1. Introducción al Periodo (1833–1868): Del Antiguo Régimen a la España Liberal

El reinado de Isabel II (1833–1868) representa el tránsito fundamental de España del absolutismo a un Estado liberal moderno. La muerte de Fernando VII abrió una etapa de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Su hija Isabel, aún menor de edad, heredó el trono en medio de la oposición carlista, defensora del antiguo orden. Esta guerra civil simbolizó la lucha entre el pasado absolutista y el futuro liberal. Durante la regencia de María Cristina, la monarquía tuvo que apoyarse en los liberales para conservar el poder, lo que aceleró la instauración de un sistema constitucional. España, arruinada y con una economía estancada, emprendió reformas para su modernización: abolición de los señoríos, desamortizaciones y liberalización del comercio. Sin embargo, el proceso fue irregular y violento, marcado por pronunciamientos militares, crisis políticas y la alternancia entre moderados y progresistas. El liberalismo se consolidó jurídicamente, pero su aplicación práctica fue limitada y elitista. Las instituciones modernas nacieron sin una verdadera base democrática, reflejando las tensiones entre libertad y orden. Así, el periodo isabelino constituyó la génesis del Estado contemporáneo español, un proceso inacabado que combinó avances políticos con una fuerte inestabilidad estructural.

2. La Regencia de María Cristina y la Primera Guerra Carlista (1833–1840)

Durante la regencia de María Cristina, España vivió simultáneamente una guerra civil y una revolución institucional. La muerte de Fernando VII provocó la sublevación de los carlistas, que defendían la legitimidad de Carlos María Isidro y el absolutismo tradicional, mientras los liberales respaldaban a Isabel II. La contienda, que afectó sobre todo al norte peninsular, fue también un enfrentamiento entre dos modelos de Estado: uno foral y clerical frente a otro centralizado y constitucional. Para sostener su trono, la regente se apoyó en los liberales, primero moderados y luego progresistas, abriendo paso a importantes reformas. En 1834 promulgó el Estatuto Real, carta otorgada de inspiración conservadora, pero la presión popular la obligó a convocar Cortes constituyentes que elaboraron la Constitución de 1837, que afirmaba la soberanía nacional y reconocía libertades públicas. La desamortización eclesiástica de Mendizábal, decretada en 1836, buscó sanear la Hacienda y crear una clase de propietarios. La guerra concluyó con el Abrazo de Vergara (1839), que selló la derrota carlista y el triunfo del liberalismo. Sin embargo, las tensiones entre los distintos grupos liberales y la pérdida de apoyo político forzaron la abdicación de María Cristina en 1840. Su regencia fue, en definitiva, el inicio del Estado liberal español, aunque alcanzado en un contexto de profunda división nacional.

3. La Regencia de Espartero (1840–1843): Triunfo y Crisis del Progresismo

La regencia del general Baldomero Espartero simbolizó el triunfo del progresismo, pero también su rápido desgaste. Héroe de la paz de Vergara y defensor del liberalismo popular, asumió el poder con gran prestigio, pero su gobierno pronto mostró un fuerte autoritarismo. Su política económica, de carácter librecambista, favoreció la importación de productos británicos, lo que perjudicó a la incipiente industria española y desató protestas, especialmente en Cataluña. En 1842, la revuelta de Barcelona fue reprimida con el bombardeo de la ciudad, gesto que dañó irreversiblemente su imagen. Espartero intentó mantener la estabilidad a través del control militar, pero su falta de consenso político debilitó al régimen. Los progresistas se fragmentaron, mientras los moderados reorganizaron sus fuerzas con el apoyo de Narváez. En 1843, las guarniciones militares se sublevaron en varias provincias, forzando a las Cortes a proclamar la mayoría de edad de Isabel II, con tan solo trece años, para poner fin a la regencia. Espartero se exilió, dejando tras de sí un balance ambiguo: consolidó el liberalismo frente al absolutismo, pero gobernó sin un verdadero espíritu democrático. Su caída marcó el retorno de los moderados y el inicio del orden conservador.

4. La Mayoría de Edad de Isabel II y la Consolidación del Sistema Liberal (1843–1845)

Con la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II se abrió una nueva etapa política dominada por los moderados, bajo la dirección de Narváez. Su proyecto consistía en crear un Estado fuerte y centralizado que garantizara el orden frente a las turbulencias anteriores. En 1844 se fundó la Guardia Civil, cuerpo encargado de mantener la seguridad rural y consolidar la autoridad del Estado. La administración local fue reformada: los gobernadores civiles y alcaldes, nombrados por el gobierno, limitaron la autonomía municipal. En 1845 se aprobó una nueva Constitución que sustituyó a la de 1837, reduciendo los derechos políticos y restringiendo el sufragio al 1% de la población. La soberanía pasó a ser compartida entre el rey y las Cortes, reforzando el poder de la Corona. En el ámbito económico, se fomentaron la desamortización de Madoz y la mejora de las comunicaciones para impulsar un mercado nacional. El Concordato de 1851 con la Santa Sede restableció las relaciones con la Iglesia, devolviéndole influencia educativa y moral. Aunque esta etapa estabilizó el país y consolidó el Estado liberal, también instauró un régimen oligárquico y autoritario. El liberalismo español avanzó en la forma, pero no en la democratización efectiva del poder.

