1. Antecedentes

1.1. La caída de la monarquía y la proclamación de la República

Tras la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, el rey nombró jefe de Gobierno al general Berenguer, con el objetivo de celebrar elecciones legislativas y retornar a la situación constitucional anterior a 1923. Los partidos no monárquicos comenzaron a organizarse y firmaron el Pacto de San Sebastián, uniéndose republicanos, liberales, regionalistas y más tarde el PSOE, UGT y la CNT, con el objetivo de proclamar la República. Las protestas en las universidades, centros culturales y sindicales, junto a la incapacidad de Berenguer para preparar las elecciones, le hicieron dimitir. El rey nombró presidente del Gobierno al almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los principales partidos de la oposición, firmantes del Pacto de San Sebastián, consideraron las elecciones como un plebiscito entre monarquía o república; la coalición republicano-socialista venció en la mayoría de capitales de provincia. Esto provocó el exilio de Alfonso XIII, embarcando en Cartagena, y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.

1.2. El Gobierno provisional

Tras la proclamación del nuevo régimen, el comité revolucionario surgido del Pacto de San Sebastián estableció un Gobierno provisional de corte plural presidido por Niceto Alcalá Zamora, del partido Derecha Liberal Republicana, e integrado por ministros de los partidos firmantes del pacto. En estos primeros meses de República ya se dieron numerosos problemas: de orden público, el problema regionalista y el problema religioso debido al anticlericalismo de un sector de la población. Para solucionar el problema agrario, el ministro Francisco Largo Caballero propuso algunas reformas, como el decreto de Términos Municipales y el decreto de los jurados mixtos. La reforma militar fue también una de las más importantes por la exigencia del juramiento de fidelidad a la República.

2. LA CONSTITUCIÓN DE 1931

El Gobierno nombró una comisión constitucional presidida por Jiménez de Asúa. La Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas. Los principales puntos de discrepancia fueron:

• La cuestión religiosa: según la Constitución, España se constituía en una República laica, provocando la dimisión de los sectores católicos del Gobierno como Alcalá Zamora.
• La autonomía de las regiones: definiendo a España como un Estado “integral”, fórmula con la que se reconocía el derecho a la autonomía de las regiones del país, siendo necesaria la elaboración y aprobación de un Estatuto de Autonomía ratificado por las Cortes.

La Constitución definía a España como una “República democrática de trabajadores de toda clase”, estando la soberanía en el pueblo. Entre sus principales elementos podemos destacar:

• División de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, garantizando la constitucionalidad de las leyes y resolviendo conflictos entre el Estado y las regiones autónomas.
• Se aprueba el sufragio universal, reconociéndose el derecho al voto de las mujeres.
• Una amplia declaración de derechos y libertades.
• Se reconocía la propiedad privada.
• Se rechaza la guerra.
• Se declaraba el laicismo del Estado, legalizando divorcios y matrimonios civiles.

3. EL BIENIO REFORMISTA (diciembre de 1931 – noviembre de 1933)

Tras aprobarse la Constitución, se inició un nuevo gobierno con Manuel Azaña como presidente del Gobierno y Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien volvió tras su dimisión en octubre debido al anticlericalismo del Gobierno. El Gobierno impulsó un amplio programa de reformas:

1. La reforma agraria: la agricultura era muy importante para la economía española de la época, tanto por contribución a la renta nacional como por la mano de obra que empleaba.
2. La reforma educativa: el objetivo principal fue promover una educación primaria siendo laica, con un modelo de escuela mixta, obligatoria y gratuita.
3. La reforma militar: el objetivo era reducir el Ejército y hacerlo más funcional, ya que era un ejército arcaico y macrocéfalo.
4. Las reformas religiosas: se decretaron una serie de medidas dirigidas a la secularización del Estado, limitando el papel de la Iglesia.
5. Reformas autonómicas: reconocidas las autonomías por la Constitución, se aprobó el Estatuto de Cataluña en el que se reconocía a la Generalitat, gobierno autónomo compuesto por un Parlamento, un Consejo Ejecutivo y un presidente.
6. Reformas sociales y laborales: fueron iniciadas por el ministro Largo Caballero, favoreciendo la posición de los trabajadores y sindicatos.

4. EL BIENIO CONSERVADOR O RADICAL-CEDISTA (1933-1936)

Las elecciones dieron la victoria a los partidos de centro-derecha, siendo la CEDA el partido más votado, seguido por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Alcalá Zamora encargó la formación de gobierno a Lerroux. De este modo, los dos primeros gobiernos que se formaron estuvieron integrados en su mayoría por miembros del Partido Radical. El nuevo Gobierno estableció una política orientada a desmantelar toda la obra del bienio anterior. Así, se frenó la aplicación de la reforma agraria, estableciendo medidas para limitar su aplicación y restablecer la situación anterior a la misma.

