Introducción: España en la Encrucijada del Siglo XIX

El siglo XIX se inicia en España con profundas transformaciones políticas y sociales, marcadas por la irrupción del liberalismo y la resistencia del absolutismo. Este periodo crucial abarca desde la crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia hasta el complejo reinado de Fernando VII, un tiempo de constantes vaivenes entre la modernidad y la tradición que sentaría las bases de la España contemporánea.

La Guerra de la Independencia y el Origen del Liberalismo Español (1808-1814)

El Contexto de la Crisis del Antiguo Régimen

La monarquía de Carlos IV y su valido, Manuel Godoy, se vieron profundamente desacreditados tras su política de acercamiento a Francia. Esta política de Godoy se consolidó con la firma del Tratado de Fontainebleau (1807), que autorizaba la entrada y el establecimiento de tropas francesas en España con el propósito de invadir Portugal. Sin embargo, la entrada consentida de las tropas francesas se transformó rápidamente en una ocupación de facto de España.

En marzo de 1808, estalló el Motín de Aranjuez, que obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII. Ante la inestabilidad, Napoleón Bonaparte convocó a padre e hijo a Bayona y les forzó a abdicar en su hermano mayor, José Bonaparte, en lo que se conoce como las Abdicaciones de Bayona. Tras estos acontecimientos, comenzó la Guerra de la Independencia, en la que surgieron dos bandos principales: los patriotas (la gran mayoría de la población) y los afrancesados (una minoría que apoyaba al nuevo rey José I).

Las Cortes de Cádiz y la Revolución Liberal

En el ámbito político, ante el vacío de poder real, se crearon nuevos órganos de poder, como las Juntas locales y provinciales, y una Junta Suprema Central, que reconocía a Fernando VII como rey legítimo. Su objetivo principal era dirigir la guerra y gobernar el país en nombre del monarca ausente.

Tras las derrotas militares, la Junta Central Suprema (en enero de 1810) convocó Cortes en Cádiz y dimitió, dando paso a un Consejo de Regencia (compuesto por cinco miembros) que, sin embargo, estuvo sometido a la presión ambiental de una ciudad como Cádiz, con una importante burguesía mercantil y un fuerte espíritu liberal. En este contexto, el Consejo de Regencia convocó y organizó las Cortes Generales y Extraordinarias, un acto que iniciaba el proceso revolucionario liberal.

Los representantes de estas Cortes serían elegidos por sufragio universal masculino indirecto, se consideraban depositarios de la soberanía nacional y asumieron el poder legislativo en nombre de Fernando VII.

En septiembre de 1810, comenzaron las sesiones de las Cortes, destacando la presencia de dos grupos ideológicos principales:

• Los liberales, partidarios de reformas revolucionarias.
• Los absolutistas, que defendían el mantenimiento del Antiguo Régimen.

Junto a ellos, se encontraban los jovellanistas (o ilustrados), partidarios de reformas graduales pero sin romper con la tradición ni con la monarquía.

La Obra Legislativa de Cádiz: El Fin del Antiguo Régimen

La obra legislativa de las Cortes de Cádiz fue fundamental para desmantelar el Antiguo Régimen en sus aspectos sociales, económicos y políticos (absolutismo). Entre las medidas más destacadas se encuentran:

• La abolición de los señoríos jurisdiccionales, lo que supuso el fin de las prerrogativas de la nobleza.
• La derogación de los gremios, que permitió el establecimiento de la libertad de industria y una nueva relación de producción liberal.
• La desamortización de tierras municipales y la supresión de los mayorazgos.
• Derogación de los privilegios de la Mesta.
• Abolición de la Inquisición.
• Implantación de una nueva división territorial de España, con el fin de lograr una mayor centralización política.
• Aprobación de la libertad de imprenta.

La Constitución de 1812: «La Pepa»

La otra gran realización de las Cortes fue la promulgación de la Constitución de 1812. Fue aprobada el 19 de marzo de 1812, conocida popularmente como «La Pepa«, y se convirtió en la primera constitución liberal de España. Esta surgió del compromiso entre la burguesía liberal y los sectores absolutistas moderados. Es un texto muy extenso (369 artículos) con el fin de evitar interpretaciones contrarias a su espíritu. Sus principios básicos fueron:

• Soberanía Nacional: El poder residía en la nación, representada en las Cortes. Se concebía la nación como un sujeto compuesto de individuos iguales, al margen de cualquier consideración estamental o territorial.
• Igualdad ante la ley: De todas las personas, tanto en el ámbito territorial como personal.
• División de poderes:
  • Poder Legislativo: Residía en las Cortes junto con el rey. Eran Cortes unicamerales con amplios poderes para elaborar leyes, aprobar presupuestos y tratados. Los diputados eran inviolables durante los dos años de mandato y se reunían anualmente. Además, respecto a la sucesión a la Corona, las Cortes podían excluir al heredero por incapacidad o indignidad y nombrar regencia. El Artículo 172 establecía limitaciones al poder real, como la imposibilidad de suspender o disolver las Cortes, abdicar sin permiso o imponer impuestos.
  • Poder Ejecutivo: Recaía en el rey y sus ministros. El rey podía participar en la elaboración de leyes a través de la iniciativa y la sanción. Poseía un veto suspensivo durante dos años, y sus decisiones debían ser refrendadas por los ministros.
  • Poder Judicial: Recaía en los tribunales. Los jueces eran inamovibles y se establecían garantías procesales.