5. Las Constituciones de 1837 y 1845: El Marco Jurídico del Liberalismo

Las constituciones de 1837 y 1845 reflejan la lucha ideológica entre el liberalismo progresista y el moderado.

5.1. La Constitución de 1837 (Progresista)

Fue fruto del triunfo popular del Motín de La Granja. Proclamaba la soberanía nacional, la división de poderes y amplias libertades públicas. Establecía una monarquía constitucional con Cortes bicamerales, sufragio censitario más amplio y derechos como la libertad de imprenta y de asociación. Representaba un intento de conciliar el ideal liberal con la realidad española.

5.2. La Constitución de 1845 (Moderada)

Redactada por los moderados, limitó esas conquistas: restringió el voto, reforzó la autoridad real y subordinó los derechos individuales a las leyes ordinarias. La soberanía pasó a ser compartida entre el rey y las Cortes, y el Senado fue de designación regia. Se impuso un modelo centralista y jerárquico, que garantizaba la estabilidad política a costa de la participación ciudadana.

Ambas constituciones fueron expresión de su tiempo: la de 1837 simbolizó la apertura y el reformismo, mientras la de 1845 encarnó el orden y el conservadurismo. En conjunto, establecieron las bases jurídicas del Estado liberal español, pero también su carácter elitista y su permanente inestabilidad política.

6. La Década Moderada (1844–1854): La Construcción del Estado Centralizado

La Década Moderada fue el periodo de hegemonía del partido moderado y de consolidación del Estado liberal centralizado bajo la figura del general Narváez. Tras la inestabilidad de las regencias y de la etapa progresista, los moderados se propusieron restablecer el orden, reforzar la autoridad del poder ejecutivo y limitar la participación política. Inspirados en el liberalismo doctrinario francés, concibieron un Estado jerárquico, centralizado y controlado por una élite social.

Reformas clave de la Década Moderada:

• Administración Local: En 1845 se promulgó la Ley de Administración Local, que suprimió la autonomía municipal y otorgó al gobierno la facultad de nombrar alcaldes.
• Hacienda: La reforma fiscal de Alejandro Mon (1845) estableció un sistema tributario moderno, basado en impuestos directos e indirectos, aunque perjudicial para las clases populares.
• Orden Público: Se creó la Guardia Civil en 1844, destinada a mantener la seguridad en las zonas rurales y garantizar la estabilidad del régimen.
• Religión: El Concordato de 1851 con la Santa Sede puso fin a los conflictos con la Iglesia, que recuperó su papel en la educación y en la vida moral.

Aunque la Década Moderada trajo cierta estabilidad, esta se sustentó en la censura, el fraude electoral y el caciquismo. El poder político quedó reservado a una minoría de propietarios, mientras la reina intervenía activamente en los asuntos del gobierno. La crisis económica, la corrupción y la exclusión política desembocaron en el descontento popular que estallaría en 1854 con la Revolución del Bienio Progresista.

7. El Bienio Progresista (1854–1856): Reforma y Esperanza

El Bienio Progresista fue un intento de regenerar el liberalismo español frente al inmovilismo del régimen moderado. Comenzó con el Manifiesto de Manzanares (1854), redactado por Cánovas del Castillo y firmado por el general O’Donnell, que reclamaba reformas políticas, la purificación administrativa y la ampliación del sufragio. La revolución triunfante llevó al poder a una coalición encabezada por Espartero, símbolo del liberalismo popular, y O’Donnell, representante de los sectores más pragmáticos. El nuevo gobierno convocó Cortes Constituyentes para redactar la Constitución de 1856, conocida como “non nata” por no llegar a promulgarse, pero que representaba el programa progresista más avanzado: soberanía nacional, ampliación del voto censitario, libertad de imprenta, asociación y culto privado.

Avances económicos y sociales:

• Desamortización: La Ley de Desamortización General de Madoz (1855) extendió la venta de bienes eclesiásticos y comunales.
• Infraestructura: La Ley de Ferrocarriles impulsó la expansión ferroviaria y la inversión extranjera.

