La Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930)

Introducción

Cuando Alfonso XIII accede a la mayoría de edad en 1902, la situación política española estaba marcada por las consecuencias de la crisis de 1898 y el fracaso de los intentos de reforma y regeneración. Este problema, junto a la Guerra de Marruecos, la expansión del movimiento obrero y del nacionalismo, y las consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, explican la quiebra total del sistema de la Restauración.

El fracaso de la dictadura y la imposibilidad de restablecer el sistema político de la Restauración provocarán el fin de la monarquía y la proclamación de la II República en 1931.

Causas de la Dictadura

Aunque la instauración de la Dictadura del general Primo de Rivera en España coincide en el tiempo con la aparición de otros regímenes autoritarios en la Europa de entreguerras, sus causas están más relacionadas con cuestiones propias de la política española del momento que con los profundos desequilibrios que en otras sociedades del continente habían provocado la Primera Guerra Mundial y sus terribles consecuencias.

Descomposición del Sistema de la Restauración

La descomposición definitiva del sistema canovista entre 1917 y 1923 fue evidente. El sistema estaba bloqueado y desprestigiado, con grave peligro de revolución social. Desde la crisis de 1917, era incapaz de dar solución a los problemas, mientras la imagen del rey se deterioraba por su implicación directa en los asuntos del país.

Conflictividad Social

La alteración del orden público por la conflictividad social era constante. En Andalucía, la situación de miseria en la que vivía el campesinado y las aspiraciones de cambio social que alimentaba el triunfo de la Revolución Soviética impulsaron numerosas revueltas protagonizadas por los anarquistas, en las que se quemaron cosechas, se ocuparon tierras y se repartieron propiedades. En Cataluña, la conflictividad social también se acentuó. La patronal contó además con el apoyo del gobierno para ejercer la represión sindicalista, con la aplicación de la «ley de fugas», lo que agudizó la tensión social. La ideología de estos movimientos se basaba en el uso de la violencia, el culto al líder y un fuerte nacionalismo-racismo.

La Cuestión Marroquí y el Desastre de Annual

La «Cuestión Marroquí» se vio agravada por el desastre de Annual. Después del desastre del 98, el gobierno español, apoyado por grupos empresariales con intereses económicos en la zona, emprendió una política militar agresiva ante la oposición de los rifeños liderados por Abd el Krim. La zona occidental, de Ceuta y Tetuán, no fue difícil de controlar; sin embargo, la zona oriental ofreció una feroz resistencia al dominio español. El desastre de Annual conmovió a la opinión pública, provocó una fuerte desestabilización política y puso en evidencia la deficiente organización del ejército español. El informe llamado «expediente Picasso» contó con el rechazo profundo del ejército, ya que responsabilizaba del desastre a los principales mandos militares e incluso a Alfonso XIII.

El Golpe Militar de 1923

Unos días antes del inicio de los trabajos de la comisión, el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, llevó a cabo con éxito un golpe de Estado que triunfó sin resistencia, finalizando así el proceso de depuración de responsabilidades. Este golpe, que se inspiraba en modelos autoritarios europeos como el de Mussolini en Italia (quien había marchado sobre Roma en 1922), permitió a Primo de Rivera tomar el control de las principales capitales españolas, Madrid y Barcelona.

El gobierno constitucional de García Prieto no logró frenar el movimiento, iniciándose la primera dictadura española del siglo XX.

Primo de Rivera publicó en el diario ABC un manifiesto de sus intenciones. Se trata de un texto con una actitud regeneracionista y populista, con el que intentaba ganarse la adhesión popular. Su ideario encaja con la idea regeneracionista de un «cirujano de hierro» defendida por Joaquín Costa: una dictadura temporal que pusiera orden en la política española.

Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera presidente del Gobierno, encomendándole la formación de un nuevo gobierno integrado por militares. Con esta decisión, el rey daba amparo legal a la dictadura y dejaba en suspenso el régimen constitucional vigente desde 1876.

La connivencia del rey con la llegada de la Dictadura ha sido motivo de debate. Según el historiador Carlos Seco, Alfonso XIII tenía noticias del golpe antes de producirse y lo aceptó, al entender que era el régimen deseado por el pueblo.

