Con Isabel II se instauró el liberalismo en España. Si bien, poseía deficiencias por la intromisión de la Corona y la intervención del ejército en la política, así como la manipulación de elecciones.

1. La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

En 1833 murió Fernando VII y comenzó la regencia de su esposa María Cristina hasta que su hija Isabel alcanzara la mayoría de edad. Pero los partidarios de Don Carlos, hermano del rey, iniciaron una insurrección en la que se enfrentaron los carlistas y los isabelinos.

Los carlistas eran defensores del Antiguo Régimen, el absolutismo y la sociedad tradicional. Apoyaban a Don Carlos y defendían el poder de la Iglesia y los fueros. Tenían apoyos en el clero, la nobleza y el campesinado. Muchos eran propietarios empobrecidos, artesanos arruinados y arrendatarios enfitéuticos que desconfiaban de los liberales. El foco más importante se situó en Navarra y el País Vasco y estaban apoyados por Rusia, Prusia y Austria. Por su parte, los isabelinos proponían abolir el Antiguo Régimen e implantar un Estado liberal. Tenían apoyos en la alta nobleza, los funcionarios y un sector del clero; la burguesía y las clases populares se añadieron al acceder la reina a la causa liberal para ampliar su base social. Estaban apoyados por Gran Bretaña, Francia y Portugal.

Primera Etapa (1833-1836): Expansión y Victorias Carlistas

Se desarrolló en el norte. Los ataques por sorpresa y la movilidad de sus partidas reportaron a los carlistas los primeros éxitos ante el ejército. El general Zumalacárregui, al mando de las tropas norteñas, conquistó ciudades como Vergara pero fracasó en la toma de Bilbao, donde murió. En Levante, los carlistas estaban desorganizados. Uno de sus líderes más destacados fue el general Cabrera.

Segunda Etapa (1836-1837): Debilitamiento Carlista y Victoria Liberal

La guerra se decantó hacia el bando liberal a partir de la victoria del general Espartero en Luchana. Los insurrectos iniciaron expediciones, fracasaron en la toma de Madrid y se replegaron hacia el norte.

Tercera Etapa (1837-1840): El Convenio de Vergara

La debilidad del carlismo provocó divisiones entre transaccionistas, partidarios de acuerdos con los liberales, e intransigentes, defensores de continuar la guerra. El general Maroto firmó el Convenio de Vergara (1839) con el general Espartero, que establecía la conservación de fueros en el País Vasco y Navarra y la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Cabrera continuó resistiendo hasta 1840.

2. La Minoría de Edad de Isabel II (1833-1843)

2.1. Regencia de María Cristina (1833-1840)

Entre 1833 y 1843 se llevó a cabo el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen (es decir, la abolición de todas sus leyes), la consolidación de la propiedad individual y la configuración de un Estado liberal.

Los Primeros Gobiernos de Transición (1833-1836) – Moderados

El testamento de Fernando VII establecía un Consejo de Gobierno para asesorar a María Cristina. Fue presidido por Cea Bermúdez y compuesto por absolutistas moderados.

Su reforma más significativa fue la división provincial de España. El trono isabelino empezó a debilitarse por falta de apoyos y la regente renovó el gobierno con Martínez de la Rosa, liberal moderado, quien propuso el Estatuto Real, un conjunto de reglas para convocar unas Cortes.

Eran reformas insuficientes para los liberales y la división dentro de estos dominaría la política:

• Los moderados defendían el orden y estaban apoyados por terratenientes, la antigua nobleza, el alto clero y los altos cargos militares. Defendían una soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, un sufragio censitario limitado, reformas limitadas y el freno a la desamortización. Reconocían el poder y la intervención de la Corona en la política, el peso de los poderes centrales, derechos individuales limitados y la influencia de la Iglesia. Proponían la confesionalidad del Estado y la creación de la Guardia Civil. Sus líderes fueron Narváez y Bravo Murillo.
• Los progresistas defendían la libertad y estaban apoyados por la burguesía, la oficialidad media del ejército y las clases populares. Defendían la soberanía nacional, un sufragio censitario más amplio, reformas profundas y la desamortización. Rechazaban la intervención de la Corona en política y el poder de la Iglesia y otorgaban mayor peso a los poderes locales. Reconocían derechos individuales y colectivos y la Milicia Nacional. Sus líderes fueron Mendizábal, Prim y Espartero.

