La Desamortización de Madoz (1855)

Introducción a la Desamortización de 1855

Este texto es una fuente primaria, una reproducción incompleta del original. Su naturaleza es jurídica, ya que trata sobre leyes, con un matiz político, económico y social. Posee un carácter público.

El autor es Pascual Madoz, ministro de Hacienda, un liberal progresista. Fue aprobado por la reina Isabel II. Se gestó en las Cortes de Madrid en 1855, durante el Bienio Progresista.

Resumen de la Ley de Desamortización de 1855

Este documento es una selección de artículos clave de la ley, que abordan:

• Las propiedades declaradas en venta (Art. 1).
• Las excepciones a dicha venta (Art. 2).
• El destino de las recaudaciones obtenidas (Art. 15).

Contexto Remoto: Antecedentes de las Desamortizaciones en España

La introducción de las ideas ilustradas fue un proceso lento y complejo. A mediados del siglo XVIII surgieron pensadores como Jovellanos, Aranda y Floridablanca. Aunque no formaban un grupo homogéneo, compartían un interés común: la idea de progreso.

Todos ellos estaban convencidos de que una reforma educativa era esencial para sacar al país del atraso. Se enfrentaron a las órdenes religiosas y a los estamentos privilegiados, defendiendo una enseñanza útil, obligatoria en los primeros niveles para ambos sexos, e impregnada de los nuevos conocimientos.

Su segunda gran preocupación fue la cuestión económica. Eran conscientes de que el considerable atraso de España se debía, en gran parte, a la vasta cantidad de tierras amortizadas en manos de la nobleza y el clero, así como a la falta de conocimiento de nuevas técnicas e inventos. Por ello, estudiaron la situación y propusieron una serie de reformas que buscaban impulsar el crecimiento económico.

Se llevaron a cabo dos grandes desamortizaciones con el fin de recaudar fondos y sacar a España de la crisis. La primera gran desamortización, la de Mendizábal (1836), impulsada por los liberales progresistas, decretó la disolución de las órdenes religiosas, la confiscación de sus propiedades y su venta en subasta pública. Sus objetivos principales eran recaudar fondos para derrotar a los carlistas, reducir la deuda de la Hacienda Pública y crear una base social afín al liberalismo.

Posteriormente, durante el Bienio Progresista, se llevó a cabo una segunda desamortización, la de Madoz (1855). Las tierras incautadas en esta ocasión pertenecían a la Iglesia, al Estado y, significativamente, a los ayuntamientos.

Contexto Inmediato: El Bienio Progresista y la Ley de Madoz

El autoritarismo del gobierno moderado provocó la oposición y el levantamiento de progresistas, demócratas y de algunos sectores moderados defraudados con la actuación gubernamental. Todo ello condujo al pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por O’Donnell (un moderado descontento), quien fundó un nuevo partido: la Unión Liberal.

Los sublevados redactaron el Manifiesto de Manzanares, en el que demandaban el cumplimiento de la Constitución de 1845, la reforma de la Ley Electoral, la reducción de impuestos y la restauración de la Milicia Nacional.

Espartero recuperó el poder y O’Donnell fue nombrado ministro de la Guerra. Las elecciones fueron convocadas según la legislación de 1837, que establecía un censo más amplio, lo que permitió una mayoría progresista y la aparición, por primera vez, de diputados demócratas en el Parlamento.

El nuevo gobierno, con el objetivo de restaurar los principios del progresismo, restauró la Milicia Nacional y la Ley Municipal que permitía la elección directa de alcaldes. Se preparó una nueva Constitución en 1856, pero no llegó a promulgarse, ya que ese mismo año los progresistas fueron apartados del gobierno.

La actuación de mayor trascendencia para el futuro fue el plan de reformas económicas. En 1855, la nueva Ley de Desamortización (a la que pertenece el texto) afectó a los bienes del Estado, la Iglesia y, de manera muy significativa, a los ayuntamientos (tanto bienes propios como comunales).

A diferencia de la desamortización de Mendizábal (1837), que buscaba eliminar la propiedad vinculada y conseguir recursos para la Hacienda, la de Madoz también impulsó una modernización económica española. Los ingresos obtenidos fueron invertidos principalmente en la construcción de la red ferroviaria, con el fin de fomentar los intercambios y el crecimiento industrial del país.

La construcción de la red ferroviaria se inició en 1855 con la Ley General de Ferrocarriles, que regulaba su ejecución y ofrecía amplios incentivos a las empresas participantes. Esto atrajo una gran cantidad de capital extranjero, especialmente francés, que acudió en abundancia al mercado español. Además, se desarrolló legislación para favorecer la reforestación, poner en marcha el telégrafo, ampliar la red de carreteras, fomentar el crecimiento de la banca y desarrollar la minería.

