La Desamortización en la España del Siglo XIX
La desamortización fue una de las medidas más importantes del siglo XIX dentro del proceso de construcción del Estado liberal en España. Su objetivo era acabar con la estructura económica y social del Antiguo Régimen, basada en la concentración de la propiedad agraria en manos de la nobleza, la Iglesia y los municipios. El liberalismo defendía que la felicidad y el progreso dependían de la libertad individual y del derecho a la propiedad privada. Por eso, era necesario liberar las tierras de las llamadas manos muertas para que pudieran entrar en el mercado y aumentar la riqueza nacional.
Antes de la desamortización, la agricultura era la actividad económica principal, pero el sector se encontraba muy atrasado. Las tierras estaban vinculadas al mayorazgo nobiliario o a la Iglesia, que las había recibido mediante donaciones a lo largo de los siglos. Además, los municipios poseían tierras comunales y de propios, muchas veces arrendadas a particulares. Todo ello, junto con la despoblación rural y las técnicas agrícolas arcaicas, impedía la modernización del campo español.
Procesos Desamortizadores Clave
La desamortización consistía en incautar las propiedades del clero o de los municipios, declararlos bienes nacionales y venderlos en pública subasta. De esta forma, las tierras se convertían en mercancía y pasaban a manos de nuevos propietarios. Hubo varios procesos desamortizadores:
- Los de Godoy (1798).
- Las Cortes de Cádiz (1811-1813).
- El Trienio Liberal (1820-1823).
- La Desamortización de Mendizábal (1836).
- La Desamortización General de Madoz (1855).
La desamortización de Mendizábal se inició durante la regencia de María Cristina, con el objetivo de consolidar el Estado liberal frente al carlismo y reducir la deuda pública. Para ello, se pusieron en venta los bienes del clero regular (monasterios y conventos) en 1836 y, un año después, los del clero secular (catedrales e iglesias). Además de un fin económico, Mendizábal buscaba ganarse el apoyo de la burguesía adinerada, que se convirtió en la principal compradora de las tierras. Más adelante, la Desamortización General de Madoz en 1855 amplió el proceso a todos los bienes de propiedad colectiva, incluidos los comunales de los pueblos y los eclesiásticos que aún no se habían vendido. El dinero recaudado se destinó principalmente al desarrollo del ferrocarril y a financiar el Estado, aunque la alta burguesía volvió a ser la gran beneficiaria.
Consecuencias de la Desamortización
Los resultados de la desamortización fueron complejos. Por un lado, aumentó la superficie cultivada y la productividad agrícola, y se consolidó la economía capitalista en el campo. Sin embargo, también provocó importantes desigualdades. No se creó una clase media agraria, sino que la tierra se concentró aún más en pocas manos, formándose una poderosa burguesía terrateniente, mientras millones de campesinos quedaron sin tierras, convertidos en proletariado agrícola. Además, el pequeño campesinado perdió el acceso a las tierras comunales, lo que empeoró sus condiciones de vida.
A nivel social y político, la desamortización fortaleció al Estado liberal y atrajo a nuevos sectores a la causa del progreso, pero también generó tensiones con la Iglesia y supuso la pérdida de una parte importante del patrimonio artístico español. En definitiva, la desamortización transformó profundamente la estructura agraria española, modernizó parcialmente el campo y consolidó las desigualdades que marcarían la sociedad rural durante todo el siglo XIX.
Los Partidos y las Constituciones del Reinado de Isabel II
El reinado de Isabel II (1833-1868) fue una etapa marcada por la inestabilidad política, los enfrentamientos ideológicos y los constantes cambios de constitución. Durante estos años, España pasó de un absolutismo ya en crisis a un liberalismo dividido entre distintas corrientes, que representaban los intereses y aspiraciones de las clases sociales del momento. Los principales partidos fueron los moderados, los progresistas, los demócratas y los unionistas, cada uno con su propia visión del Estado, la soberanía y el papel del Rey.
Corrientes Políticas del Liberalismo Isabelino
Los Moderados
Los moderados, liderados por el general Narváez, representaban un liberalismo conservador. Defendían la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, lo que otorgaba al monarca amplios poderes y limitaba los derechos individuales. Sus bases sociales eran las clases altas: grandes terratenientes, burguesía y élites económicas. Buscaban la estabilidad política y el orden, por lo que impulsaron constituciones restrictivas como la Constitución de 1845, que reforzaba la autoridad real, restringía el sufragio y otorgaba al gobierno el control sobre los ayuntamientos y la prensa.
