Las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en España

La medida económica más importante durante el reinado de Isabel II fueron las desamortizaciones. Estas supusieron la transformación jurídica de la propiedad de la tierra, es decir, la incautación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia y de la nobleza, que posteriormente se vendían en pública subasta. Este proceso era un modo de aumentar los ingresos de la Hacienda Pública, primero por la venta y después por los impuestos. Aunque hubo intentos desamortizadores previos, los más trascendentales fueron los llevados a cabo durante el reinado de Isabel II: la de Mendizábal y la de Madoz.

La Desamortización de Mendizábal (1836)

El progresista Juan Álvarez Mendizábal emprendió una gran desamortización eclesiástica. En 1836, se declararon en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular (conventos y monasterios). Más tarde, se desamortizarían también tierras del clero secular. Con estas medidas, Mendizábal pretendía sacar adelante un programa de gobierno más amplio:

• Obtener fondos para mantener un ejército capaz de derrotar a los carlistas.
• Reformar y sanear la Hacienda Pública.
• Facilitar el acceso a la propiedad a la burguesía, con la expectativa de que mejoraría la producción agrícola y revalorizaría las tierras.
• Crear un sector social de nuevos propietarios fieles al régimen liberal y al bando cristino en la Guerra Carlista.

Tras nacionalizar y confiscar los bienes del clero regular, estos fueron puestos a pública subasta. La imperiosa necesidad de obtener fondos para la Guerra Carlista propició la venta acelerada de estos bienes, que a menudo se vendieron muy por debajo de su precio real. El resultado final fue que se desamortizó, expropió y vendió más del 60% de las tierras de la Iglesia, lo que representaba casi el 10% de la superficie total de España. Sin embargo, esto solo alivió parcialmente las cuentas del Estado e incrementó el número de enemigos de los liberales entre los sectores más católicos. Sin duda, el desmantelamiento de los fundamentos materiales del poder económico de la Iglesia y el aumento del distanciamiento entre el clero y el régimen liberal fueron dos de sus principales consecuencias.

En cuanto a las propiedades de los nobles, Mendizábal, en el año 1836, simplemente suprimió mediante decreto los mayorazgos, lo que permitió a sus titulares vender las tierras o mantener la propiedad plena. Al año siguiente, declaró la abolición de los señoríos de la nobleza, medida que fue aprovechada por los señores para transformar el señorío en propiedad privada, a menudo en contra de los deseos de los campesinos. No obstante, en ningún caso expropió, nacionalizó ni vendió en pública subasta las tierras de los nobles.

La Desamortización de Madoz (1855)

Los progresistas, liderados por Baldomero Espartero, consiguieron gobernar entre 1854 y 1856. Durante este bienio, se desarrolló una nueva desamortización dirigida por el ministro Pascual Madoz, que establecía la pública subasta de todas las tierras pertenecientes a la Iglesia, al Estado, a los ayuntamientos y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Fue, por tanto, una desamortización con mayor alcance que la de Mendizábal, que había afectado únicamente a la Iglesia.

La desamortización de las tierras comunales de los ayuntamientos perjudicó especialmente a los vecinos más pobres, quienes perdieron el derecho de utilización de los terrenos comunales donde podían obtener leña y llevar a pastar a su ganado, lo que forzó a una parte de la población a emigrar a las ciudades.

Al igual que la de Mendizábal, pretendía sanear la difícil situación de la Hacienda Pública, aunque esta no se encontraba tan precaria como en 1836. También se pretendía financiar las infraestructuras necesarias para modernizar el país, especialmente la construcción de la red ferroviaria. También se utilizó el sistema de subasta, pero a diferencia de la anterior, no se admitían títulos de deuda como forma de pago; se exigía el pago en efectivo.

Con la desamortización de Madoz, desaparecieron definitivamente los bienes de manos muertas. En cualquier caso, su importancia fue extraordinaria, ya que afectó a un 20% del suelo español, aumentando en un 60% la superficie cultivada.

