La Transición Española: Del Franquismo a la Democracia (1975-1982)
Crisis del Régimen de Franco
El sistema político franquista no podía sostenerse después de la muerte de Franco. Los españoles pedían un cambio. Las causas de la crisis en el sistema fueron:
- Institucionales: Franco detentaba la suprema potestad y las funciones del gobierno.
- Políticas: El rey no quería el continuismo.
- Socioeconómicas: La sociedad española tenía una estructura de los sectores de población similar a la de los países europeos de regímenes democráticos y se aspiraba a que también ocurriera lo mismo con su sistema político.
- Exteriores: Las presiones de los EE. UU. y de la Iglesia, con la influencia del Vaticano, dificultaban la pervivencia del franquismo sin Franco.
Opciones Políticas Tras la Muerte de Franco
El problema de la continuidad del régimen franquista estaba ligado a la cuestión sucesoria. Franco designó a Juan Carlos como sucesor. Después de la muerte de Franco se presentaban tres alternativas políticas:
- Inmovilista: Partidarios de mantener el régimen sin cambios.
- Aperturista o Reformista: Defensores de cambios graduales dentro del marco legal franquista.
- Rupturista: Proponentes de una ruptura total con el régimen anterior y el establecimiento inmediato de una democracia.
La muerte de Franco marca el inicio de una nueva etapa en España: la transición a la democracia.
La Opción Reformista de Juan Carlos I
Juan Carlos fue nombrado rey de España el 22 de noviembre de 1975. La nueva monarquía le aseguraba el control del Estado: el ejército, la administración y las fuerzas del orden público, quienes esperaban una monarquía autoritaria que mantuviera lo esencial del franquismo, aunque con algunas reformas graduales. La oposición exigía cambios rápidos y significativos.
Los primeros actos del nuevo rey estuvieron dirigidos a tranquilizar a los sectores franquistas, incluido el ejército, y a la oposición, lo que explica:
- La continuidad de Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno.
- El inicio de contactos con la oposición y con destacados líderes de países europeos, con el objetivo de conseguir llegar hacia la democracia.
Arias Navarro comenzó una reforma, pero las protestas contra el gobierno y el malestar social fueron evidentes: huelgas, manifestaciones políticas y protestas que aumentaron la inestabilidad del país.
La oposición se unificó en un solo órgano, denominado Coordinadora Democrática, en torno a unos objetivos comunes:
- La liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados.
- El restablecimiento de los derechos humanos y de las libertades políticas.
- La recuperación de los derechos autonómicos de las distintas nacionalidades y regiones del Estado español.
- La elaboración de una Constitución.
El rey forzó la dimisión de Arias Navarro.
El Gobierno de Adolfo Suárez y el Inicio de la Reforma Política
El rey nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez. La oposición interpretó este nombramiento como un freno al proceso de reforma, mientras que los franquistas lo veían demasiado reformista.
Un paso fundamental para el establecimiento de un sistema democrático era la legalización de todos los partidos políticos de la oposición. El PSOE fue legalizado antes de finalizar el año 1976. El PCE en 1977, ante las fuertes presiones ambientales y la petición personal del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, que volvió de su exilio.
La situación volvió a crisparse, pero Suárez continuó negociando con la oposición medidas como:
- La disolución del Tribunal de Orden Público.
- La disolución del Sindicato Vertical.
- La disolución del propio Movimiento Nacional.
- La ampliación de la amnistía.
- La convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes.
Las Elecciones a Cortes Constituyentes (1977)
Garantizada la pluralidad política, los partidos se prepararon para las primeras elecciones democráticas. Además de los partidos políticos clandestinos, ya legalizados, concurrieron otros grupos políticos nuevos, integrados en coaliciones como la creada por Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD), que incorporaba grupos democristianos, liberales y socialdemócratas; o Alianza Popular, formada por antiguos franquistas y partidarios de la reforma, que se decantaba hacia la derecha.
En las elecciones del 15 de junio de 1977, el electorado español apoyó la estabilidad de los que habían apoyado la reforma. La UCD obtuvo una mayoría relativa, seguida muy de cerca por el PSOE. En cambio, los grupos nacionalistas del País Vasco y Cataluña obtuvieron unos resultados que pronosticaban su protagonismo futuro.
El gobierno de la UCD y las Cortes surgidas de las elecciones se enfrentaron a dos retos históricos fundamentales:
- Atajar la crisis económica y definir un nuevo sistema de relaciones laborales.
- Construir un nuevo marco político democrático a través de una Constitución.
Los Pactos de la Moncloa (1977): Consenso Económico
Como consecuencia de la grave crisis económica de 1973, la inflación, el incremento del déficit público, el aumento del paro y la inexistencia de una política fiscal adecuada, impedían afrontar los problemas y corregir los desequilibrios. Dada la situación, se firmaron los Pactos de la Moncloa, cuyas consecuencias fueron:
- La moderación de los salarios, ajustándose estrictamente al aumento del coste de vida.
- La reducción de la inflación y del déficit exterior.
- Se aprobaron la “Ley de medidas urgentes” para la reforma fiscal, que acabó con el sistema tributario franquista, y la ley que reestructuraba la Seguridad Social y creaba el INEM.
La Democracia Amenazada (1979-1982)
A partir de 1977, ETA intensificó su actividad. Su acción armada se complementó con la actividad política de Herri Batasuna. El objetivo de estas organizaciones terroristas era minar la credibilidad de la naciente democracia y provocar la actitud golpista de las fuerzas armadas, contra quienes iban dirigidos especialmente sus atentados.
La Constitución de 1978
El primer paso hacia la elaboración de la Constitución fue la creación de una ponencia para su redacción, integrada por diputados de diferentes partidos que decidieron tomar la vía del consenso. Los acuerdos no fueron fáciles en temas como la educación, la libertad religiosa, el aborto, el divorcio, la pena de muerte, el sistema electoral, etc. Fueron 16 meses de discusiones que alumbraron una Carta Magna, cuyas principales normas son las siguientes:
- Define al Estado español como un “Estado social y democrático de Derecho”, y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político.
- Promulga una amplia declaración de derechos y libertades.
- Define al sistema político español como una monarquía parlamentaria.
- Introduce la división de poderes: el Legislativo correspondería a las Cortes; el Ejecutivo al gobierno; y el Poder Judicial a los jueces y magistrados coordinados por el Tribunal Supremo.
- La descentralización del Estado; y la organización del nuevo Estado autonómico.