La crisis del Gobierno radical-cedista bloques antagónicos

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LA II REPÚBLICA:EL BIENIO RADICAL..


Las elecciones generales de noviembre de 1933 se desarrollaron en un ambiente de fuerte confrontación política entre la CEDA, los socialistas y anarquistas. Nacía además el partido de Falange Española liderado por José Antonio Primo de Rivera de ideología fascista.

El resultado significó el triunfo de la CEDA de Gil Robles y del Partido Radical de Lerroux mientras que los republicanos de izquierda y socialistas, quienes se habían presentado divididos, eran derrotados lo que suponía el desplazamiento del electorado a la derecha.

Los primeros gobiernos del centrista Partido Radical hasta octubre de 1934 presididos por Lerroux y Samper con el apoyo parlamentario de la CEDA comenzaron a modificar la política reformista del anterior gobierno en el ámbito religioso. También se realizaron rectificaciones en la legislación laboral y en la reforma agraria modificándose los jurados mixtos desplazando el poder hacia los empresarios y anulándose la ley de términos municipales siendo devueltas las tierras confiscadas a los terratenientes. Las Cortes aprobaron una ley de amnistía que perdonaba a los generales implicados en el intento golpista de 1932 como Sanjurjo.

Estas medidas provocaron la división en el Partido Radical escindiéndose la Unión Republicana de Martínez Barrios y la unión de los republicanos de izquierda en torno a la Izquierda Republicana liderado por Azaña.

Los propietarios agrarios incumplieron las reglamentaciones laborales y bajaron los salarios lo que provocó el inicio de una huelga general de campesinos que tuvo éxito en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia.

En verano de 1934 estalló un conflicto de competencias con la Generalitat de Cataluña. El Parlamento catalán, dominado por Esquerra Republicana aprobó la Ley de Contratos de Cultivo recurrida al Tribunal de Garantías Constitucionales quien la declaró inconstitucional. En el País Vasco se produjo el bloqueo de una nueva propuesta de estatuto de autonomía.

En octubre de 1934 la CEDA exigió entrar en el gobierno para continuar con su apoyo parlamentario lo que provocó la formación de un nuevo gobierno radical con la integración de tres ministros de la CEDA. Los republicanos de izquierda lo consideraron como una traición a la república y los socialistas iniciaron un levantamiento comenzando con la convocatoria de una huelga general en las principales ciudades cuya incidencia fue escasa salvo Cataluña y Asturias.

En Cataluña Lluis Companys, presidente de la Generalitat, proclamó la independencia quebrantando la legalidad, acción que no fue secundada. Tras un breve bombardeo de la Generalitat y el ayuntamiento la insurrección fracasaba.

En Asturias se produjo una auténtica revolución social entre el 5 y el 18 de octubre debido a una alianza obrera entre la UGT, CNT y los comunistas. Grupos de mineros armados ocuparon Avilés, Gijón y Oviedo adoptando medidas de represión contra los propietarios y el clero. El gobierno declaró el estado de guerra y recurrió al ejército de Marruecos el cual llevó a cabo una fuerte represión cuyo balance supuso más de un millar de muertos. En toda España se practicaron miles de detenciones como la de Azaña y quedó suspendida de forma indefinida la autonomía de Cataluña.

La represión originó la crisis del gobierno radical-cedista. Lerroux accedió a formar un nuevo gobierno con una mayoría de ministros de la CEDA convirtiéndose Gil Robles en ministro de Guerra. Este nuevo gobierno aceleró la rectificación de las reformas republicanas. Se desmontaron las reformas sociales y laborales, se anularon los jurados mixtos y fue aprobada la Ley para la Reforma de la Reforma Agraria. En la política religiosa se facilitó el retorno de los jesuitas y se devolvieron los bienes incautados y se aprobó de nuevo el presupuesto del clero. Gil Robles llevó a cabo una política de cambios en los mandos militares que fueron ocupados por generales de dudosa fidelidad a la república como Fanjul, Mola y Franco quien fue designado jefe del Estado Mayor. El Gobierno, además, planeó una futura reforma constitucional pero estalló una crisis en el Partido Radical a raíz de los escándalos de corrupción del straperlo y el asunto Nombela que le hizo caer.

