La Constitución de Cádiz de 1812: «La Pepa»

La Constitución de 1812, conocida popularmente como “La Pepa”, es una fuente histórica primaria de gran importancia. Fue elaborada por las Cortes de Cádiz durante la Guerra de la Independencia española (1808-1814), en un contexto de ocupación francesa y crisis de la monarquía borbónica. Su valor histórico es enorme porque fue la primera constitución liberal de España y una de las más avanzadas de su tiempo en Europa. Representa el fin del Antiguo Régimen y el inicio del liberalismo político español, al introducir una nueva forma de entender el poder y la organización del Estado. Refleja la transformación ideológica y política que se vivió durante la guerra, cuando, ante la ausencia de un rey legítimo, surgió una nueva legitimidad basada en la soberanía nacional y la representación política. Este documento es fundamental para comprender la obra de las Cortes de Cádiz y su intención de crear un nuevo modelo de Estado, liberal y moderno.

Ideas Fundamentales y Estructura de Poder

La idea central del texto es la organización del poder político mediante una constitución. Una constitución es la ley fundamental de un Estado, que define su estructura política, la distribución de los poderes y los derechos y deberes de los ciudadanos. En los artículos seleccionados se observa claramente el espíritu liberal, aunque todavía se mantienen algunos elementos tradicionales.

• Artículo 1: Define la Nación española como la unión de todos los españoles de ambos hemisferios, incluyendo tanto a los peninsulares como a los habitantes de las colonias americanas.
• Artículo 3: Establece que la soberanía reside en la Nación, lo que supone una ruptura total con el principio absolutista de que el poder emanaba del rey.
• Artículo 4: Recoge la obligación de la Nación de proteger la libertad civil, la propiedad y los derechos legítimos de los individuos, lo que implica el paso de una sociedad de súbditos a una sociedad de ciudadanos con derechos.
• Artículos 14, 16 y 17: Establecen que el gobierno de España será una monarquía moderada y hereditaria, e introducen la separación de poderes: el poder legislativo lo comparten las Cortes y el Rey, el poder ejecutivo lo ejerce el Rey, y el judicial recae en los tribunales. De este modo, se limita el poder real y se implanta un sistema constitucional, aunque la soberanía, en la práctica, queda compartida.
• Artículos 27 y 34: Regulan el sistema de representación. Las Cortes representan a la Nación y sus diputados son elegidos por los ciudadanos mediante un sistema electoral indirecto, a través de juntas parroquiales, de partido y de provincia. El sufragio es masculino y censitario, aunque relativamente amplio para la época.
• Artículo 258: Establece que el código civil, penal y de comercio será el mismo en toda la monarquía, lo que refleja el deseo de crear un Estado centralizado y uniforme, dejando atrás la diversidad legal del Antiguo Régimen.
• Artículo 12: Demuestra la continuidad con la tradición al declarar que la única religión de la Nación será la católica, apostólica y romana. A pesar de su carácter liberal, la Constitución mantiene la confesionalidad del Estado, lo que muestra la fuerte influencia de la Iglesia y la religión en la sociedad española de la época.

En conjunto, estas ideas muestran la voluntad de crear un nuevo orden político basado en la soberanía nacional, la representación, la protección de los derechos individuales y la limitación del poder del monarca, aunque sin romper con la religión católica como elemento fundamental del Estado.

Contexto Histórico: La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz

El contexto histórico de esta Constitución es muy importante. La invasión napoleónica de 1808 y las abdicaciones de Bayona dejaron a España sin un monarca legítimo, lo que provocó una gran crisis política. En respuesta, surgieron las juntas locales y provinciales, que asumieron la soberanía en nombre del rey ausente, Fernando VII, y organizaron la resistencia frente a las tropas francesas. De la unión de esas juntas nació la Junta Suprema Central, que en 1810 convocó las Cortes de Cádiz, ya que la ciudad era uno de los pocos territorios libres de la ocupación.

