflictividad social.
Entre las principales reformas se destacó la reforma laboral, impulsada por Largo Caballero, líder de la UGT y Ministro de Trabajo, que promovió leyes como la Ley de Contratos de Trabajo (que regulaba los convenios colectivos y contratos por escrito), la Ley de Jurados Mixtos (creados para conciliar disputas entre obreros y patronos) y la Ley de Asociaciones Obreras (que establecía un marco legal para los sindicatos). Sin embargo, la CNT se negó a colaborar, convocando huelgas revolucionarias que desestabilizaron al gobierno y generaron gran inquietud en las clases medias.
La reforma agraria, formalizada a través de la Ley de Bases de la Reforma Agraria (1932-33) y gestionada por el Instituto de Reforma Agraria (IRA), intentó redistribuir tierras para resolver el histórico problema campesino. No obstante, la falta de recursos para indemnizar a los terratenientes limitó su impacto, y solo unos 10,000 campesinos recibieron parcelas, generando frustración tanto entre jornaleros como entre propietarios.
En el ámbito militar, Azaña impulsó una reforma destinada a reducir el número de oficiales y garantizar su lealtad al nuevo régimen. Esto incluyó la oferta de retiro voluntario con sueldo completo para muchos oficiales, una medida que, aunque no causó inicialmente gran malestar, fue vista por algunos como una forma de favorecer a los militares leales a la República. Esto contribuyó a conspiraciones internas, como el fallido golpe del general Sanjurjo en 1932, quien fue finalmente exiliado a Portugal.
Para mejorar el orden público, se creó la Guardia de Asalto, una fuerza especialmente diseñada para reemplazar al ejército en tareas de seguridad interna. Paralelamente, se produjeron episodios de violencia anticlerical, como la quema de conventos e iglesias, que alejaron a la Iglesia y a sectores católicos del apoyo a la República, profundizando la polarización social.
El problema regionalista también fue significativo. Cataluña obtuvo su Estatuto de Autonomía en 1932, bajo el liderazgo de Esquerra Republicana, y el País Vasco alcanzó su autonomía en 1936, liderado por el PNV, lo que reforzó las tensiones entre centralistas y regionalistas.
En el ámbito educativo y cultural, el gobierno republicano promovió importantes avances, como las Misiones Pedagógicas para llevar cultura al medio rural y el apoyo a proyectos como el grupo teatral»La Barrac». Intelectuales como Ortega y Gasset, escritores de la Generación del 27 (como García Lorca, Alberti y Aleixandre), y figuras como María Zambrano y Rosa Chacel jugaron un papel crucial en esta revitalización cultural.
El Bienio Reformista culminó en 1933 con la crisis provocada por los sucesos de Casas Viejas, donde una brutal represión contra campesinos rebeldes en Cádiz fracturó la coalición republicana y generó un profundo rechazo social. Esto, sumado a las maniobras políticas del Partido Radical para desplazar a los socialistas, llevó a la dimisión de Azaña y a la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre de 1933.
El Bienio Radical-Cedista (1933-1935)
El Bienio Radical-Cedista, también conocido como Bienio Negro (1933-1935), marcó un periodo de retroceso en las reformas sociales y políticas iniciadas por la Segunda República. Tras las elecciones de noviembre de 1933, en las que las mujeres votaron por primera vez, se impuso una mayoría conservadora formada por el Partido Radical de Lerroux y la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil-Robles. Este cambio fue favorecido por la fragmentación de la izquierda y la abstención anarquista.
El gobierno de Lerroux se centró en revertir las reformas del bienio anterior. Se paralizó la reforma agraria, se decretó una amnistía para los militares que participaron en el golpe de Sanjurjo de 1932 y se detuvieron las reformas militares, restaurando en puestos clave a oficiales como Mola, Franco y Goded. Además, se suspendió el estatuto de autonomía del País Vasco.
El punto más crítico de este periodo fue la Revolución de Octubre de 1934, desencadenada tras la incorporación de tres ministros de la CEDA al gobierno. El movimiento fue un fracaso en la mayor parte del país, pero en Asturias, los comités obreros lograron tomar el control durante dos semanas, antes de ser aplastados violentamente por tropas lideradas por el general Franco. El balance fue sangriento: 4,000 muertos y unos 30,000 detenidos.
En Cataluña, el intento de insurrección liderado por el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, también fue sofocado, resultando en la suspensión temporal de su autonomía.