Otros aspectos destacados fueron:

• Sufragio universal masculino indirecto para mayores de 25 años.
• El derecho a la propiedad y la inviolabilidad del domicilio.
• Se creó un ejército permanente.
• Creación de la Milicia Nacional, un cuerpo de civiles armados para la defensa del sistema liberal.

El Reinado de Fernando VII: Entre el Absolutismo y el Liberalismo (1814-1833)

Fernando VII volvió al trono de España tras la finalización de la Guerra de Independencia y lo estipulado en el Tratado de Valençay (1813), por el cual Napoleón Bonaparte lo reconocía como rey de España. Su regreso planteó el problema de integrar al monarca en el nuevo modelo político de carácter liberal, definido por las Cortes de Cádiz en la Constitución de 1812. Sin embargo, la ideología absolutista del rey y su defensa del retorno de las instituciones del Antiguo Régimen contó con el apoyo de la nobleza, la Iglesia y parte del ejército, así como con la adhesión de amplias capas populares. Esta situación propició un clima de confrontación entre liberales y absolutistas.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Fernando VII había partido de España como rey absoluto y debía regresar como monarca constitucional. Los liberales anhelaban que llegara a Madrid y jurara la Constitución, mientras que los absolutistas deseaban su retorno como rey absoluto para preservar el Antiguo Régimen. Al regresar a España, Fernando VII se dirigió a Valencia, donde 69 diputados absolutistas le entregaron el Manifiesto de los Persas, en el cual se reivindicaba la monarquía de origen divino y la anulación de la Constitución y de las leyes elaboradas por las Cortes de Cádiz.

Fernando VII, al comprobar el apoyo popular, el de los estamentos privilegiados y la debilidad de los liberales, promulgó el Decreto de 4 de mayo de 1814, por el que:

• Anulaba la obra de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
• Restauraba el régimen señorial, el sistema gremial y la Inquisición.

Estas medidas se adoptaron en un contexto de graves problemas para el país:

• La guerra había provocado una profunda decadencia en la agricultura, la ganadería y las manufacturas, así como la paralización del comercio y una grave crisis en la Hacienda Pública (con una abultada deuda exterior) debido al descenso en la recaudación de impuestos y el fin de los ingresos procedentes de América.
• El mantenimiento de los privilegios del Antiguo Régimen impedía una reforma fiscal necesaria (como la propuesta por Martín de Garay) y obstaculizaba el inicio de la industrialización. El equilibrio financiero solo podía mantenerse a costa de reducir drásticamente los presupuestos.
• Se persiguió implacablemente a los elementos liberales, quienes tuvieron que organizarse en sociedades secretas e intentar derrocar el absolutismo mediante pronunciamientos militares. Muchos fueron detenidos, ejecutados o se vieron forzados al exilio.

La situación internacional favorecía a Fernando VII, ya que el Congreso de Viena había restaurado el Antiguo Régimen en gran parte de Europa, y se había creado la Santa Alianza para defender el absolutismo. Los sucesivos gobiernos del rey fracasaron al carecer de un programa coherente y debido a la incapacidad de la «camarilla» real. La burguesía liberal y las clases medias urbanas reclamaban la vigencia de la Constitución de 1812. Parte del ejército llevó a cabo diversos pronunciamientos, como los de Mina, Lacy, Porlier, Richart, entre otros. Finalmente, el coronel Rafael del Riego, en Cabezas de San Juan, se pronunció con las tropas que se dirigían a América, a favor de la Constitución de 1812. Este pronunciamiento tuvo éxito y abrió un nuevo periodo de gobierno liberal.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El éxito del pronunciamiento de Riego, la pasividad del ejército, la decidida actuación de los liberales y la neutralidad de gran parte de los campesinos, obligaron a Fernando VII a jurar la Constitución y a convertirse en un monarca constitucional. Con la convocatoria de nuevas Cortes, se inició el restablecimiento del régimen liberal. Entre los liberales surgieron dos tendencias principales:

• Doceañistas (liberales moderados): Destacaron figuras como Martínez de la Rosa y Argüelles. Abogaban por una política moderada de reformas para evitar enfrentamientos con el rey y la nobleza, y por aplicar la Constitución de 1812 sin grandes retoques.
• Veinteañistas (liberales exaltados): Entre ellos sobresalieron Alcalá Galiano y Mendizábal. Deseaban profundizar el proceso iniciado por Riego, impulsando reformas más rápidas y, si fuera necesario, reformando la Constitución de 1812.