Durante la Guerra de la Independencia, el pueblo español desarrolló un fuerte sentimiento nacional y una nueva idea de soberanía basada en la nación y no en el monarca. Las Cortes de Cádiz se convirtieron así en el símbolo de esa nueva legitimidad política.

En ellas se reunieron tres grupos principales: los liberales, partidarios de la soberanía nacional, la división de poderes y la creación de un Estado moderno; los absolutistas o serviles, defensores de la monarquía tradicional; y los moderados o jovellanistas, que buscaban reformas más limitadas. Aunque los liberales no eran mayoría, su influencia intelectual y política fue determinante para la redacción de la Constitución. También participaron diputados de los territorios americanos, lo que muestra que las colonias formaban parte de la misma nación, tal como se afirma en el texto.

Legado e Influencia de «La Pepa»

Las Cortes realizaron una obra legislativa muy amplia y profunda, que incluyó la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la supresión de la Inquisición, la liberalización económica, la reforma de la administración local y de la justicia, y la creación de ayuntamientos y diputaciones. Todo ello significó una auténtica revolución liberal, comparable a la de la Francia revolucionaria, aunque con rasgos propios, como el mantenimiento de la religión católica.

La Constitución de 1812 fue un símbolo del liberalismo español y un punto de referencia para otros movimientos constitucionales de Europa y América. Aunque estuvo en vigor solo en tres breves periodos (1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837), su influencia fue duradera. Representó el inicio del constitucionalismo en España y marcó el camino hacia la construcción de un Estado moderno y de derecho.

En conclusión, la Constitución de Cádiz de 1812 fue el primer gran intento de romper con el absolutismo y fundar un sistema político liberal basado en la soberanía nacional, la división de poderes, los derechos individuales y la representación política. Su valor histórico es incalculable, pues simboliza el paso del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea en España y la consolidación de los principios del liberalismo político.

El Manifiesto de Manzanares (1854): El Inicio del Bienio Progresista

El Manifiesto de Manzanares, publicado el 7 de julio de 1854, es una de las fuentes históricas más relevantes del siglo XIX español. Se trata de un documento de carácter político, dirigido al conjunto de la nación, redactado por Antonio Cánovas del Castillo y firmado por el general Leopoldo O’Donnell tras el pronunciamiento militar de Vicálvaro, ocurrido unos días antes, el 28 de junio de 1854. Este texto marca el fin de la Década Moderada (1844–1854) y el inicio del Bienio Progresista (1854–1856), dos etapas fundamentales del reinado de Isabel II.

El interés histórico del manifiesto es enorme, ya que refleja el momento en que el liberalismo español entra en una nueva fase de madurez política. A través de sus líneas se perciben las tensiones entre el liberalismo moderado, que había monopolizado el poder durante una década, y el liberalismo progresista, que aspiraba a regenerar las instituciones y ampliar las libertades. El documento tiene un valor especial porque expresa directamente el programa político de los progresistas, quienes reclamaban una monarquía más limpia, representativa y cercana al pueblo.

El texto permite comprender cómo el ejército, tradicional protagonista de los pronunciamientos del siglo XIX, se presentaba ahora como instrumento de regeneración política, apelando al patriotismo, la legalidad y la soberanía nacional. Por ello, el Manifiesto de Manzanares no solo fue una declaración militar, sino también una propuesta de renovación política y social. En este sentido, el documento representa la transición entre el liberalismo doctrinario de los moderados y el liberalismo democrático de los progresistas, anticipando los ideales de participación ciudadana que más tarde se consolidarían.

Propuestas y Reivindicaciones del Manifiesto

La idea principal del manifiesto es clara: la defensa de la libertad, el régimen representativo y la regeneración del sistema político, frente al “yugo de los tiranos”, expresión con la que se alude a los gobiernos moderados y su corrupción. Los firmantes reclaman la conservación del trono, pero sin camarillas que lo deshonren; es decir, no buscan derrocar a Isabel II, sino reformar la monarquía desde dentro para hacerla más constitucional y menos autoritaria.

