El Sexenio Democrático (1866–1874)

A partir de 1866, una serie de crisis pusieron fin al reinado de Isabel II. La crisis económica enlazó con una crisis europea (crack bursátil). Fue una crisis industrial y financiera debido al parón en la construcción del ferrocarril y a la escasez de algodón en la industria textil catalana por la Guerra de Secesión americana, pero también una crisis de subsistencia debido a las malas cosechas, lo que produjo la subida de precios, hambre y enfermedades. En este ambiente era evidente el malestar político y el descrédito de la reina, por el creciente conservadurismo, el favoritismo hacia el Partido Moderado y la marginación de los progresistas.

Causas inmediatas y conspiración

A ello se unieron dos hechos puntuales: los trágicos sucesos de la Noche de San Daniel (1865) y la sublevación del cuartel de San Gil (1866). Estos hechos llevaron a la alianza en la oposición dirigida por Prim y Serrano: el Pacto de Ostende (1866) entre demócratas y progresistas (y, más tarde, la Unión Liberal), con el objetivo de destronar a Isabel II. La oposición desembocó en septiembre de 1868 en La Gloriosa, pronunciamiento militar dirigido por Serrano, Prim y Topete. El levantamiento se extendió por numerosos acuartelamientos y se formaron Juntas Revolucionarias, con el apoyo popular de los Voluntarios de la Libertad.

Gobierno provisional y Constitución

Las Juntas Revolucionarias dieron paso a un gobierno provisional presidido por Serrano, con Prim en el Ministerio de Guerra, integrado por unionistas y progresistas. Este gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino, en las que triunfó la coalición gubernamental. En este ambiente, el Partido Demócrata se escindió entre «cimbreos» y republicanos.

Las Cortes aprobaron la Constitución de 1869, que establecía la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, el reconocimiento de derechos y libertades (manifestación, asociación, enseñanza, libertad religiosa), la monarquía democrática, la división de los poderes y unas Cortes bicamerales con capacidad legislativa. Tras la Constitución, Serrano asumió una regencia cuyo principal objetivo fue buscar un nuevo rey. Finalmente, Prim favoreció la llegada al trono de Amadeo de Saboya.

El reinado de Amadeo I (1871–1873)

En su breve reinado (enero de 1871–febrero de 1873), Amadeo I se encontró con fuertes problemas: a su llegada, Prim, su principal apoyo, fue asesinado. Además, hubo de hacer frente a la oposición de carlistas y alfonsinos, apoyados por la Iglesia; a los republicanos federalistas; y al incipiente movimiento obrero de tendencia internacionalista. En este contexto, la coalición de 1868 se dividió en el Partido Constitucional de Sagasta y el Partido Radical de Ruiz Zorrilla. A ello se añadió la Guerra de Cuba, iniciada en 1868 con el Grito de Yara y que se convirtió en una guerra de independencia colonial de larga duración; y la Tercera Guerra Carlista (1872–1876).

Ante tal situación, Amadeo I abdicó en febrero de 1873 y las Cortes proclamaron la I República (febrero de 1873–enero de 1874) como una situación de vacío de poder. La República tuvo cuatro presidentes —Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar—, lo que señaló la debilidad del gobierno. Además, encontró la oposición de carlistas y alfonsinos y la división de los republicanos en federalistas y unionistas. Por otra parte, chocaban las demandas de la burguesía con las del campesinado y el movimiento obrero.

Durante la presidencia de Pi i Margall se redactó el Proyecto de Constitución Federal de 1873. Se tomaron otras medidas como la supresión de las quintas y la abolición de la esclavitud. Pero la agitación social fue continua: los campesinos andaluces ocuparon tierras y los obreros organizaron huelgas generales (revolución del petróleo). Seguía la guerra de Cuba y la Tercera Guerra Carlista y estalló el cantonalismo, promovido por federales intransigentes.

La consecuencia inmediata del movimiento cantonal fue la dimisión de Pi i Margall y su sustitución por Salmerón, que inició una fuerte acción militar. Su negativa a firmar las penas de muerte contra líderes cantonales dio paso a Castelar, que se acercó a la derecha para poder mantener el orden público con el respaldo militar y que suspendió las garantías constitucionales.

La consecuencia inmediata del movimiento cantonal fue la dimisión de Pi i Margall y su sustitución por Salmerón, que inició una fuerte acción militar. Su negativa a firmar las penas de muerte contra líderes cantonales dio paso a Castelar, que se acercó a la derecha para poder mantener el orden público con el respaldo militar y que suspendió las garantías constitucionales.

