SIGLO XIX 5. El Sexenio  Revolucionario (1868-1874) intentos democratizadores. De la revolución al  ensayo republicano.

El sistema isabelino entró en una situación de crisis generalizada a mediados de los años sesenta a causa de factores económicos y políticos:

-Económicos: la crisis europea de 1866 afectó a España con la quiebra de bancos, empresas de ferrocarriles, industrias siderúrgicas y textiles (falta de algodón). Así se puso fin a un periodo de de crecimiento económico y se incrementó el malestar social, que tuvo su reflejo en la política.

-Políticos: a la escasa representatividad del régimen político se unió la acción represiva de los Gobiernos que apartó a los progresistas del régimen, y provocó la retirada de los unionistas de la alternancia. El súbito enriquecimiento de las clases dirigentes con la bolsa o el ferrocarril y la presencia de camarillas de influencia en torno a la Reina generó críticas entre el pueblo y la oposición política.

Por todo ello, la oposición constituyó en 1886 el denominado pacto de Ostende, suscrito por progresistas, demócratas y unionistas. En él se comprometieron a derrocar a Isabel II y a convocar una asamblea constituyente por sufragio universal masculino. Sólo los moderados se mantuvieron fieles a la Reina.

La revolución de 1868

El golpe revolucionario se inició el 18 de septiembre de 1868 en Cádiz, en donde el almirante Topete sublevó la escuadra con el grito “Viva España con honra “. La conspiración contaba con el apoyo de generales prestigiosos que vivían en el exilio, como Juan Prim, y que se trasladaron a Gibraltar para asumir el mando de la revolución.

Las fragatas de la armada sublevaron sucesivamente las guarniciones andaluzas; por doquier estallaron movimientos revolucionarios y las Juntas Revolucionarias se hicieron cargo del poder. Barcelona se unió a la revolución al día siguiente; en Madrid, la Junta Revolucionaria tuvo que esperar a que el ejército  gubernamental se dirigiera a Andalucía para enfrentarse a los sublevados en la batalla del puente de Alcolea. El avance hasta la capital fue un paseo triunfal, mientras la gente ocupaba literalmente la calle y cantaba himnos como el de Riego o la Marsellesa. En todas partes se organizaron milicias populares con el nombre de Voluntarios de la Libertad

El 7 de octubre, los militares sublevados con Juan Prim, Serrano y Topete entraban en Madrid y formaban el primer Gobierno provisional revolucionario. Isabel II y su séquito, que se hallaban de vacaciones en San Sebastián, huyeron a Francia. La monarquía había caído.

La constitución de 1869

El Gobierno provisional estuvo presidido por Juan Prim; Serrano fue nombrado Regente, ya que no se cuestionaba que la nueva fórmula política debería ser una monarquía democrática. El nuevo Gobierno estaba encargado de convocar elecciones para Cortes constituyentes. El derecho a voto fue ejercido por todos los españoles varones mayores de veinticinco años (sufragio universal masculino), es decir, por unos cuatro millones de electores. El número total de diputados a elegir era de 381 (352 en España, 18 en Cuba y 11 en Puerto Rico). Las elecciones se celebraron en enero de 1869 y las Cortes se constituyeron en febrero. La mayoría resultante de las elecciones era monárquica (progresistas, unionistas y demócratas), como era de prever; sin embargo, estos votos provenían de la España rural ya que las ciudades se declararon republicanas.

Serrano, ratificado como presidente del poder ejecutivo, creó una comisión de quince miembros, presidida por Olózaga, para que presentara un proyecto de Constitución. Dicho proyecto fue aceptado en general, aunque fue causa de amplios debates en lo que respecta a varios artículos, en concreto el 20, 21 y 33. Estos artículos hacían referencia a temas conflictivos como la libertad religiosa, las relaciones Iglesia-Estado (sobre todo en lo referente al mantenimiento del clero) y el tipo de régimen (que se concretaba en la monarquía).

Por otra parte, la Constitución establecía la un sistema bicameral (Congreso y Senado), y tanto para ser elegido como para votar se requería tan solo ser español, mayor de edad y gozar de derechos civiles.

Por lo demás, la Constitución que promulgaron estas Cortes constituyentes de 1869 fue un modelo de Constitución democrática en la que se consagraron los primeros veintiséis artículos a los derechos individuales de los españoles.

