La Creación del Estado Franquista: Bases Ideológicas, Autarquía y Consolidación

El Nuevo Régimen y sus Bases

Como vencedor de la Guerra Civil, Francisco Franco impuso una dictadura conservadora de base militar con apoyos civiles en la que ejerció el poder de forma personal y absoluta, concentrando todos los poderes del Estado con el título de Caudillo. Se presentó como salvador de España frente a sus enemigos, y de sus actos solo respondía “ante Dios y ante la Historia”.

Durante los primeros años de su dictadura, conocida como la Etapa Azul por la influencia falangista, Franco mantuvo los rasgos del fascismo totalitario, pero con mayores rasgos de catolicismo (Nacionalcatolicismo). Se apoyó en las llamadas “familias” del régimen, que tenían en común su oposición al reformismo de la Segunda República, pero discrepaban entre sí, como la Falange y la jerarquía católica. Franco aprovechó esta rivalidad para convertirse en árbitro supremo y mantener el equilibrio político entre ellas.

Instituciones Clave en la Consolidación

En la consolidación del régimen colaboraron tres instituciones principales:

• El Ejército: Se mantuvo fiel al generalísimo y constituyó la columna vertebral del régimen y la garantía de la unidad nacional. Sus mandos gozaron de privilegios y desempeñaron tareas ministeriales. A pesar de todo, hubo una cierta represión interna y fue clave en la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), con carácter retroactivo contra los enemigos políticos, vinculados al Frente Popular.
• La Falange: Sometida desde 1937 a la autoridad del Caudillo (unificada en FET y de las JONS), quien la utilizó para afianzar su poder personal y como enlace y control de la sociedad, aportando ideología y simbolismo. También se emplearon todos los medios de comunicación y instrumentos de propaganda como el NO-DO. El régimen se valió del Frente de Juventudes, la Sección Femenina y el Sindicato Español Universitario (SEU) para inculcar los valores de la tradición española.
• La Iglesia Católica: Se identificó con el nuevo régimen y colaboró activamente con él. Bendijo el golpe de Estado, y Franco se lo compensó dejando la educación y el control religioso y moral de la sociedad a su cargo. De ahí surgió el Nacionalcatolicismo, doctrina religioso-política de la España Franquista en la que la Iglesia tuvo una gran influencia política y social.
• Los Monárquicos: Estaban divididos entre carlistas y juanistas (partidarios de Don Juan de Borbón), y estuvieron representados principalmente por militares y sectores católicos.

Marco Legal e Institucional

El régimen franquista desmanteló la obra republicana y prohibió los partidos políticos y los sindicatos de clase. El Estado se constituyó sobre una serie de Leyes Fundamentales:

1. El Fuero del Trabajo (1938): Fue la primera ley fundamental. Estableció los sindicatos verticales, reguló las relaciones entre trabajadores y empresarios y recogía los principios del nacionalsindicalismo.
2. La Ley Constitutiva de las Cortes (1942): Creaba unas Cortes sin poder legislativo real. Estaban supeditadas al Jefe del Estado y las definía como un organismo consultivo.
3. El Fuero de los Españoles (1945): Recogía los derechos y deberes de los españoles dentro de los principios del régimen y de acuerdo al catolicismo.
4. La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947): Definía a España como Reino. Se preveía una monarquía para suceder a Franco, permitiendo a Franco nombrar sucesor a título de Rey (designando más tarde a Juan Carlos de Borbón).
5. La Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958): Asumió los postulados de la Falange y establecía el Movimiento Nacional como único cauce de participación política permitido.

Estructura del Estado y Control Social

Franco definió el nuevo Estado como una “democracia orgánica”: opuesta a la democracia parlamentaria, de partidos y de libertades, y sustentada teóricamente en la familia, el municipio y el sindicato. Las Cortes eran el cauce de participación del pueblo español, pero controladas por el Jefe del Estado.

Por otro lado, el gobierno nombraba para cada provincia gobernadores civiles (que solían ser también jefes provinciales del Movimiento) y gobernadores militares. Los gobernadores civiles nombraban a los alcaldes de los ayuntamientos.

Finalmente, existía un sindicato único y vertical (Organización Sindical Española), de afiliación obligatoria para obreros y patronos. Prohibía la negociación colectiva libre, el despido libre (aunque con matices) y la huelga, y dejaba recogido el control estatal sobre salarios, horarios, permisos y vacaciones.

Estructura Vertical del Poder:

• Figura del Jefe del Estado: En la cúspide, Franco concentraba todo el poder en sus manos: ejecutivo, legislativo y militar.
• Partido único (FET y de las JONS): Posteriormente denominado Movimiento Nacional, era el único partido legal y el instrumento de control social e ideológico.
• Cortes: De carácter consultivo y deliberante, asesoraban a Franco en la elaboración de las leyes, pero sin poder autónomo.

La unidad de poder y el centralismo caracterizaban esta estructura. La represión y la depuración de la administración y la educación (casi el 30% de los maestros fueron depurados) fueron claves en su creación. Finalmente, esta creación vino acompañada de la Ley de Responsabilidades Políticas (1939; con carácter retroactivo) y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940; contra “ideas disolventes” a la fe, la patria y el Estado).

En sus inicios hubo una leve resistencia armada de los “maquis” en las zonas rurales y montañosas hasta aproximadamente 1947-1952, combatida eficazmente tras la aprobación de la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947).

Política Exterior: De la Afinidad con el Eje al Aislamiento

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno declaró inicialmente la neutralidad de España. Sin embargo, Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores y cuñado de Franco, encabezó la opinión de los ministros falangistas favorable a la participación de España en la instauración del Nuevo Orden que representaba la Alemania nazi.