Alcalá Zamora se negó a entregar el poder a Gil Robles e intentó crear un gran partido republicano de centro situando como presidente del gobierno a Portela Valladares. Pero sin apoyos parlamentarios Alcalá Zamora decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para febrero de 1936, las últimas de la segunda república.

La violencia política enfrentaba en la calle a grupos de extrema derecha y extrema izquierda. La campaña electoral fue tensa y la contienda se planteó entre una gran polarización política en torno a la izquierda y la derecha. Los partidos de izquierda constituyeron el Frente Popular, acuerdo entre los partidos republicanos de izquierda, socialistas y comunistas cuyo programa se basaba en la amnistía para los encarcelados tras la revolución de octubre y la recuperación de la política reformista. Las derechas y el centro se presentaron desunidas. La CEDA centró su programa en la revisión completa de la constitución mientras que el Bloque Nacional de Calvo Sotelo defendía la disolución del régimen y la instauración de un Estado totalitario.

Los resultados electorales arrojaron una victoria muy ajustada del Frente Popular aunque, debido a la ley electoral, obtuvo una amplia mayoría en el Parlamento. Alcalá Zamora encargó a Azaña que formara Gobierno compuesto solo por republicanos de izquierda ya que los socialistas rechazaron integrarse en un gobierno de coalición.

Las primeras medidas fueron dirigidas a la concesión de la amnistía general de los presos políticos por la que Lluis Companys fue repuesto como presidente de la Generalitat, restableciéndose la autonomía de Cataluña. Se obligó a los empresarios a readmitir a los obreros despedidos y se reanudó el proceso reformista. Comenzó una masiva ocupación ilegal de zonas de latifundio que el Instituto para la Reforma Agraria se limitó a legalizar lo que hizo que desde la derecha y los sectores más conservadores fuera percibido como una amenaza al orden social y regresó la confrontación entre la Iglesia y el gobierno.

Una vez constituidas las nuevas Cortes destituyeron al presidente de la república, Alcalá Zamora, rechazado tanto por la izquierda como por la derecha siendo sustituido por Azaña quien intentó crear un gobierno de coalición de republicanos y socialistas pero no se llegó a un acuerdo por lo que mandó formar gobierno republicano a Casares Quiroga.

Además del problema de orden público, otra preocupación para el gobierno era resolver la crisis económica pero los empresarios adoptaron una actitud hostil y las huelgas fueron en aumento. Aumentaron los conflictos, la violencia política, las huelgas y manifestaciones, los incendios de edificios religiosos y las ocupaciones de tierras que desbordaron al gobierno. En el PSOE triunfaron las posiciones revolucionarias mientras la CEDA entró en crisis cuando sus juventudes pasaron a engrosar las filas de la Falange. Calvo Sotelo, la prensa católica y la extrema derecha incitaban a los militares al golpe de Estado. Ante la creciente espiral de enfrentamientos violentos callejeros entre militantes de la extrema izquierda y extrema derecha el gobierno detuvo a José Antonio Primo de Rivera y cerró las sedes de Falange pero no frenó la violencia callejera ni los crímenes políticos.

Algunos militares antirrepublicanos comenzaron a conspirar desde el triunfo del Frente Popular mientras el gobierno trataba de desarticular el golpe de Estado trasladando al general Goded a Baleares, al general Mola a Navarra y a Franco, tras su destitución como jefe del Estado Mayor, a Canarias pero no sirvió para frenar el golpe y se acordó un alzamiento militar en manos del general Sanjurjo.

La sublevación contó con el apoyo de monárquicos alfonsinos, carlistas, falangistas y sus milicias y los carlistas. El general Mola se erigió en protagonista y fijó la fecha para mediados de julio. El asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio, como represalia por el asesinato del teniente Castillo aceleró el proceso y sumó al golpe a los indecisos como Franco. El 17 de julio comenzó la sublevación en Marruecos y al día siguiente se sumaron otras guarniciones de la Península. El fracaso de la rebelión militar derivó en una trágica y sangrienta guerra civil que duró tres años.

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