Ya aprobada la Constitución (6 de junio), Prim empezó a buscar un candidato para ocupar el trono, al tiempo que reprimía a los republicanos y desarmaba a los Voluntarios de la Libertad. La proclamación de la Constitución monárquica fue acogida con frialdad e incluso hostilidad en las ciudades en que había triunfado el voto republicano. En Andalucía hubo manifestaciones violentas en su contra; en Madrid se intento asaltar el Ministerio de la Gobernación; en Aragón, Valencia y Cataluña, los Voluntarios de la Libertad se alzaron en armas y casi consiguieron dominar al ejército.

En el campo, la situación no era mejor; la Guardia Civil empezó a aplicar de forma masiva la llamada “ley de fugas”. La agitación no solo procedía del lado republicano; también el carlismo aprovechó la coyuntura para movilizarse de nuevo y en ciudades como Burgos el gobernador fue linchado al grito de «Viva Carlos VII». Finalmente, se incrementó la agitación obrera en las grandes ciudades, especialmente en Madrid, en donde cuatro millares de parados desfilaron por el Paseo del Prado en tono amenazador mientras en Cataluña hubo auténticas insurrecciones contra las quintas del ejército. Por otra parte, en Cuba, la más rica de las colonias del maltrecho imperio colonial, estallaba una verdadera insurrección nacional contra el dominio español.

Amadeo I, de la casa de Saboya

A pesar de ello, la situación fue controlada y Prim se pudo dedicar a la tarea de buscar candidatos al trono español. Descartados los Borbones, el primer candidato fue el duque de Montpensíer, que representaba la monarquía católica y conservadora y que no podía ser fácilmente aceptado por los líderes de la revolución; en segundo lugar se hallaba el príncipe Leopoldo, de la casa de Hohenzollern, la propuesta del príncipe alemán desencadenó, para gran sorpresa de Prim y estupor de todo el gobierno español, un agrio conflicto entre la Francia de Napoleón III y Prusia. El incidente, hábilmente manipulado por el canciller prusiano Bismarck, fue el casus belli para el conflicto franco-prusiano que, en 1870-1871, causó el derrumbe del imperio francés, la unificación de Alemania, la unificación de Italia y la pérdida del poder temporal del Papa.

Estas razones fueron más que suficientes para que Prim se decidiera por la candidatura del príncipe Amadeo, que aceptó la Corona con el nombre de Amadeo I.

El 30 de diciembre de 1870, Amadeo de Saboya desembarcaba en el puerto militar de Cartagena. Aquel mismo día recibió la noticia, para él fatal, de que su principal valedor y jefe del Gobierno, Juan Prim, había sido asesinado. El monarca entraba en el país con malos augurios. Amadeo fue recibido en Madrid como un monarca extranjero, aunque se mostraba decidido a gobernar según los principios de la Constitución de 1869.

El joven monarca, de origen italiano, desconocía la lengua y las costumbres españolas y no era aceptado por importantes grupos de presión como la nobleza católica y conservadora; por otra parte, la coalición política que le había entregado el poder, sin Prim que los uniera, se fraccionó; los carlistas arreciaron su guerra particular, que afectó especialmente al País Vasco y parte de Cataluña, mientras llegaban desde Francia los ecos preocupantes de la Comuna de París; la burguesía estaba asustada ante el avance de una revolución proletaria que ciertamente no entendía. Amadeo no lograba controlar la situación política española; en 1872, los estallidos de sublevaciones de tipo republicano se intensificaron con episodios importantes en Málaga, Madrid y El Ferrol.

El 10 de febrero de 1873, Amadeo anunció su decisión de abdicar; el motivo aducido por el rey era que en los dos años escasos de monarquía las luchas civiles no habían cesado; se declaraba incapaz de hallar remedio para estos graves enfrentamientos y afirmaba que no quería ceñir una Corona “fuera de la ley”, es decir, mediante la violencia o el golpe de Estado.

Por todo ello devolvía a las Cortes «la Corona que me ofreció el voto nacional» y de esta forma renunciaba al trono; mientras, en el Congreso, los diputados, rodeados por una multitud que lanzaba vivas a la República, no tenían otra opción que proclamarla.  Inmediatamente.

El ensayo republicano: la Primera República española (1873)

Este nuevo régimen fue una ocasión revolucionaria que se perdió debido a la lucha por el poder de los partidos de las clases medias radicales, a las que se añadió el cuarto Estado. La Asamblea designó a Estanislao Figueras como presidente de una república unitaria. Su principal cometido era convocar unas Cortes constituyentes para promulgar una nueva constitución.

