Al Ándalus: Evolución Política

La conquista musulmana de la península ibérica comenzó en el año 711 con la victoria de Tariq sobre el rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. En el 716, se estableció un emirato dependiente del Califato Omeya de Damasco, que duró hasta 756. Abderramán I, tras huir de Damasco, fundó el emirato independiente de Córdoba, reorganizando el Estado y enfrentándose a los reinos cristianos del norte. En 929, Abderramán III proclamó el califato de Córdoba, que vivió un periodo de gran esplendor bajo su mandato y el de Al-Hakam II. Sin embargo, tras la muerte de Almanzor en 1002, el califato entró en crisis y se disolvió en 1031, fragmentándose en los primeros reinos de taifas. Estos reinos, debilitados, pidieron ayuda a los almorávides, quienes reunificaron temporalmente Al Ándalus. Posteriormente, llegaron los almohades, pero fueron derrotados por los cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). Tras esta derrota, sólo el reino nazarí de Granada sobrevivió hasta 1492.

Al Ándalus: Economía, Sociedad y Cultura. El Legado Judío en la Península Ibérica

La economía de Al Ándalus fue próspera, destacando en la agricultura de regadío (acequias, norias) e introducción de nuevos cultivos como la caña de azúcar y el algodón. Se desarrolló la ganadería ovina con la oveja merina, y el comercio, especialmente en Córdoba, fue clave, utilizando el dinar de oro y el dírham de plata. La sociedad era diversa: árabes (élite administrativa), bereberes (tierras menos fértiles), muladíes (cristianos convertidos), mozárabes y judíos (pagaban impuestos), y esclavos. La cultura andalusí brilló en ciencias como matemáticas, astronomía y medicina, destacando filósofos como Averroes y literatos como Ibn Hazm. Los judíos jugaron un papel importante, especialmente en la Escuela de Traductores de Toledo, contribuyendo al conocimiento grecolatino en Europa y destacando figuras como Maimónides y Hasday Ibn Shaprut.

Los Reinos Cristianos: Evolución de la Conquista de la Península y Organización Política

Los primeros reinos cristianos surgieron en el norte de la península ibérica. El Reino de Asturias fue el primero, formado en el siglo VIII, seguido por el Condado de Castilla en el siglo X y el Reino de Navarra en el siglo IX. Los condados pirenaicos de Sobrarbe y Ribagorza dieron origen a Aragón, mientras que los condados catalanes se independizaron de los francos en el siglo X. Durante la Edad Media, las monarquías se fortalecieron adoptando el derecho romano y creando instituciones como las Cortes, que surgieron en León en 1188 para representar a las ciudades.

La Reconquista avanzó en etapas. La primera, entre los siglos VIII y X, comenzó con la victoria de Pelayo en Covadonga (722), expandiéndose el Reino de Asturias hasta el Duero. En la segunda etapa (siglos XI-XII), Alfonso VI conquistó Toledo (1085) y Aragón tomó Zaragoza. En la tercera etapa, los cristianos vencieron a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). Finalmente, en la cuarta etapa, Fernando III y Jaime I tomaron el valle del Guadalquivir, Valencia y Mallorca, completándose la reconquista con la toma de Granada en 1492.

Modelos de Repoblación. Organización Estamental

La repoblación de las tierras conquistadas al islam por los reinos cristianos se realizó en diferentes etapas y con distintos métodos. En los siglos VIII y X, la presura o «aprisio» permitió que los colonos ocuparan libremente tierras en el valle del Duero y en la Plana de Vic. Entre los siglos XI y XII, se aplicó la repoblación concejil, creando municipios (concejos) con fueros que ofrecían privilegios para atraer población. En el siglo XIII, las Órdenes Militares tomaron grandes latifundios en zonas fronterizas como los valles del Guadiana y Júcar. Más tarde, la repoblación con repartimientos distribuyó tierras en el valle del Guadalquivir y el litoral levantino, otorgando grandes propiedades a la nobleza y la Iglesia. Esta repoblación consolidó una sociedad estamental: nobleza y clero eran privilegiados, mientras que el campesinado y los ciudadanos formaban el estamento no privilegiado, sujetos a rentas y cargas bajo el régimen señorial, que persistió hasta el siglo XIX.