La neutralidad española fue aparente, porque el gobierno se identificó con la causa de las potencias del Eje y condicionó su participación en la guerra a que Alemania le asegurara el control de las colonias francesas del norte de África, le ayudara a recobrar Gibraltar y le suministrara material militar, alimentos, productos energéticos y recursos económicos.

Hitler y Franco se reunieron en Hendaya en octubre de 1940 para tratar de estos asuntos, pero el encuentro fracasó porque Hitler consideró que las exigencias de Franco eran excesivas y España resultaba un aliado caro e inútil. No obstante, firmaron un protocolo secreto por el que Franco se comprometía a intervenir en la guerra sin precisar la fecha.

Pocos meses después, Franco acudió a Bordighera (Italia), donde se entrevistó con Mussolini, quien trató de convencerle de la necesidad de que España participara en la contienda. Franco mantuvo sus exigencias, pero aceptó cambiar la política de neutralidad por la de no beligerancia para prestar mayor cobertura logística a las fuerzas naval y aérea alemanas.

Cuando, en junio de 1941, Alemania declaró la guerra a la URSS, el gobierno de Franco vio la oportunidad de participar en ella enviando la División Azul con el doble objetivo de apoyar a los alemanes y de luchar contra el comunismo. Unos 47.000 hombres entre voluntarios y profesionales, al mando del general Muñoz Grandes, pasaron por el frente ruso. España aportó, además, miles de trabajadores a las fábricas alemanas para sustituir a los soldados.

Del Aislamiento al Reconocimiento Internacional

La entrada de Estados Unidos en la guerra cambió el curso del conflicto bélico. Los aliados tomaron la iniciativa en los campos de batalla y aumentaron la presión sobre Franco para que no apoyara al régimen nazi. Ante esta situación, el gobierno volvió a declarar la neutralidad de España en 1943 y retiró la División Azul del frente ruso, pero mantuvo ciertas ayudas a Alemania. Así que Estados Unidos y Gran Bretaña amenazaron a Franco con bloquear el abastecimiento de productos energéticos y alimenticios si continuaba la colaboración.

Con la derrota de las potencias del Eje nazi-fascista, el régimen franquista se vio en la necesidad de adaptarse a la nueva situación internacional y de presentar la imagen de una España católica, anticomunista, conservadora y supuestamente cercana a las democracias occidentales. Con esta idea, Franco remodeló el gobierno y nombró ministros a personas vinculadas a las instituciones católicas, redujo el poder de la Falange, procuró que se olvidara su relación con Alemania e Italia e intentó borrar de sus discursos cualquier alusión a mensajes totalitarios. Por esta razón se suprimieron el saludo fascista y el uso de la camisa azul, y se aplicaron medidas cosméticas.

Por más que Franco intentara dar una nueva imagen del régimen con cambios ministeriales y falsas apariencias de un Estado de derecho, no evitó que fuera denunciado como un sistema dictatorial y quedara aislado internacionalmente:

• Don Juan de Borbón publicó en 1945 el Manifiesto de Lausana, en el que criticaba la situación española y reclamaba la restauración de la monarquía tradicional como instrumento de paz y de concordia entre españoles.
• La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), creada en octubre de 1945, recogió estas acusaciones y, en diciembre de 1946, excluyó a España de la organización y de sus organismos internacionales, recomendando que los embajadores acreditados en Madrid abandonasen el país.

El enfrentamiento entre el bloque occidental y el soviético desembocó en la Guerra Fría y en una continua carrera armamentística por el control mundial. Ante la expansión del comunismo soviético, los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos vieron en Franco un firme aliado anticomunista y en España una excelente base geoestratégica.

A la nueva postura de ingleses y estadounidenses se añadieron las presiones de los países árabes y latinoamericanos, que consiguieron que en 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas revocara la condena impuesta en 1946 y facilitara tanto el ingreso de España en las distintas instituciones internacionales (culminando con el ingreso en la ONU en 1955) como la reanudación de las relaciones diplomáticas, la llegada de los primeros créditos y turistas, y el restablecimiento del comercio.

En este contexto, la firma de los acuerdos de 1953 con la Santa Sede y con Estados Unidos permitió salir del aislamiento:

• El Concordato con la Santa Sede (1953) tenía dos partes principales. Una, por la que la Santa Sede reconocía la dictadura de Franco y aceptaba la presentación de obispos por parte del gobierno (derecho de presentación). A cambio, el régimen concedía a la Iglesia privilegios económicos, jurídicos y educativos, y ambas partes garantizaban la unidad religiosa católica de España.
• Los Pactos de Madrid (1953) firmados con Estados Unidos establecían por parte de este país asistencia económica, ayuda para la defensa mutua y suministros de material militar. Por su parte, España cedía el uso de cuatro bases militares (Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz).

La firma de los pactos fue un éxito diplomático para el dictador, que aseguraba su permanencia en el poder y entraba a formar parte de la defensa de Occidente; pero, a causa de los recelos de los países europeos, España quedó fuera de la OTAN y de las ayudas económicas del Plan Marshall. Estas dificultades no impidieron que aumentaran las relaciones entre España y Estados Unidos, cuyo presidente, Eisenhower, visitó Madrid en 1959, rompiendo definitivamente el aislamiento internacional del régimen de Franco.