El apoyo al golpe fue variado:

• El ejército, los terratenientes y los miembros de la burguesía industrial y financiera lo recibieron con alegría. Aunque el régimen en un principio recibió el apoyo de las clases medias urbanas, no tardarían en aparecer determinadas actitudes críticas promovidas por el movimiento estudiantil y los intelectuales. La España rural, más o menos controlada por los caciques, aceptó a Primo de Rivera y se mantuvo fiel a él.
• Un cierto sector del movimiento obrero se mostró dócil con el régimen. La razón hay que buscarla, en parte, en la eficacia de la represión contra los anarquistas y en la actitud sumisa del socialismo. Efectivamente, se produjo un acercamiento del régimen al PSOE y a la UGT, permitiéndoles participar en la elaboración de la nueva legislación laboral.

Etapas de la Dictadura

La dictadura se mantuvo vigente hasta 1930, sucediéndose dos formas de gobierno: el Directorio Militar y el Directorio Civil, así denominados por la procedencia mayoritaria de sus miembros. Mientras el Directorio Militar se presenta como un régimen transitorio, el Directorio Civil puede ser considerado como un régimen constituyente. En ambas etapas, la vida política adoleció de la misma carencia: la falta de un proyecto político inicial y las dificultades adicionales introducidas por un gobernante de escasa formación, que cambiaba de idea con frecuencia e imprimía a los proyectos una marcha oscilante.

Directorio Militar (1923-1925)

El Directorio Militar, configurado por ocho generales y un almirante, era un órgano asesor, dado que Primo de Rivera concentraba en sus manos todos los poderes. Las primeras medidas del Directorio Militar mostraron su carácter dictatorial:

• Suspensión de la Constitución de 1876.
• Disolución de las Cortes.
• Ilegalización de los partidos políticos.

Se llevó a cabo la militarización de la administración, sustituyendo en los puestos clave a las autoridades civiles por militares. Así se elaboró un Estatuto Municipal, que trató de terminar con el caciquismo, sustituyendo a los antiguos alcaldes y concejales de los ayuntamientos por juntas de vocales, formadas por los mayores contribuyentes de cada localidad. Pero, según Tussell, con estas medidas no hubo ningún avance real, sino que solo sirvieron para sustituir a unos caciques por otros.

En 1924 se creó un partido político único, la Unión Patriótica, que agrupara a todos sus partidarios. No se le quiso dar el nombre de partido, pero actuó como si lo fuera. Se trataba de un partido gubernamental, sin programa ideológico definido. Su lema fue «Dios, Patria y Religión». Su misión era proporcionar apoyo social a la Dictadura y seguir las directrices del gobierno. Estuvo integrado, básicamente, por católicos, funcionarios de la administración, antiguos caciques rurales, comerciantes, industriales y terratenientes. Jamás interesó a las masas populares. Su gran problema fue su total dependencia del dictador y del gobierno, lo que le impidió tener autonomía propia, dependiendo su funcionamiento y dirección de los gobernadores civiles que tenían el poder de nombrar a sus dirigentes. Por eso, el partido se disolvería rápidamente tras la caída de Primo.

Finalmente, se eliminó el nacionalismo autonómico y se impuso la unidad nacional del Estado.

Directorio Civil (1925-1930)

Para esta etapa, Primo de Rivera decidió crear el Directorio Civil. Junto a los ministros militares encargados de la política, nombró ministros civiles encargados de las nuevas medidas económicas y sociales. Ya se había creado un partido, necesario para consolidar el régimen, la Unión Patriótica, pero hacía falta una norma que hiciera las veces de marco constitucional. Con ese objetivo final se convocó, en 1927, una Asamblea Nacional Consultiva, compuesta por casi cuatrocientos miembros, representantes del Estado, de los municipios, de las provincias, de la Unión Patriótica y de distintas áreas de la vida nacional, como la enseñanza, actividades empresariales, etc. Pero no eran unas cortes democráticas; el Gobierno nombró directamente a la mayoría de los miembros y no logró integrar a las fuerzas de oposición. También en esta etapa la dictadura necesitaba contar con un órgano periodístico propio, altavoz propagandístico de las acciones del régimen, lo que consiguió con la aparición del diario «La Nación».

Política Económica

La dictadura se benefició durante los años veinte de una coyuntura económica internacional muy favorable, tan distinta de la que le tocaría vivir a la Segunda República. El Estado practicó una política intervencionista, con el objeto de fomentar la actividad económica, protegiendo la industria nacional y fomentando la inversión pública. La política económica tuvo unos efectos globalmente positivos.