Organización Política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra al Final de la Edad Media

Los reinos de Castilla, Aragón y Navarra presentaban diferencias significativas en su organización política. Castilla, el reino más grande, centralizó su poder gracias a la adopción del derecho romano y códigos como las Siete Partidas de Alfonso X y el Ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI. Su administración central incluía el Consejo Real, la Chancillería y la Hacienda. Los municipios estaban controlados por regidores y corregidores, lo que fortalecía la monarquía.

En Aragón, compuesto por Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, la monarquía era más débil, ya que gobernaba bajo un sistema «pactista«, donde el rey debía negociar con las Cortes de cada territorio, que tenían una función legislativa. Instituciones como la Generalitat de Cataluña y el Justicia de Aragón limitaban el poder del monarca.

Navarra, tras su independencia de Francia en el siglo XIV, fortaleció sus Cortes y creó la Cámara de Comptos, un tribunal de cuentas que gestionaba los impuestos del reino.

Transformaciones Sociales y Económicas (Franquismo)

Tras el final de la Guerra Civil en 1939, España quedó devastada económica y socialmente. El régimen franquista optó en la posguerra por un modelo económico autárquico, inspirado en los regímenes fascistas europeos, que apostaba por la autosuficiencia y una fuerte intervención estatal. Esta política provocó una profunda crisis: se hundió la producción agrícola e industrial, se impusieron el racionamiento de alimentos (hasta 1952), el control de precios y una rígida planificación central. Para intentar reconstruir la economía, se fundó el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941, que impulsó empresas estatales como SEAT o ENDESA. Sin embargo, la corrupción, el mercado negro y el aislamiento internacional agudizaron la miseria.

A partir de los años 50, la ineficacia de la autarquía llevó a una progresiva apertura. Se creó el Instituto Nacional de Colonización (convirtió en regadío grandes extensiones de secano del país y se repoblaron estas zonas) y se suprimió el racionamiento. La ayuda de EE.UU., gracias a la Guerra Fría, permitió importar maquinaria, iniciar la industrialización y mejorar el nivel de vida. En 1957 Franco permitió la entrada en el gobierno de un grupo de tecnócratas del Opus Dei que, en 1959, impulsaron el Plan de Estabilización, que liberalizó la economía, redujo el intervencionismo estatal y atrajo inversión extranjera. Esta apertura provocó un rápido crecimiento económico en los años 60, conocido como desarrollismo, concentrado sobre todo en Madrid, Cataluña y el País Vasco. La industria se modernizó, el turismo creció y las remesas de los emigrantes aumentaron las reservas en divisas.

Los Planes de Desarrollo, a partir de 1962, buscaron ampliar el crecimiento industrial a otras regiones mediante polos de desarrollo y modernizar el sector agrario. España dejó de ser un país agrario y subdesarrollado para convertirse en una economía industrial emergente, aunque sin un verdadero desarrollo tecnológico ni equidad territorial. Las desigualdades entre regiones persistieron y parte del crecimiento se sostuvo gracias a la emigración masiva.

Las transformaciones económicas trajeron consigo importantes cambios sociales. La población aumentó por el baby boom y se produjo un éxodo rural hacia las ciudades y hacia Europa occidental. En las periferias urbanas surgieron barrios sin planificación, con carencias de servicios básicos. Cambió la estructura laboral: en 1970 el sector primario ya solo ocupaba al 29% de la población activa. La clase media creció y se amplió la cobertura de la Seguridad Social. La sociedad de consumo se generalizó y trajo nuevas formas de vida: acceso a electrodomésticos, vacaciones, más movilidad y acceso a información. Esto debilitó el control ideológico del régimen y de la Iglesia, y abrió paso a cambios culturales como la incorporación progresiva de la mujer al trabajo y una mentalidad más abierta.

La Represión, el Exilio y los Movimientos de Protesta contra la Dictadura. La Cultura durante el Franquismo en España y en el Exilio

Durante los primeros años de la dictadura franquista, la represión fue uno de los pilares fundamentales del régimen. Se castigó con dureza a quienes habían apoyado a la República, especialmente a los militantes de izquierda, masones y comunistas. Entre 1939 y 1940 se ejecutaron miles de personas, amparándose en leyes como la de Responsabilidades Políticas o la de Represión de la Masonería y el Comunismo. Además, se depuraron funcionarios, se prohibió el ejercicio de profesiones y se limitaron derechos civiles. Entre 1936 y 1947 se crearon cientos de campos de concentración donde fueron internados combatientes republicanos y disidentes políticos.

