La Década Moderada (1844-1854): Fundamentos del Estado Liberal
La Constitución de 1845 y el Moderantismo
El gobierno preparó una reforma de la Constitución progresista de 1837 y aprobó la nueva Constitución de 1845, que recogió las ideas básicas del moderantismo. Sus principales características fueron:
- Soberanía conjunta entre el Rey y las Cortes.
- Ampliación de los poderes del Ejecutivo y disminución de las atribuciones del Legislativo.
- Restricción del derecho de voto (sufragio censitario muy limitado).
- Institución de un Senado no electivo.
- Los ayuntamientos y diputaciones quedaron sometidos a la Administración central.
- Se suprimió la Milicia Nacional.
- Se otorgó exclusividad a la religión católica, declarada oficial del Estado (Estado confesional católico), y se acordó el mantenimiento del culto y del clero.
Aunque mantenía gran parte del articulado de la Constitución de 1837 referente a la declaración de derechos, estos se regularon más tarde a través de leyes que fueron enormemente restrictivas. La Constitución confería enormes atribuciones a la Corona, ya que podía nombrar ministros, disolver las Cortes y vetar sus decisiones, además de tener la facultad de designar al Senado entre personalidades relevantes y de su confianza.
Un decreto de 1845 reguló la libertad de imprenta, lo que significó el control gubernamental sobre la prensa. Al año siguiente, la Ley Electoral planteó un sufragio censitario muy restringido. Solo tenían derecho a voto los mayores contribuyentes de cada localidad y una serie de personalidades destacadas de la cultura, el ejército, la Administración y la Iglesia. Se aceptó el sistema de distritos uninominales (votos por provincias), que favorecía el predominio del voto rural (más conservador) sobre el urbano y que facilitaba la intromisión del gobierno en las elecciones e invitaba al falseamiento electoral (los conocidos pucherazos).
El Concordato con la Santa Sede (1851)
Los moderados intentaron mejorar sus relaciones con la Iglesia, contraria al liberalismo y partidaria del carlismo a causa de la desamortización y la abolición del diezmo. En 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede, en el que se establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el retorno de los no vendidos.
A cambio, la Santa Sede:
- Reconocía a Isabel II y no a Carlos María Isidro.
- Aceptaba la obra desamortizadora.
El Estado, por su parte, se comprometía a:
- El sostenimiento de la Iglesia española.
- El restablecimiento de las órdenes regulares.
- La concesión a la Iglesia de amplias competencias en materia de educación.
- Reconocimiento del catolicismo como religión oficial del país.
A partir de ese momento, la postura oficial de la jerarquía de la Iglesia católica fue la de respaldar el trono de Isabel II.
La Institucionalización del Estado Liberal
El moderantismo pretendió consolidar la estructura del nuevo Estado liberal bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Para poner en marcha dicho proceso se aprobaron una serie de leyes y se emprendieron reformas administrativas.
Reforma Fiscal y Judicial
El gobierno emprendió una reforma fiscal para aumentar los ingresos de la Hacienda pública:
- Se racionalizó el sistema impositivo.
- Se centralizaron los impuestos en manos del Estado.
- Se propició la contribución directa.
Para poner fin a la dispersión de leyes del Antiguo Régimen, se aprobó el Código Penal y se elaboró un proyecto de Código Civil que no se aprobó hasta años más tarde.
Reforma de la Administración Pública y Territorial
- Se reorganizaron los cargos del Estado.
- Se creó una ley de funcionarios que regulaba su acceso.
- Se emprendió el reordenamiento de la administración territorial, siguiendo los criterios centralizadores de la división provincial de 1833, con el fortalecimiento de los gobiernos civiles y militares, así como de las diputaciones provinciales.
Se puso especial atención en el control del poder municipal. La Ley de Administración Local dispuso que los alcaldes de los municipios de más de 2000 habitantes y de las capitales de provincia fueran nombrados por la Corona, mientras que el gobernador civil designaría a los alcaldes de los municipios menores. Se creó una estructura jerarquizada y piramidal, en la que cada provincia dependía de un poder central en Madrid, especialmente del Ministerio de la Gobernación, del que a la vez quedaban sujetos los gobernadores civiles.
El temor a que una mayor centralización diera lugar a un rebrote del levantamiento carlista propició una solución intermedia para la cuestión foral: se aprobó un decreto que acordaba el mantenimiento en el País Vasco y Navarra de los ayuntamientos forales.
Otras Medidas de Centralización
Otras series de medidas completaron este proceso:
- Se estableció un sistema nacional de instrucción pública, que regulaba los diferentes niveles de enseñanza y elaboraba los planes de estudio. Esta legislación se completó con la Ley de Moyano, que fue la primera gran ley de educación del país.
- Se adoptó un único sistema de pesos y medidas: el sistema métrico decimal.
- Se disolvió la antigua Milicia Nacional.
- Se creó la Guardia Civil, fundada por el Duque de Ahumada, un cuerpo armado con finalidades civiles pero con estructura militar, que se encargaría del mantenimiento del orden público, sobre todo en el medio rural.