Entre las ideas secundarias destacan varias propuestas concretas:

• La reforma de las leyes fundamentales, especialmente la ley electoral y la de imprenta, con el objetivo de ampliar la participación política y garantizar la libertad de expresión, dos pilares del liberalismo progresista.
• La reducción de los impuestos mediante una administración pública más económica y eficiente, denunciando la corrupción y el despilfarro de los moderados.
• La defensa del principio del mérito y la antigüedad en los empleos civiles y militares, frente al favoritismo político, reflejando la voluntad de moralizar y modernizar la administración.
• La descentralización administrativa, criticando la excesiva centralización que “devoraba” a los pueblos. El manifiesto propone dar a municipios y provincias la independencia necesaria para gestionar sus propios intereses, anticipando un modelo de Estado más equilibrado y participativo.
• El restablecimiento de la Milicia Nacional, una institución ciudadana encargada de defender las libertades frente al poder autoritario, símbolo de la soberanía popular armada.

Finalmente, el texto llama a formar Juntas de Gobierno en las provincias y a convocar Cortes generales, que establezcan las bases de una nueva regeneración liberal. El manifiesto concluye con un mensaje contundente: los militares ponen sus espadas al servicio de la nación y no las envainarán hasta que la voluntad nacional se haya cumplido. Con ello, se legitima el pronunciamiento militar como medio de cambio político, pero bajo una justificación patriótica y liberal.

Contexto Histórico: El Fin de la Década Moderada

El contexto histórico del documento es clave para entender su contenido. Durante la Década Moderada, bajo el liderazgo de Narváez y otros políticos del partido moderado, se había instaurado un sistema centralizado y autoritario. La Constitución de 1845 había reducido los derechos ciudadanos y limitado el sufragio a una minoría de propietarios, dejando fuera de la vida política a gran parte de la población. El poder real se reforzó frente a las Cortes, los ayuntamientos y diputaciones quedaron bajo el control del Gobierno, y la Iglesia recuperó influencia mediante el Concordato de 1851.

Frente a este modelo se levantaron diversas corrientes de oposición. Los progresistas defendían un sistema más participativo y la ampliación de las libertades; los demócratas reclamaban el sufragio universal masculino y mayores derechos sociales; y los republicanos propugnaban la abolición de la monarquía. A ello se sumaban las crisis económicas y sociales, con malas cosechas, paro y descontento popular. En este clima de tensión, el pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por O’Donnell, fue el detonante del cambio. Aunque en un inicio fue una sublevación militar, la publicación del Manifiesto de Manzanares le dio un contenido político claro y le permitió sumar apoyos populares, convirtiéndose en un movimiento de regeneración liberal.

Consecuencias: El Bienio Progresista y su Legado

El triunfo del pronunciamiento inauguró el Bienio Progresista, un periodo de gobierno encabezado por Espartero (como presidente del Consejo) y O’Donnell (como ministro de la Guerra). Durante esos dos años se intentaron reformas de gran calado: el Proyecto de Constitución de 1856, de carácter progresista, que ampliaba los derechos y limitaba el poder de la Corona; la Ley de Desamortización de Madoz (1855), que extendió la venta de bienes comunales y eclesiásticos para sanear la Hacienda; la Ley General de Ferrocarriles (1855), que impulsó la modernización del país; y la Ley de Sociedades de Crédito (1856), que favoreció el desarrollo financiero.

No obstante, las tensiones entre los distintos sectores liberales y las protestas obreras, especialmente las huelgas en Barcelona de 1855, debilitaron el régimen. A la crisis económica se unieron los conflictos sociales y la oposición de los moderados, lo que llevó a la caída del gobierno progresista en 1856 y al retorno de O’Donnell al poder. A partir de entonces se sucedieron etapas de relativa estabilidad con la Unión Liberal (1856–1863), que intentó conciliar moderados y progresistas, y nuevos gobiernos moderados (1863–1868), caracterizados por la represión política y la censura. Todo ello culminó en la Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa, que derrocó a Isabel II y abrió el Sexenio Democrático (1868–1874).