Construcción y Consolidación del Estado Liberal en España (1833-1874): Monarquía, Constitucionalismo y Partidos Políticos

Contexto de Transición y Consolidación del Estado Liberal

El período que comprende el reinado de Isabel II es una etapa crucial de transición en España, pasando de una sociedad agrícola con fuertes vestigios feudales a otra de carácter liberal o capitalista, presidida por una monarquía parlamentaria. Esta transformación implicó la conversión de la propiedad de tipo feudal en propiedad privada capitalista, principalmente a través de la desamortización. Paralelamente, se crearon las estructuras financieras, industriales y las infraestructuras necesarias, como el ferrocarril, para modernizar el país.

La burguesía y la alta nobleza terrateniente fueron los principales agentes de esta transición, controlando el sistema político mediante el sufragio censitario. Este sistema, al exigir una renta mínima (generalmente alta) para poder votar, marginó a gran parte de la población, limitando la participación política a una élite.

El Constitucionalismo Liberal y sus Manifestaciones

Liberalismo y constitucionalismo estuvieron íntimamente unidos. Los Estados liberales se dotan de una Constitución o «Carta Magna» que constituye la base de la estructura del Estado, definiendo:

• El régimen político.
• La división de poderes y funciones de cada uno.
• La declaración de derechos y deberes del ciudadano.
• La forma de sufragio, entre otros aspectos.

Todas las leyes aprobadas debían adaptarse a este texto fundamental, es decir, ser «constitucionales». Durante el reinado de Isabel II, se aprobaron varias Constituciones y textos legales:

• El Estatuto Real de 1834 (una «carta otorgada»).
• La Constitución de 1837 (de corte progresista).
• La Constitución de 1845 (de corte moderado).
• La Constitución de 1856, conocida como la «non nata«, que fue aprobada pero no llegó a aplicarse.

Partidos Políticos y Dinámicas de Poder

La debilidad de la burguesía liberal, inicialmente dividida en dos partidos principales, el Moderado y el Progresista, propició la imposición de los sectores militares de ambos, conocidos como los «espadones» (Narváez, Serrano, O’Donnell). Incapaces de conseguir el poder exclusivamente por las urnas, estos militares utilizaron el pronunciamiento como arma política, especialmente los progresistas. La reina Isabel II, por su parte, apoyó la opción liberal moderada, a menudo por necesidad política.

Estos partidos eran de minorías o elitistas, ya que la gran mayoría de la población no podía votar y, por lo tanto, no participaba en la vida política. Estaban formados por la élite burguesa y las diferencias ideológicas entre moderados y progresistas eran, en muchos casos, mínimas.

A lo largo del reinado de Isabel II, surgieron nuevos partidos:

• El Partido Demócrata (1849): Escisión de los progresistas por la izquierda, partidarios del sufragio universal masculino, la soberanía popular, educación y sanidad pública, y más libertades, como la de culto.
• La Unión Liberal (1854): Fundada por O’Donnell, buscaba ocupar un espacio «de centro» entre moderados y progresistas.
• El Partido Republicano Federal (1868): Apareció durante el Sexenio Democrático, surgido de una escisión del Partido Demócrata.

Frente a los liberales, se consolidó el bloque tradicionalista en torno al Carlismo, defensor de la religión católica, los fueros y la monarquía absoluta. El enfrentamiento entre estos dos grandes bloques (liberales y carlistas) marcó todo el siglo XIX, con un total de tres guerras carlistas, produciendo en el país un estado latente de guerra civil. Este conflicto se vio salpicado, además, por los enfrentamientos internos entre los propios liberales, las revueltas populares y los continuos pronunciamientos militares. Sin duda, la Primera Guerra Carlista aceleró de forma irreversible el proceso de revolución liberal en España. Finalmente, la Revolución de 1868 destronaría a Isabel II.

