La Intervención Española en Marruecos y sus Repercusiones
Tras el desastre del 98, España intentó recuperar el prestigio nacional y poner fin al aislamiento exterior. Por ello, la cuestión de Marruecos se convirtió en un asunto de vital interés para los mandos del ejército y fue el eje de la política exterior en el primer tercio del siglo XX.
España y Francia se repartieron las zonas de influencia en Marruecos, correspondiéndole a España la zona norte, con el Rif como pieza esencial. La población rifeña, dividida en tribus o cabilas, era reacia a renunciar a su independencia y algunas siguieron al líder Abd-el-Krim, organizador de una ofensiva de guerrillas contra los españoles. Esto obligó al gobierno español a desarrollar campañas militares que permitieran someter el territorio para asegurar la explotación de las minas y la construcción del ferrocarril hasta Melilla.
Hasta 1909, la ocupación fue «pacífica», pero ese año, enfrentamientos con los rifeños obligaron al gobierno a enviar refuerzos peninsulares, por lo que llamó a los reservistas. En su mayoría, eran hombres casados y con hijos, lo que desencadenó movimientos de protesta. La emboscada que sufrieron las tropas españolas en el Barranco del Lobo ocasionó un elevado número de víctimas y conmocionó a la opinión pública española, acentuando las movilizaciones populares que derivaron en la Semana Trágica de Barcelona. Esta derrota puso de manifiesto que era una guerra impopular, de extrema dureza y con un ejército poco preparado para este tipo de conflictos, aunque con ella se logró una cierta calma en Melilla.
En el verano de 1921, el gobierno, decidido a someter su protectorado, encargó al general Dámaso Berenguer que ocupara el sector occidental e inició una expedición suicida que puso en peligro todo el protectorado. Por otro lado, el general Silvestre, comandante general de Melilla, recibió el encargo de detener la ofensiva en el Rif, pero intentó conquistar la bahía de Alhucemas cruzando un territorio extenso y de difícil orografía, lo que facilitó la emboscada y la terrible derrota del Desastre de Annual, donde más de 12.000 hombres fueron masacrados por los rifeños.
En Madrid, el parlamento exigió responsabilidades, forzando al gobierno a nombrar una comisión presidida por el general Picasso para delimitar las culpabilidades militares. En 1922, se abrió en las Cortes el debate de las responsabilidades políticas, fomentado por los socialistas de Indalecio Prieto, quien atribuyó al rey toda la responsabilidad del desastre. El gobierno de concentración liberal, en un intento de salvar el régimen constitucional, permitió la formación de una comisión de responsabilidades civiles.
España ante la Primera Guerra Mundial y la Crisis de 1917
La Neutralidad Española y sus Efectos
Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, el gobierno español y todos los partidos políticos se declararon neutrales, aunque esto no impidió que se tomara partido por uno y otro bando, dividiendo a los partidos políticos y a la sociedad. Únicamente los anarcosindicalistas calificaron la guerra como un enfrentamiento entre imperialismos y no se decantaron por ningún bando.
Esta neutralidad derivó en importantes beneficios económicos para España al convertirse en la abastecedora de Europa. Sin embargo, con el final de la guerra en 1917, se pusieron de manifiesto las graves dificultades de la economía española, provocando una crisis de subsistencia que afectó a las clases populares.
La Triple Crisis de 1917
La Crisis Militar: Las Juntas de Defensa
La crisis militar fue fruto del descontento de los oficiales «peninsulares» por el rápido ascenso de los «africanistas» y los bajos salarios. En junio de 1917, presentaron un ultimátum al gobierno conocido como el manifiesto de las Juntas de Defensa, en el que exigían el reconocimiento de sus demandas. Con el apoyo del rey, las Juntas lograron imponer sus exigencias, lo que iba en contra de la subordinación del poder militar al civil.
La Crisis Política: La Asamblea de Parlamentarios
La crisis política fue fruto, por un lado, de las ideas de algunos grupos que creían que el regeneracionismo era la oportunidad de realizar una reforma que diera paso a una revolución democrática. La Asamblea de Parlamentarios, convocada por la Lliga Regionalista en Barcelona, solo contó con la asistencia de 70 de los 760 diputados, pero se acordó la formación de un gobierno provisional y la celebración de Cortes Constituyentes que reformaran la Constitución con un sentido descentralizador y aprobasen la autonomía de Cataluña. El temor a que esta protesta derivara en acciones revolucionarias frenó los propósitos reformistas de la clase política e hizo que el ejército colaborara activamente en la represión del movimiento.
La Crisis Social: El Trienio Bolchevique y la Huelga de La Canadiense
La huelga general de 1917 se saldó con 71 muertos y 2000 detenidos, entre ellos todos los miembros del comité de huelga, que fueron condenados a cadena perpetua, aunque no la cumplieron al salir elegidos diputados en las elecciones del año siguiente.
En 1918, la CNT celebró un congreso en Sants en el que acordó una nueva estructura unitaria, dando paso a un sindicato único que reafirmó su postura política y su lucha sindicalista con la huelga como principal medio de acción. El panorama sindical se completó con los sindicatos libres, que colaboraron con los empresarios para luchar contra un enemigo común: la CNT. El momento más álgido de la conflictividad social se vivió en Barcelona, en 1919, con la huelga de La Canadiense, una compañía de suministro eléctrico, que duró cuarenta y cuatro días, dejó prácticamente paralizada a la ciudad y se convirtió en un problema de alcance nacional. Este periodo de intensa agitación social es conocido como el Trienio Bolchevique.
El Golpe de Estado de 1923: Fin de la Restauración
A este panorama de tensión social y política se unió la noticia del Desastre de Annual en el verano de 1921. Cuando en 1922 se envió el Expediente Picasso a las Cortes, se puso de manifiesto la incapacidad e improvisación de los mandos militares y la desidia del gobierno. Los socialistas exigieron también el debate sobre las responsabilidades políticas, atribuyendo al rey todas las responsabilidades del desastre y forzando al gobierno de concentración liberal de García Prieto a formar una comisión de responsabilidades políticas.
Pero antes de que esto ocurriera, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, proclamó en septiembre de 1923 el estado de guerra. El gobierno protestó, pero el rey se negó a destituir a los sublevados, provocando la dimisión del gobierno. Alfonso XIII entregó el poder a Primo de Rivera, que formó gobierno sin contar con el Parlamento, consumando así el golpe de estado.