Ley de jurisdicciones 1909

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EL PROBLEMA MILITAR DESPUÉS DEL DESASTRE DEL 98.

LA MACROCEFALIA DEL EJÉRCITO.

 El ejército español desde el Siglo XIX tenía una desproporción excesiva entre oficiales y tropa (había un oficial por cada cuatro soldados, frente a la proporción de un oficial por 20 soldados en los ejércitos europeos).
El exceso de oficiales en relación a los soldados, que provocaba la desorganización general, tenía su origen en prácticas repetidas desde la primera guerra carlista: cuando estallaba una guerra se improvisaban los oficiales que se necesitaban y, cuando llegaba la paz, se manténían en activo.

La mayoría del presupuesto del ejército se utilizaba, pues, para pagar los sueldos de la oficialidad y no quedaban recursos para mejorar el armamento o la instrucción de los soldados.

El ejército español, más que una institución pensada para la guerra, estaba organizado para las tareas de guarnición y orden público, y sus tropas, siempre mal dotadas, eran soldados forzosos reclutados entre las clases populares, mientras que el numeroso cuerpo de oficiales se dedicaba, casi exclusivamente, a la administración interna. Así se creó un militarismo más burocrático que guerrero, que demostraría su ineficacia en las campañas de Cuba, Filipinas y Marruecos.

 Después del desastre del 98, nacíó un sentimiento antimilitarista en determinados sectores de la sociedad, ante el cual parte del ejército reacciona reforzando una postura autoritaria;
receloso del poder civil, crece entre los militares el sentimiento corporativo y el convencimiento de que deben tener más protagonismo en la vida política de España.

Ante las dificultades crecientes (fortaleza de las organizaciones sindicales y del nacionalismo catalán), los partidos de gobierno buscan apoyo en el ejército, y se inicia la injerencia militar en la vida civil.

En 1905 un grupo de oficiales asalta y destroza en Barcelona los locales de la revista satírica “Cu-Cut” y del diario “La Veu de Catalunya”, por supuestas ofensas a la patria. El gobierno liberal de Moret da la razón a los militares y les concede la aprobación de la Ley de Jurisdicciones (1906)
, por la que les da competencias para juzgar mediante tribunales militares los delitos contra la unidad de la patria y los delitos de rebelión y alteración del orden público.

La oposición de la opinión pública catalana, ante este acto de anticatalanismo, provocó como reacción la formación en 1907 de la coalición electoral de los partidos republicanos y catalanistas, “Solidaridad Catalana”, que tendría un importante éxito electoral.

El recurso fácil a decretar el estado de guerra y la abusiva utilización de la jurisdicción militar para juzgar el comportamiento de los ciudadanos en períodos de normalidad constitucional, contribuyó a militarizar la sociedad y otorgar cada vez mayor influencia del ejército en la vida política.

Además Alfonso XIII se identifica con los militares, sobre todo en el que se refiere a los problemas en Cataluña, El rey dio apoyo al ejército en la crisis de 1909 (Semana Trágica) y de 1917, apoyando la postura de los militares. El ejército se convirtió en el sostén de la Monarquía, en perjuicio del parlamentarismo democrático; a cada intento de renovar el sistema se reacciónó con una nueva militarización.

Si con Isabel II los pronunciamientos habían servido para salvar el sistema liberal en peligro, con Alfonso XIII, el ejército sirvió para sustituir al Estado inoperante.

Legislación SOCIAL Y CULTURA OBRERA:


En 1883, con el primer gobierno liberal de Sagasta, se crea la Comisión de Reformas Sociales con la finalidad de tener información sobre las condiciones laborales y promulgar una tímida legislación: leyes que regulaban los trabajos peligrosos para los niños, construcción de barrios obreros… Pero la mayor parte de las leyes reguladoras de las condiciones de trabajo no se llevarían a cabo hasta las primeras décadas del Siglo XX, cuando la Comisión se transformó en el Instituto de Reformas Sociales (1903), qué contaba con la participación de patrones y sindicalistas (socialistas) y estaba dirigido por técnicos vinculados a la Institución Libre de Enseñanza.. Los diferentes gobiernos promulgaron leyes y reglamentos para regular la jornada de trabajo y las condiciones laborales:
ley de accidentes laborales (1901), ley de descanso dominical (1904), ley de huelga (1909), ley que prohibía el trabajo nocturno de las mujeres (1912) y la jornada laboral de 8 horas (1919)…

 Hubo un escaso cumplimiento de la legislación por la inexistencia de una eficaz inspección de trabajo y de unos tribunales especiales (magistraturas laborales) encargados de condenar a los infractores.

Frente a la indiferencia de las autoridades por la educación de los trabajadores, las organizaciones obreras tomaron conciencia de la necesidad de difundir  la educación entre la clase obrera, convencidas de que sin cultura no se podría llevar a cabo la revolución y el cambio radical de la sociedad. De esta manera, la educación y la cultura se convirtieron en instrumentos de liberación de la clase obrera.

En medios anarquistas surgieron propuestas educativas renovadoras, entre las que destaca la Escuela Moderna creada por Francisco Ferrer y Guardia. También se impulsó la creación de lugares de reuníón de los obreros donde se organizaban actividades lúdicas y otras de carácter educativo (conferencias, clases de alfabetización, fomento de la lectura mediante las bibliotecas, etc): los Ateneos Obreros (anarquistas) y las Casas del Pueblo (socialistas).

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