Tras el golpe del general Pavía, el general Serrano encabezó el gobierno y dedicó todos sus esfuerzos a poner término a la guerra carlista. Sin embargo, el principal problema para el gobierno de Serrano estaba en el “partido alfonsino”, acaudillado por Antonio Cánovas del Castillo, que defendía que Alfonso XII fuera el rey de España. Este, por entonces, era un cadete en la academia británica de Sandhurst, donde publicó el manifiesto de Sandhurst (1874), escrito por Cánovas pero firmado por Alfonso XII, en el que se presentaba como la solución a los problemas de España. Había otros factores que jugaban a favor del partido alfonsino, como el apoyo de la burguesía catalana y de los cuadros alfonsinos del ejército. Uno de los objetivos de Cánovas del Castillo fue intentar conseguir que Alfonso XII llegara al trono de manera pacífica, cosa que no consiguió porque se le proclamó rey en 1874 mediante el levantamiento de Sagunto, realizado por Martínez Campos. Alfonso XII se casó primero con Mª de las Mercedes de Orleans, quien murió a los pocos meses, y luego con Mª Cristina de Habsburgo, con la que tuvo dos hijas y que, cuando Alfonso XII murió (1885), estaba embarazada, proclamándose así su regencia (1885-1902).

Esta Restauración fue iniciada por Cánovas al hacer que Alfonso XII volviera al trono. Este periodo comprende desde 1874 hasta 1931. A continuación, voy a exponer los pilares básicos de la Restauración borbónica en el trono español.

Durante el reinado de Alfonso XII, podemos destacar la constitución de 1876, la cual fue conservadora y establecía: una amplia declaración de derechos y libertades, soberanía compartida y amplias competencias a la corona, sufragio a decisión del gobierno, estado confesional (católico) y centralizado. A la muerte de Alfonso XII en 1885 se produjo el pacto del Pardo, que fue un acuerdo de los grandes partidos por el cual dimitió Cánovas (líder del partido conservador) y llegó Sagasta (líder del partido liberal) al poder para hacer ver al pueblo que no había problemas con la muerte del rey.

Durante la regencia de María Cristina, cabe destacar que el pacto del Prado detuvo lo que pudo ser una gran crisis, pero eso se evitó con la llegada de Sagasta al poder. Este gobierno de los liberales fue el primer gobierno que agotó los cinco años de legislatura. Este gobierno, además, aprobó la ley de Asociaciones, el sufragio universal masculino, la ley del Jurado, etc.

Durante este tiempo en España se dio una nueva forma de gobierno implantada por Cánovas del Castillo, intentando copiar el modelo de gobierno inglés. Este sistema político se basó en la existencia de dos grandes partidos que se turnaban el poder pacíficamente. Estos partidos eran el conservador, liderado por Cánovas del Castillo, y el partido liberal, liderado por Sagasta. Ambos partidos coincidían en la mayoría de las cosas, como en la defensa de la monarquía, en la constitución de 1876, en un estado centralizado, pero también tenían sus diferencias, como que el partido conservador defendía el sufragio censitario y el proteccionismo, mientras que los liberales defendían el sufragio universal masculino y el librecambismo. Ambos partidos estaban principalmente formados por el mismo tipo de personas: las élites del dinero y las clases medias acomodadas. El objetivo de este sistema era asegurar la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo. Cuando en un partido saltaban muchos escándalos o ya estaba muy desgastado, el rey disolvía las cámaras y convocaba elecciones, asegurándose de que ganara el otro partido.

Para asegurar el turnismo pacífico de este sistema político, era necesario amañar las elecciones. Esto era posible gracias a técnicas como la del encasillado, en la que el ministro de la gobernación, encargado de organizar las elecciones, elaboraba una lista con los candidatos que debían salir. Esta lista se la mandaba a los gobernadores civiles y estos a los caciques locales (que eran las personas influyentes en una zona), quienes, mediante técnicas de extorsión y amenazas, conseguían que los ciudadanos votaran lo que ellos querían. Esto provocaba también una abstención generalizada de la población, debido a que tenían miedo, lo que favorecía a este corrupto sistema. Si no se conseguía el resultado esperado mediante el encasillado, se realizaba el llamado pucherazo, por el cual se adulteraban los votos mediante la manipulación de las actas, la compra de votos, hacer que voten los muertos, etc.

Durante la Restauración se acabó con la tercera guerra carlista (1876), con la abolición de los fueros vascos, pero más adelante, debido al gran descontento de los vascos, se estipularon unos conciertos económicos a las provincias vascas, muy parecidos a los antiguos fueros que poseían. También acabó la guerra de los diez años con Cuba (1878) con la paz de Zanjón, la abolición de la esclavitud (1888) y prometiéndoles que tendrían representación en las cortes españolas.