Las nuevas Cortes adoptaron las siguientes medidas:

• Supresión de los gremios y establecimiento de la libertad de industria.
• Supresión de los señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos.
• Supresión del diezmo, de la Inquisición y desamortización de las tierras de la Iglesia.
• Reforma fiscal y del Código Penal.

Con estas medidas se pretendía acabar con el feudalismo, liberalizar el comercio y la industria, desarrollar la burguesía y modernizar política y administrativamente el país. Fue crucial la reanudación de la libertad de imprenta, la creación de la Milicia Nacional y la promulgación de una Ley de Instrucción Pública.

Esta política liberal despertó una fuerte oposición:

• Fernando VII vetó todas las leyes que pudo. Conspiró activamente dentro y fuera de España, solicitando ayuda a los países absolutistas de la Santa Alianza.
• Los campesinos: Los liberales no cumplieron sus deseos de reparto de tierras ni de rebaja de impuestos. Además, la abolición de los señoríos implicó que, en muchos casos, fueran expulsados de las tierras que cultivaban y que los impuestos debieran pagarse en dinero, lo que les perjudicaba.
• La nobleza y el clero: Se opusieron frontalmente debido a la supresión de los señoríos, el diezmo y la desamortización de sus bienes.

Surgieron guerrillas realistas (conocidos como «apostólicos»), se estableció la Regencia de Urgell y se produjo la sublevación de la Guardia Real por parte de los absolutistas, movimientos que tuvieron que ser combatidos por los liberales. Finalmente, la Santa Alianza envió un ejército, los Cien Mil Hijos de San Luis, dirigido por el Duque de Angulema, que entró en España y, sin apenas resistencia, repuso a Fernando VII como monarca absoluto.

La Década Ominosa (1823-1833)

La vuelta al absolutismo trajo consigo una dura represión contra los liberales: hubo numerosas ejecuciones, muchos marcharon al exilio, se depuró la administración y el ejército, y se crearon comisiones de vigilancia y control. El rey invalidó toda la legislación del Trienio Liberal y, en este periodo, se culminó la independencia de la mayoría de los territorios americanos.

La grave situación económica del país y la necesidad de apoyo financiero hicieron que Fernando VII suavizara su política, buscando cierto acercamiento a los liberales moderados. Sin embargo, aparecieron los Realistas Puros (también llamados «apostólicos»), un sector absolutista más radical que desconfiaba del rey y apoyaba a su hermano Carlos María Isidro, lo que dio lugar a la Revuelta de los Agraviados.

La mayor preocupación del rey era el acuciante problema económico, marcado por un fuerte déficit del Estado. Entre las medidas adoptadas destacaron la creación del Consejo de Ministros y la elaboración de presupuestos anuales del Estado. Se creó la Bolsa de Madrid, se promulgó un Código de Comercio, se estableció el Tribunal de Cuentas para controlar el gasto público, se fundó el Banco Real de San Fernando, y se buscó la colaboración de la burguesía. Este acercamiento a los liberales fue mal visto por la nobleza y el clero más intransigentes, quienes se agruparon en torno a Carlos María Isidro.

La Cuestión Sucesoria y el Fin del Reinado

En los últimos años de su reinado, se planteó un grave problema sucesorio, ya que, tras cuatro matrimonios, Fernando VII solo había tenido dos hijas con María Cristina de Borbón (Isabel y Luisa Fernanda). La Ley Sálica, de origen borbónico, impedía reinar a su hija Isabel, por lo que el heredero al trono sería su hermano Carlos María Isidro.

Para asegurar la sucesión de su hija, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción de 1830, que derogaba la Ley Sálica y permitía reinar a su hija Isabel. Carlos María Isidro no aceptó esta situación y obtuvo numerosos apoyos, dando origen al movimiento carlista.

A la muerte de Fernando VII, en 1833, dejó el trono a su hija Isabel II, de tan solo tres años. Su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, asumió la regencia con el apoyo de los liberales. Carlos María Isidro se proclamó rey y se inició un levantamiento absolutista en el norte de España, dando comienzo a la Primera Guerra Carlista.

Conclusión: El Legado de una Época de Cambios

Las Cortes de Cádiz supusieron el arranque del Estado liberal en España y la aparición de dos tendencias ideológicas irreconciliables: liberales y absolutistas, que se enfrentarían a lo largo del reinado de Fernando VII y, posteriormente, durante el de Isabel II. La Constitución de 1812 se inspiró en la francesa de 1791, pero fue más avanzada al aceptar el sufragio universal masculino indirecto y amplios derechos individuales. Apenas pudo aplicarse debido a la guerra y fue derogada por Fernando VII. No obstante, su influjo fue decisivo para el desarrollo del liberalismo posterior en España, marcando un punto de no retorno en la construcción del Estado contemporáneo.