1. Orígenes del Conflicto Dinástico y las Guerras Carlistas

A la muerte de Fernando VII se produjo un enfrentamiento entre los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del difunto rey, favorables al absolutismo y defensores de las tradiciones, llamados carlistas, y los partidarios de Isabel, hija y legítima heredera, los isabelinos o cristinos, ya que ante la minoría de edad de Isabel II se estableció la regencia de María Cristina. El conflicto dinástico llevó a una sangrienta guerra civil.

2. La Primera Guerra Carlista (1833-1839)

2.1. Inicio y Desarrollo del Conflicto

Los enfrentamientos entre carlistas y liberales tuvieron tres episodios destacados en el siglo XIX: las tres Guerras Carlistas. La Primera Guerra Carlista (1833-1839) se inició con el levantamiento de partidas carlistas en el País Vasco y Navarra. Pronto controlaron el medio rural, aunque ciudades como Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona permanecieron fieles a Isabel II y al liberalismo.

La inicial vacilación del gobierno permitió a los carlistas, con gran apoyo popular, organizar la guerra mediante guerrillas. El general Tomás Zumalacárregui organizó un ejército en territorio vasco-navarro, y el general Ramón Cabrera unificó las partidas aragonesas, catalanas y valencianas. Don Carlos entró en España y se puso al frente del ejército, dirigiéndose hacia Madrid, objetivo que no consiguió. La muerte de Zumalacárregui en 1835, durante el sitio de Bilbao, inició una reacción liberal y comenzó a decantar el resultado final del conflicto a favor de los isabelinos. El general Baldomero Espartero venció a las tropas carlistas en Luchana en 1836.

2.2. El Ejército Español Previo al Conflicto

Antes de pasar al desarrollo de la guerra, conviene conocer el estado del Ejército español en los años previos al conflicto. En 1828 se reorganizó el Ejército español, manteniendo una fuerza permanente de 65.000 hombres, a la que había que añadir alrededor de 50.000 hombres en fuerzas diversas, hasta alcanzar un total de 115.000 hombres. Se había creado un cuerpo nuevo, los Voluntarios Realistas, de fuerte carácter absolutista, que tuvo su nacimiento tras el Trienio Liberal. Esta fuerza, cercana a 120.000 hombres, fue depurada convenientemente durante los últimos años del reinado fernandino con la clara intencionalidad de disminuir los posibles apoyos que el pretendiente Carlos María Isidro pudiera encontrar en caso de un conflicto por la sucesión. En esta limpieza de la tropa absolutista se encuentra la razón por la que la mayor parte del Ejército se mantuvo al lado de la reina gobernadora y de su hija en 1833.

2.3. Composición de los Ejércitos Beligerantes

De cualquier modo, las tropas regulares del Ejército español eran insuficientes para hacer frente a una insurrección armada. Se hizo necesario recurrir a las quintas, movilizándose así más de 300.000 hombres, junto con un número indeterminado de mercenarios y de cuerpos francos. El resultado final fue el levantamiento de la sorprendente cifra de casi medio millón de soldados, en una España de 13 millones, para sostener la causa de Isabel II. Una fuerza considerable pero no del todo fiable, pues al menos 60.000 de estos hombres se pasarían al bando carlista, pero que se aprovechaba de la estructura de mando y organización ya existentes, a diferencia de los carlistas que tenían que partir de la nada.

Por lo que se refiere al ejército rebelde que levantó Don Carlos, este resultó más heterodoxo. Se componía de tres cuerpos de ejército, además de las partidas de guerrilleros:

• Tomás de Zumalacárregui en el Norte: organizó un verdadero y efectivo ejército a partir de las desorganizadas partidas guerrilleras en 1834.
• La zona del Maestrazgo: donde se agruparon partidas guerrilleras hasta formar un ejército en 1836 bajo el mando del General Cabrera.
• En Cataluña: con la llegada del Conde de España se mantuvo una fuerza operativa hasta 1838.