Crisis del Moderantismo y el Bienio Progresista (1854-1856)
La Crisis del Gobierno Moderado
Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado. Actuaron de forma arbitraria y excluyente, manipulando las elecciones y reduciendo la importancia del poder legislativo. La vida política se desarrollaba alrededor de la corte y a partir de la influencia de las distintas camarillas que buscaban el favor real o gubernamental, al margen de la vida parlamentaria.
El autoritarismo se agudizó durante el gobierno de Bravo Murillo de 1852, que propuso una reforma constitucional que transformaba el Estado en una dictadura tecnocrática, y que contemplaba la posibilidad de gobernar por decreto y suspender las Cortes. Esta reforma suponía la desaparición del régimen parlamentario y la vuelta a un sistema semejante al del Estatuto Real.
La propuesta fracasó por la oposición de un sector del propio moderantismo. Se agudizó la descomposición interna del partido y aumentó el descontento de capas sociales, cada vez más marginadas de la participación política. Por ello, se produjo una nueva revolución en 1854 promovida por demócratas y republicanos que permitió a los progresistas regresar al poder.
El Bienio Progresista (1854-1856)
En 1854, el general moderado Leopoldo O’Donnell lideró un pronunciamiento militar contra el gobierno llamado la Vicalvarada en Vicálvaro, cerca de Madrid. Este pronunciamiento se politizó al redactar Antonio Cánovas del Castillo, entonces joven político malagueño que aparecía por primera vez en la escena política de España, el «Manifiesto de Manzanares». Aunque su base ideológica era moderada, recogía reivindicaciones progresistas como la autonomía de los municipios, el restablecimiento de la Milicia Nacional y la ampliación del censo electoral. Este manifiesto incitó a la insurrección popular.
La reina Isabel II llamó de nuevo a Espartero para la presidencia del nuevo gobierno. Con la llegada de Espartero, se intentaron restaurar los principios del progresismo con un gobierno que se mantendría solo dos años.
En estos dos años, los gobiernos intentaron llevar a cabo reformas liberales, pero se encontraron con muchos obstáculos. El contenido político del bienio fue reducido, aunque destacan tres hechos:
- La elaboración de una nueva constitución en 1856 (non nata) que no fue promulgada por la escasa duración del gobierno progresista.
- La Desamortización Civil de 1855, llevada a cabo por el ministro Pascual Madoz, que venía a completar la obra de Mendizábal. Pascual Madoz nacionalizó y puso en venta los bienes municipales:
- Bienes de propios: Patrimonio perteneciente a los municipios que los ayuntamientos arrendaban para cubrir con sus ingresos los gastos públicos.
- Bienes comunales: Patrimonio de propiedad comunitaria cuyo aprovechamiento y disfrute pertenecía exclusivamente a sus habitantes (bosques y tierras de libres pastos).
- La Ley General de Ferrocarriles (1855), que permitió el establecimiento de una red ferroviaria fundamental para el posterior desarrollo económico.
Las medidas reformistas del bienio apenas repercutieron en la calidad de vida de las clases más desfavorecidas y, además, sus demandas apenas fueron tenidas en cuenta. A esto se unió la conspiración política, así como un ciclo de malas cosechas que dio lugar a un clima de conflictividad social, aprovechada por el carlismo que quería manifestar que seguía vivo.
Ante esta situación de desorden, Espartero dimitió y la reina encargó un nuevo gobierno a O’Donnell (el general moderado que se pronunció en Vicálvaro), que restauró el régimen moderado que él mismo había ayudado a derribar.
El Desmoronamiento de la Monarquía Isabelina (1856-1868)
Periodo Moderado y Unionista
Tras un breve gobierno de O’Donnell, la reina llamó a Narváez (político moderado) que gobernaría hasta 1858. Durante este periodo se volvió a la situación anterior al Bienio Progresista. Ante esta inestabilidad, O’Donnell organizó un partido de centro llamado «La Unión Liberal», formado por el sector progresista del partido moderado y por progresistas de tendencias moderadas.
Las discusiones internas, los levantamientos campesinos y republicanos originaron la caída de O’Donnell en 1862, tras permanecer cinco años en el poder. Durante este lustro se consiguió una relativa estabilidad política interior debida al boom de los ferrocarriles, que produjo una relativa prosperidad económica que llevó al gobierno a hacer una política de prestigio en el exterior, materializándose en intervenciones como:
- Las campañas de Marruecos.
- La expedición a Indochina.
- La expedición a México junto a franceses y británicos.
El Final del Reinado y la Revolución de 1868
Los años 1863 y 1868 supusieron el retorno de Narváez, que repuso los antiguos principios del moderantismo, trayendo consigo el aumento de la oposición al régimen isabelino. En 1866, progresistas y demócratas, a los que se sumó la Unión Liberal tras la muerte de O’Donnell, emprendieron una unidad de acción en el llamado «Pacto de Ostende» en Suiza, para derrocar no solo al partido moderado, sino también a la propia Isabel II.
La unión de todos los factores puso en marcha una conspiración antiborbónica por parte de sectores muy diversos que culminaría en 1868 con la revolución de «La Gloriosa», que significó el final de la monarquía de Isabel II.