La Restauración (1874–1931)

Tras el fracaso de la I República, Cánovas del Castillo preparó la vuelta de los Borbones en la persona de Alfonso XII. Para ello se publicó el Manifiesto de Sandhurst, que recogía el programa de la nueva monarquía: un régimen conservador y católico que garantizaría el funcionamiento del sistema político liberal (propiedad, libre comercio). Pero fue el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto (diciembre de 1874) el que proclamó rey a Alfonso XII.

Bases institucionales y Constitución de 1876

Se iniciaba así la Restauración, un largo período de estabilidad política cuyas bases institucionales se establecieron en la Constitución de 1876. Basada en el liberalismo doctrinario, recogía la idea de la monarquía como institución incuestionable, donde el monarca gozaba de amplios poderes: derecho a veto, nombramiento de ministros, potestad de convocar, suspender o disolver las Cortes… La soberanía era compartida entre la Corona y las Cortes, y estas últimas, bicamerales (Congreso y Senado). Establecía el sufragio censitario (desde 1890, sufragio universal masculino); declaraba la confesionalidad católica del Estado, aunque toleraba el culto privado de otras religiones; remitía los derechos a leyes ordinarias; y proponía un Estado centralista.

Turnismo y fraude

De cara a mantener la estabilidad institucional, Cánovas diseñó el sistema político bipartidista y de alternancia en el poder de los grandes partidos dinásticos: el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Ante el desgaste del gobierno, el rey disolvía las Cortes y se convocaban elecciones, aunque los diputados que debían resultar ganadores ya estaban fijados por el “encasillado”. El turno se garantizaba con el fraude electoral (pucherazos, “lázaros”), posible gracias a la abstención y manejado por los caciques locales, que ejercían la compra del voto o la coacción.

Principales etapas políticas

El reinado de Alfonso XII (1875–1885) se inició con el gobierno conservador (1875–1881), que elaboró la Constitución de 1876 y que dio fin a la III Guerra Carlista y a la Guerra de los Diez Años de Cuba (Paz de Zanjón). En 1881 Sagasta formó un primer gobierno liberal, siendo sustituido de nuevo por Cánovas en 1884. El temor a una desestabilización del sistema tras la muerte de Alfonso XII en 1885 llevó a la firma del Pacto de El Pardo para consagrar el “turnismo”.

Entre 1885 y 1890 se dio el gobierno liberal de Sagasta y comenzó la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885–1902), que desarrollaría una importante obra reformista. En la última década del siglo XIX se mantuvo el turno pacífico. El asesinato de Cánovas del Castillo en 1897 derivó en la crisis del Partido Conservador, mientras empezaban las disidencias internas y la descomposición progresiva de ambos partidos.

Oposición y nacionalismos

La oposición al sistema político estuvo representada por diversos grupos: el carlismo, derrotado una vez más en 1876; los republicanos, divididos en diversos partidos; y los nacientes nacionalismos periféricos, especialmente en Cataluña y el País Vasco. El nacionalismo catalán se desarrolló sobre el renacimiento cultural y literario (La Renaixença) y el federalismo político de Pi i Margall. En 1891 surgió la Unió Catalanista, cuyo programa quedó recogido en las Bases de Manresa. El nacionalismo vasco, por su parte, surgió como respuesta a la supresión de los fueros tras la Tercera Guerra Carlista. Su promotor ideológico, Sabino Arana (fundador del PNV), defendió la superioridad de la lengua, las costumbres y la raza vasca, el catolicismo y el antiespañolismo.

La oposición al sistema político estuvo representada por diversos grupos, como el carlismo, derrotado una vez más en 1876; o los republicanos, divididos en diversos partidos. Por añadido, nacieron los nacionalismos periféricos, especialmente en Cataluña y el País Vasco. El nacionalismo catalán se desarrolló sobre el renacimiento cultural y literario (La Renaixença) y el federalismo político de Pi i Margall. En 1891 surgió la Unió Catalanista, cuyo programa quedó recogido en las Bases de Manresa. El nacionalismo vasco, por su parte, surgió como respuesta a la supresión de los fueros tras la Tercera Guerra Carlista. El promotor ideológico, Sabino Arana (fundador del PNV), defendió la superioridad de la lengua, las costumbres y la raza vasca, el catolicismo y el antiespañolismo.