La Economía Autárquica

El modelo económico impuesto por Franco en la posguerra se basó en dos ideas esenciales: alcanzar la autosuficiencia nacional (autarquía) y la intervención del Estado para llevarla a cabo, según el ideario fascista italiano. La acción del gobierno se centró en:

• La intervención y el control estatal de todas las actividades económicas, sobre todo la del comercio exterior debido a la escasez de divisas.
• La creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941, que englobó sectores estratégicos: militar, siderúrgico, naval, energético, transportes, etc. Surgieron empresas públicas como SEAT, IBERIA, RENFE, ENDESA, etc.
• El control de la producción y los precios en la agricultura, la colonización de nuevas tierras de regadío, para lo cual impulsó la construcción de embalses.

Este modelo provocó estancamiento económico, escasez, racionamiento y mercado negro (estraperlo) durante la década de 1940.

El Estado Franquista: El Desarrollismo y la Crisis Final

Del Plan de Estabilización al Desarrollismo

Tras los acuerdos pactados en 1953 (Pactos de Madrid y Concordato con la Santa Sede), y ante el fracaso de la autarquía, Franco promovió un cambio de gobierno con la entrada de ministros tecnócratas, muchos vinculados al Opus Dei. El nuevo gobierno adoptó entre los años 1957 y 1959 una serie de medidas para superar el modelo autárquico y emprender el proceso de liberalización de la economía española, con el objetivo de integrarla en las economías occidentales, como consecuencia del acercamiento a Estados Unidos tras la firma de los Pactos de Madrid.

En 1959 se aprobó el Plan de Estabilización, que sentó las bases del desarrollo económico posterior. Sus medidas principales fueron:

• Medidas fiscales y monetarias para estabilizar la economía: reducir el gasto público, aumentar los impuestos, limitar el crédito.
• Medidas comerciales: devaluación de la peseta para favorecer las exportaciones y atraer inversión extranjera, liberalización parcial del comercio exterior.

Además, se llevaron a cabo los llamados Planes de Desarrollo Económico y Social (1964-1967, 1968-1971, 1972-1975), dirigidos por el ministro López Rodó. Los objetivos de los planes eran impulsar el crecimiento industrial, superar las diferencias zonales y favorecer a las zonas menos industrializadas con la creación de los Polos de Desarrollo. Aunque los resultados de los planes fueron desiguales, se produjo un aumento significativo en las inversiones públicas en viviendas, electricidad y carreteras.

Durante los años sesenta, el Estado también favoreció la emigración de trabajadores a países europeos, lo que, junto al auge del turismo, hizo posible la entrada masiva de divisas que equilibró la balanza de pagos y financió el desarrollo.

Cambios Sociales y Oposición Creciente

En estos años del desarrollismo (aproximadamente 1960-1973), la economía española experimentó un crecimiento sin precedentes. Hubo también ciertos cambios sociales: éxodo rural, crecimiento urbano, aumento de las clases medias, una mentalidad más abierta gracias al contacto con extranjeros en zonas turísticas, mayor poder adquisitivo y la incorporación paulatina de la mujer al mercado laboral y a la educación superior.

El crecimiento económico y los cambios sociales despertaron movimientos de oposición hacia el régimen, que se concretaron en los ámbitos social y político:

• Movimiento obrero: Se crearon las Comisiones Obreras (CCOO) hacia 1964, un movimiento sindical clandestino, democrático y reivindicativo con fuerte influencia comunista. El gobierno las ilegalizó, sus dirigentes fueron encarcelados y se produjeron numerosas huelgas.
• Movimiento estudiantil: Hubo importantes protestas y oposiciones estudiantiles en las universidades. El gobierno reaccionó reprimiéndolos con dureza, ocupando instalaciones universitarias y sancionando a algunos profesores.
• Movimiento vecinal: Surgió debido a la precariedad de los servicios públicos en los barrios obreros de nueva creación y a la mala calidad de las viviendas de protección oficial.
• Sectores de la Iglesia: Una parte de la Iglesia se renovó tras la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), lo que impulsó el distanciamiento de sectores de la Iglesia del régimen y el abandono del Nacionalcatolicismo más acrítico, surgiendo curas obreros y comunidades cristianas de base críticas con la dictadura.

Oposición Política y Años Finales

En cuanto a la oposición política, con ocasión de la celebración en Múnich del IV Congreso del Movimiento Europeo en 1962, los organizadores invitaron a una delegación española integrada por opositores del interior y del exilio. Al finalizar el congreso, se aprobó una declaración que pedía el restablecimiento de las instituciones democráticas en España y condenaba la dictadura. La prensa del régimen calificó el congreso como el «Contubernio de Múnich» y el gobierno persiguió (exilio, confinamiento) a los participantes que regresaron a España.

La oposición política más activa y organizada fue la del PCE (Partido Comunista de España), que impulsaría la Junta Democrática (1974), y la del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), que promovería la Plataforma de Convergencia Democrática (1975). A esto se sumó la actividad terrorista de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), cuyos objetivos iniciales eran la independencia del País Vasco y la instauración de un régimen socialista, intensificando sus atentados en los últimos años del franquismo.

Con esta creciente oposición, se llegó a los Años Finales del Franquismo. En 1966, se aprobó la Ley de Prensa e Imprenta (conocida como Ley Fraga), que eliminaba la censura previa pero establecía mecanismos de control y sanción a posteriori, permitiendo un cierto margen de crítica y acceso a la información.

En 1970 vino otro golpe al régimen con el Proceso de Burgos contra varios miembros de ETA. La condena a muerte de seis etarras levantó una oleada de protestas en España y en el exterior. El gobierno tomó medidas represivas e implantó el estado de excepción. Días más tarde, medio millón de personas se concentraban en la Plaza de Oriente de Madrid mostrando su fidelidad a Franco, y este conmutó las penas de muerte por cadenas perpetuas.