Consecuencias de las Desamortizaciones

• Acabó con las tierras amortizadas, liberalizando el sistema de propiedad de la tierra y su compraventa.
• Los compradores fueron principalmente gente adinerada (la vieja aristocracia y burgueses de los negocios). La nobleza consolidó su patrimonio, ya que, aunque perdió los derechos señoriales, consiguió la plena propiedad de las tierras.
• Incrementó el número de grandes terratenientes, sin modificar la estructura de propiedad de la tierra, que mantuvo grandes latifundios en el Sur y minifundios en el Norte.
• Los grandes perdedores fueron la Iglesia, los campesinos y los municipios. Los campesinos pasaron de ser usuarios de tierras comunales o de tierras de baja renta a pagar rentas elevadas por tierras de cultivo, en un contexto de mentalidad capitalista. La Iglesia perdió gran parte de su patrimonio inmobiliario (tierras), artístico y documental. Los municipios perdieron ingresos al privatizar las tierras que poseían.
• Permitió poner en cultivo una gran cantidad de tierras abandonadas.
• En parte, colaboró al saneamiento de la Hacienda Pública.

La Constitución Democrática de 1869: Características Esenciales

La Revolución de 1868, conocida como «La Gloriosa», triunfó y obligó a exiliarse a Isabel II. El general Francisco Serrano controló la situación y formó un Gobierno Provisional que debía convocar a Cortes Constituyentes. Las elecciones se celebraron a comienzos de 1869 con sufragio universal masculino para los mayores de 25 años, y dieron el triunfo a la coalición de progresistas, unionistas y demócratas, que obtuvo 236 escaños de ideología demócrata y monárquica. Los republicanos consiguieron 85 escaños y los carlistas, 20.

Las Cortes redactaron una nueva constitución, la Constitución de 1869, que fue aprobada con la abstención de carlistas y algunos republicanos. Se trata de la primera constitución democrática de España y una de las primeras de Europa. Aunque su vigencia fue muy escasa, pues solo duró hasta 1873. Sus principales principios fueron:

• Amplio régimen de derechos y libertades (manifestación, reunión, asociación, etc.), con garantías para su ejercicio. Se incluyó la libertad de enseñanza.
• Soberanía nacional. Se debatió la inclusión del término «popular», sin lograrlo.
• Mantenimiento de Cortes bicamerales: Congreso y Senado.
• Sufragio universal masculino. El Senado, sin embargo, sería elegido de forma indirecta.
• Forma de gobierno: Monarquía, pero plenamente democrática y constitucional.
• División radical de poderes:
  • Poder Ejecutivo: Recae en el monarca, ejercido a través de sus ministros.
  • Poder Legislativo: Cortes. El rey no tenía iniciativa legislativa ni derecho a veto.
  • Poder Judicial: Tribunales.
• Libertad religiosa, proclamada por primera vez en una constitución española.
• Elección democrática de Ayuntamientos y Diputaciones.

La Nueva Sociedad de Clases en el Siglo XIX Español

Con la implantación del liberalismo a lo largo del siglo XIX, la Sociedad Estamental del Antiguo Régimen dio paso a la sociedad de clases en la que, ante la desaparición de los privilegios y el establecimiento de la igualdad jurídica, la posición social pasó a estar determinada por el nivel de riqueza. La sociedad ya no se dividía en estamentos cerrados, definidos jurídicamente, con derechos y obligaciones diferentes y con escasa movilidad vertical.

Las constituciones y leyes liberales declararon la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, eliminando privilegios y exenciones. Sin embargo, el nivel de riqueza y el acceso al voto, a través de un sistema electoral censitario, condicionaron el surgimiento de las clases sociales, aunque con mucha más movilidad vertical que en el Antiguo Régimen.

