Construcción del estado liberal
El período isabelino abarca desde 1833 (Fernando VII) hasta 1868 (Sexenio Democrático y Revolución Gloriosa). Se consolida la revolución liberal, que había fracasado en 1812 y 1820, y se produce un enfrentamiento entre liberales y carlistas. Se distinguen 3 regímenes políticos: progresistas (1836-1843), moderados (1844-1868) y democrático (1868-1874).
El triunfo del liberalismo lo convirtió en una ideología dominante, pero existieron fuertes diferencias internas. Existieron dos tendencias: el liberalismo doctrinario y el liberalismo democrático.
Forma de estado
En lo que respecta a la forma de estado, el liberalismo doctrinario defiende una monarquía constitucional: el poder político lo tiene el rei y la constitución está sobre la Corona. El liberalismo democrático defiende una monarquía democrática o una república.
Separación de poderes y soberanía
La separación y el ejercicio de poder que defienden los liberales doctrinarios son el legislativo, ejercido por la Corona y las Cortes, y el ejecutivo, ejercido por la Corona. El liberalismo democrático defiende una rígida separación de poderes.
La soberanía propuesta por los liberales doctrinarios es compartida: la Corona tiene un poder moderador. Mientras que la soberanía propuesta por el liberalismo democrático es popular: la fuente del poder es el pueblo.
Derechos y libertades
El liberalismo doctrinario restringe las libertades y limita los derechos individuales, que están regulados y limitados en su ejercicio. Los derechos y libertades defendidos por los liberales democráticos son inalienables e inherentes a la naturaleza humana.
Cuestión religiosa
En lo que respecta a la cuestión religiosa, el liberalismo doctrinario establece la oficialidad del catolicismo y restringe la libertad de cultos. El liberalismo democrático defiende la libertad de cultos y separa la Iglesia del Estado.
Organización territorial
El liberalismo doctrinario defiende un tipo de estado unitario y centralizado, mientras que el liberalismo democrático defiende un estado unitario y federal.
Participación política
En lo que tiene que ver con la participación en la vida política, los liberales doctrinarios restringen la participación; los liberales democráticos defienden el sufragio universal masculino.
Familias políticas liberales
Se distinguen tres familias políticas liberales: los moderados y progresistas doctrinarios, y los demócratas, que se diferencian entre monárquicos y republicanos.
Los partidos políticos eran agrupaciones de personas influyentes y poderosas. Había una participación escasa en las elecciones: el pueblo era analfabeto y pobre, lo que provocaba que solo fuese un espectador de la vida política. En el sistema electoral solo participaban los contribuyentes.
El liberalismo doctrinario fue la corriente mayoritaria en España y Europa durante el siglo XIX. Los partidos políticos de la época isabelina fueron los moderados y los progresistas, protagonistas de un régimen inestable en el que predominó el moderantismo. Se distinguen las siguientes etapas:
El período de regencias (1833-1843)
- La regencia de María Cristina (1833-1840) es moderada; se apoya en los liberales, aunque no pretende implantar políticas plenamente liberales. En 1837 se produce la desamortización de Mendizábal.
- María Cristina no acepta ser regente en una línea progresista. Desde 1840 a 1843 regenta Espartero.
El reinado de Isabel II (1843-1868)
En 1843 se proclama reina a Isabel II, con 13 años. Desde 1844 a 1854 tiene lugar la década moderada. De 1854 a 1856 se da el bienio progresista: en 1854 se produce un pronunciamiento del ejército en Vicálvaro y vuelve Espartero como presidente del gobierno. Entre 1856 y 1866 tiene lugar la década moderada-unionista: en 1856 O’Donnell protagoniza un pronunciamiento contra el gobierno liberal; de 1856 a 1863 gobierna la Unión Liberal y entre 1863 y 1866 hay un gobierno moderado. Desde 1866 a 1868 se da un bienio ultramoderado.
Cambios constitucionales
- 1834: se obtiene una carta otorgada por María Cristina, de carácter moderado.
- 1837: se elabora una constitución progresista, con cortes bicamerales; la Corona tiene amplios poderes, la soberanía es nacional, recoge la división de poderes, restablece la Milicia Nacional y reconoce la tolerancia religiosa.
- 1845: se elabora una constitución moderada, vigente en el reinado de Isabel II.
- 1856: se elabora una constitución progresista, pero no llega a tener vigencia.
Los moderados
Los moderados representan un progreso del absolutismo: reconocen parcialmente la soberanía nacional. Asumieron la defensa de los principios del liberalismo doctrinario y excluyeron a las masas populares de la política. Tuvieron más tiempo la posesión del poder, contaron con la predilección de los distintos monarcas y el apoyo de las clases altas. Eran “personas de orden”: las medidas adoptadas se relacionan con el orden público y la Iglesia. Crearon la Guardia Civil.
Era un grupo heterogéneo formado por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores. Defendían el derecho a la propiedad como garantía del orden que querían preservar. La libertad era un bien individual; anteponían la autoridad y el orden social. Defendían la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, eran partidarios de limitar los derechos individuales y colectivos y de una mayor centralización territorial. Son la opción más clerical del liberalismo: defienden la confesionalidad del Estado y otorgan a la Iglesia católica una gran influencia social (control de la enseñanza y censura).
Gobernaron en: 1837-1840, durante el trienio moderado de María Cristina; 1844-1854, durante la década moderada; 1856-1863, dentro de la década unionista-moderada; y 1866-1868, durante el bienio ultramoderado. Sus líderes fueron Narváez y Bravo Murillo.
Los progresistas
Los progresistas siguieron una línea ambigua. Proceden de los exaltados de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal. Defendían la soberanía nacional, predominaban las Cortes en el sistema político y rechazaban la intervención de la Corona.
