Localización del Documento

Este texto es un documento histórico primario, ya que fue redactado en el momento en que ocurrieron los hechos.

Por su forma, se trata de una ley, pues establece normas y sanciones.

Según su temática, es un texto de naturaleza jurídico-política, dado que combina disposiciones legales con decisiones de índole política.

Su autoría es colectiva, correspondiendo al gobierno de la época.

Está dirigido a un amplio colectivo y su propósito es público, buscando la máxima difusión de su contenido.

El documento fue promulgado en Madrid el 13 de febrero de 1939.

Examen Detallado del Contenido

Previo al examen del texto, es pertinente aclarar dos términos clave: «subversión roja», denominación empleada por el bando franquista para referirse a quienes no secundaron el golpe militar de 1936, y «Movimiento Nacional», término con el que se identificaba a los partidarios de dicho golpe de Estado.

El tema central del texto es la articulación de un marco legal para regular la situación de aquellas personas que no apoyaron el régimen de Franco. El contenido se estructura en torno a cuatro ejes fundamentales:

1. Objetivo de la Ley

Se plantea como finalidad «eliminar las culpas» de aquellos a quienes el régimen franquista consideraba responsables del conflicto bélico, señalando a republicanos, partidos de izquierda y sindicatos obreros. No obstante, la historiografía ha establecido que la responsabilidad principal recayó en los instigadores del golpe.

2. Composición de los Tribunales

Se detalla la conformación de los órganos judiciales encargados de aplicar la ley, integrados por miembros del Ejército, magistrados, y representantes de la Falange (partido de ideología fascista) y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, afines al régimen). Todos estos componentes pertenecían al bando sublevado.

3. Definición de Responsabilidad Política

El artículo primero imputa responsabilidad a quienes, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1934 (fecha de la Revolución de Asturias) y el 18 de julio de 1936 (inicio del alzamiento militar), hubieran defendido la República o se hubieran opuesto al golpe. Asimismo, se extiende la responsabilidad a aquellos que combatieron contra las fuerzas franquistas durante la Guerra Civil y a quienes posteriormente no se adhirieron al nuevo régimen.

4. Sanciones y Proscripciones

El artículo segundo ilegaliza a todos los partidos integrantes del Frente Popular, a los movimientos nacionalistas (como los catalanes y vascos) y a cualquier organización considerada contraria al franquismo. El artículo tercero establece las consecuencias de estas responsabilidades, que incluyen la pérdida de derechos y la confiscación de bienes para las personas y entidades señaladas, evidenciando el carácter punitivo del régimen hacia la disidencia.

Contexto Histórico

Durante el mandato del Frente Popular (coalición de partidos de izquierda), sectores de la extrema derecha (como la Falange y los carlistas), junto con los generales Sanjurjo, Mola y Franco, conspiraron y ejecutaron un golpe de Estado.

El 17 de julio de 1936 se inició la sublevación militar, que contó con apoyo civil. El fracaso parcial del golpe en ciudades clave y la incapacidad de tomar Madrid desembocaron en una cruenta Guerra Civil.

El conflicto enfrentó al bando sublevado (franquista) contra el bando republicano (defensor de la legalidad gubernamental). Progresivamente, las fuerzas de Franco fueron ocupando territorios como Guipúzcoa, Bizkaia, Asturias, Cataluña y, finalmente, Madrid, concluyendo la guerra el 1 de abril de 1939.

Las secuelas de la contienda fueron de extrema gravedad:

• Políticas: Supuso el fin de la democracia y la instauración de una dictadura de inspiración fascista, caracterizada por una represión sistemática y brutal que se prolongó durante cuatro décadas. La ley objeto de este estudio fue uno de los principales instrumentos de dicha represión.
• Económicas: La devastación bélica y el aislamiento internacional condujeron a una profunda crisis de subsistencia y hambruna. Para hacer frente a esta situación, España adoptó una política de autarquía (autosuficiencia económica), implementando cartillas de racionamiento para productos básicos, lo que fomentó la aparición de un extenso mercado negro (conocido como estraperlo).
• Demográficas: Se estima que más de 600.000 personas perdieron la vida como resultado directo de la guerra y la represión subsiguiente, mientras que alrededor de 200.000 ciudadanos se vieron forzados al exilio.
• Culturales: Se produjo una irreparable pérdida en el ámbito cultural. Numerosos intelectuales, artistas y pensadores fueron perseguidos o tuvieron que exiliarse, sumiendo a España en un yermo intelectual que persistió hasta finales de la década de 1950.

Consideraciones Finales

Esta legislación se erigió como uno de los pilares de la represión política durante la dictadura franquista, constituyendo un claro ejemplo de la vulneración de los derechos fundamentales, tal como se conciben en los ordenamientos democráticos.

Un aspecto crucial de esta ley fue su carácter retroactivo, lo que significaba que sancionaba conductas y hechos acaecidos con anterioridad a su propia promulgación.

Además, la ley fusionaba en un mismo marco la responsabilidad de personas físicas (individuos) y personas jurídicas (organizaciones, partidos políticos), imponiendo sanciones de extrema gravedad que carecían de precedente en la legislación previa.

Facultaba la condena de personas desaparecidas o que se encontraban en imposibilidad de ejercer su derecho a la defensa.

Finalmente, instauraba un sistema de justicia excepcional, contrario a la tradición jurídica establecida, al permitir la transmisibilidad de las multas o sanciones: en caso de fallecimiento del sancionado, sus descendientes o herederos debían asumir el pago de las mismas.