Fernando VII: el Sexenio Absolutista (1814-1820)

El regreso de Fernando VII (1814)

Tras la Guerra de Independencia, los liberales esperaban que Fernando VII aceptara la Constitución de 1812. Los absolutistas aprovecharon su regreso para exigir la vuelta al absolutismo mediante el Manifiesto de los Persas. Fernando VII anuló la Constitución y las leyes de Cádiz mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814. Comenzó una dura represión: detenciones, ejecuciones y exilio de dirigentes liberales.

Vuelta al Antiguo Régimen

Se restauraron instituciones del Antiguo Régimen (régimen señorial e Inquisición). El contexto europeo favorecía el absolutismo: derrota de Napoleón, Congreso de Viena y Santa Alianza. España estaba devastada por la guerra: pérdida de población, agricultura arruinada, ganadería muy afectada y descenso del comercio y de la producción. La Hacienda real entró en bancarrota por falta de ingresos, costes militares en América y la interrupción del comercio transoceánico.

Aumento de la desafección social

Creció el descontento social pese a la represión. Los campesinos protestaron contra el regreso de rentas señoriales y diezmos. La burguesía urbana defendía la libertad económica frente a la rigidez del Antiguo Régimen. El absolutismo no supo resolver los problemas económicos ni frenar el independentismo americano.

Los pronunciamientos liberales

La restauración absolutista fue excluyente, y los liberales actuaron en la clandestinidad o en el exilio. Muchos se organizaron en logias masónicas y sociedades secretas. Exguerrilleros y militares sin empleo se unieron al movimiento liberal. Se produjeron pronunciamientos militares para restaurar la Constitución de 1812: fracasaron en varios intentos (1814-1817) y el éxito llegó con el pronunciamiento de Riego en 1820, que inició una nueva etapa liberal.

Las dificultades del reformismo

El regreso del absolutismo vino acompañado de una gran represión de la oposición y de algunos intentos fracasados por parte de los liberales. Se creó un cuerpo militar encargado de la persecución de los liberales. Se depuró la Administración y el ejército de presuntos liberales y se crearon comisiones de vigilancia. El ajusticiamiento de Mariana Pineda y el fusilamiento de Torrijos en 1831 fueron casos de represión fernandina.

En la política, la monarquía se hallaba ante la dicotomía de rechazar cualquier intento reformista liberal por temor al auge del liberalismo y, al mismo tiempo, la necesidad de adoptar los cambios propuestos por algunos ministros para asegurar el funcionamiento del Estado. Se propuso una amnistía para superar la coyuntura de violencia y una tímida reforma en la Hacienda. El gobierno se sentía amenazado tanto por los liberales como por los defensores más radicales del absolutismo.

La quiebra económica y los intentos de reforma

A partir de 1825, ante los graves problemas económicos —principalmente el déficit de la Hacienda, consecuencia de las pérdidas de las colonias americanas y la caída del comercio— el gobierno colaboró con el sector moderado de la burguesía. Las reformas fueron impulsadas por el ministro de Hacienda, López Ballesteros:

• Presupuestos anuales: estableció presupuestos con partida doble de ingresos y gastos para reducir la deuda. No afrontó una reforma fiscal profunda, ya que aumentaría la recaudación pero era imposible sin tocar los privilegios fiscales de la nobleza, principal apoyo del monarca.
• Código y legislación comercial: se impulsaron normas que facilitaron los intercambios y la creación de sociedades industriales y de inversión. Se promovió la creación de la Junta de Fomento de la Riqueza Pública y la Caja de Amortización de la Deuda.
• Banco de San Fernando: se creó el Banco de San Fernando, a partir del endeudado Banco de San Carlos; en él residían los ingresos del Estado y tenía el monopolio de la emisión de moneda.

El cambio fue mal visto por la parte más conservadora y tradicionalista de la corte (nobleza y clero), descontentos porque Fernando VII no había repuesto la Inquisición ni perseguido con mayor dureza a los liberales.

El conflicto dinástico

El nacimiento de una hija del rey (1830) dio lugar a un grave conflicto por la sucesión al trono. La Ley Sálica, implantada por Felipe V, impedía el acceso al trono a las mujeres. Sin embargo, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica para que su hija pudiera heredar el trono (Isabel II).

Se configuró un conflicto entre dos modelos de sociedad: los partidarios de Don Carlos, fuerzas del Antiguo Régimen, frente a quienes apoyaban la sucesión de Isabel. María Cristina se alió con sectores liberales para garantizar el acceso de su hija al trono; tras la enfermedad del rey fue nombrada regente y formó un gobierno de carácter reformista.

En 1833 Fernando VII murió. En su testamento reafirmó a su hija Isabel (de tres años) como heredera al trono y nombró regente a María Cristina hasta la mayoría de edad de su hija. Don Carlos se proclamó rey e inició un levantamiento absolutista en el norte de España: comenzó así la Primera Guerra Carlista.