La Dictadura Franquista (1939-1975): Introducción
Entre 1939 y 1975, España estuvo bajo una dictadura militar encabezada por el general Francisco Franco. Surgida tras la victoria en la Guerra Civil, esta dictadura impuso un régimen totalitario que se prolongó durante casi cuatro décadas. El periodo puede dividirse en dos grandes etapas: la primera, desde 1939 hasta 1959, centrada en la autarquía y el aislamiento internacional; y la segunda, de 1959 a 1975, caracterizada por el desarrollo económico y la inestabilidad política.
1. Autarquía y apertura al mundo (1939-1959)
1.1 Un régimen totalitario
Desde sus inicios, el franquismo estableció un Estado inspirado en los regímenes fascistas de Italia y Alemania. En esta España no existía constitución; el poder político se estructuraba en torno a un único partido, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y a un sindicato único: la Central Nacional Sindicalista. Todo el poder se concentraba en Franco, quien era simultáneamente jefe del Estado, del Gobierno, del partido y máximo responsable del ejército. El Estado franquista se definía por su centralismo extremo. Desapareció cualquier tipo de autonomía regional y se impulsó una política de españolización impuesta por los valores del nacional-catolicismo. Además, la censura fue constante, asegurando el control total de los medios de comunicación y la supresión de cualquier voz disidente.
1.2 Los apoyos del régimen
El franquismo se sostuvo gracias a una serie de apoyos clave. El ejército ocupó un lugar central, con numerosos militares en puestos de poder. A su lado, el partido único y sus organizaciones satélites —como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, el Sindicato Español Universitario y los sindicatos verticales— servían para movilizar y controlar a la población. Otro apoyo fundamental fue la Iglesia católica, que recuperó la influencia que había perdido durante la Segunda República, especialmente en el ámbito educativo. En lo social, la dictadura recibió un respaldo activo de las élites económicas, sociales y de pequeños propietarios agrícolas. La mayoría de las clases medias adoptaron una actitud de pasividad, mientras que las clases populares, inicialmente más críticas, terminaron también por replegarse ante la fuerza represiva del régimen.
1.3 La represión franquista (1939-1959)
La dictadura franquista nunca buscó la reconciliación tras la Guerra Civil. Al contrario, mantuvo viva la memoria de su victoria a través de una represión brutal y sostenida en el tiempo. Se promulgaron leyes como la de Responsabilidades Políticas (1939) y la de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), dirigidas a castigar cualquier oposición. Los métodos represivos incluyeron más de cincuenta mil fusilamientos durante y después del conflicto, el encarcelamiento de más de trescientos mil presos, trabajos forzados —como los de más de veinte mil prisioneros políticos en la construcción del Valle de los Caídos entre 1940 y 1958—, la confiscación de bienes y la depuración de la administración pública. A partir de 1963, se institucionalizó aún más esta represión mediante la creación del Tribunal de Orden Público, que pasó a encargarse de juzgar la disidencia política en tribunales civiles.
2. Las relaciones internacionales del régimen (1939-1959)
Durante los primeros veinte años del franquismo, la política exterior española pasó por dos etapas bien diferenciadas. De 1939 a 1945, el régimen mostró simpatías por las potencias del Eje en plena Segunda Guerra Mundial. Pero tras la derrota del fascismo, entre 1945 y 1959, España vivió un periodo de aislamiento internacional del que solo comenzó a salir a partir de los años cincuenta.
2.1 Apoyo al Eje durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
Durante la Segunda Guerra Mundial, el franquismo mostró claras afinidades con las potencias del Eje —Alemania, Italia y Japón—, que habían sido clave en su victoria en la Guerra Civil. Sin embargo, la precaria situación del país tras el conflicto civil llevó a Franco a declarar la neutralidad en 1939. La figura clave de esta etapa fue Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y ministro de Asuntos Exteriores entre 1940 y 1942, conocido por su cercanía ideológica al fascismo europeo. A medida que el Eje avanzaba, especialmente tras la caída de Francia, España adoptó una posición de , es decir, no participaba militarmente pero ofrecía respaldo político y económico. Esto quedó reflejado en las célebres reuniones de Franco con Hitler en Hendaya (1940) y con Mussolini en Bordighera (1941). No obstante, las condiciones que España exigía para entrar en la guerra fueron consideradas excesivas por los líderes fascistas. Aunque no entró formalmente en la guerra, España sí colaboró activamente con el Eje: sirvió como base logística, vendió wolframio (un mineral estratégico), y envió la División Azul al frente ruso. Esta unidad, formada por unos 50.000 voluntarios, luchó junto a los nazis en el sitio de Leningrado entre 1941 y 1943. Unos 5.000 españoles murieron, cerca de 10.000 resultaron heridos, y más de 2.000 fueron mutilados. Muchos de los prisioneros no regresaron a España hasta 1954. En 1943, ante el cambio de rumbo en la guerra, Franco volvió a declarar la neutralidad, disolviendo la División Azul, aunque unos 2.000 hombres permanecieron como Legión Azul.