Podemos dividir esta nueva sociedad de clases en tres grupos principales: las clases dirigentes, que detentaban el poder económico y político; una reducida clase media; y una gran masa de población con escaso poder económico, las clases populares.

Clases Dirigentes: Aristocracia y Alta Burguesía

La alta aristocracia (nobleza) siguió siendo un grupo social poderoso. Habían perdido sus privilegios legales, pero la desvinculación convirtió sus señoríos en propiedades privadas y la desamortización les permitió aumentar sus tierras. Su modo de vida y su mentalidad se basaron en el rentismo, es decir, vivir lujosamente de sus rentas sin necesidad de dedicarse a ninguna actividad productiva ni modernizar sus propiedades. No obstante, en ocasiones participaban en negocios industriales, aliándose con la burguesía con la que concertaban matrimonios de gran rentabilidad económica.

La alta burguesía, en este siglo, logró acceder al poder político y expandir sus negocios económicos. La integraban terratenientes que habían adquirido propiedades con la desamortización, grandes empresarios, comerciantes y banqueros. Esta élite social, que aspiraba a vivir como la nobleza, residía en los grandes núcleos urbanos. Se vincularon mayoritariamente con el Partido Moderado, salvo algunos comerciantes que apoyaban el librecambismo de los progresistas.

Las Clases Medias

Formaban un complejo conglomerado que incluía la baja burguesía comercial urbana, pequeños propietarios rurales de vida acomodada, profesionales liberales (profesores, médicos, abogados, arquitectos, etc.), funcionarios, oficinistas y mandos intermedios del ejército. Su escaso número (tan solo el 5% de la población) evidenciaba la fuerte polarización social entre ricos y pobres, así como el bajo nivel de industrialización y urbanización del país. Su riqueza era mucho menor que la de las clases dirigentes, pero compartían con ellas ciertas formas de ocio y un nivel de instrucción superior al de las clases populares. Las clases medias, aun sin una conciencia clara de su posición social, se encontraban a caballo entre las clases dirigentes, a las que admiraban, y el proletariado, al que miraban con cierto temor.

Las Clases Populares

Constituían la gran mayoría de la población (aproximadamente el 80%) y también eran un grupo muy heterogéneo. En general, apenas poseían bienes significativos y su situación económica y laboral era precaria. Además, este grupo sufría, aún a finales de siglo, un 60% de analfabetismo.

El campesinado rural era el grupo más numeroso (aproximadamente el 60%). Entre ellos se distinguían medianos y pequeños propietarios, arrendatarios y, sobre todo, la gran masa de jornaleros sin tierras, predominantes en la mitad sur peninsular. Su principal característica durante esta época fue la pérdida generalizada de su nivel de vida. Las causas fueron muy variadas: una tendencia general a la caída de los precios agrícolas, jornales tendentes a la baja, y los efectos de las desamortizaciones eclesiásticas y desvinculaciones señoriales. El golpe mortal se lo dio la desamortización de Madoz, al poner en venta las tierras de propios y comunes. Por tanto, la Revolución Liberal no contó ni con la ayuda ni el apoyo del campesinado, que prefirió apoyar al carlismo. A finales de siglo, se observó un acercamiento a las ideas anarquistas, sobre todo entre los jornaleros andaluces.

Los grupos populares urbanos integraban a artesanos, sirvientes del servicio doméstico (numerosos en Madrid) y al proletariado industrial, los «jornaleros de las fábricas» que, desde los años 30, fueron creciendo en número. El desarrollo de la industria del algodón y la primera siderurgia hicieron afluir a las ciudades a miles de trabajadores agrícolas que estaban de paso o que habían sido expulsados por la guerra o la expropiación de sus tierras. El resultado fue el crecimiento de las barriadas obreras y la extensión de las ideas de los movimientos obreros. La situación laboral de estos últimos era durísima, con jornadas de 12 horas o más, sin seguros de enfermedad o vejez y sin una legislación sociolaboral que garantizara sus derechos.