La Corona y los antiguos privilegiados apoyaron a los moderados, pero la necesidad de conseguir apoyos y recursos forzó a la monarquía a aceptar un gobierno progresista.

Los Progresistas en el Poder (1835-1837)

Los progresistas, descontentos, protagonizaron revueltas y, en 1835, María Cristina llamó a formar gobierno a un progresista, Mendizábal, quien inició la reforma del Estatuto Real y tomó medidas para organizar un ejército contra el carlismo. La desamortización de bienes del clero provocó que los privilegiados instaran a María Cristina a destituirlo en 1836, y esta entregó el poder al progresista Calatrava. Los progresistas establecieron un sistema liberal con el fin de acabar con el Antiguo Régimen. En 1837 realizaron la reforma agraria liberal a partir de tres medidas:

• La disolución del régimen señorial: los señores perdieron las atribuciones jurisdiccionales, mantuvieron la propiedad de la tierra y los campesinos pasaron a ser arrendatarios o jornaleros.
• La desvinculación: supuso el fin de las tierras ligadas a familias y permitió vender tierras.
• La desamortización: En 1836, Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza o la asistencia a enfermos. Los bienes desamortizados fueron puestos en venta para conseguir beneficios para el Estado, el apoyo social de los compradores y fomentar así la agricultura con propietarios más emprendedores.

Otras medidas encaminadas al libre mercado, como la eliminación de aduanas interiores y la abolición del diezmo, completaron la liberalización de la economía.

La Constitución de 1837 proclamaba principios del progresismo, como la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos, la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado. Sin embargo, también incluía elementos moderados: dos cámaras, el Congreso y el Senado (designado por la reina), y el compromiso de financiación del culto católico. La Ley de Imprenta hizo desaparecer la censura y la Ley Electoral fijó un sistema de sufragio censitario más amplio.

Los Moderados en el Gobierno (1837-1840)

Los moderados ganaron las elecciones y acabaron con las leyes progresistas: redujeron el sufragio, limitaron la libertad de imprenta, devolvieron los bienes al clero y se planteó la reimplantación del diezmo. Una Ley de Ayuntamientos hizo que los alcaldes de las capitales fueran nombrados por la reina. Esta ley impulsó una insurrección progresista. María Cristina dimitió en 1840 y Espartero se convirtió en regente.

2.2. Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero actuó con autoritarismo y no cooperó con las Cortes. Sus medidas librecambistas provocaron un levantamiento en Barcelona y ordenó bombardear la ciudad, lo que generó una fuerte oposición hacia su persona. En 1843, Espartero dimitió a causa de las conspiraciones de Narváez y O’Donnell, y las Cortes proclamaron la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años.

3. La Mayoría de Edad de Isabel II (1844-1868)

3.1. La Década Moderada (1844-1854)

Los moderados formaron un gobierno presidido por Narváez, basado en los principios del moderantismo con el apoyo de la Corona. El Estado debía sustentarse en el orden y la autoridad. Se permitió acabar con la etapa revolucionaria y se persiguió a los progresistas. El régimen se asentó sobre el predominio de la burguesía terrateniente.

La Constitución de 1845 recogía las ideas del moderantismo: soberanía compartida entre la reina y las Cortes, ampliación de poderes del ejecutivo y disminución del legislativo, Senado no electivo, mayores atribuciones a la Corona, restricción del derecho al voto, ayuntamientos y diputaciones sometidos a la Administración central, supresión de la Milicia Nacional, confesionalidad del Estado y mantenimiento del culto y del clero, declaración de derechos, entre otros. La Ley Electoral (1846) planteó un sufragio restringido.