2.2 Aislamiento internacional y Guerra Fría (1945-1959)
La derrota del Eje en 1945 dejó a España en una posición muy comprometida. El régimen franquista era visto por las potencias aliadas como un vestigio del fascismo, una dictadura nacida con el apoyo de Hitler y Mussolini y enfrentada a un gobierno republicano democráticamente elegido. Entre 1945 y 1947, España quedó excluida del nuevo orden internacional: no fue admitida en la ONU, y en 1946 se retiraron la mayoría de embajadores extranjeros. Franco presentó esta situación ante el pueblo como un intento internacional de debilitar a España y provocar una nueva guerra civil. El aislamiento fue total: el país no recibió el Plan Marshall en 1948, ni participó en la formación de la OTAN en 1949. Sin embargo, la llegada de la Guerra Fría supuso un cambio de escenario. La creciente rivalidad entre Estados Unidos y la URSS llevó a Washington a reconsiderar su postura. Para los estadounidenses, una hipotética república española podía resultar menos predecible que el franquismo. Así, en 1950 regresaron los embajadores británico y estadounidense, y en 1955 España fue finalmente admitida en la ONU. Los acuerdos clave llegaron en 1953: Se firmaron los Pactos con Estados Unidos, por los que España permitía la instalación de bases militares norteamericanas en su territorio —en Morón, Rota, Torrejón de Ardoz y Zaragoza— a cambio de ayuda económica. Ese mismo año, se firmó un nuevo Concordato con la Santa Sede, que consolidó el carácter confesional del Estado y otorgó enormes privilegios a la Iglesia católica a cambio del respaldo internacional del Vaticano al régimen franquista. No obstante, la ayuda norteamericana no logró resolver los problemas internos. A finales de los años cincuenta, España vivía una grave crisis económica y alimentaria, con hambrunas persistentes, a pesar del nuevo contexto internacional más favorable. A partir de 1956, comenzaron a registrarse protestas obreras y los primeros brotes de oposición en el ámbito universitario. En 1957, Franco incorporó al gobierno a nuevos ministros vinculados al Opus Dei, una organización católica de corte tecnocrático. Estos políticos impulsaron un cambio de rumbo en la política económica, marcando el inicio de una nueva etapa de modernización y crecimiento que se consolidaría en la década de 1960.
3. La estructura del Estado franquista
En lugar de una Constitución, el régimen franquista se sustentó en una serie de leyes fundamentales que, más que otorgar poder a las instituciones, consolidaban el mando absoluto de Franco. Estas leyes no configuraban un sistema democrático, sino que mantenían la ficción legal de un estado organizado mientras todo el poder real lo concentraba el dictador. Una de las primeras leyes fue el Fuero del Trabajo (1938), de clara inspiración falangista. En ella se reconocía tanto el derecho como el deber al trabajo, se establecía la protección del trabajador por parte del Estado, y también se admitía la iniciativa privada dentro de la economía nacional. En 1940 se aprobó la Ley de Unidad Sindical, que organizó el único sindicato permitido: la Central Nacional Sindicalista. Este sindicato vertical integraba en una misma estructura a trabajadores y empresarios, bajo el control absoluto del Estado. El secretario general del sindicato tenía incluso rango de ministro, y ni las huelgas ni la negociación colectiva eran permitidas. Además, la afiliación era obligatoria tanto para patronos como para obreros, lo que eliminaba cualquier autonomía sindical. En 1942, se promulgó la Ley Constitutiva de las Cortes, creando unas Cortes Españolas que, aunque se presentaban como órgano legislativo, en realidad eran solo un instrumento consultivo. Hasta 1966, sus miembros eran designados directamente por el régimen. A partir de esa fecha, parte de sus miembros fueron elegidos por los llamados : el tercio familiar (cabezas de familia), el tercio sindical y el tercio municipal. Aun así, sus funciones eran limitadas y Franco mantenía el control total del poder legislativo. Estas Cortes formaban parte de lo que se llamó , donde las instituciones representaban supuestamente a elementos naturales de la sociedad (familia, municipio y sindicato), pero no al ciudadano libremente como en una democracia real. En 1945, tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, Franco trató de suavizar la imagen dictatorial del régimen con el Fuero de los Españoles. Este documento reconocía formalmente derechos como la libertad de asociación o de expresión, aunque sujetos siempre a los principios y leyes del régimen, por lo que en la práctica tenían un impacto muy limitado. Ese mismo año se promulgó también la Ley del Referéndum Nacional (1945), que otorgaba a Franco la potestad de someter al voto popular ciertas decisiones importantes, lo que buscaba legitimar acciones del régimen con la participación ciudadana. Podían votar hombres y mujeres mayores de 21 años. En 1947, la Ley de Sucesión declaraba a España como una monarquía, aunque sin rey. Franco se consolidaba como jefe de Estado vitalicio y se le otorgaba la facultad de nombrar a su sucesor. Además, se creaban el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia, que debían ayudarle en tareas de gobierno y garantizar la continuidad del régimen una vez muriera el dictador.