El bienio concluyó con la caída del gobierno de Lerroux en 1935, tras una serie de escándalos de corrupción como el escándalo del Estraperlo, que rompieron la alianza entre los radicales y la CEDA. Esto llevó a Alcalá Zamora a convocar nuevas elecciones en 1936, en las que se enfrentaron unidas las fuerzas de izquierda bajo el Frente Popular, lo que desencadenó un nuevo ciclo de violencia y polarización que culminaría en la Guerra Civil de 1936.
La Dictadura Franquista (1939-1975)
Oposición y Represión durante el Franquismo
La oposición a la dictadura comenzó tras la Guerra Civil, pero en los primeros años se limitó a sobrevivir debido a la dura represión franquista, que encarceló y ejecutó a miles de españoles bajo leyes como la de Responsabilidades Políticas y la de Seguridad del Estado.
La situación cambió en 1944 con el retorno de republicanos que habían combatido contra los nazis en la resistencia francesa que reforzaron las partidas guerrilleras o maquis organizadas por el PCE. Mientras en el exterior la oposición intentaba obtener el apoyo de las democracias occidentales denunciando el nuevo Estado y reclamando la restauración de la democracia. Por otro lado, los monárquicos encabezados por el primogénito de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, reivindicaban el restablecimiento de una monarquía constitucional a través de documentos como el Manifiesto de Lausana (1945).
Durante los años 50 y 60, la oposición al franquismo se reorganizó. El PCE abandonó la lucha armada y apostó por movilizaciones pacíficas, creando Comisiones Obreras (CC.OO.). También resurgieron los nacionalismos vasco y catalán, y nació ETA, que optó por el terrorismo. El régimen respondió con más represión, como el Tribunal de Orden Público y estados de excepción. El desarrollismo económico favoreció el crecimiento de una oposición diversa, liderada por el PCE y CC.OO.
En este periodo surgieron grupos monárquicos liberales y organizaciones terroristas de izquierda (FRAP y GRAPO), mientras que a partir de los años 60 la Iglesia y el ejército, antes apoyos del régimen, comenzaron a distanciarse y a criticarlo.
En junio de 1973 Franco había nombrado presidente del Gobierno a Carrero Blanco debido a su deficiente salud, acelerando la separación de la Jefatura de Estado y de Gobierno. Sin embargo, tras el asesinato de Carrero Blanco en diciembre a manos de ETA, Franco nombró nuevo presidente a Arias Navarro que promovió una tibia reforma. No obstante, la propuesta de Arias fracasó tanto por el rechazo político que provocó entre los distintos grupos del régimen como por la represión que desencadenó la dictadura en el año 1974, con detenciones de líderes sindicales y la ejecución del anarquista Puig Antich. La situación empeoró para el régimen en 1975 debido al aumento de la conflictividad social, a la presión internacional tras la caída de las últimas dictaduras de Europa occidental como Grecia y Portugal, y a la intensificación de la represión con la detención de líderes políticos y sindicales y fusilamientos de miembros de ETA y el FRAP. En 1975 el deterioro de la salud de Franco animó a la oposición democrática a unirse en torno a dos grupos: la Junta Democrática (liderada por el Partido Comunista de Santiago Carrillo) y la Plataforma Democrática (liderada por el PSOE de Felipe González). La debilidad del franquismo era tal que Marruecos aprovechó la agonía de Franco para invadir el Sáhara Occidental (hecho conocido como la Marcha Verde). Finalmente, el 20 de noviembre de 1975 se produjo el fallecimiento de Franco, dejando un régimen dividido y sin apoyos en el exterior y generando una gran expectación hacia la nueva etapa que comenzaba en España.
Cultura bajo el Franquismo
La cultura oficial estuvo completamente controlada por el Estado, que promovió valores del nacionalcatolicismo y utilizó la censura para suprimir cualquier forma de disidencia. La imposición del castellano como única lengua oficial y la represión de las lenguas regionales fueron también aspectos clave de esta política cultural. Además, el sistema educativo fue instrumentalizado para transmitir la ideología franquista.
En contraste, la cultura del exilio se convirtió en un refugio para aquellos intelectuales que huyeron del régimen. Autores como Antonio Machado, María Zambrano, Luis Cernuda, Max Aub, Américo Castro y Pablo Picasso continuaron creando desde el exilio, preservando la memoria republicana y defendiendo las ideas democráticas y el pensamiento crítico. Por último, la cultura interior al margen del sistema estuvo representada por intelectuales que permanecieron en España, como Camilo José Cela, Juan Goytisolo y Miguel Delibes, quienes sortearon la censura. A partir de los años 60, surgieron formas de expresión como el cine crítico de Carlos Saura, el teatro independiente y la música de cantautores como Paco Ibáñez, Raimon y Serrat, que ofrecieron una crítica velada pero constante al régimen franquista.