El éxito del régimen permitió organizar exposiciones internacionales como la de Barcelona y la Iberoamericana celebrada en Sevilla, donde se mostraron los principales avances técnicos y científicos. Aunque estas mejoras económicas modernizaron el país, pronto se vieron oscurecidas por el endeudamiento del Estado ante los importantes gastos y por la coyuntura de la crisis económica mundial de 1929, que provocó nuevas movilizaciones sociales. Además, los grandes problemas que tenía la economía española no se resolvieron, sobre todo el agrícola que, con el desigual reparto de la tierra, mantenía en condiciones miserables a miles de jornaleros.

Política Social

En política social, el régimen también se mostró muy activo. El Directorio puso en marcha un modelo de relaciones laborales que pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado y con la práctica de un cierto reformismo social, para atraerse al obrerismo más moderado. De este modo, las relaciones laborales, en un momento con muy poca conflictividad social, se basaron en el modelo corporativo. Se creó así la Organización Corporativa Nacional, como sindicato vertical, cuya base eran los «comités paritarios» de cada oficio o corporación, con una representación igual de representantes de patronos y obreros, a quienes se sumaba un delegado gubernamental. En conclusión, la aceptación de la política laboral por parte del socialismo y la represión del anarquismo hicieron que la conflictividad social y laboral se redujera bastante durante estos años.

La Caída de la Dictadura y los Gobiernos de Transición

El amplio consenso del que se benefició el régimen de Primo de Rivera en sus comienzos se mantuvo los dos primeros años, debido a la resolución de algunos de los problemas más agudos que afectaban a la vida de todos los españoles: orden público, cuestión marroquí, reformas económicas, etc. A esto hay que añadir la gran división, en los momentos iniciales, de las fuerzas opositoras.

Otro frente opositor importante fueron los republicanos, que se unieron y fundaron en 1926 la Alianza Republicana, con Azaña y Lerroux entre otros. También los líderes de los antiguos partidos del turno criticaron la excesiva duración del régimen de Primo de Rivera y reprochaban a la Dictadura haber terminado con la Constitución de 1876. Además, Primo de Rivera perdió el apoyo de una parte de los mandos del Ejército, lo que provocó varias conspiraciones militares. Importante fue la oposición de los catalanistas debido a la política antiautonomista de la Dictadura, lo que provocó una amplia oposición de los sectores nacionalistas en la región.

En julio de 1929, cuando la Asamblea Nacional Consultiva presentó su nuevo proyecto de Constitución, la gran mayoría de las fuerzas políticas lo rechazó. A la falta de apoyo político y social se unió, a partir de ese año, una grave crisis económica: la deuda pública se había duplicado, se devaluó la peseta y se incrementó el déficit comercial. La situación se complicó aún más a finales de 1929 con la reanudación de la protesta estudiantil y la preparación de un nuevo golpe en el que intervinieron civiles y militares.

Aislado, Primo se dirigió a los jefes militares para saber si seguía contando con su apoyo. Las tibias respuestas obtenidas, junto con la retirada del apoyo del rey, hicieron que presentara su dimisión en enero de 1930, aceptada de inmediato por el monarca. De este modo, tras seis años, la Dictadura había terminado.

La dimisión del dictador aceleró las cosas y abrió una breve etapa de tránsito hacia la República. El rey nombró como jefe del gobierno al general Berenguer, con la intención de que este organizase la vuelta al régimen constitucional. El cambio se fue desarrollando de una manera demasiado lenta, mientras la prensa calificó al nuevo gobierno como la Dictablanda y Ortega y Gasset escribía un demoledor artículo en la prensa, «El error Berenguer», contra la monarquía. Al mismo tiempo, los republicanos, catalanistas de izquierda y el PSOE firmaban el Pacto de San Sebastián, a través del cual acordaron constituir un Comité Revolucionario, que se encargaría de contactar con los militares republicanos y con los representantes de los obreros para organizar un levantamiento armado que hiciera caer la monarquía y proclamar la República, que se llevaría a cabo el 15 de diciembre.

Conclusión

La dictadura fomentó el desarrollo económico y mantuvo la paz social, a cambio de suspender la Constitución, prohibir la actividad política y controlar la prensa.