El desastre de 1898 y el Regeneracionismo

La firma del Tratado de París (1898) supuso la liquidación del imperio colonial español: se reconoció la independencia de Cuba —tras la Paz de Zanjón y el malestar por el arancel de 1891 se habían producido la Guerra Chiquita y el Grito de Baire hasta la guerra hispano-norteamericana de 1898—; y Filipinas, Guam y Puerto Rico fueron entregados a Estados Unidos. Ello sumió a la Restauración en una grave crisis política y moral, que impulsó el Regeneracionismo de Joaquín Costa, crítica al funcionamiento del sistema político basada en el aislamiento del cuerpo electoral, en la corrupción de los partidos (“oligarquía y caciquismo”) y en el atraso respecto a Europa; y que expuso la necesidad de iniciar un proceso de reformas para modernizar la vida social y política del país.

La crisis final de la Restauración (1902–1923)

El desastre de 1898 sumió al sistema de la Restauración en una grave crisis política y moral, que impulsó el regeneracionismo de Joaquín Costa y la crítica al funcionamiento del sistema político. Se iniciaba una nueva fase de la Restauración marcada por la subida al trono de Alfonso XIII en 1902, cuyo intervencionismo, unido a la participación del ejército en la vida política, incrementaría la oposición: se fortaleció el republicanismo (Partido Republicano Radical, 1908); en el movimiento obrero se consolidaron el socialismo (PSOE) y el anarcosindicalismo (CNT); crecieron los nacionalismos, especialmente el catalán y el vasco; y el carlismo mantuvo su presencia.

Por añadido, el clima político se vio debilitado por la muerte de Cánovas y Sagasta y por las divisiones internas entre los partidos dinásticos, encabezados ahora por Antonio Maura (Partido Conservador) y José Canalejas (Partido Liberal).

Intentos de reforma (1898–1912)

Entre 1898 y 1912, los gobiernos, influidos por el regeneracionismo, trataron de iniciar un proceso de reformas para modernizar la vida social y política del país. Las medidas más destacadas del gobierno largo de Maura (1907–1909) fueron la Ley Electoral de 1907, que establecía el voto obligatorio para movilizar a la “masa neutra”; una Ley de Administración Local que no llegó a aprobarse; y la creación del Instituto Nacional de Previsión, antecedente de la Seguridad Social. Le siguió el gobierno liberal de Canalejas (1910–1912), que promulgó la Ley de Reclutamiento, por la que se establecía el servicio militar obligatorio; la Ley del Candado, que prohibía durante dos años la instalación de nuevas órdenes religiosas; y la Ley de Mancomunidades, que otorgaba más autonomía a las regiones.

En política exterior, España trataba de recuperar un prestigio perdido en 1898 mediante una nueva intervención en Marruecos. En la Conferencia de Algeciras (1906) se alcanzó un acuerdo que regulaba la influencia internacional en el protectorado marroquí, con predominio francés.

Tensiones sociales y la Semana Trágica

Uno de los problemas más sonados de este periodo fue el auge del nacionalismo catalán y el conflicto con el ejército: el asalto a las sedes de periódicos catalanistas (Cu-Cut y La Veu de Catalunya) por parte de oficiales del ejército desembocó en la promulgación de la Ley de Jurisdicciones (1906), que provocó la coalición de la Solidaritat Catalana. En 1909, la movilización de reservistas barceloneses hacia Marruecos, agravada por el Desastre del Barranco del Lobo, desembocó en la Semana Trágica. Este episodio estuvo marcado por el anticlericalismo, el antimilitarismo y el antibelicismo, con quema de conventos y enfrentamientos con el ejército. El gobierno ejerció una fuerte represión, que incluyó la ejecución del anarquista Francisco Ferrer i Guardia, convertido en mártir para muchos en la lucha obrera. Además, la Semana Trágica causó la caída de Maura y obligó a Alfonso XIII a entregar el gobierno a los liberales.

Década de la guerra y la crisis de 1917

A partir de 1912, la decadencia y fragmentación del régimen se hizo imparable. Durante la Primera Guerra Mundial (1914–1918) España, neutral, exportó productos de primera necesidad, lo que causó su escasez y encarecimiento en el mercado interior. La situación empeoró con la crisis de 1917, iniciada con el problema militar de las Juntas de Defensa, descontentas por el sistema de ascensos; el problema político con la Asamblea Nacional de Parlamentarios, que reunió a líderes de la oposición; y la Huelga General de 1917, que pretendía presionar para abaratar pacíficamente los productos de primera necesidad. No obstante, la tensión se acrecentó con un conflicto ferroviario en Valencia.