Los Progresistas
En cambio, los progresistas, con líderes como Espartero, defendían un liberalismo puro basado en la soberanía nacional representada en las Cortes y en la limitación del poder del Rey. Sus seguidores pertenecían a las clases medias: pequeños y medianos burgueses, empleados y artesanos. Su modelo de Estado se centraba en una estricta división de poderes y en la ampliación de derechos políticos. La Constitución de 1837, elaborada durante el gobierno progresista, reflejaba estos principios: reconocía más libertades, como la de prensa y asociación, e instauraba un sufragio más amplio.
Los Demócratas
Más radicales fueron los demócratas, encabezados por figuras como el almirante Topete, quienes defendían un liberalismo radical con soberanía nacional plena, libertad de conciencia, educación primaria gratuita e intervención del Estado en la asistencia social. Su base social eran las clases populares urbanas e intelectuales que exigían una verdadera participación política. De su ideología surgiría más tarde el republicanismo, que jugaría un papel clave tras la caída de Isabel II y durante el Sexenio Democrático.
La Unión Liberal
Entre moderados y progresistas surgió una tendencia intermedia: la Unión Liberal, liderada por O’Donnell. Este partido representaba una ideología de centro, mezcla del moderantismo y el progresismo. Su objetivo era lograr la estabilidad política mediante una monarquía constitucional estable, sin los excesos de ninguno de los extremos. Buscaban integrar en un mismo régimen a sectores liberales moderados y progresistas, evitando las guerras civiles y pronunciamientos que habían caracterizado el reinado.
Conclusión del Periodo
En conclusión, el reinado de Isabel II fue un periodo de constantes tensiones entre conservadores y liberales, que se reflejaron en la alternancia entre constituciones más autoritarias y otras más democráticas. La Constitución de 1837 simbolizó la apertura progresista, mientras que la de 1845 representó el cierre moderado. A pesar de los intentos de conciliación de la Unión Liberal, los conflictos sociales, la corrupción y el descontento popular acabaron provocando la Revolución de 1868, que puso fin al reinado y abrió paso al Sexenio Democrático, una etapa de búsqueda de nuevas formas de gobierno y modernización política.
El Sexenio Democrático (1868-1874)
El Sexenio Democrático comenzó tras una grave crisis económica y política durante el reinado de Isabel II. Hechos como la Noche de San Daniel (1865), la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil (1866) y el Pacto de Ostende (1866) demostraron el creciente descontento y prepararon la revolución de 1868.
La Revolución Gloriosa y el Gobierno Provisional
La revolución de 1868, conocida como «La Gloriosa», fue encabezada por los generales Prim y Serrano, quienes proclamaron el lema «¡Viva España con honra!». Tras la derrota de las tropas isabelinas en la batalla de Alcolea (Córdoba), la reina Isabel II se vio obligada a exiliarse en Francia, poniendo fin al reinado borbónico.
Se formó entonces un gobierno provisional en 1869, compuesto por progresistas y unionistas. Este convocó elecciones por sufragio universal masculino, lo que fue una novedad en la política española. En 1869 se aprobó una constitución democrática que establecía una monarquía parlamentaria con Cortes bicamerales, reconocía el derecho de reunión, asociación y libertad de cultos, y ampliaba los derechos ciudadanos.
La Búsqueda de un Rey y la Monarquía de Amadeo I
Durante la regencia de Serrano (1869-1870), el general Prim asumió el liderazgo del gobierno. En este tiempo estalló la insurrección cubana de 1868, que se inicia con el pronunciamiento en el Grito de Yara, que dio origen a la Guerra de los Diez Años. También resurgieron los carlistas, reclamando los derechos de Don Carlos. Finalmente, en 1870, las Cortes eligieron democráticamente como rey a Amadeo de Saboya, de origen italiano.
La monarquía de Amadeo I (1871-1873) comenzó con grandes dificultades. Poco antes de su llegada, Prim fue asesinado, perdiendo así su principal apoyo. Su reinado estuvo marcado por levantamientos carlistas, el surgimiento del partido alfonsino de Cánovas del Castillo, el crecimiento del republicanismo federalista, la agitación obrera y la crisis colonial. Ante la imposibilidad de estabilizar el país, abdicó el 11 de febrero de 1873, proclamándose la Primera República.
La Primera República y el Fin del Sexenio
La Primera República (1873-1874) afrontó graves conflictos: la guerra de Cuba, la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y la división entre republicanos unitarios y federalistas. Presidida por Pi y Margall, impulsó un proyecto de República Federal, pero la revolución cantonal en el sur y el Levante provocaron el caos. Tras varios gobiernos inestables, el golpe de Estado del general Pavía, el 3 de enero de 1874, disolvió las Cortes. Finalmente, el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto (29 de diciembre de 1874) restauró la monarquía borbónica con Alfonso XII.