Gil Robles asumió el ministerio de Defensa y recompensó a los militares antirrepublicanos con puestos clave, y se promulgó la Ley de Amnistía a los participantes de la sublevación de Sanjurjo contra la República de 1932. También se paralizó el proceso de las autonomías, considerándolas por la CEDA como una “desintegración de la Patria”, provocando tensiones al poner freno al Estatuto de Autonomía Vasco y enfrentamientos con Cataluña, presidida por Lluís Companys.

Esta política de rectificación y paralización de las reformas del bienio anterior originó la radicalización del PSOE, liderado por Largo Caballero e Indalecio Prieto, y del resto de partidos de izquierda.

2. EL DIRECTORIO MILITAR (15 de septiembre de 1923 – 3 de diciembre de 1925)

El Directorio Militar proclamó el estado de guerra durante dos años, sustituyendo a todos los gobernadores civiles por militares. Durante los dos años del Directorio Militar, estas primeras medidas mostraron su carácter dictatorial: suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, implantó la censura de prensa y prohibió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. Esta situación de Ley Marcial se prolongó durante dos años en los que se impuso el orden público con duras medidas represivas.

A los pocos días del golpe, Primo de Rivera, cuyas aspiraciones patrióticas colisionaron con las aspiraciones nacionalistas (tachadas de separatistas), cerró el periódico de la Lliga; suprimió la Mancomunidad de Cataluña y prohibió el uso de símbolos como la bandera, la lengua catalana en los actos oficiales o cantar “Els segadors”. Además, las autoridades civiles fueron cesadas, se prohibieron las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, y se suspendieron las garantías constitucionales relativas al habeas corpus y otras libertades o garantías, tales como el derecho de asociación y reunión.

Para luchar contra el caciquismo, el Directorio disolvió los ayuntamientos y diputaciones provinciales reemplazándolos por juntas de vocales designadas entre los mayores contribuyentes de la localidad y elaboró un estatuto municipal y otro provincial. Se reforzó el proteccionismo estatal en favor de la industria nacional y se fomentó la construcción de grandes obras públicas. Se trataba de un cuerpo paramilitar contrarrevolucionario y adicto al régimen que perseguía el anarcosindicalismo. Primo de Rivera creó un nuevo partido político, la Unión Patriótica, constituido formalmente en 1924; era un movimiento más que un partido, que incluso estaba dirigido por un militar. Se definía como un partido conservador, monárquico, nacionalista y católico. Era el único partido político legal y debía servir para consolidar su proyecto.

3. EL DIRECTORIO CIVIL (3 de diciembre de 1925 – 28 de enero de 1930)

Resuelto el problema del orden público y solucionada con éxito la “cuestión marroquí”, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por uno nuevo con entrada de civiles en el gobierno, lo que para muchos fue un intento de institucionalizar la Dictadura y permanecer en el poder. Se rodeó de políticos de derechas, salidos de la Unión Patriótica. En esta segunda fase, el Directorio Civil afirmó la voluntad de construir un régimen inspirado en las dictaduras autoritarias y de corte corporativo de la Europa de entreguerras.

En 1926, el dictador anunció la creación de una Asamblea Nacional Consultiva, encargada de elaborar el anteproyecto de una nueva Constitución. El sufragio universal quedó relegado al olvido, pero este simulacro de Parlamento no democrático mostró la diversidad de posiciones políticas que había entre los seguidores de la dictadura. Desde el punto de vista económico, la buena coyuntura económica internacional de los años veinte benefició a la Dictadura. Fueron años de política nacionalista y de dirigismo estatal que combinaron elementos intervencionistas con un impulso de las obras públicas, concediendo ayudas a las empresas que no pudieran competir con el exterior. Concedió grandes monopolios estatales, como el teléfono o el control del petróleo a CAMPSA. Esto supuso un déficit presupuestario y un gran endeudamiento del Estado, ya que estos monopolios estuvieron ligados a los grandes financieros, amigos personales del dictador.

Puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado, la integración de los sectores moderados del movimiento obrero y la represión de las fuerzas más radicales. A partir de 1923, la conflictividad descendió de forma importante hasta alcanzar cotas mínimas. Esto fue debido a la colaboración del Partido Socialista. Francisco Largo Caballero entró en el Consejo de Estado. La situación cambió a partir de 1927 cuando los socialistas se negaron a enviar representantes a la Asamblea Nacional Consultiva, triunfando la línea no colaboracionista en el congreso del partido de 1928.