El Reinado de Fernando VII (1814-1833)
El reinado de Fernando VII estuvo marcado por la continua confrontación entre el absolutismo y el liberalismo, dos sistemas políticos, sociales y económicos totalmente incompatibles. Durante su mandato, se distinguen tres etapas bien definidas:
- El Sexenio Absolutista (1814-1820)
- El Trienio Liberal (1820-1823)
- La Década Ominosa (1823-1833)
El periodo culminó con una crisis sucesoria que desencadenó la Primera Guerra Carlista.
A. Sexenio Absolutista (1814-1820)
Tras la firma del Tratado de Valençay en 1813, que puso fin a la Guerra de la Independencia, Fernando VII fue liberado. A su regreso a España, fue recibido por un grupo de militares y diputados absolutistas que le presentaron el Manifiesto de los Persas, un documento que solicitaba el retorno al Antiguo Régimen.
El 4 de mayo de 1814, mediante el Decreto de Valencia, Fernando VII declaró nula la Constitución de 1812 y restauró las instituciones del Antiguo Régimen, incluida la Inquisición. Además, inició una persecución contra los liberales. No obstante, la restauración plena del Antiguo Régimen resultó inviable debido a los profundos cambios sociales y políticos ocurridos durante la guerra. En lugar de ello, Fernando VII instauró un despotismo ilustrado, gobernando con ministros afines.
La situación interna de España era crítica: la hacienda estaba en quiebra, el comercio colonial había colapsado y el descontento social creció debido a la reintegración de privilegios feudales. Esta crisis provocó sucesivos cambios de ministros y una fuerte oposición tanto de absolutistas como de liberales.
El descontento liberal y militar se tradujo en numerosos pronunciamientos fallidos, como los encabezados por el general Díaz Porlier en La Coruña y el general Lacy en Cataluña. Finalmente, en 1820, el coronel Rafael de Riego lideró una sublevación en Cabezas de San Juan (Sevilla) en defensa de la Constitución de 1812. La revuelta se extendió rápidamente, obligando a Fernando VII a jurar la Constitución y dando inicio al Trienio Liberal.
B. Trienio Liberal (1820-1823)
Durante este periodo, se reinstauró la Constitución de 1812 y se llevaron a cabo reformas políticas y económicas encaminadas a desmantelar el Antiguo Régimen. Sin embargo, el Trienio estuvo marcado por la constante agitación política y la oposición de los sectores absolutistas.
Por un lado, el rey se mostró hostil al gobierno liberal, utilizando su poder de veto y buscando apoyo extranjero para restaurar el absolutismo. Al mismo tiempo, se formaron partidas guerrilleras realistas en Navarra y Cataluña, y se produjo una sublevación de la Guardia Real, sofocada por la Milicia Nacional.
Dentro del propio gobierno liberal, surgieron divisiones entre:
- Moderados o doceañistas: partidarios de aplicar reformas de manera progresiva y de permitir cierta participación del monarca en el proceso legislativo.
- Radicales o veinteañistas: defensores de un cambio más rápido y profundo que buscaban limitar el poder del rey y ampliar las libertades.
El temor de las potencias europeas a que el liberalismo se expandiera llevó a la Santa Alianza a intervenir. En 1823, el Congreso de Verona encomendó a Francia la misión de restaurar el absolutismo en España. Los Cien Mil Hijos de San Luis, dirigidos por el duque de Angulema, invadieron España sin encontrar resistencia significativa. Fernando VII fue liberado y la Constitución abolida, comenzando la Década Ominosa.
C. Década Ominosa y Cuestión Sucesoria (1823-1833)
La restauración del absolutismo durante la Década Ominosa se caracterizó por una fuerte represión de los liberales, aunque con el tiempo el régimen se fue moderando debido a la crítica situación económica. Se llevaron a cabo algunas reformas financieras, como la creación del Banco Español de San Fernando y la Bolsa de Madrid, pero estas medidas no lograron satisfacer ni a liberales ni a absolutistas.
La tensión política culminó en 1830, cuando nació Isabel, hija de Fernando VII y su cuarta esposa, María Cristina de Nápoles. La cuestión sucesoria se desató debido a la existencia de una ley que impedía a las mujeres reinar si había herederos varones.
Para garantizar los derechos sucesorios de Isabel, Fernando VII promulgó y publicó la Pragmática Sanción de 1789, que permitía a las mujeres heredar el trono. Sin embargo, los absolutistas radicales, liderados por su hermano Carlos María Isidro, no aceptaron esta decisión, reivindicando sus derechos al trono.