Con el Concordato con la Santa Sede, los moderados intentaron mejorar sus relaciones con la Iglesia. A través de él, el Estado aceptó:

• Suspender la venta de los bienes desamortizados y el retorno de los no vendidos.
• El sostenimiento económico de la Iglesia.
• El restablecimiento de las órdenes regulares.
• La religión católica oficial.
• La concesión de competencias en educación.

Por su parte, la Santa Sede reconoció a Isabel II y aceptó la desamortización.

El moderantismo quiso consolidar el Estado liberal basado en el centralismo, la uniformidad y la jerarquización, mediante leyes y reformas. Emprendió la reforma fiscal (Ley Mon-Santillán) para aumentar los ingresos del Estado, realizó la unificación de los Códigos Penal y Civil, y una reforma de la Administración pública (ley de funcionarios), consolidando así un centralismo administrativo. La Ley de Administración Local hizo que los alcaldes de los grandes municipios y de las capitales fueran nombrados por la reina. Además, se estableció un sistema de instrucción pública y se adoptó el sistema métrico decimal. Finalmente, se creó la Guardia Civil.

3.2. La Crisis del Gobierno Moderado y el Bienio Progresista (1854-1856)

Los moderados provocaron inestabilidad política y actuaron de forma arbitraria y excluyente. El gobierno de Bravo Murillo aumentó el autoritarismo y supuso la desaparición del régimen parlamentario. Esta situación provocó oposición incluso en un sector de los moderados y el descontento de diversos grupos sociales. Esto impulsó el pronunciamiento de Vicálvaro en 1854, a cuyo frente estaba O’Donnell, quien fundó la Unión Liberal. Este partido nació como una escisión de los moderados y atrajo a los más conservadores del progresismo, configurándose como una opción centrista entre ambos partidos. Los sublevados elaboraron el Manifiesto de Manzanares; la reina nombró presidente a Espartero y O’Donnell fue nombrado ministro de la Guerra, iniciándose así el Bienio Progresista. Aparecieron en el Parlamento diputados del Partido Demócrata, que surgió como una escisión de los progresistas y estaba integrado por clases populares urbanas y grados bajos de la Milicia. Se restauraron los principios del progresismo, la Milicia Nacional y la Ley Municipal, que permitía elegir a los alcaldes. Prepararon la Constitución de 1856 (non nata).

Se realizaron reformas económicas para impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país. Destacan la desamortización (Madoz), que pretendía conseguir recursos para la Hacienda y la modernización económica de España, y el impulso del ferrocarril (con capital extranjero). Otras medidas fueron la reforestación, el telégrafo, la red de carreteras, el fomento de las sociedades por acciones y de la banca, y el desarrollo de la minería. La crisis de subsistencia provocó conflictividad social: huelgas obreras, levantamiento campesino y motines populares. El gobierno promulgó la Ley de Trabajo, pero los movimientos obreros provocaron temor en los conservadores y discrepancias en el seno del gobierno. Espartero dimitió y la reina confió el gobierno a O’Donnell.

3.3. La Descomposición del Sistema Isabelino (1856-1868)

Gobiernos Unionistas (1856-1863)

El nuevo gobierno intentó un equilibrio político entre moderados y progresistas, logrando estabilidad política interior y prosperidad económica. Se revitalizó el Parlamento con una política más tolerante con la oposición. El gobierno buscaba el prestigio internacional con una política exterior activa (expedición a Indochina, intervención en México y campañas militares de Marruecos). Sin embargo, la crisis interna de la coalición de gobierno provocó la sucesión de gobiernos inestables. La oposición de los moderados y la Corona hizo dimitir a O’Donnell.

Gobierno de los Moderados (1863-1868)

La reina entregó el poder a los moderados; Narváez retornó al poder y se restablecieron los principios del moderantismo. Este gobierno era débil por la falta de apoyos. Su autoritarismo marginaba a las Cortes y a otros grupos políticos, lo que provocó en 1866 la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil. Esta contó con el apoyo de progresistas y demócratas, y comportó un levantamiento popular en Madrid, que terminó con una fuerte represión. La oposición de los unionistas y la crisis de subsistencia (1866), que provocó el aumento de los precios y el descontento popular, hicieron que muchos sectores plantearan una insurrección contra la monarquía.