A este contingente se han de sumar las partidas repartidas por la casi totalidad de España. La guerra fue larga y dura, con un balance de muertos próximo a los 200.000 entre combatientes y civiles, y un coste de 4.400 millones de reales, cantidad igual a los ingresos generados por la desamortización de bienes inmovilizados.

2.4. Fin de la Guerra y el Convenio de Vergara

La larga duración de la guerra y las diferentes facciones que integraban los dos bandos enfrentados llevaron a la desunión. Así, los liberales, al tiempo que luchaban contra el absolutismo, se entretenían enfrentándose entre moderados y progresistas. Los carlistas también se desunieron entre los que eran partidarios de llegar a acuerdos con la reina gobernadora (transaccionistas), y aquellos que se negaban (apostólicos o intransigentes).

En el verano de 1839, el General Rafael Maroto, jefe de las tropas carlistas, negoció con el General Espartero los detalles del que se conocería como Convenio de Vergara (o Abrazo de Vergara), que hizo que más de la mitad del ejército de Don Carlos entregara las armas. Solo Cabrera resistió en el Maestrazgo hasta la caída de Morella. Carlos y sus últimos defensores se dirigieron al exilio a Francia.

Mediante el Convenio de Vergara (1839), los generales Maroto y Espartero firmaron la paz, y acordaron mantener los fueros en las provincias vascas y Navarra e integrar a la oficialidad carlista en el ejército liberal. Las partidas de los intransigentes, dirigidas por Cabrera, continuaron la guerra en la zona del Maestrazgo aragonés hasta su total derrota en 1840.

2.5. Participación Extranjera en el Conflicto

Es interesante conocer la participación extranjera en el conflicto. En esta época, el Absolutismo, recientemente restaurado por el Congreso de Viena, era mayoritario en Europa. A pesar de ello, algunos países como Inglaterra, Portugal o Francia, con gobiernos más o menos liberales, apoyaron a Isabel y al ejército cristino, mientras que Rusia, Prusia y Austria se situaron junto al pretendiente Don Carlos. Los liberales enviaron tropas a España, que sumarían un total de 30.000 a lo largo de toda la guerra, y sin una participación decisiva. Los apoyos de Don Carlos fueron de carácter económico, aunque algunos aristócratas participaron como voluntarios a título personal. Las flotas inglesa y francesa ejercieron un bloqueo para evitar la llegada de suministros a los rebeldes.

3. La Construcción del Estado Liberal en España (1833-1874)

3.1. La Revolución Liberal y la Regencia de María Cristina

Para hacer frente a la presión absolutista que apoyaba la candidatura de Carlos al trono, la reina regente, María Cristina, hubo de satisfacer una serie de reformas que garantizasen la aproximación de los liberales más moderados. El proceso iniciado en 1833 explica la instalación en España del régimen liberal. Los primeros documentos de rango constitucional se sucedieron durante la guerra civil que enfrentó a carlistas e isabelinos (Estatuto Real, 1834 y Constitución, 1837). En esta primera etapa, los elementos que protagonizaron el período comenzaron a posicionarse y a desempeñar un papel esencial: la burguesía y el Ejército, quienes serían los actores de todos los movimientos revolucionarios.

La Guerra Carlista alcanzó un protagonismo singular, no solo en su vertiente política, sino también en la económica con la desamortización de los bienes del clero, combinándose una necesidad de recursos para sufragar los gastos de la guerra y resolver los problemas de la Hacienda pública con un castigo al Clero que apoyaba la causa del Carlismo. Por otra parte, la victoria en la guerra del Ejército de María Cristina y la demostrada debilidad de la burguesía española hicieron que fuera la institución militar quien asumiera la representatividad política en todo el proceso. A partir de este momento, los líderes de los partidos políticos, los principales gobernantes y los hombres fuertes del reinado isabelino serían militares o ex-militares. La Guerra obligó a María Cristina a acercarse a los liberales y a iniciar las reformas que supondrían la base del Estado Liberal en España. Este acercamiento hubo de ser gradual, partiendo de las resistencias propias de la reina a entregarse en manos de los liberales, y de las exigencias de estos para apoyar la causa isabelina ante las pretensiones de Carlos y el pensamiento ideológico, ultraconservador, que le apoyaba.