En 1832, durante los sucesos de La Granja, los partidarios de Carlos intentaron aprovechar el delicado estado de salud del rey para anular la Pragmática Sanción, pero Fernando VII se recuperó y reforzó los derechos de Isabel. Tras su muerte en 1833, y debido a la minoría de edad de Isabel II, comenzó la Regencia de María Cristina, apoyada por los liberales. Este hecho provocó el estallido de la Primera Guerra Carlista, una guerra civil que enfrentó a los partidarios de Isabel (liberales) con los carlistas, defensores de Carlos María Isidro y el absolutismo radical.
La II República Española (1931-1933)
Proclamación y Gobierno Provisional
El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República Española tras la salida de Alfonso XIII. El contexto internacional estaba marcado por la crisis económica del 29, la inestabilidad democrática y el auge del fascismo y comunismo. El Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián formó el primer gobierno provisional. Ese mismo día, Francesc Macià proclamó la República Catalana Independiente, lo que condicionó la política autonómica posterior. Los primeros decretos ampliaron derechos individuales, proclamaron amnistía y proyectaron reformas agrarias, militares y laborales, además de un plan educativo gratuito, laico, obligatorio y mixto. Sin embargo, la crisis económica generó huelgas y conflictos con sectores conservadores, como el encabezado por el cardenal Segura, lo que afectó la imagen del nuevo régimen.
En junio de 1931 se celebraron elecciones constituyentes, ganando la coalición de socialistas y republicanos (excepto el Partido Radical de Lerroux). La Constitución de 1931 estableció una república democrática con sufragio universal (incluyendo a las mujeres), reconocía autonomías (pero no federación), y buscaba una redistribución de la riqueza y el estado del bienestar. Fue aprobada en diciembre y dio paso al primer gobierno constitucional, presidido por Manuel Azaña, con Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República.
El Bienio Reformista (1931-1933): Reformas y Reacciones
Este periodo fue el más reformista de la República. En el plano laboral, Francisco Largo Caballero impulsó medidas como el seguro de enfermedad, jornada de 8 horas, salario mínimo, vacaciones pagadas y derecho a huelga. La CNT no colaboró y lideró huelgas violentas, lo que generó desconfianza en la clase media.
La reforma militar (Ley Azaña) intentó reducir oficiales y garantizar lealtad al régimen. Muchos se acogieron al retiro, aunque figuras como Sanjurjo, Mola y Franco juraron fidelidad. Sin embargo, Sanjurjo conspiró y protagonizó un pronunciamiento fallido en Sevilla (1932), siendo condenado y luego exiliado.
La ambiciosa reforma agraria se articuló mediante la Ley de Bases de 1932 y la creación del Instituto de Reforma Agraria, que debía expropiar tierras con indemnización. La oposición vino de terratenientes y la nobleza, y la falta de recursos limitó su éxito: solo 10.000 campesinos recibieron tierras, agravando el descontento rural.
Se creó la Guardia de Asalto para el orden público. El problema religioso se agravó por acciones anticlericales como la quema de iglesias, lo que supuso la pérdida del apoyo de la Iglesia.
En educación, se centraron esfuerzos en la primaria, con dificultades por falta de infraestructuras y presupuesto. Se prohibió a las órdenes religiosas enseñar y se eliminó la asignatura de religión. La República impulsó la cultura con programas como las misiones pedagógicas y el teatro universitario (La Barraca), contando con el apoyo de intelectuales, escritores y artistas como Ortega y Gasset, Lorca, Picasso, Buñuel, entre otros. Las mujeres destacaron en política y cultura (Rosa Chacel, Carmen Conde, María Zambrano). Algunos intelectuales del 98, como Unamuno y Baroja, se sintieron desplazados, acusando al régimen de caer en la demagogia.
En el ámbito regional, se aprobaron estatutos de autonomía para Cataluña (1932) y el País Vasco (1936). Cataluña obtuvo un gobierno propio (Generalitat), parlamento y presidencia de Companys, aunque encontró oposición en la derecha.
Oposición Política y Fin del Bienio
En 1933 surgieron partidos de derechas como la CEDA (Gil Robles) y Falange (José Antonio Primo de Rivera). El gobierno enfrentó huelgas y disturbios, como el de Casas Viejas (Cádiz), donde una represión brutal a una revuelta anarquista —con incendios, ametrallamientos y fusilamientos— deterioró la imagen del régimen. Esto rompió la coalición republicano-socialista. Azaña dimitió y Alcalá Zamora convocó elecciones para noviembre de 1933.