Figueras se encontró con graves problemas: una Hacienda exhausta, una incipiente guerra carlista en el norte, el problema de Cuba y un Ejército inclinado al moderantismo y reacio a colaborar frente a la tensión de una calle dispuesta a llegar hasta el final en el proceso revolucionario. Pese a ello, pudo poner en marcha ciertas medidas democráticas, como la promulgación de una amplia amnistía o la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y la supresión de las quintas.

Pero la República unitaria carecía de masas y de defensores cualificados, de modo que el resultado de las elecciones a Cortes dio el triunfo a los republicanos federales. El 1 de junio, Figueras devolvió el poder a las nuevas Cortes, y estas proclamaron la República Democrática Federal, siendo propuesto como presidente del Gobierno el catalán Pi i Margall.

Con el triunfo de los republicanos federales surgieron entre ellos discrepancias sobre los pasos que debían seguirse en la organización de la España federal –el nuevo modelo aparecía dividido en 17 estados, entre los que figuraban como tales Cuba y Puerto Rico. Unos, los transigentes, que constituían la mayoría, encabezada por Pi i Margall, consideraban primordial conseguir el orden social para luego proceder a construir una república federal desde arriba; otros, los intransigentes, defendían que se debía comenzar por la construcción de la federación desde abajo.

Ambos grupos presentaron a las Cortes sus propios proyectos para una constitución federal; pero el de los intransigentes fue rechazado, por los que estos se retiraron de las mismas el 1 de julio. Los intentos de Pi i Margall se dirigieron al que el proyecto transigente fuera discutido y aprobado cuanto antes, pero no lo logró. 

La retirada de los intransigentes fue el punto de partida de una revolución cantonal, que fue un movimiento político que estalla en Cartagenabajo el nombre deRevolución cantonal, extendiéndose en los días siguientes por muchas zonas de las entonces regiones deValencia, Murcia y Andalucíay en las provincias de Salamancay Toledo, lugares todos ellos en los que se llegaron a articular cantones(estados independientes voluntariamente federados en laFederación española), destacando también, en Extremadura, que se animaba a la creación de un cantón extremeño ligado a Lusitania. También en la provincia deÁvilatendrá laRevolución cantonaluna cierta incidencia.

Este movimiento era partidario de un federalismode carácter radicaly trataba de establecer una serie de ciudades o confederaciones de ciudades (cantones) independientes que se federarían libremente. Elcantonalismofue un movimiento eminentemente de la pequeña burguesíaque tuvo una gran influencia del naciente movimiento obrero, sobre todo anarquista.

En la revolución cantonal confluyeron: la revolución regionalista, la política y la social, reveladoras de las aspiraciones federales. Las clases populares, creyendo encontrar en el federalismo la igualdad plena y un mayor reparto de la riqueza, siguieron a los federales intransigentes, que querían dar el poder de decisión a las regiones y acabar con el centralismo.

Pi i Margall, al no poder alcanzar la aprobación del proyecto de Constitución y viéndose desbordado por la revolución de los cantones, dimitió el 18 de julio, y le sucedió Salmerón. Este, durante el escaso mes y medio de mandato, se limitó a restablecer militarmente el orden y a reprimir de modo especial los movimientos obreros internacionalistas, como sucedió en Alcoy; era la reacción de los republicanos unitarios, defensores del “orden social” frente al “orden natural de la libertad”.

La nueva república unitaria tuvo que girar a la derecha si quería salvarse como régimen. Salmerón dimitió por problemas de conciencia, no quiso firmar unas penas de muerte, y fue elegido nuevo presidente del Gobierno Emilio Castelar. Su programa se redujo a restablecer el orden; porque, si bien había finalizado el movimiento cantonal, quedaban otros focos de desorden: la guerra con los carlistas en el norte y la de Cuba.

El giro a la derecha de Castelar y su llamada al Ejército para que mantuviera el orden llevaron a los diputados de izquierdas, los federales intransigentes a procurar su dimisión para que la República virara de nuevo hacía la izquierda. Este intento fue interrumpido por el golpe de Estado del general Pavía, enero de 1874, quien, con fuerzas de la Guardia Civil, disolvió las Cortes republicanas.

Emilio Castelar dimitió y se nombró un gobierno nacional, dirigido por Serrano con el apoyo de radicales, conservadores y republicanos unitarios. El general Serrano gobernó de acuerdo con la Constitución pero con poderes dictatoriales y bajo un régimen republicano. 

Un movimiento de restauración de la Monarquía se desarrolló en torno a la figura de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II y cadete en la Academia militar británica de Sandhurst.

En ese contexto, el 29 de diciembre de 1874, tuvo lugar el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto a favor de la Restauración de la Monarquía borbónica.