3.2. Primeros Acercamientos al Liberalismo: Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa

El primer acercamiento de la reina fue hacia la facción conservadora más abierta a cambios. El conservador moderado Francisco Cea Bermúdez fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y llevó a cabo tenues reformas en la administración, en un intento de cambio sin sacudir los pilares del Antiguo Régimen. Este proceso podría entenderse como un ensayo de “absolutismo ilustrado” a la manera de los últimos años de Fernando VII. El Manifiesto de 4 de octubre de 1833 no obtuvo ningún respaldo y fue rechazado por los liberales, las instituciones del Estado (el Consejo de Gobierno, entre otros) y los militares, quienes eran partidarios de reformas más profundas.

Fracasado el primer acercamiento, la reina hubo de ponerse de acuerdo con la facción más moderada de los liberales. Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, fue el encargado de hacer compatibles los intereses de la burguesía liberal y de la Corona. El resultado fue el Estatuto Real de 1834, que garantizaba la iniciativa a la Corona. Se trataba de un régimen de carta otorgada que planteaba un parlamentarismo muy conservador que garantizaba el poder de la reina (nombramiento de miembros de las Cortes, convocatoria y disolución de las Cortes, iniciativa legal y sanción de las leyes). Los liberales mostraron su descontento y se dividieron en dos: los más cercanos a aceptar el reformismo ofrecido por la Corona, los moderados, y los que exigían una constitución emanada de la soberanía popular, los antiguos exaltados que ahora pasaron a conocerse como progresistas.

Durante el verano de 1835 se sucedieron los movimientos revolucionarios por las ciudades españolas. Las revueltas fueron instigadas por la burguesía urbana que apoyaba la causa exaltada. La Milicia Nacional, de fuerte inspiración exaltada, apoyó la formación de juntas locales y provinciales que se obstinaron en su enfrentamiento con el gobierno. Entre las exigencias se encontraban:

• Retirada del Estatuto
• Libertad de imprenta
• Reforma de la ley electoral
• Convocatoria inmediata de Cortes

Se radicalizó el movimiento revolucionario con la quema de conventos y de fábricas. La reina se vio en la obligación de apaciguar la situación llamando a los radicales. José María Queipo de Llano, conde de Toreno, sustituyó a Martínez de la Rosa en la presidencia del gobierno (julio 1835) y Juan Álvarez Mendizábal, un antiguo liberal exaltado, fue reclamado para el ministerio de Hacienda. Se iniciaron las reformas que abrirían el camino a la desamortización y, al mismo tiempo, se castigaba al clero (expulsión de los jesuitas y cierre de conventos) por sus simpatías con el carlismo. Con estas medidas se tranquilizó a los elementos más exaltados del liberalismo.

Los motines revolucionarios se repetían en algunas ciudades españolas ante una política que los elementos más radicales consideraban todavía demasiado apaciguadora. Mendizábal, enfrentado con el conde de Toreno, acabó por sustituirlo (septiembre 1835) en la presidencia del gobierno. Frenó los motines restaurando la autoridad del gobierno. Su misión fue restaurar el modelo político que fracasó en el Trienio Liberal. Mendizábal tenía en mente imitar el parlamentarismo de la monarquía británica con la ampliación del sufragio, la libertad de imprenta y el reconocimiento de responsabilidad del gobierno ante las Cortes. Mendizábal presentó a la regente un programa de actuación capaz de obtener los recursos necesarios para proseguir la guerra al tiempo que se incluían las reformas necesarias. Estas reformas se iban a centrar en la transformación jurídica de la propiedad de la tierra y en la elaboración de un nuevo texto constitucional que garantizase el nuevo marco político.