Conclusión: Impacto y Consecuencias de la Desamortización de Madoz

El objetivo principal de la Desamortización de Madoz fue triple: recaudar fondos para sanear la Hacienda Pública, fomentar la inversión pública y subvencionar la construcción de una red ferroviaria. Como resultado, salieron al mercado 19,9 millones de hectáreas, lo que supuso el 39% de la superficie cultivable en España. También se logró la desvinculación de mayorazgos.

A pesar de estos puntos positivos, el campesinado no obtuvo un gran beneficio, ya que las tierras no se redistribuyeron entre ellos.

La Constitución de 1931

Introducción a la Constitución de 1931

Este documento es una fuente primaria de naturaleza jurídica y política. Es jurídica porque se trata de una ley fundamental (la Constitución), y política porque fue formulada por el Estado. Posee un carácter público, ya que debe ser conocida por todos los ciudadanos.

Fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, apenas nueve meses después de la proclamación de la Segunda República. El autor es colectivo: las Cortes Constituyentes, elegidas en junio de ese mismo año. Su aprobación tuvo lugar en Madrid, en la sede del gobierno y de las Cortes.

Artículos Clave de la Constitución de 1931

Este documento presenta una selección de artículos clave que definen el nuevo sistema político republicano:

• Artículo 1: España se configura como una república democrática (el poder emana del pueblo) y progresista (amplía el campo de libertades y justicia, y se organiza en autonomías).
• Artículos 2 y 36: Establecen la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
• Artículos 3 y 26: Declaran a España como un Estado laico, sin religión oficial.
• Artículos 8 y 12: Abordan la descentralización del Estado.

Contexto Inmediato: La Proclamación de la II República y la Constitución

En el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), los representantes de diversos partidos (republicanos, catalanistas y socialistas) acordaron organizar un movimiento político para poner fin a la monarquía e instaurar la república como forma de gobierno.

Tras el fracaso de la sublevación de Jaca (diciembre de 1930), las elecciones municipales, convocadas por el gobierno de Aznar el 12 de abril de 1931, dieron el triunfo a los candidatos republicanos en las principales ciudades del país. La falta de apoyos políticos obligó a Alfonso XIII a renunciar al trono y exiliarse.

Tras ello, se proclamó la Segunda República y Niceto Alcalá Zamora presidió el gobierno provisional, formado e integrado por los firmantes del Pacto. Este gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes para junio de 1931, en las que la coalición republicano-socialista obtuvo una amplia victoria, mientras que las fuerzas de derechas apenas lograron representación.

La correlación de fuerzas parlamentarias explica la rapidez del proceso de elaboración de la Constitución, que fue aprobada en apenas seis meses, a pesar de la polémica surgida por el tratamiento dado a la Iglesia católica y la organización autonómica del Estado. La estabilidad de la coalición gobernante se vio afectada por la dimisión de Alcalá Zamora.

Después de los debates constitucionales, comenzó un programa reformista que sería continuado por el gobierno de Manuel Azaña (1931-1933). Para entonces, se habían tomado decisiones políticas importantes, como la aprobación del Estatuto de Autonomía provisional de Cataluña, y se habían producido enfrentamientos entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica a consecuencia de la oleada de ataques sufrida por los edificios religiosos en las primeras semanas de la República.

Contexto Remoto: La Tradición Constitucional Española

La Constitución de 1931 debe situarse en el proceso histórico constitucional surgido tras el triunfo del liberalismo en España. Mayormente, las constituciones anteriores se caracterizaban por ser partidistas, reflejando el punto de vista del grupo político en el poder e ignorando el del resto de sectores sociales.

Este patrón se repitió en la Constitución de 1876, apoyada por los partidos dinásticos, que acabó dejando al margen del régimen de la Restauración a grupos políticos emergentes como republicanos, nacionalistas y socialistas.

La Constitución de 1931 fue la primera Constitución republicana española, ya que durante la Primera República (1873) no se llegó a promulgar ninguna debido a su falta de estabilidad y duración.

Conclusión: Desafíos y Legado de la Constitución de 1931

Esta Constitución tampoco escapó al carácter partidista, lo que impidió que contara con el respaldo de gran parte de la sociedad española y de las fuerzas políticas derechistas. Durante el Bienio Radical-Cedista, el nuevo gobierno de Lerroux intentó modificar algunos aspectos polémicos de la Constitución o, en su defecto, suavizar su aplicación práctica.

La polarización de la sociedad condujo a una radicalización política y social que se concretó en la falta de consenso constitucional, de diálogo y de respeto a la legalidad y las normas democráticas, tanto por parte de la derecha como de la izquierda, culminando finalmente en un levantamiento armado contra la República que desembocaría en la Guerra Civil Española.