Otro año clave fue 1973 porque se produjo por primera vez la separación formal entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno, con un Francisco Franco mayor y enfermo. Luis Carrero Blanco asumió la presidencia del gobierno. Sin embargo, el 20 de diciembre de 1973 se produjo un atentado perpetrado por ETA en Madrid, en el que Carrero Blanco perdió la vida. Este hecho descabezó la línea continuista»dur» del régimen.

Ese mismo año, en 1973, a nivel de política exterior nació el Frente Polisario en el Sáhara Español para alcanzar la independencia. Dos años más tarde, en noviembre de 1975, mientras Franco agonizaba, el rey Hasán II de Marruecos organizó la «Marcha Verde» (invasión pacífica del territorio). El gobierno español decidió entregar la administración de la colonia a Marruecos y Mauritania (Acuerdo Tripartito de Madrid) para evitar una guerra, con el compromiso teórico de respetar la voluntad de los saharauis en un referéndum que nunca se celebró.

Ante la muerte de Carrero Blanco, Franco nombró a Carlos Arias Navarro como jefe de gobierno. Su intento de apertura (el llamado»espíritu del 12 de febrer») fracasó. Coincidió con una Europa plenamente democrática y con la crisis del petróleo de 1973, que empezaba a afectar gravemente a la economía española. Sin embargo, Arias Navarro y sus hombres fueron incapaces de dialogar con ninguno de los grupos de oposición y se decantaron por la represión y la censura.

Finalmente, la mala salud de Franco acabó con su vida el 20 de noviembre de 1975, iniciándose un nuevo período en la Historia de España: la Transición.

El Proceso de Transición a la Democracia (1975-1978)

Inicio de la Monarquía y Gobierno de Arias Navarro

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, el 22 de noviembre se instauró la monarquía de Juan Carlos I de Borbón, quien juró su cargo ante las Cortes franquistas. En su discurso se vislumbraban ciertas intenciones de apertura política. El presidente de gobierno continuó siendo Arias Navarro, quien anunció un tímido aperturismo que fracasó rotundamente.

La elección inicial de Arias Navarro venía marcada por el deseo de mantener la continuidad tanto en el aparato franquista como en el ejército. En un contexto marcado por la conflictividad social (huelgas obreras, manifestaciones pro-amnistía) y la violencia política, las reformas resultaron muy insuficientes y el gobierno respondió con represión. Ejemplo de ello son los sucesos de Vitoria (marzo de 1976, una carga policial contra una asamblea obrera que acabó con cinco personas fallecidas y más de cien heridos) o los sucesos de Montejurra (mayo de 1976, un enfrentamiento violento entre facciones carlistas que dejó dos fallecidos).

Es en este contexto cuando el rey Juan Carlos I, quien tenía una relación bastante fría y distante con Arias Navarro porque el monarca quería avanzar decididamente en las reformas mientras que Arias Navarro se posicionaba en el sector inmovilista, intentó por todos los medios forzar la renuncia del presidente, algo que logró en julio de 1976.

El Gobierno de Adolfo Suárez y la Reforma Política

En este punto, el rey nombra como presidente del gobierno a Adolfo Suárez en julio de 1976. En esta elección tuvo un importante papel Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. En un principio, su nombramiento fue recibido con escepticismo e incluso hostilidad por la oposición democrática y sectores reformistas, porque había desempeñado cargos importantes en el régimen franquista (Secretario General del Movimiento). Sin embargo, Adolfo Suárez asumió la realidad española y aceleró las reformas democráticas.

Para ello, trató de acercarse a la oposición democrática, neutralizar a los sectores más inmovilistas del régimen (el llamado»búnke») y ganarse la confianza de la opinión pública. En noviembre de 1976, Suárez presentó a las Cortes franquistas el proyecto de Ley para la Reforma Política, con la que se empezaba a desmantelar legalmente el franquismo desde dentro. A partir de aquí empezaron a desaparecer instituciones franquistas como la Secretaría General del Movimiento, los sindicatos verticales, el Tribunal de Orden Público (TOP)…

Esta ley, aprobada por las Cortes franquistas y ratificada masivamente en referéndum el 15 de diciembre de 1976, tenía como objetivos recuperar la soberanía popular, reconocer los derechos fundamentales de las personas y abrir la puerta al pluripartidismo. Mientras se elaboraba y aprobaba esta ley, el gobierno mantuvo contactos discretos con el ejército, la Iglesia y, crucialmente, con la oposición democrática (agrupada en la Platajunta), negociando y evitando rupturas traumáticas.

Más allá de esta ley clave, también se abolieron otras leyes franquistas, se decretó una amnistía para presos políticos (aunque limitada inicialmente) y se reguló el derecho a huelga y la libertad sindical. Finalmente, la Ley para la Reforma Política establecía la convocatoria de elecciones para unas nuevas Cortes con poder constituyente, con un sistema bicameral (Congreso y Senado) elegido por sufragio universal.

