Isabel II: Regencias, Guerras Carlistas y Grupos Políticos
El reinado de Isabel II supuso la transición de España de un absolutismo reformista hacia un liberalismo moderado. En 1830, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción, que permitía a su hija Isabel acceder al trono. Los sectores absolutistas intentaron convencer al rey para eliminarla temporalmente, pero la ley se mantuvo. Tras la muerte del monarca, Isabel accede al trono, lo que provocó una guerra entre los carlistas (partidarios de Carlos María de Isidro) y los isabelinos, dando lugar al inicio del reinado efectivo de Isabel II y la regencia de María Cristina bajo gobiernos liberales. Para asegurar un gobierno estable, María Cristina sustituyó a los partidarios de Carlos por Cea Bermúdez como ministro del gobierno, apoyándose en los liberales y no en los absolutistas.
Las Regencias
Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)
María Cristina gobernó mientras Isabel era menor de edad. La llegada de Isabel al trono, tras la derogación de la Ley Sálica, enfrentó a los absolutistas (carlistas) y a los liberales (isabelinos). El primer gobierno moderado, liderado por Cea Bermúdez, llevó a cabo reformas como el Estatuto Real de 1834, que estableció dos cámaras de representación: una elegida por sufragio censatario y la otra por voluntad del monarca. Además, se realizó una nueva división territorial en provincias, elaborada por Javier de Burgos en 1833.
Esta etapa moderada terminó debido al descontento popular, motines anticlericales y los reclutamientos forzosos para luchar en la guerra contra los carlistas. El Motín de La Granja de 1836 forzó a la regente a entregar el gobierno a los liberales más progresistas, dirigidos por José María Calatrava y Juan Álvarez Mendizábal, quienes proclamaron la Constitución de 1837, con separación de poderes, no confesionalidad del Estado y soberanía nacional. Durante este periodo se llevaron a cabo las desamortizaciones de Mendizábal, la supresión de los privilegios de la Mesta y la supresión del diezmo. Los progresistas aceptaron algunas medidas moderadas, como el sufragio censatario o las dos cámaras de representación (Senado y Congreso), además de la cesión de ciertos poderes para la Corona, como la facultad de disolver las Cortes o el derecho de veto.
Regencia de Espartero (1840–1843)
Tras la renuncia de María Cristina en 1840, Espartero asumió la regencia gracias al prestigio que se había ganado en las Guerras Carlistas. Era progresista y gobernó de forma autoritaria, sin contar con el apoyo de los moderados ni de las Cortes. En 1841 rebajó los aranceles a productos textiles ingleses, provocando graves enfrentamientos con la industria catalana. Los disturbios de 1842 en Barcelona fueron duramente reprimidos con bombardeos y el uso del ejército. Esto llevó al alzamiento militar del General Narváez, que provocó la dimisión de Espartero y su exilio. Tras esto, se adelantó la mayoría de edad para que Isabel II pudiera ser reina.
Carlismo y Guerra Civil (1833-1840)
El carlismo tuvo mayor apoyo en el País Vasco y en Navarra; defendía un carácter religioso, el sistema foral y el tradicionalismo bajo su lema “Dios, patria y rey”. La guerra se desarrolló mediante la táctica de guerrillas rurales dirigidas por Zumalacárregui. La regente no actuó con contundencia inicial y el problema se agravó.
- Primera fase (1833-1835): Caracterizada por los triunfos carlistas en el norte, aunque sin conquistar ciudades importantes. Carlos María de Isidro intentó llegar a un acuerdo con la reina, pero fue rechazado en Madrid. La reina encargó a Espartero la protección de la Corona y de los isabelinos.
- Segunda fase (1836-1840): La guerra se inclinó hacia los liberales gracias a Espartero y su victoria, que obligó a los carlistas a retirarse.
- Última fase: Enfrentó a Espartero y al carlista Maroto, finalizando con el Convenio de Vergara, por el cual Espartero se comprometía a mantener los fueros de Navarra y el País Vasco, así como los altos puestos de los carlistas dentro del ejército. El carlismo se mantuvo, pero con poca fuerza y poder.