Estas medidas modernizaron la economía, aunque aumentaron la desigualdad social. Las huelgas de 1855, especialmente en Cataluña, mostraron la aparición del movimiento obrero y el conflicto entre capital y trabajo. La división entre Espartero y O’Donnell, y el temor de las élites a la agitación social, precipitaron el fin del Bienio con el golpe de 1856. Pese a su corta duración, este periodo dejó un legado de esperanza reformista y un precedente de modernización democrática frustrada.

8. La Crisis Final del Reinado (1856–1868): La Unión Liberal y el Ocaso del Sistema

Tras el fin del Bienio Progresista, O’Donnell impulsó la Unión Liberal, un partido que pretendía reconciliar orden y progreso, superando la división entre moderados y progresistas. Su gobierno, iniciado en 1858, trajo cierta estabilidad política y prosperidad económica. Se fomentó el crecimiento del ferrocarril, las obras públicas y el comercio exterior, mientras la industria minera y colonial experimentaba una expansión notable. En política exterior, España participó en expediciones militares en Marruecos, Cochinchina y México, buscando recuperar prestigio internacional. Sin embargo, la aparente estabilidad ocultaba un sistema político oligárquico y corrupto. El sufragio seguía restringido, las elecciones eran manipuladas mediante el caciquismo y la monarquía intervenía constantemente en los gobiernos. Isabel II, influida por camarillas cortesanas, favorecía la inestabilidad con su favoritismo político. A partir de 1863, la Unión Liberal se fracturó y el país entró en una crisis múltiple: económica, social y política. La crisis financiera de 1866 agravó el malestar, provocando motines y huelgas. Ese mismo año, el Pacto de Ostende unió a progresistas, demócratas y republicanos con el objetivo de destronar a la reina. La insurrección militar de Cádiz en 1868, dirigida por Topete, Prim y Serrano, desencadenó la Revolución Gloriosa. La derrota de las tropas reales en Alcolea obligó a Isabel II a exiliarse en Francia, poniendo fin a un régimen agotado, que había fracasado en su intento de construir un liberalismo estable y representativo.

9. El Sexenio Democrático en Perspectiva (1868–1874)

La Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, fue la consecuencia lógica del desgaste político del régimen isabelino. Liderada por los generales Prim y Serrano, junto al almirante Topete, la insurrección derribó a la reina e inauguró el Sexenio Democrático, primer intento de implantar en España un sistema verdaderamente liberal y representativo. El Gobierno Provisional proclamó amplias libertades y convocó Cortes por sufragio universal masculino, una novedad histórica. La Constitución de 1869, una de las más avanzadas del siglo XIX, reconoció la soberanía nacional, la separación de poderes y los derechos fundamentales: libertad de cultos, reunión, prensa y enseñanza. Se instauró una monarquía democrática, cuyo trono fue ofrecido a Amadeo de Saboya, elegido en 1870. Sin embargo, el nuevo régimen heredó una sociedad dividida y un Estado débil. Las tensiones entre monárquicos, republicanos y carlistas, junto con las dificultades económicas, impidieron su consolidación. El Sexenio fue breve e inestable, pero representó un momento decisivo en la historia política española: por primera vez, la ciudadanía participaba activamente en la vida pública. Fue el intento más serio de transformar el liberalismo doctrinario en un sistema democrático, anticipando las aspiraciones de libertad y justicia que marcarían el futuro de España.

10. Síntesis y Balance del Liberalismo Isabelino

El reinado de Isabel II fue un laboratorio político donde se construyeron las bases del Estado contemporáneo español. Durante estos 35 años, España pasó del absolutismo a un régimen liberal con constitución, parlamento, administración centralizada y sistema fiscal moderno. Las reformas de carácter burgués transformaron la propiedad de la tierra y consolidaron una nueva clase dominante, aunque sin eliminar la desigualdad social. El liberalismo isabelino, sin embargo, fue excluyente: el sufragio censitario y el caciquismo redujeron la participación política, mientras el ejército y la reina se erigían en árbitros del poder. Las constantes crisis y pronunciamientos reflejaron la fragilidad del sistema. Ideológicamente, el periodo osciló entre el progresismo reformista y el moderantismo autoritario, sin lograr una estabilidad real. A pesar de sus limitaciones, esta etapa sentó las bases de la modernización económica y administrativa, con la expansión ferroviaria, la unificación del mercado y el fortalecimiento del Estado. Su mayor fracaso fue no convertir las libertades legales en derechos efectivos, generando un divorcio entre Estado y sociedad. Como escribió Emilio Castelar, “España tenía leyes de libertad, pero no libertad”. En suma, el liberalismo isabelino fue la transición decisiva entre el Antiguo Régimen y la modernidad, una revolución incompleta que dejó las raíces tanto del progreso como de las crisis del futuro político español.