Obstáculos en el Camino a la Democracia

A pesar de todos estos progresos, el camino hacia la normalización y estabilización de una democracia plena pasó por varios obstáculos graves, especialmente durante el tenso invierno y primavera de 1976-1977:

• a) El terrorismo: La Transición no fue pacífica y la violencia política estuvo presente durante todo el proceso. La vertiente más grave era la terrorista y procedía de:
  • Extrema derecha: Diversos grupos de esta ideología (Fuerza Nueva, Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español) recurrieron a la violencia con el objetivo de crear un clima de involución que recordase a la Guerra Civil. Cometieron incidentes callejeros y atentados como el de los abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE en la calle Atocha de Madrid (conocida como la «Matanza de Atocha») en enero de 1977, que causó cinco muertos. La respuesta popular fue una gran manifestación de repulsa en Madrid que se desarrolló pacíficamente, reforzando la vía democrática.
  • Extrema izquierda: El GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) inició una espiral terrorista con secuestros (Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado; Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar) y asesinatos indiscriminados de policías y guardias civiles.
  • ETA: Siguió siendo el principal grupo terrorista de España, tanto por el elevado número de atentados como por el apoyo social que aún tenía en ciertos sectores del País Vasco. Intensificó su campaña de atentados contra las fuerzas de seguridad y figuras del antiguo régimen.
• b) La Conflictividad social: La crisis económica mundial iniciada en 1973 tuvo consecuencias especialmente graves para España (inflación galopante, aumento del paro), que provocaron gran agitación social. El principal motivo estribó en el aumento del paro y la pérdida de poder adquisitivo. Ello derivó en numerosas huelgas lideradas por los sindicatos recién legalizados o en proceso de legalización (CCOO y UGT).
• c) El ejército y los inmovilistas: Un sector importante del ejército, formado en la dictadura, se mantenía expectante pero profundamente contrario al establecimiento de una democracia plena, a la legalización del PCE y a la posible desintegración de España por las autonomías. El»ruido de sable» fue una constante amenaza.
• d) Legalización del Partido Comunista (PCE): Era el paso más difícil y arriesgado, pero necesario para que las futuras elecciones fueran consideradas libres y democráticas por la comunidad internacional y la oposición. Tuvo muchos contrarios, especialmente en el ejército y la derecha franquista. El PCE, liderado por Santiago Carrillo, facilitó el proceso moderando sus posturas y aceptando la monarquía y la bandera bicolor (el llamado»eurocomunism»). Finalmente, Suárez tomó la decisión de legalizarlo por sorpresa el Sábado Santo de 1977 (9 de abril), provocando una grave crisis con los altos mandos militares, que fue superada.

Primeras Elecciones Democráticas y Pactos de la Moncloa

Tras todos estos acontecimientos, se produjo la celebración de las primeras elecciones democráticas libres desde la II República en junio de 1977. Era un paso necesario para restablecer el sistema parlamentario y democrático en España y dotar al país de unas Cortes constituyentes.

El partido triunfador fue la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de centro-derecha organizada apresuradamente por Adolfo Suárez, pero sin mayoría absoluta, lo que le llevó a tener que buscar continuos acuerdos parlamentarios. El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González, consolidándose como la principal fuerza de la izquierda. Por detrás quedó el PCE (liderado por Santiago Carrillo) y Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga (partido que agrupaba a exministros franquistas). Los partidos nacionalistas triunfaron en las regiones en las que se presentaban, aunque no con mayoría absoluta: el Pacte Democràtic per Catalunya (que incluía a CDC de Jordi Pujol) obtuvo 11 diputados y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), 8 diputados.

El nuevo gobierno de Suárez se aprestó a hacer frente a los dos principales desafíos del momento: elaborar una Constitución que articulara políticamente el nuevo sistema democrático y hacer frente a la grave crisis económica y al terrorismo de ETA, que seguía atentando.

Terminadas las elecciones con la victoria de UCD, la idea que se impuso fue la de la reconciliación nacional: amnistía general (aprobada en octubre de 1977) y renuncia a la revancha. Además, Adolfo Suárez pidió formalmente el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), aceptándose la solicitud por unanimidad.

La Crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro, la inflación y la deuda pública crecían rápidamente. Para estabilizar la situación económica y social, las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa: una serie de medidas económicas y políticas consensuadas para hacer frente a las graves dificultades. Los dos objetivos fueron: la reforma, modernización y saneamiento de la economía (control de la inflación, reforma fiscal, moderación salarial) y avanzar en las reformas políticas y sociales (libertad de expresión, reunión, asociación).

Fueron apoyados por los principales partidos políticos (UCD, PSOE, PCE, AP, minoría catalana) y por los grandes sindicatos (CCOO, UGT). Otras medidas encaminadas a reducir el déficit, modernizar la estructura fiscal y garantizar el incipiente Estado del Bienestar fueron la reforma tributaria (entrando en vigor el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – IRPF), la reforma de la Seguridad Social, la extensión del seguro de desempleo y la incrementación de las pensiones de jubilación.

La Constitución de 1978 y los Primeros Gobiernos Democráticos

La Elaboración de la Constitución

El segundo gran objetivo del gobierno de Suárez y de las Cortes surgidas en 1977 se resolvió el 6 de diciembre de 1978 con el referéndum que aprobó masivamente la Constitución Española. Las Cortes elegidas en junio de 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes.

Se eligió una Comisión Constitucional en el Congreso y esta designó una Ponencia de siete diputados, representativos de los principales partidos, para elaborar un primer borrador del texto constitucional. Eran los conocidos como «padres de la Constitución» (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y José Pedro Pérez-Llorca por UCD; Gregorio Peces-Barba por el PSOE; Jordi Solé Tura por el PSUC/PCE; Manuel Fraga por AP; y Miquel Roca por la Minoría Catalana).

No obstante, la palabra que mejor define el proceso de redacción y aprobación de la Constitución fue la de «consenso». Fue necesario un gran esfuerzo de negociación y cesiones mutuas entre todas las fuerzas políticas para llegar a un texto que pudiera ser aceptado por la gran mayoría de la sociedad española, superando las divisiones históricas.

