Características generales del Franquismo: Apoyos sociales y familias políticas

El franquismo instituyó un Estado legitimado tan solo por la Guerra Civil y caracterizado por un autoritarismo extremo. Sus rasgos principales fueron:

• El totalitarismo: Se suprimió la Constitución de 1931, se clausuró el Parlamento y se prohibieron todos los partidos políticos y sindicatos.
• El caudillismo: Franco, Caudillo de España, era el jefe del Estado.
• Concepción unitarista y centralista: Se abolieron los estatutos de autonomía y se fomentó la españolización de la población frente a los nacionalismos catalán, vasco y gallego.
• Represión y control: Control férreo de la oposición y de los medios de comunicación.

Estructura jurídica del Estado

El establecimiento de leyes políticas básicas que organizaron jurídicamente el Estado franquista fue un proceso largo, iniciado en plena Guerra Civil y concluido en 1966 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado. El primer rasgo fue la concentración de poderes en la persona de Franco, estableciéndose el Fuero del Trabajo. Tras la derrota de las potencias del Eje, se instauraron el Fuero de los Españoles, la Ley del Referéndum Nacional, la Ley de Sucesión y la Ley de Principios del Movimiento Nacional.

Inspirado en el Estado corporativista italiano, el sistema fue denominado democracia orgánica. La representación popular se reguló mediante la Ley Constitutiva de las Cortes, basada en una representación corporativa por tercios (incluyendo el tercio familiar), funcionando como un órgano de colaboración con la jefatura del Estado.

Control social y económico

El poder del gobierno se ejercía mediante los gobernadores civiles y militares en cada provincia. Asimismo, se crearon los Sindicatos Verticales bajo la Ley de Unidad Sindical. El Estado ejercía una férrea tutela sobre la clase obrera, dictando condiciones laborales, anulando la negociación colectiva e ilegalizando la huelga, lo que generó amplios beneficios empresariales.

Pilares y apoyos del régimen

Los tres pilares institucionales fueron el ejército (el más destacado), el partido único (Falange Española y de las JONS) y la Iglesia católica. La Falange controlaba los medios y la administración, mientras que la Iglesia recibió financiación pública y el control educativo. El régimen contó con el apoyo de élites económicas y propietarios agrícolas del Norte. La clase media se mantuvo mayoritariamente pasiva, mientras que los sectores populares, inicialmente protagonistas de la oposición, fueron conducidos a la pasividad política debido a la represión y la miseria.

Familias políticas

Dentro del franquismo coexistieron diferentes familias: falangistas, carlistas, ultracatólicos, monárquicos alfonsinos, algunos republicanos radicales, miembros de la CEDA y catalanistas de la Liga Catalana. La Iglesia creó asociaciones de gran influencia económica y política, como el Opus Dei.

Represión franquista (durante y después de la guerra)

Uno de los objetivos fundamentales del franquismo fue destruir y someter a quienes se oponían al régimen. Durante la Guerra Civil, los nacionales actuaron violentamente contra los republicanos, a quienes llamaban los «enemigos de España».

Institucionalización de la represión

Con el fin del conflicto se produjo la institucionalización de la represión mediante leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería. Inicialmente, los republicanos eran juzgados por tribunales militares en Consejos de Guerra hasta la creación del Tribunal de Orden Público. Se ejecutó y recluyó a un gran número de personas, muchas de las cuales murieron debido a las pésimas condiciones carcelarias.

Una parte de los condenados fue enviada a Batallones de Trabajadores. Además, se crearon Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, integrados por reclutas considerados peligrosos para el ejército, dedicados a la reconstrucción de obras urbanas. Este conjunto de medidas buscaba infundir terror para evitar rebeliones.

Expolio y depuración

Se confiscaron los patrimonios de los vencidos y se requisaron sus propiedades. Asimismo, se produjo una depuración de funcionarios, trabajadores de administraciones públicas y profesionales liberales, despidiendo a todos los exiliados y detenidos de las empresas particulares.

Persecución cultural y lingüística

El régimen prohibió y persiguió todas las manifestaciones lingüísticas y culturales no castellanas. El catalán, el vasco y el gallego fueron considerados dialectos y desterrados de la enseñanza, la administración y los medios de comunicación. Sin embargo, la población continuó utilizándolos en privado. La represión obligó al exilio a intelectuales, profesores y profesionales comprometidos con los nacionalismos catalán, vasco y gallego, al ser vistos como una amenaza contra el principio de la unidad de España.