En este sistema político ideado por Cánovas, solo había dos grandes partidos que participaban de la política, por lo que muchos pequeños partidos quedaban al margen. Como los Republicanos, que, cuando acabó la I República, fueron perseguidos. Estos estaban divididos en cuatro partidos: el posibilista, el progresista, el centralista y el democrático federal. Todos estos partidos tenían cuatro cosas en común: la república, que son reformistas, que creen en el progreso de la ciencia y la educación, y que quieren un estado laico. Estos partidos sufrieron un gran crecimiento gracias al sufragio universal. También empezaron a intentar ganar apoyos en la sociedad mediante la creación de casinos y ateneos, y comenzaron a realizar candidaturas conjuntas con el PSOE para tener más oportunidades de entrar en el parlamento. Otro partido marginado fue el del carlismo, el cual fue perdiendo poder por culpa de los nacionalismos vascos y catalanes y porque, debido a que el nuevo gobierno trataba bien a la iglesia, esta dejó de apoyarles. Debido a esto, se produjo una división interna por la cual Vázquez de Mella escribió el acta de Loredan en 1886, que hacía que el partido carlista se modernizara, estipulando que el partido tuviera un carácter católico y tradicionalista, se recuperaran los fueros y hubiera un orden liberal-capitalista. Hubo un sector integrista liderado por Ramón Nocedal que no quiso cambiar. El otro partido era el del movimiento obrero, el PSOE, liderado por Pablo Iglesias, el cual estuvo perseguido hasta la Ley de Asociaciones. En 1883 se aprobó una comisión de reformas sociales; el PSOE, un año más tarde, lanzó un informe donde se destacaban los mayores problemas sociales, lo que, unido al sufragio universal masculino, les hizo crecer bastante. Debido a su coalición con los republicanos, en 1910, Pablo Iglesias consiguió entrar con un escaño en el parlamento.

Durante la Restauración, empezaron a crecer nuevos movimientos nacionalistas. Como el catalanismo, que al principio nace como un movimiento cultural para recuperar la lengua y la cultura catalana (Renaixença). A finales del siglo XIX se convierte en un movimiento político, apoyado por la burguesía, que reclama el proteccionismo y un mayor autogobierno. Este movimiento se divide en dos grandes corrientes: el tradicionalismo católico y los de carácter progresista (centre catalá, unión catalanista). En el caso vasco, vemos que surge como un movimiento que, al principio, destaca que son una etnia distinta que rechaza las costumbres de fuera. Este movimiento iba en contra de la creciente industrialización, defendiendo el tradicional carácter rural del País Vasco. En 1895, este movimiento cultural se transforma en uno político mediante la fundación del PNV por parte de Sabino Arana. Debido a que su posición era muy radical, este se empezó a suavizar, acercándose a la burguesía vasca. En el caso gallego se le denominó Rexurdimiento y, como no tuvo un partido político, no tuvo tanto peso. En cuanto a los regionalismos, hubo tres grandes como el aragonés, que defendió el derecho civil aragonés; el valenciano, que se denominó Renaixença; y el andaluz, donde se aprobó una constitución federal para Andalucía.

A modo de conclusión, vamos a trazar los rasgos principales de la Sociedad y de la Economía españolas a finales del siglo XIX. En el demográfico, hubo un importante crecimiento de la población, un éxodo rural a las ciudades y una gran emigración hacia América. En el económico, se empiezan a introducir los principios básicos de la economía de mercado, con varios límites como la baja productividad agrícola y la débil industrialización. En el social, desaparece la sociedad estamental y se crea la sociedad de clases, dividida en dirigentes, media y populares. Se pertenecía a una clase u otra dependiendo del dinero.

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La dinastía borbónica. Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los reinos de Aragón y Valencia y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la supresión de los fueros de esos territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, siendo sustituidas por las castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía confederal establecida por los Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y centralista, tanto en lo político-administrativo como en lo económico. Su importancia histórica es que, a partir de entonces, nace España como entidad política unificada y se dio origen a uno de los principales problemas políticos de la España contemporánea: los movimientos nacionalistas periféricos.

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Tratado de Utrecht de 1713. En el tratado se reconoció a Felipe de Anjou como rey de España (Felipe V), asentándose definitivamente la nueva dinastía de los Borbones. A cambio, España deja de ser una primera potencia en el continente europeo al perder gran parte de sus posesiones: los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña los cede al Imperio Austriaco, Sicilia al reino de Saboya y Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña.

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Al reinado de Carlos III. El Despotismo Ilustrado es el movimiento político que defiende la adopción por parte de las monarquías absolutas de algunos de los principios de la Ilustración, especialmente los referidos a la economía, como un medio de aumentar su poder a través del desarrollo económico que las reformas podrían producir. Sin embargo, no se adoptan sus principios políticos ni sociales, manteniéndose sin cambios la monarquía absoluta y la sociedad estamental. Su ideario se resume en el lema: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”.