Principales Características de la Constitución de 1978

Entre las principales ideas de la Constitución, que consta de un Preámbulo, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final, se recoge que:

• España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
• Se proclama la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
• La forma política del Estado es una monarquía parlamentaria.
• Se garantiza un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales (Título I), como el derecho a la vida, la libertad ideológica, religiosa y de culto, la libertad de expresión, el derecho a la educación, a la sindicación, a la huelga, a una vivienda digna, entre otros. Se abole la pena de muerte.
• Se establece una división de poderes: un sistema bicameral (Congreso y Senado) con poder legislativo y de control de la acción del gobierno; el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo la función ejecutiva; y el Poder Judicial goza de independencia, con diferentes instancias como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional (intérprete supremo de la Constitución).
• El apartado más complejo y debatido fue el Título VIII sobre la Organización Territorial del Estado: se intentó dar respuesta a las reivindicaciones históricas de los nacionalismos vasco, catalán y gallego, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, pero recalcando la «indisoluble unidad de la Nación española», patria común e indivisible de todos los españoles. Fue un título muy discutido y deliberadamente ambiguo en algunos puntos (vías de acceso a la autonomía, reparto competencial), pero satisfizo a catalanes y vascos al incluir el término «nacionalidad» y reconocer los «derechos históricos» de los territorios forales. El Senado quedaba configurado como una cámara de representación territorial, aunque con facultades limitadas en la práctica. Así pues, el Estado se vertebró territorialmente en 17 Comunidades Autónomas más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
• Se establecía un Estado aconfesional, sin religión oficial, aunque mencionando explícitamente las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

La Segunda Legislatura de UCD y la Crisis del Partido

Tras aprobarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y en las nuevas elecciones generales celebradas el 1 de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD de Suárez, aunque de nuevo sin mayoría absoluta, viéndose obligada a pactar. Se iniciaba así la segunda legislatura del partido centrista.

No ocurrió así en las elecciones municipales, las primeras democráticas desde la II República, celebradas poco después (abril de 1979), donde los partidos de izquierda (PSOE y PCE principalmente) se unieron en coalición en muchos ayuntamientos importantes para gobernar, arrebatando el poder local a UCD.

Los años siguientes (1979-1981) estuvieron marcados por la creciente crisis interna de UCD. Este partido era una coalición heterogénea de familias políticas (democristianos, liberales, socialdemócratas, antiguos reformistas del franquismo) unidas por la figura de Suárez y el objetivo de pilotar la Transición. Una vez conseguida la Constitución y la democracia, las divisiones internas afloraron con fuerza. Los democristianos se opusieron, entre otras cuestiones, a la Ley del Divorcio impulsada por el gobierno. Las críticas al liderazgo de Suárez desde dentro y fuera del partido se multiplicaron.

Estas divisiones internas y estas críticas a Suárez fueron aprovechadas por el PSOE, que, liderado por Felipe González, se concentró en ejercer una dura oposición al gobierno centrista de UCD. Presentó una moción de censura en mayo de 1980 que, aunque no prosperó, dañó considerablemente la imagen de Suárez y cohesionó a la izquierda.

Por otra parte, arreciaba el terrorismo de ETA, que alcanzaría, en 1980 su punto culminante en número de víctimas (92 asesinatos), golpeando sobre todo a los altos mandos del ejército y la Guardia Civil, con el consiguiente desasosiego y malestar en los círculos militares y de extrema derecha, que consideraban al gobierno débil e ineficaz. Se iniciaron contactos para la preparación de un golpe de Estado, como la desarticulada «Operación Galaxia» (noviembre de 1978), un intento fallido preparado por militares y guardias civiles para detener al gobierno durante una reunión del Consejo de Ministros.

La Dimisión de Suárez y el Golpe de Estado del 23-F

Todos estos factores (crisis económica persistente, terrorismo, desgaste político, crisis interna de UCD, presión de la oposición y de los poderes fácticos) precipitaron la inesperada dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y de UCD el 29 de enero de 1981.

Leopoldo Calvo Sotelo, dirigente de UCD y considerado más afín a los sectores conservadores del partido, fue designado candidato a la presidencia. Tras no obtener mayoría suficiente en una primera votación de investidura, se fijó para el día 23 de febrero de 1981 la segunda votación.

Mientras se celebraba esa segunda votación de investidura en el Congreso de los Diputados, un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron pistola en mano en el hemiciclo, secuestrando al gobierno en funciones, a los diputados y senadores presentes. Simultáneamente, el capitán general de la III Región Militar (Valencia), Jaime Milans del Bosch, decretó el estado de guerra en Valencia y sacó los tanques a la calle, publicando un bando de guerra. Otros militares golpistas intentaron controlar puntos estratégicos como la sede de RTVE. El general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército y hombre de confianza del Rey, era otro de los protagonistas del golpe y, según algunos planes, debía formar un gobierno de concentración nacional tras el éxito inicial del golpe.

Sin embargo, la mayoría de los altos mandos militares y capitanes generales dudaron o se mantuvieron leales a la Constitución y al Rey. El momento decisivo llegó en la madrugada del 23 al 24 de febrero, cuando el rey Juan Carlos I se dirigió a la nación a través de la televisión, vestido con uniforme de Capitán General de los Ejércitos, mostrando su firme condena al golpe y su defensa inequívoca de la Constitución y la democracia.

A su vez, la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, medios de comunicación e instituciones apoyaron la legalidad constitucional. Con ello, el golpe fracasó en pocas horas y los implicados fueron detenidos, procesados y condenados en un juicio posterior (el»juicio de Campament»).

El Gobierno de Calvo Sotelo y el Fin de la Transición

Tras este fallido Golpe de Estado del 23-F, Leopoldo Calvo Sotelo fue finalmente investido presidente y gobernó sólo un año y medio (febrero 1981 – octubre 1982), en un período marcado por la continuación de la crisis económica, el terrorismo y, sobre todo, por la imparable descomposición de su propio partido, UCD, que sufrió numerosas escisiones.