Transformaciones Económicas: Del Antiguo Régimen al Capitalismo

En el ámbito económico, España experimentó una profunda transformación, pasando de un sistema anclado en el Antiguo Régimen a uno de corte capitalista, más acorde con el entorno europeo. En el campo, las reformas fueron significativas, eliminándose los vestigios del régimen señorial. Mediante las desvinculaciones y desamortizaciones, los bienes de los señoríos pasaron a ser propiedad privada de los señores, y los bienes de la Iglesia fueron vendidos en subasta pública, reconfigurando la estructura de la propiedad agraria.

La Minoría de Edad de Isabel II (1833-1843)

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

La Primera Guerra Carlista (1833-1839)

A la muerte de Fernando VII, los sectores favorables al absolutismo se negaron a reconocer a Isabel II como reina, sublevándose contra su viuda, María Cristina, quien ejercía la regencia debido a la minoría de edad de la reina (3 años). Los carlistas proclamaron como rey a Carlos María Isidro, dando inicio a una guerra civil que se libraría especialmente en el País Vasco y Navarra.

Los carlistas recibieron el apoyo de parte del clero, la nobleza, algunos mandos militares y de gran parte del pueblo receloso de los liberales y defensor de la tradición foral y el catolicismo. Del exterior, obtuvieron escasa ayuda de las potencias absolutistas (Rusia, Austria y Prusia). Por su parte, a la regente María Cristina la apoyaban el alto clero, el ejército, parte de la nobleza, los funcionarios y, en general, la población urbana. La ayuda exterior provino de Inglaterra y Francia. Es evidente que la regente se vio obligada a apoyarse en los liberales para mantener a su hija en el trono.

La guerra se inició con el levantamiento de partidas carlistas en el País Vasco y Navarra. Ante la inicial indiferencia liberal, el general Zumalacárregui organizó un ejército, mientras que Cabrera hacía lo mismo en Aragón y Cataluña. Los carlistas dominaban el campo, pero las ciudades permanecían fieles a la regente. El gran objetivo carlista fue la toma de Bilbao, asedio en el que murió el general Zumalacárregui (verano de 1835).

Dos hechos carlistas destacados marcaron la siguiente fase de la guerra: la Expedición del General Gómez, que atravesó gran parte del país, y la Expedición Real, en la que el pretendiente Carlos marchó sobre Madrid para negociar con la regente. Sin embargo, fracasó ante las tropas «cristinas» del general Espartero, y los carlistas se retiraron (septiembre de 1837). Tras el fracaso de la Expedición Real, la guerra comenzó a decantarse claramente del lado liberal.

Además, los carlistas se dividieron en dos bandos: unos que deseaban negociar con los liberales para terminar la guerra, y otros que querían continuar la lucha. Finalmente, el general Maroto (carlista) y Espartero firmaron la paz en el célebre Convenio de Vergara (1839). A cambio, los liberales prometieron mantener los fueros del País Vasco y Navarra e integrar a los mandos carlistas en el ejército real. Cabrera, sin embargo, continuó la guerra en el Maestrazgo, rindiéndose en julio de 1840.

El Inicio de las Reformas Liberales: El Estatuto Real de 1834

El primer gobierno de la regente fue confiado a Cea Bermúdez, quien aspiraba a restablecer el viejo sistema del Despotismo Ilustrado. Sin embargo, la Primera Guerra Carlista y el creciente descontento de los liberales hicieron ver a la regente la necesidad de acercarse a estos últimos. El gobierno fue entonces confiado a un veterano liberal «doceañista», Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real en 1834.

Este documento, una especie de «Carta Otorgada» por la Corona, no era una verdadera Constitución, sino un texto muy conservador. Sus características principales incluían:

• El rey detentaba el poder ejecutivo y compartía el legislativo con las Cortes.
• No se reconocía el principio de soberanía nacional.
• El sufragio censitario exigía una renta muy alta (12.000 reales), lo que significaba que solo el 0.15% de la población podía votar.

Las Cortes establecidas por el Estatuto Real eran bicamerales:

• El Estamento de Próceres: Nombrados por el rey con carácter vitalicio (grandes de España, obispos, altos cargos).
• El Estamento de Procuradores: Elegidos entre los ciudadanos de más de 30 años y con una renta mínima de 12.000 reales.