Entre 1917 y 1923 se desarrollaron gobiernos de concentración que aceleraron todavía más la descomposición política de los dos grandes partidos y del turno. El fortalecimiento de la oposición, unido a la crisis económica posbélica, aumentó la conflictividad social: huelgas obreras (La Canadiense), sindicalismo, pistolerismo… A ello se unieron numerosas movilizaciones campesinas por la influencia de la Revolución Rusa. Pero el golpe de gracia al sistema vino de la mano de la Guerra de Marruecos y del Desastre de Annual (1921): las tropas del general Silvestre fueron arrinconadas en Annual por Abd el-Krim, perdiendo la vida más de trece mil soldados.

El desastre provocó tensiones políticas y motivó la investigación conocida como el Expediente Picasso para buscar culpables. Sus resultados iban a ser leídos públicamente en el Congreso, pero el 13 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado de guante blanco, apoyado por el rey, que triunfó sin resistencias ante el descrédito del sistema.

Manifiesto de Sandhurst

Se trata de una fuente primaria de carácter político. Su autor formal es Alfonso de Borbón, futuro Alfonso XII. Sin embargo, el verdadero autor fue Cánovas del Castillo, político liberal moderado. Está escrito en la Academia Militar de Sandhurst, donde Alfonso completaba su formación. Cánovas pide a un joven Alfonso que firme la carta con el fin de restaurar la monarquía y crear un nuevo régimen. La situación de 1874, bajo la dictadura de Serrano y con enfrentamientos bélicos en Cuba, en la guerra carlista y el cantonalismo, favorecía esta opción. El destinatario nominal era Cánovas, pero el texto se dirige al público en general con la intención de convencer a la nación de las intenciones liberales del aspirante al trono.

Contenido y finalidad

La idea principal es el ofrecimiento del joven Alfonso de Borbón para encabezar la restauración borbónica en España. En el primer párrafo, Alfonso destaca su legitimidad al trono. Alude a la generosidad de su madre, Isabel II, por abdicar en su favor.

En los párrafos siguientes, Alfonso defiende un sistema monárquico parlamentario, dando a entender que mediante las Cortes el pueblo puede ejercer su soberanía y solucionar los problemas que padece España. En los últimos párrafos desea que España sea como «las naciones más grandes y prósperas», haciendo clara alusión a Gran Bretaña, donde existe un sistema monárquico parlamentario, y hace patente la necesidad de erradicar de la política las ideas que califica como «sofismas pérfidos» (carlismo, federalismo) para volver a la tradición política de un Estado monárquico y centralizado. En el último párrafo deja claras sus aspiraciones e intenciones políticas: católico y liberal. Es importante la declaración religiosa, ya que España, a finales del siglo XIX, seguía siendo un país eminentemente católico.

Con el Manifiesto de Sandhurst se abre el periodo de la Restauración. Aunque Cánovas, verdadero artífice de la Restauración, preparó una vuelta tranquila del legítimo heredero de España, los acontecimientos se precipitaron con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto. Se formó entonces un gobierno provisional con Cánovas, regresando Alfonso XII en enero de 1875 en un ambiente relativamente calmado, ya que la dictadura de Serrano, envuelta en la guerra carlista, la de Cuba y el cantonalismo, hacía crecer en la opinión pública el deseo de un cambio de régimen en manos de Alfonso de Borbón.

Una vez proclamado rey, comenzaron una serie de cambios en la política española que dieron lugar al periodo constitucional más largo conocido en España. El primer cambio fue la pacificación militar: en 1876 se consiguió la victoria definitiva sobre los carlistas; en 1878 se consolidó la Paz de Zanjón, que puso fin a la guerra en Cuba; y se extinguieron los focos del movimiento cantonalista.

En 1876 se aprobó una Constitución que se caracterizó por su flexibilidad, que permitía ajustarse a los dos partidos dominantes aunque en el fondo tenía un carácter conservador: soberanía compartida, Cortes, figura del rey inviolable con amplios poderes y Estado confesional.

Cánovas creó un sistema basado en el turnismo que consistía en que el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal Fusionista se alternaran pacíficamente en el poder. Esto se hacía mediante la manipulación electoral realizada por el Ministerio de Gobernación y una extensa red clientelar. De este modo, la Constitución quedaba en muchos casos en papel mojado.

A pesar de las grandes intenciones de Cánovas del Castillo, el sistema de la Restauración no resolvió la mayoría de los problemas de España. Entre otras cuestiones, las diferentes guerras y la crisis económica tras la Primera Guerra Mundial minaron la legitimidad del régimen, llevando a Alfonso XIII a ceder el poder a Miguel Primo de Rivera en 1923, que instauró una dictadura que supuso el fin efectivo del periodo conocido como Restauración.