3.3. La Desamortización de Mendizábal y la Constitución de 1837

En el fondo se hallaba la necesidad de ganar la guerra. Entre febrero y marzo de 1836, el gobierno Mendizábal aprobó una serie de reales decretos de venta de los bienes de las órdenes religiosas. Estos decretos constituyen la conocida como Desamortización de Mendizábal. La desamortización de los bienes de monasterios y conventos facilitaría unos recursos económicos que ayudarían a frenar la deuda y fortalecerían al Estado, al tiempo que la venta de tierras ayudaría a promover la expansión económica poniendo al alcance de particulares un buen número de propiedades. La creación de una base social burguesa y liberal que respaldase el nuevo sistema era, por tanto, otro de los objetivos.

La guerra continuaba marcando todas las decisiones, así se resolvió hacer una recluta importante, la quinta de los cien mil, que permitió completar las tropas liberales y suministró dinero para el gobierno al permitirse la exención en metálico, algo que solo se permitirían las familias más acomodadas, vulnerándose el espíritu de igualdad defendido por los liberales. Sin embargo, las reformas políticas encontraron demasiados problemas empujando a Mendizábal a la dimisión. Francisco Javier de Istúriz le sucedió al frente del gobierno en mayo de 1836. Se trataba de un antiguo liberal exaltado que había ido moderándose con el paso del tiempo. En verano de 1836 estalló la revolución nuevamente, ahora fueron las Milicias Nacionales las que llevaron al pronunciamiento de los sargentos de la Granja, quienes defendían abiertamente el restablecimiento de la Constitución de 1812, obligando a la reina a restaurarla. José María Calatrava se puso al frente del nuevo gobierno y Mendizábal ocupó la cartera de Hacienda.

La reforma del texto constitucional de 1812 culminó en la Constitución de 1837, que representó un entendimiento entre moderados y progresistas. Su espíritu fue mayoritariamente moderado (carácter moderador del rey; segunda cámara –Senado–; amplios poderes para la Corona –veto, disolución Cortes, etc.–; sistema censitario muy restringido) junto con elementos más progresistas (Soberanía nacional; amplia declaración de derechos; división de poderes; aconfesionalidad del Estado).

3.4. El Gobierno Moderado y la Regencia de Espartero (1837-1843)

Los moderados volvieron al poder (1837-1840) con el objetivo de reducir el efecto de las reformas del período exaltado. La presentación en Cortes de la Ley de Ayuntamientos, una ley muy restrictiva, supuso la definitiva ruptura entre moderados y progresistas. La Regente aprobó la ley, lo que provocó nuevos motines progresistas y la formación de juntas revolucionarias. Esta fue la Revolución de 1840. La reina ordenó a Espartero, «El Pacificador», marchar sobre Madrid, petición desoída por el general, quien exigió que la reina respetara la Constitución y la ley.

La reina se vio obligada a nombrar Espartero como Presidente del Consejo de Ministros. El 12 de octubre de 1840, la Reina Gobernadora comunicó al general su idea de ceder la regencia y el cuidado de sus hijas, Isabel y Luisa Fernanda, al general. Esta renuncia regia, que algunos historiadores consideran forzada, mientras que otros la consideran voluntaria, llevó a María Cristina al exilio francés, donde conspiraría. Espartero convocó elecciones que ganaron los Progresistas ante la no comparecencia de los moderados. La Regencia dividió al partido entre unitarios o esparteristas –partidarios de un regente único, Espartero– y trinitarios –partidarios de tres regentes para limitar el excesivo poder del general–. Los nombramientos militares y civiles favorecieron a su camarilla militar (los ayacuchos).