Evolución Política, Partidos y Conflictos
Entre la muerte de Fernando VII y la mayoría de edad de Isabel II, el liberalismo español evolucionó con ideas de colaboración con la Corona y reforma del absolutismo. Dentro del liberalismo encontramos:
- Moderados: Defendían el poder de la Corona, la libertad como defensa de la seguridad de las personas, la autoridad y el orden. El poder quedaba en manos de la aristocracia (clase alta, nobles y burguesía).
- Progresistas: Buscaban el poder para el pueblo, pero con la Corona como moderadora, libertades individuales y una sociedad laica.
- Radicales: Situados a la izquierda de los progresistas, no confiaban en la Corona, querían eliminar los señoríos y fomentar la participación popular en el poder local.
Estatuto Real de 1834
Impulsado por Martínez de la Rosa, buscaba el apoyo de los liberales moderados a la Corona a través de una concesión de la monarquía a los súbditos que incluía: soberanía compartida entre el rey y las Cortes, ausencia de reconocimiento de la división de poderes o reformas profundas, y una monarquía moderada y hereditaria en la que el rey convoca y disuelve las Cortes, manteniendo el poder legislativo. Por último, establecía un Estado confesional sin libertad de culto.
En 1835 se formaron juntas locales y provinciales que exigieron reformas. María Cristina llamó a Mendizábal (progresista) para que llevara a cabo cambios, destacando las desamortizaciones contra la Iglesia. La oposición del entorno real propuso la sustitución de Mendizábal, lo que provocó el Motín de La Granja, obligando a la regente a jurar la Constitución de 1812.
Constitución de 1837
La Constitución de 1837 se construyó tras el fin del carlismo y la división entre moderados y progresistas. Establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, permitiendo al monarca disolverlas y vetar leyes. El parlamento se dividía en dos cámaras: Senado y Congreso de los Diputados. Incluía el sufragio directo censatario, el restablecimiento de leyes municipales y el desmantelamiento del Antiguo Régimen. Surgió de la crisis del Estatuto Real y sobrevivió con dificultades hasta su derogación por la Constitución de 1845. El enfrentamiento entre moderados y progresistas impidió aplicarla con normalidad, provocando el motín de los sargentos de La Granja en 1836, que obligó a María Cristina a restaurar temporalmente la Constitución de 1812 antes de formar un gobierno progresista.
La Constitución de 1837 fue obra de los progresistas, aunque fuese un texto conciliador que aceptaba algunas ideas de los moderados. Incluyó por primera vez una declaración sistemática de derechos como: libertad personal, propiedad privada, libertad de expresión, derechos ante la justicia e igualdad para acceder a cargos públicos. Se estableció una monarquía constitucional, reforzando los poderes del rey (convocatoria, disolución de Cortes y derecho de veto), pero dejando claro que el monarca debía gobernar basándose en la Constitución y compartir el poder con las Cortes.
Isabel II: El Reinado Efectivo
Tras la caída de Espartero en 1843, Isabel II fue proclamada mayor de edad con 13 años. Comienza su reinado efectivo con el enfrentamiento entre los dos grandes partidos del liberalismo: moderados y progresistas, quienes diferían en su visión del Estado liberal.
La Década Moderada (1844-1854) y la Constitución de 1845
Durante este periodo, los moderados monopolizaron el gobierno, aislando a otros liberales. Su medida más importante fue la creación de un Estado liberal basado en el centralismo, el aumento del poder oligárquico y una Administración Central organizada en ministerios. Se sometió a las regiones forales a la legislación española, se limitó el poder municipal y se llevó a cabo una reconstrucción militar para evitar pronunciamientos. Se creó la Guardia Civil, desapareciendo la Milicia Nacional, y se implantó el impuesto de consumos, lo que generó protestas. Se restringió la libertad de imprenta, la educación universitaria adquirió un carácter burgués y se paralizaron las desamortizaciones.