Proclama de la Gloriosa de 1868

Nos encontramos ante un texto histórico-circunstancial de contenido político: una fuente primaria cuyo destinatario es la nación española. Su autor es colectivo, firmado por los protagonistas pertenecientes al estamento militar de la sublevación de Cádiz. El documento da inicio a La Gloriosa, revolución que implantó por primera vez en España el sufragio universal masculino, tratando de establecer un régimen liberal democrático.

Propósito y mensaje

La idea principal del texto es justificar el pronunciamiento contra la monarquía de Isabel II, argumentando que el régimen establecido no representa a todos los españoles y que atenta contra el orden y la moralidad. Pide también el apoyo de todos los españoles para regenerar la política española.

Entre las ideas secundarias se propone crear una legalidad común, basada en una Constitución que no se modifique cada vez que cambie el partido que llega al gobierno, que reconozca la soberanía nacional y que implante el sufragio universal.

El manifiesto hace un llamamiento a los “liberales”. El liberalismo reclama el establecimiento de una Constitución como norma máxima que garantice libertades y derechos de los ciudadanos.

Contexto político (antecedentes)

A partir de 1848, con las revoluciones liberales de ese año y los siguientes, aparecen nuevos movimientos políticos, como el movimiento obrero y el demócrata que reivindica el sufragio universal masculino.

En España, los liberales que siguen la corriente del liberalismo doctrinario, más elitista y favorable a las clases altas, se encuentran en el Partido Moderado. Existe una opción de centro, el Partido Unión Liberal, que trata de combinar tesis doctrinarias y otras más progresistas. El Partido Progresista acepta el sufragio censitario y la soberanía compartida entre Rey y Cortes. Y finalmente, el Partido Demócrata, escisión del Partido Progresista, reclama la soberanía popular y el sufragio universal.

Desde 1866 se suceden gobiernos breves e inestables, liderados por la Unión Liberal y el Partido Moderado. En estos años se produce una crisis económica en Europa, que afecta al país a partir de 1866, con quiebras de bancos y empresas. Existe un descontento general del pueblo con la Corona, debido a los desmanes de la reina y al fracaso en campañas exteriores. Además, fallecen O’Donnell y Narváez, líderes de la Unión Liberal y del Partido Moderado, principales apoyos de Isabel II. El sistema político isabelino está en crisis y reacciona con represión. Todo esto llevó a la oposición a no participar en las elecciones desde 1863 y a que se aglutinasen progresistas y demócratas con un programa común reflejado en el Pacto de Ostende de 1866, que establece el fin del reinado de Isabel II, una nueva Constitución y la soberanía popular. En estos años se producen numerosos pronunciamientos que fracasarán.

Desarrollo de la sublevación y consecuencias

Finalmente, el almirante Topete se sublevó en Cádiz, teniendo a la Armada a sus órdenes. Prim se puso al mando de la rebelión contando con el apoyo del general Serrano. Poco después se organizaron Juntas Revolucionarias en las principales ciudades del país que asumieron el poder local. La reina Isabel II, tras la batalla de Alcolea y su derrota, decidió cruzar la frontera y exiliarse en Francia, lo que supuso de facto el triunfo de la revolución La Gloriosa.

Tras el triunfo de la revolución, Prim formó un gobierno provisional y convocó elecciones a Cortes Constituyentes con el triunfo de los progresistas, que redactaron la primera Constitución democrática de España, con un amplio reconocimiento de derechos, sufragio universal masculino, sistema bicameral (Congreso de los Diputados y Senado), la monarquía parlamentaria y una clara división de poderes (el ejecutivo al Rey y al consejo de ministros, el legislativo a las Cortes y el judicial a los tribunales). Además, Prim buscó candidatos para el trono entre las principales casas reales europeas, siendo finalmente elegido Amadeo de Saboya en 1871.

El nombramiento de Amadeo I dio lugar a una oposición republicana, así como a una oposición alfonsina que pretendía la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. La muerte del general Prim, principal valedor de Amadeo de Saboya, más la complicación del escenario político —con el inicio de la Guerra de Cuba en 1868— llevó a Amadeo I a abdicar en 1873 y a la proclamación de la I República. La situación era muy complicada: a la guerra de Cuba y a la oposición alfonsina se unían la guerra carlista y el movimiento cantonalista. Para acabar con la República y facilitar el regreso de los Borbones, Martínez Campos realizó un pronunciamiento en Sagunto, que aceleró la restauración de Alfonso XII y la instauración de un sistema político inspirado en el turnismo inglés.