3.5. Descontento y Caída de Espartero

El descontento militar se manifestó por las dificultades en el pago de las nóminas y las dificultades de ascensos de oficiales. Cuatro décadas de guerras habían provocado una inflación de la oficialidad del Ejército español (absorción de oficiales carlistas). Las Cortes continuaron la obra legislativa Calatrava-Mendizábal, incluyendo el proyecto desamortizador. Se produjo la ruptura de relaciones del Estado español con la Santa Sede.

María Cristina conspiró desde París, lo que llevó al pronunciamiento de 1841, protagonizado por militares moderados como Ramón María Narváez y Leopoldo O’Donnell, o el joven coronel Juan Prim. El asalto al Palacio Real y el intento de captura de Isabel y su hermana fracasaron ante la defensa heroica de la guardia. Espartero respondió con inaudita violencia: represión de los sublevados y fusilamiento de los cabecillas. María Cristina y su marido, Fernando Muñoz, consiguieron ayuda del Carlismo, descontentos por el incumplimiento de los acuerdos firmados en Vergara.

Una revuelta en Barcelona marcó el declive de Espartero:

• Negociaciones del gobierno con Gran Bretaña para reducir aranceles al textil inglés amenazaron la industria textil catalana.
• Motín en Barcelona (13 de noviembre de 1842): repliegue del capitán general a la ciudadela de Montjuic.
• Cumplido el plazo de rendición, bombardeo de Barcelona (3-4 diciembre 1842).
• Represión muy dura: milicia desarmada, centenares de detenidos, un centenar de fusilados.
• La ciudad fue castigada con el pago de 12 millones de reales para sufragar la reconstrucción de la Ciudadela.

Espartero quedó muy desprestigiado. El 27 de mayo se produjo un levantamiento en Reus de militares progresistas, Juan Prim y Lorenzo Milans del Bosch, bajo el lema: “¡Abajo Espartero! ¡Mayoría (de edad) de la Reina!”. El General Serrano y las Juntas se unieron. En Barcelona (29 de junio), Serrano fue nombrado jefe del ‘gobierno provisional’. La Batalla de Torrejón de Ardoz (22 de julio) fue un triunfo de Narváez, con pocos muertos y heridos. El General Espartero decidió marchar al exilio junto con algunos de sus hombres de confianza, embarcando rumbo a Inglaterra y poniendo fin a su regencia.

Anexo: Pautas para el Análisis de Documentos Históricos

Bloque 4: La Construcción del Estado Liberal (1833-1874)

1. Describa el tipo de fuentes utilizadas. (1 punto)

1. Se trata de un texto o fragmento del documento (obra), escrito (pronunciado) por (autor) con fecha (datación) y lugar (localización).
2. * Fuente primaria al tratarse de un documento de época o documento histórico.

– Naturaleza: el documento puede ser jurídico (leyes, tratados, constituciones, decretos, normas, …) …/ histórico-literario (memorias o recuerdos de contemporáneos, artículos de prensa, autobiografías, cartas, novelas, ensayos históricos, diarios, relatos de viajes, …) histórico-circunstancial (informes económicos y sociales, resoluciones o declaraciones gubernamentales, instrucciones o despachos oficiales, proclamas y manifiestos políticos, discursos parlamentarios, …).

– Contenido: … político (casi siempre), económico, social, religioso, …

– Autor/Autores: … individual, colectivo o anónimo (si es conocido el autor, debe esbozarse una breve biografía).

– Destinatario: es … (hay que indicar quién recibe el mensaje: una persona, la colectividad, un grupo restringido, …. en este apartado también se establecerá si el texto es público, privado o secreto).

2. Identifique las ideas principales de los textos

– Contexto: … (situar el texto en el tiempo y en el espacio. Datación cronológica, lugar y fecha de redacción. El momento histórico: breve panorámica sobre la época en que el texto está escrito. Si el texto habla de una época anterior, se ha de situar los dos momentos históricos (el momento que se narra en el texto y el momento en que se escribe el texto).

– Bloque temático: (bloques 3 a 8)

– Idea principal

– Ideas secundarias