En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda y de buena parte de la sociedad española, el gobierno de Calvo Sotelo culminó el proceso de adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE prometió la convocatoria de un referéndum popular sobre la permanencia en esta alianza militar si ganaba las elecciones.

En octubre de 1982, ante la inestabilidad política y la desintegración de UCD, Calvo Sotelo convocó elecciones generales anticipadas. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos (48,1%) y una holgada mayoría absoluta (202 diputados) en el Congreso de los Diputados. El proyecto de «cambio» de Felipe González había conectado con las aspiraciones de modernización de la sociedad española y había arrollado a una UCD que casi desapareció del mapa político. El principal partido de la oposición pasó a ser Alianza Popular de Manuel Fraga, refundada poco después como Partido Popular (PP).

Con la victoria socialista de 1982, se considera que finalizaba la Transición Española a la Democracia y se iniciaba una nueva etapa de consolidación democrática y modernización del país.

La Etapa Socialista: Modernización e Integración Europea (1982-1996)

Los Gobiernos de Felipe González: Objetivos y Primeras Reformas

El resultado de las elecciones del 28 de octubre de 1982, aunque esperado en cuanto a la victoria socialista, sorprendió a todos por la magnitud del triunfo del PSOE y el hundimiento de UCD. El nuevo gobierno de Felipe González se impuso como objetivos principales consolidar la democracia, superar la crisis económica e iniciar un ambicioso proyecto de transformación y modernización de España.

Este proyecto comenzó con reformas en el sistema educativo (LODE), la despenalización parcial del aborto y, poco después, se universalizó la sanidad pública (Ley General de Sanidad, 1986). Se reformaron ciertos aspectos del funcionamiento de la Administración Pública y de las Fuerzas Armadas para asegurar su subordinación al poder civil. Se prosiguió el desarrollo del Estado autonómico con la aprobación y transferencia de competencias a las diversas comunidades autónomas.

En la lucha contra el terrorismo de ETA, se buscó la colaboración de las autoridades francesas (que empezó a dar frutos a mediados de los 80) y se impulsaron medidas policiales y legales (Pacto de Ajuria Enea, 1988), aunque también se produjo el episodio oscuro de la»guerra suci» (GAL).

En política exterior, el objetivo primordial fue integrar plenamente a España en Europa Occidental, culminando con el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) el 1 de enero de 1986.

Política Económica: Reconversión y Reformas

El objetivo primordial de la política económica socialista, dirigida por ministros como Miguel Boyer y Carlos Solchaga, era lograr una economía competitiva que permitiese sostener un Estado de Bienestar moderno y reducir el problema más grave de la economía española: el desempleo. Otro objetivo inmediato fue reducir la alta inflación y el déficit público heredados; para ello se tomaron medidas como la devaluación de la peseta y el aumento del control monetario y del gasto público (inicialmente).

Las medidas más duras y socialmente impopulares fueron, no obstante, la reconversión industrial y la reforma fiscal:

• La reconversión industrial afectó a sectores con graves signos de crisis por su antigüedad, exceso de capacidad y falta de competitividad internacional. Era, además, una exigencia implícita para la entrada de España en la CEE. Los sectores más afectados fueron la siderurgia integral (Altos Hornos), los astilleros, la minería del carbón, y, en menor medida, sectores de bienes de consumo como la industria textil o los electrodomésticos. Todas las medidas implicaban cierres de empresas, reducción de plantillas, y en muchos casos, reducción salarial y pérdida de derechos laborales adquiridos, aunque se ofrecieron prejubilaciones y ayudas para la reindustrialización (ZUR).
• La reforma fiscal incrementó la presión fiscal para financiar el creciente gasto público social. Se aumentaron los impuestos directos (IRPF) y los indirectos. En 1986 se impuso el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), como exigencia comunitaria, equiparando los tipos de tributos a los de la CEE.

La reconversión industrial tuvo un fuerte impacto social, reflejado en el aumento de la conflictividad laboral, sobre todo entre 1983 y 1989, con duras huelgas y manifestaciones en las zonas afectadas (Asturias, País Vasco, Sagunto, Vigo, Cádiz). Las relaciones del gobierno socialista con los sindicatos (especialmente UGT, históricamente vinculado al PSOE) empeoraron notablemente, culminando en la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra la política económica y la reforma laboral juvenil del gobierno. Los paros y las protestas callejeras se multiplicaron, generando, incluso, enfrentamientos violentos.

Integración Europea y Desgaste Político

El cambio favorable del ciclo económico mundial entre 1986 y 1991, impulsado por la bajada del precio del petróleo y la entrada en la CEE, junto con las grandes inversiones ligadas a la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona en 1992, permitieron cierta mejoría de la economía y una reducción de la tasa de paro, pero este siguió manteniéndose en unos niveles estructuralmente elevados.

El gobierno del PSOE cambió su posición histórica sobre la pertenencia de España a la OTAN y convocó el prometido referéndum en marzo de 1986, en el que hizo campaña activamente a favor de la permanencia bajo ciertas condiciones (no integración en la estructura militar, reducción de bases USA, no nuclearización). El resultado fue favorable a la permanencia, aunque con fuerte oposición en algunas regiones.

La integración española en la CEE se reafirmó en 1992 con la firma del Tratado de la Unión Europea (o Tratado de Maastricht), que transformó la CEE en la Unión Europea (UE), comenzó a crear un espacio político común (ciudadanía europea), y también planteó nuevos derechos y obligaciones para los Estados miembros, como la convergencia económica para la creación de una moneda única (el euro) y un Banco Central Europeo.