Reformas Económicas y Legado
En el ámbito económico, el Sexenio introdujo reformas como la peseta (1868), la Ley Arancelaria de 1869 y la Ley de Sociedades Anónimas y de Minas de 1871, que fomentaron el librecambismo y la modernización industrial, aunque sin resolver la inestabilidad general.
El Sexenio Democrático fue una etapa de muchos cambios e intentos por lograr una España más libre y moderna. Aunque terminó en fracaso por las luchas políticas, las guerras y la falta de estabilidad, fue un periodo importante que abrió el camino hacia nuevas ideas democráticas y reformas futuras.
La Construcción del Estado Liberal: Del Carlismo a la Caída de Isabel II (1833-1868)
La muerte de Fernando VII en 1833 dejó a España sumida en una profunda crisis política entre los partidarios de Isabel II y los carlistas, lo que dio comienzo a la Primera Guerra Carlista (1833-1840). El reinado de Fernando VII, marcado por la represión, la inestabilidad y la pérdida de las colonias, se convirtió en el preludio de una España dividida entre tradición y modernidad.
La Primera Guerra Carlista y las Regencias
La Primera Guerra Carlista (1833-1840) enfrentó a los partidarios de Carlos María Isidro, defensores del absolutismo y del Antiguo Régimen, contra los isabelinos, que apoyaban el liberalismo bajo la regencia de María Cristina. El conflicto no solo fue político, sino también social y territorial, concentrándose principalmente en el norte de España.
Durante la regencia de María Cristina (1833-1840) se inició la construcción del Estado liberal. El liberalismo se dividió en moderados, que defendían un sufragio restringido y la soberanía compartida, y progresistas, partidarios de la soberanía nacional. En 1834 se promulgó el Estatuto Real de Martínez de la Rosa, sin declaración de derechos, lo que generó descontento y llevó al pronunciamiento de los sargentos de La Granja (1836). Este movimiento obligó a aceptar la Constitución de 1837, que proclamaba la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de prensa y la autonomía municipal. Además, las desamortizaciones de Mendizábal (1836-1837) buscaron financiar la guerra carlista y reducir el poder eclesiástico.
Tras la guerra, el prestigio de Espartero creció y asumió la regencia (1840-1843), marcada por su autoritarismo y el bombardeo de Barcelona en 1842, que provocó su caída.
El Reinado Efectivo de Isabel II
Tras la caída de Espartero, Isabel II fue proclamada reina en 1843, iniciándose un periodo de continua inestabilidad política, marcado por la alternancia entre moderados y progresistas. Durante la Década Moderada (1844-1854), liderada por Narváez, se consolidó un Estado centralizado y autoritario. La Constitución de 1845 redujo derechos y estableció una soberanía compartida entre las Cortes y la Corona. Además, se creó la Guardia Civil (1844) para garantizar el orden público, se aplicó una reforma fiscal impulsada por Alejandro Mon y se firmó el Concordato con la Santa Sede (1851), que devolvía parte del poder a la Iglesia.
Sin embargo, el control político y la falta de libertades generaron descontento social, lo que provocó el pronunciamiento de O’Donnell en 1854, que dio inicio al Bienio Progresista (1854-1856). Durante este breve periodo se intentó modernizar el país mediante la Desamortización de Madoz (1855), que afectó a bienes municipales y del clero secular, y la Ley de Ferrocarriles del mismo año, destinada a impulsar la economía y las comunicaciones. También se redactó una nueva constitución, non nata, que nunca llegó a aprobarse por el regreso de los moderados al poder tras un nuevo golpe.
Crisis Final del Reinado
Entre 1856 y 1868, con la Unión Liberal de O’Donnell, España vivió una etapa de relativa estabilidad y expansión económica. Se emprendieron campañas coloniales y obras públicas, pero la represión política y la corrupción del sistema generaron un creciente descontento.
En los últimos años del reinado, bajo el gobierno de Narváez, se intensificaron las protestas. Sucesos como la Noche de San Daniel (1865) o la sublevación del cuartel de San Gil (1866) reflejaron la profunda crisis del régimen. La oposición se unió en el Pacto de Ostende (1866), cuyo objetivo era destronar a Isabel II y convocar elecciones libres.
Balance del Periodo
El periodo comprendido entre 1833 y 1868 fue una etapa de profundas transformaciones políticas en la historia de España. A lo largo del reinado de Isabel II se consolidó el Estado liberal, aunque con continuas tensiones entre moderados y progresistas. Las reformas políticas, las desamortizaciones y los intentos de modernización coexistieron con la inestabilidad, los pronunciamientos militares y la corrupción del sistema. Todo ello desembocó en una gran crisis final que culminó con la Revolución Gloriosa de 1868, la cual provocó el exilio de Isabel II y abrió paso al Sexenio Democrático, una nueva etapa de búsqueda de libertad y modernización política.