Lento Crecimiento Demográfico en la España del Siglo XIX
El crecimiento de la población española en el siglo XIX fue moderado, mucho menor que en Europa. Ello se debe a que se mantuvo el régimen demográfico antiguo, caracterizado por altas tasas de mortalidad y natalidad. La mortalidad general, y la infantil, eran muy elevadas, mientras que la esperanza media de vida era baja debido al atraso económico y las malas condiciones socioeconómicas, como la mala nutrición, las epidemias por las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias, etc. La consecuencia fue un escaso crecimiento vegetativo. Pese a que fue descendiendo el número de hijos por matrimonio, la tasa de natalidad siguió siendo alta.
Sin embargo, en Cataluña, la llegada de inmigrantes amplió su población y la rejuveneció, lo que anticipó el inicio de la transición demográfica en esta región. En el siglo XIX continuaron los movimientos migratorios del interior agrario a la periferia urbana e industrial. En cuanto a las migraciones exteriores, las más relevantes aumentaron a partir de ese momento hacia América Latina. Paralelamente, crecieron las ciudades: se derribaron las murallas y se construyeron ensanches, espacios planificados destinados a la burguesía.
La Red Ferroviaria Española en el Siglo XIX
Las características geográficas de la Península dificultaron en el siglo XIX la creación de una red de transportes y causaron la fragmentación del mercado interior, lo que limitó la industrialización y el comercio. La gran transformación del transporte vino marcada por el ferrocarril a vapor. Su expansión fue una de las claves de la industrialización del siglo XIX porque reducía los tiempos y aumentaba la capacidad de carga de los transportes terrestres. En España, su desarrollo comenzó de forma tardía.
El origen de la red ferroviaria española estuvo en la inversión privada para construir líneas cortas. La Ley General de Ferrocarriles de 1855 aceleró la construcción de una red con una estructura radial centrada en Madrid y con un ancho de vía diferente al europeo. Esta ley rebajó los aranceles para importar los materiales y maquinaria necesarios.
Los efectos sobre la economía española fueron importantes: el ferrocarril generó mucho empleo, incrementó el consumo de carbón y de madera, y propició la creación de un mercado nacional.
Debate Económico: Proteccionismo y Librecambismo en la España del Siglo XIX
A lo largo del siglo XIX se produjo en España un continuo debate entre proteccionistas y librecambistas. Hubo un claro predominio del proteccionismo en los gobiernos españoles del siglo XIX, que establecieron aranceles altos intentando asegurar la supervivencia de la producción nacional. Por el contrario, los librecambistas defendían bajos aranceles y, de este modo, buscaban aumentar los ingresos y las exportaciones.
En general, los gobiernos de los moderados defendieron las medidas proteccionistas, en especial en la primera mitad del siglo y durante la Restauración. Sin embargo, en la regencia de Espartero destacó la Ley Librecambista de 1842, que eliminaba los aranceles para el textil inglés, y el arancel de Figuerola en 1869, que se inclinó hacia el librecambismo. Finalmente, Cánovas apostó por el proteccionismo, política económica seguida durante el siglo XX.
Unidad Monetaria y Desarrollo Bancario en la España del Siglo XIX
Hasta el siglo XIX, España no tuvo una moneda nacional unificada. En el primer tercio de siglo, existía un sistema monetario bimetalista (oro y plata). El primer intento de unidad monetaria lo realizó José I en 1808, fijando el real como moneda nacional, pero apenas tuvo aplicación. No sería hasta 1868 cuando se logró la unidad monetaria definitiva. La Ley Figuerola (decreto que lleva el nombre del ministro de Hacienda) estableció la peseta como única moneda española, equivalente a cuatro reales y dividida en cien céntimos. El gobierno provisional creado tras la renuncia de Isabel II eliminó las demás monedas e integró a España en la Unión Monetaria Latina en un intento por unificar distintas monedas europeas, pero este proyecto fracasó a principios del siglo XX.
Unos años antes, durante el bienio progresista (1854-1856), se aprobaron las Leyes de Bancos y de Sociedades de Crédito en 1856, que marcaron el inicio del moderno sistema bancario. La Ley de Banca estableció un control sobre los bancos y entidades financieras, regulando el derecho de emisión de moneda. Al mismo tiempo, se transformó el Banco de San Fernando en el Banco de España, al que en 1874 se le concedería el monopolio de emisión de billetes. También se fue desarrollando la banca privada como apoyo a la financiación del sector industrial.
Los regímenes fiscales heredados fueron unificados mediante la reforma tributaria Mon-Santillán en 1845, excepto en las provincias vascas y Navarra. El nuevo sistema basó los impuestos en la contribución territorial sobre la propiedad y los consumos de los productos básicos. Este sistema pervivió hasta 1900, pero sus principales problemas fueron el alto nivel de fraude. Por ello, la deuda fue aumentando y se declaró la bancarrota en varias ocasiones.