La Constitución de 1845 reforzó los poderes de la Corona (poder legislativo, disolución de Cortes y veto). El Senado era elegido por el rey entre altos cargos y el Congreso mediante un sufragio muy restringido. Los moderados, liderados por Narváez, contaron con el apoyo de la Corona y el ejército. Tras la revolución de 1848 en Francia, Narváez reprimió duramente a progresistas y carlistas. Los progresistas, al verse limitados, crearon el Partido Progresista Demócrata.
La Vicalvarada, el Bienio Progresista y la Unión Liberal (1854-1856)
La actitud conservadora de la Corona provocó el pronunciamiento de 1854, la Vicalvarada, liderado por O’Donnell y motivado por la subida de precios. Se formaron juntas revolucionarias y el gobierno quedó acorralado, esperando al líder progresista, Espartero.
Bienio Progresista (1854-1856)
Espartero restauró el orden y desarmó a las juntas. O’Donnell fue primer ministro, lo que generó división entre sus partidarios y los de Espartero. Se elaboró la Constitución «non nata» de 1856, que no llegó a entrar en vigor. En lo económico, destacaron las desamortizaciones de Madoz para financiar el ferrocarril. La conflictividad social fue constante por el coste de la vida; en Barcelona surgieron los primeros movimientos obreros de inspiración marxista. El bienio entró en crisis en 1856 por el enfrentamiento entre Espartero y O’Donnell.
O’Donnell fundó la Unión Liberal, un partido de centro que buscaba estabilidad mediante concesiones a ambos grupos.
La vuelta de los moderados al poder y el fin del reinado
La agitación social provocó la ruptura definitiva entre Espartero y O’Donnell. Este último fue nombrado presidente en julio de 1856, iniciando una revisión del bienio que terminó con la vuelta de Narváez y los moderados a finales de 1856, restaurando la Constitución de 1845. O’Donnell y la Unión Liberal regresaron al poder entre 1858 y 1863, periodo marcado por el crecimiento económico (ferrocarriles) e intervencionismo exterior (Marruecos, Santo Domingo, México, Perú y Chile).
La vuelta de Narváez en 1863 marcó el declive final, caracterizado por el autoritarismo y la crisis económica de 1864. Los intentos de insurrección, como el Motín de San Gil (1866), fueron duramente reprimidos. El autoritarismo llevó a la formación del Pacto de Ostende, donde unionistas, progresistas y republicanos se aliaron para derribar a Isabel II.
Sexenio Revolucionario (1868-1874)
Los últimos años de Isabel II estuvieron marcados por revueltas populares y crisis económica. La firma del Pacto de Ostende dio lugar a la Revolución de 1868 («La Gloriosa»), liderada por los generales Prim y Serrano. La crisis de subsistencia y el descontento con la reina provocaron su exilio a Francia. Surgió un movimiento juntista y se formó un gobierno provisional que instauró libertades básicas y suprimió el impuesto de consumos.
Regencia y Constitución de 1869
La Constitución de 1869, de corte muy liberal, establecía la soberanía nacional y una amplia declaración de derechos. Mientras se buscaba un rey, el General Serrano asumió la regencia y Prim la presidencia. El elegido fue Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia.
Reinado de Amadeo I (1870-1873)
Su reinado empezó con la pérdida de su principal apoyo, el general Prim, asesinado antes de su llegada. Amadeo enfrentó la oposición de carlistas, alfonsinos, republicanos y la Iglesia. El conflicto de Cuba desgastó al gobierno y, ante la inestabilidad, el rey abdicó tras dos años.
Primera República Española (1873-1874)
Tras la abdicación, las Cortes proclamaron la República. Duró nueve meses y tuvo cuatro presidentes:
- Estanislao Figueras: Enfrentó desórdenes públicos y falta de apoyo.
- Pi y Margall: Tuvo que lidiar con el cantonalismo (movimiento que buscaba la independencia de ciudades, iniciado en Cartagena).
- Nicolás Salmerón: Intentó frenar las guerras, pero dimitió por problemas de conciencia ante las penas de muerte.
- Emilio Castelar: Actuó con mano dura y mentalidad conservadora.
A principios de 1874, el General Pavía dio un golpe de Estado disolviendo las Cortes. Tras un gobierno provisional de Serrano, el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto restauró la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII.