Los sucesivos mandatos de gobierno del PSOE (victorias con mayoría absoluta en 1982, 1986 y 1989; mayoría simple en 1993) fueron desgastando tanto al partido como a la figura de Felipe González. El descenso de votos fue paulatino pero constante. El enfrentamiento con los sindicatos, sobre todo con la UGT, contribuyó a ese desgaste y a la pérdida de apoyos en su base social tradicional. La pérdida de apoyos se mostraba también entre las clases medias urbanas.

Paralelamente, a partir de 1990, se produjeron una serie de escándalos de corrupción que afectaron tanto al gobierno como al partido (caso Guerra, caso Filesa, caso Ibercorp). La profunda recesión económica internacional que comenzó en 1992 también tuvo un impacto muy negativo sobre las expectativas electorales del PSOE al elevar de nuevo la tasa de paro (hasta superar el 24%) y el déficit público.

No obstante, Felipe González volvió a ganar las elecciones generales de 1993, aunque perdiendo la mayoría absoluta y viéndose obligado a buscar el apoyo parlamentario de los nacionalistas catalanes (CiU).

La reaparición y multiplicación de casos de corrupción en esta última legislatura (1993-1996), a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, fue aprovechada por la oposición del Partido Popular (PP), liderada ahora por José María Aznar, para desgastar duramente la gestión socialista. Además, la difusión y las investigaciones judiciales sobre el caso GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación, terrorismo de Estado contra ETA en los años 80) y el denominado caso Roldán (1993, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por parte del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán) deterioraron enormemente la imagen del gobierno y del Ministerio del Interior.

Los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental en la denuncia de la corrupción, que afectó a diversos partidos, pero especialmente al PSOE por ser el partido gobernante durante tantos años. Por ello, en las elecciones autonómicas y municipales de 1995, el PSOE perdió el gobierno de la mayoría de las comunidades autónomas y las alcaldías de las ciudades más importantes a favor del Partido Popular.

Ante estos resultados electorales desfavorables, la persistente crisis económica, la crispación política y la escasa estabilidad parlamentaria del PSOE (CiU le retiró el apoyo), el presidente González adelantó las elecciones legislativas a marzo de 1996.

La Etapa del Partido Popular (1996-2004)

La derecha, reunificada en el Partido Popular (PP) y liderada por José María Aznar, ganó las elecciones generales de marzo de 1996, aunque por un estrecho margen y sin mayoría absoluta. Aznar tuvo que pactar con los partidos nacionalistas conservadores (CiU, PNV y Coalición Canaria) para poder ser investido presidente.

El principal objetivo de su primer gobierno (1996-2000) fue económico: cumplir los estrictos criterios de convergencia (control del déficit, deuda pública, inflación, tipos de interés) fijados en el Tratado de Maastricht para que España formara parte del grupo de países que adoptaron el euro como moneda única desde su creación (la entrada en circulación se produjo en enero de 2002). Este objetivo se consiguió gracias a una política de rigor presupuestario y a un contexto económico internacional favorable.

El gobierno buscó el consenso social en algunas reformas. Firmó el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social (base del llamado Pacto de Toledo) con los sindicatos UGT y CCOO y el resto de partidos, para garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones. En 1997 pactó también una importante reforma laboral con sindicatos y patronal para luchar contra el elevado desempleo y la precariedad en el trabajo, fomentando la contratación indefinida. Todas estas reformas, junto a la buena coyuntura internacional, favorecieron un período de fuerte crecimiento económico y creación de empleo durante la segunda mitad de los 90.

Se aplicaron también medidas de liberalización económica y privatización de grandes empresas públicas (como Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria, Tabacalera…), siguiendo las directrices de Bruselas y la ideología liberal del partido.

En las elecciones generales del año 2000, el PP obtuvo una cómoda mayoría absoluta. Durante esta segunda legislatura (2000-2004), el gobierno implementó políticas más acordes con su ideario, como una nueva Ley de Extranjería más restrictiva para regular la creciente inmigración, reformas educativas (LOCE), y la abolición definitiva del servicio militar obligatorio.

En la lucha contra el terrorismo, la movilización social contra ETA creció enormemente, especialmente en el País Vasco, tras el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997 (el llamado»espíritu de Ermu»). En septiembre de 1998, ETA declaró una tregua unilateral indefinida, que rompió 14 meses más tarde. El gobierno del PP impulsó entonces el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (firmado con el PSOE) y promovió la Ley Orgánica de Partidos Políticos en 2002, que permitió ilegalizar a Batasuna (brazo político de ETA) por no condenar la violencia terrorista.

El terrorismo islamista marcó trágicamente el final de la segunda legislatura. El 11 de marzo de 2004, apenas tres días antes de las elecciones generales, una célula vinculada a Al Qaeda colocó bombas en cuatro trenes de cercanías en Madrid, causando 193 muertos y más de 2000 heridos (atentados del 11-M). La gestión informativa de la masacre por parte del gobierno, que inicialmente acusó a ETA, generó una gran conmoción y controversia social. En las elecciones celebradas el 14 de marzo, el Partido Popular perdió las elecciones frente al PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero.

En política exterior, el gobierno de Aznar mantuvo muy buenas relaciones con la administración de George W. Bush en EEUU. España apoyó activamente la Guerra de Irak en 2003 (a pesar de la enorme oposición popular en España), participando Aznar en la foto de la Cumbre de las Azores junto a Bush y Tony Blair, previa a la invasión.