Aceptaron parte de los principios del liberalismo doctrinario combinados con la defensa de la primacía de las Cortes sobre el rey, la descentralización municipal y una interpretación amplia de las libertades. Mantuvieron el sufragio censitario. Se vieron obligados a emplear la conspiración y la violencia como medio para alcanzar el poder. Gobernaron en: 1836, con Mendizábal y Calatrava; 1840-1843, durante la regencia de Espartero; y 1854-1856, durante el bienio progresista. Sus líderes fueron Mendizábal, Espartero y Prim.
La Unión Liberal
La Unión Liberal nace en 1854 de la división de los moderados y atrajo a los grupos más conservadores del progresismo. Pretendía presentarse como una opción centrista entre las dos corrientes clásicas. No presentaba ninguna novedad ideológica; agrupaba a los sectores descontentos con la política moderada. Gobernó entre 1856 y 1863, dentro de la década moderada-unionista. Sus líderes fueron O’Donnell y Serrano.
El Partido Demócrata
El Partido Demócrata nace en 1849 de la escisión de los progresistas. Defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino, la existencia de una única cámara electiva, la ampliación de las libertades y el reconocimiento de los derechos colectivos. Reconocían el predominio de la Iglesia católica, pero exigían la libertad de culto. Constituían una minoría radical dividida entre monárquicos y republicanos.
Revolución Gloriosa y la Constitución de 1869
La Revolución Gloriosa da comienzo a una época democrática; la etapa recibe el nombre de Sexenio Democrático (1868-1874), también llamado revolucionario. La revolución estalla en un contexto de crisis política, económica y social.
Crisis política
La crisis política era perceptible desde antes de que estallara la revolución: la desacreditación de la monarquía borbónica, la inestabilidad y división de los grupos tradicionales unida al desgaste de los moderados, la expansión del ideario democrático y el retraimiento de progresistas y demócratas por la incapacidad de acceder al poder, que firman pactos para finalizar con la monarquía borbónica.
Crisis económica
La crisis económica se agudizó desde 1866: hubo una crisis financiera debida a la caída de la bolsa y de las acciones ferroviarias; una crisis industrial, textil en Cataluña, por la Guerra de Secesión estadounidense; además, tuvo lugar una crisis agraria y de subsistencia.
Crisis social
La crisis social se dio en la última etapa de la monarquía isabelina. España era un país agrícola, se acentuó el latifundismo a pesar de las desamortizaciones y se creó un proletariado urbano. Los sublevados exigían reivindicaciones sociales como la abolición de los consumos y la supresión del sistema de quintas.
El pronunciamiento y la revolución
La confluencia de las crisis social, económica y política desembocó en el pronunciamiento de 1868 de las tropas de marina en Cádiz bajo el mando del almirante Topete. El movimiento revolucionario se conoció como “La Gloriosa”; fue el resultado de una alianza progresista y unionista con la aprobación de los demócratas. Intervinieron militares como Prim o Serrano, aunque hubo una presencia masiva de la burguesía.
El programa revolucionario lo proporcionó el Partido Demócrata, que recogía el sufragio universal y solicitaba la suspensión de los consumos y las quintas, defendiendo a las clases medias y trabajadoras. La revolución se extendió por toda la península; la incapacidad de frenarla quedó de manifiesto en la Batalla de Alcolea. El triunfo de los sublevados provocó el exilio de la reina a Francia y la entrega del poder a una Junta Suprema Revolucionaria. Las juntas estaban dirigidas por progresistas, demócratas y republicanos, que demandaban un nuevo modelo político basado en el liberalismo democrático, la abolición de los consumos y la suspensión de las quintas.
La deriva radical fue cortada: se dio una revolución “falseada”, las juntas y los movimientos de base popular fueron excluidos y perseguidos. Se trató de una revolución de los exaltados. La Junta revolucionaria encomendó al general Serrano formar un Gobierno Provisional ante la llegada del general Prim, que estableció la disolución de las juntas. Las primeras medidas que tomó tenían la intención de controlar la revolución: disolución de las juntas, restauración de la disciplina en el ejército y reorganización de la Milicia Nacional.
El problema del modelo político
El principal problema fue la concreción del modelo político y de gobierno que debía establecerse. Los carlistas y moderados defendían los derechos monárquicos de los Borbones; los unionistas y progresistas eran partidarios de una monarquía democrática y buscaron un nuevo rey. Los demócratas se dividieron en demócratas monárquicos y republicanos.
El nuevo gobierno puso en marcha reformas políticas, reconociendo las libertades democráticas; económicas, creando la peseta; y convocó elecciones municipales. Se produjeron elecciones a Cortes Constituyentes con mayoría de progresistas y unionistas y un grupo de republicanos. Las elecciones se realizaron mediante sufragio universal masculino y los resultados reflejaron la difícil aritmética parlamentaria.
La Constitución de 1869
La Constitución de 1869 se basó en el liberalismo democrático. Recogió un gobierno de monarquía democrática, la soberanía nacional de base popular, la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, la libertad de culto y la separación Iglesia-Estado.
Al proclamarse la monarquía como forma de Estado, se dio un período de regencias, en este caso de Serrano, mientras se buscaba un nuevo rey. En este período tuvo lugar la Guerra de Cuba, la oposición de los carlistas, el acoso de los republicanos y el gran descontento de las clases populares. Fue una etapa de convulsiones sociales y movimientos revolucionarios. En 1871 Amadeo I es elegido como rey, con escasos apoyos. La nueva monarquía incrementó la inestabilidad política: se produjo la radicalización de la izquierda y el inicio de la Tercera Guerra Carlista, fenómenos que provocaron la desintegración de la coalición gubernamental. En 1873 Amadeo I presentó su renuncia al trono.