Liberalismo doctrinario y liberalismo democrático en el siglo XIX

El liberalismo doctrinario y el liberalismo democrático muestran dos formas distintas de desarrollar el Estado liberal en el siglo XIX. Ambos parten del rechazo al absolutismo y comparten la defensa de un régimen constitucional basado en leyes, con división de poderes y presencia de un Parlamento como órgano representativo. Asimismo, ambos aceptan el sistema liberal burgués, la propiedad privada y una organización estatal que sustituye las estructuras del Antiguo Régimen.

Poder y participación política

Sin embargo, aunque comparten la base liberal, su concepción del poder y de la participación política es muy diferente. El liberalismo doctrinario defiende una monarquía constitucional donde la soberanía es compartida entre el rey y las Cortes, lo que mantiene un papel político relevante para la Corona. En cambio, el liberalismo democrático proclama la soberanía nacional o popular, reduciendo la intervención directa del monarca y acercándose a fórmulas como la monarquía parlamentaria o incluso la república federal. Esta diferencia refleja una visión más conservadora y limitada frente a otra más avanzada y participativa.

Organización del Estado

También difieren en la organización del Estado. El doctrinario apuesta por un Estado unitario y centralizado, donde los alcaldes son nombrados por el gobierno, reforzando el control desde el poder central. Por el contrario, el democrático propone una administración descentralizada, con cargos elegidos por el pueblo, lo que implica una mayor implicación ciudadana en la vida política. Del mismo modo, mientras el primero tiende a mantener un Parlamento bicameral con menor protagonismo popular y tribunales sin jurado, el segundo defiende una separación más rígida de poderes, la posibilidad de parlamentos unicamerales y la implantación del jurado como garantía judicial.

Derechos y sufragio

Las diferencias se hacen aún más claras en el terreno de los derechos y del sufragio. El liberalismo doctrinario limita los derechos y establece el sufragio censitario, restringiendo la participación política a una minoría con recursos económicos, lo que da lugar a un sistema oligárquico apoyado por las clases altas. En cambio, el liberalismo democrático amplía y garantiza derechos como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de conciencia, impulsa la enseñanza gratuita y defiende el sufragio universal masculino, ampliando la base social del régimen hacia las clases medias.

Relación con la Iglesia y política económica

En cuanto a la relación con la Iglesia, el modelo doctrinario mantiene un Estado confesional, mientras que el democrático promueve la libertad religiosa. En el ámbito económico, el primero es claramente proteccionista, mientras que el segundo admite el librecambismo o un proteccionismo más moderado. Además, el liberalismo democrático incorpora medidas sociales como la reforma fiscal proporcional a la riqueza, la abolición de ciertos impuestos y el impulso de la educación pública, mostrando una mayor sensibilidad hacia las demandas sociales.

Resumen comparativo

En definitiva, el liberalismo doctrinario representa una versión más conservadora, centralista y restringida del sistema liberal, que garantiza el poder de las élites; el liberalismo democrático, en cambio, supone una ampliación de derechos, participación y descentralización, acercándose a los principios de la democracia moderna.

Sexenio absolutista y Trienio liberal: inestabilidad y confrontación

Ambos periodos se caracterizan por una fuerte inestabilidad política, aunque por motivos distintos. En el Sexenio absolutista hubo incapacidad gubernamental y proliferación de pronunciamientos militares; en el Trienio liberal también se sucedieron varios gobiernos en poco tiempo, se produjeron enfrentamientos entre el rey y las Cortes y divisiones internas entre liberales moderados y exaltados. En los dos casos, por tanto, se aprecia la debilidad del sistema político y la dificultad para consolidar un modelo estable tras la Guerra de la Independencia.

Sin embargo, las diferencias entre ambos periodos son profundas y responden a modelos ideológicos opuestos. El Sexenio absolutista supuso la vuelta al absolutismo, con la anulación de la Constitución de 1812 y la restauración de las instituciones del Antiguo Régimen. Se recuperaron los privilegios señoriales y eclesiásticos, se restablecieron instituciones como la Inquisición y los gremios, y se suprimieron libertades como la de imprenta. El poder volvió a concentrarse en el rey, que gobernó sin limitaciones constitucionales y contó con el apoyo de la nobleza y el clero, es decir, de los grupos privilegiados tradicionales.

En cambio, el Trienio liberal representó el retorno al liberalismo, con la restauración de la Constitución de 1812 y de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. Se abolió el régimen señorial, se impulsó la desamortización de bienes eclesiásticos, se eliminaron instituciones del Antiguo Régimen y se establecieron libertades económicas y políticas. Además, se reorganizó la Milicia Nacional como instrumento de defensa del régimen constitucional. Este periodo contó principalmente con el apoyo de la burguesía liberal, intelectuales, profesionales, oficiales del ejército y sectores urbanos, mientras que el rey, la nobleza y el clero mostraron una fuerte oposición.

Contexto internacional

También el contexto internacional fue determinante y diferente en cada etapa. El absolutismo contó inicialmente con un marco favorable tras el Congreso de Viena y el apoyo de la Santa Alianza, defensora del orden monárquico tradicional. Por el contrario, el Trienio liberal se desarrolló en un contexto internacional desfavorable, ya que las potencias absolutistas europeas veían con recelo el constitucionalismo español y finalmente intervinieron a través de la Santa Alianza en el Congreso de Verona, enviando a los “Cien Mil Hijos de San Luis” para restaurar el absolutismo en 1823.

Conclusión: proyectos políticos antagónicos

En definitiva, el Sexenio absolutista y el Trienio liberal representan dos proyectos políticos antagónicos: uno basado en la restauración del Antiguo Régimen y el poder absoluto del monarca, y otro en la implantación de un sistema constitucional liberal. Ambos, sin embargo, comparten la inestabilidad y la dificultad para consolidarse, reflejando la profunda división política y social de la España de comienzos del siglo XIX.