El exilio republicano supuso la salida de unas 500.000 personas. Muchos huyeron a Francia, México o la URSS. Algunos participaron en la Resistencia francesa y otros murieron en campos nazis. México acogió al gobierno republicano en el exilio y fue un importante foco de cultura. Mientras algunos exiliados regresaron en los años 50 y 60, la mayoría solo volvió tras la muerte de Franco.

Durante la dictadura surgieron múltiples formas de oposición. En el exterior, el Gobierno de la República en el exilio y Don Juan de Borbón denunciaron al régimen. En el interior, las primeras huelgas obreras y protestas estudiantiles en los años 40 y 50 fueron reprimidas con dureza. Sin embargo, en los años 60 y 70, pese al crecimiento económico, aumentó el descontento por el inmovilismo político. Se intensificaron las huelgas obreras, organizadas sobre todo por CC.OO.; los estudiantes protagonizaron protestas destacadas como las de 1968; y sectores de la Iglesia comenzaron a alejarse del régimen tras el Concilio Vaticano II. También se fortalecieron los movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. El PCE, dirigido por Santiago Carrillo, lideró la oposición de izquierdas en la clandestinidad, mientras que el PSOE permaneció dividido. ETA nació en 1959 y optó por la lucha armada a partir de los años 60, lo que provocó una reacción represiva del régimen. El juicio de Burgos en 1970 y las últimas ejecuciones en 1975 marcaron los momentos más tensos del final del franquismo.

En el ámbito cultural, el exilio supuso una gran pérdida intelectual. Muchos autores e intelectuales, como Rafael Alberti, Luis Buñuel o Salvador de Madariaga, desarrollaron su obra en el extranjero, sobre todo en México, donde floreció una intensa actividad cultural. En España, pese a la censura, algunos escritores consiguieron reflejar la dureza de la realidad, como Cela con La familia de Pascual Duarte o Buero Vallejo con Historia de una escalera. A partir de los años 50, surgió una generación de escritores realistas que denunciaron de forma crítica la sociedad franquista, como Delibes o Martín Santos. En el cine, directores como Berlanga o Bardem utilizaron la ironía y el realismo para mostrar una imagen alternativa del país frente a la cultura oficial promovida por el régimen, centrada en el folclore, las comedias simples, el fútbol y los toros.

La Evolución Política tras la Muerte de Franco. Retos, Logros, Dificultades y Resistencias al Establecimiento de la Democracia

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, se abrió un proceso complejo y delicado: la Transición a la democracia. Aunque Juan Carlos I accedió al trono de acuerdo con las leyes franquistas, manifestó desde el principio su intención de convertirse en un monarca para todos los españoles y de restaurar la democracia. Sin embargo, el camino no fue fácil: los franquistas recelaban de él, la oposición dudaba de su compromiso y su propio padre, don Juan de Borbón, no renunció al trono hasta 1977.

En un primer momento, el rey mantuvo a Arias Navarro como presidente del Gobierno, pero lo destituyó en julio de 1976 por su falta de voluntad reformista. En su lugar nombró a Adolfo Suárez, una figura inesperada pero clave en la transición. Suárez impulsó la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por las Cortes franquistas y ratificada en referéndum en diciembre de 1976. Este gesto simbolizó el desmantelamiento del régimen desde dentro del propio sistema.

A partir de 1977, Suárez promovió una política de consenso: se legalizaron los partidos políticos (incluido el PCE, a pesar del malestar en el ejército), se aprobó la Ley de Amnistía y se disolvió el Movimiento Nacional. Las primeras elecciones democráticas se celebraron en junio de 1977, con victoria de UCD, seguida del PSOE, el PCE y Alianza Popular. También obtuvieron representación los partidos nacionalistas, mientras que la extrema derecha fue marginada.

Ante la profunda crisis económica, el Gobierno pactó con partidos, empresarios y sindicatos los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), un acuerdo para frenar la inflación y modernizar la economía. Paralelamente, se emprendió la reforma territorial con la restauración de la Generalitat de Cataluña y la concesión de un régimen preautonómico al País Vasco. Las Cortes redactaron una nueva Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, que consagró un sistema parlamentario, los derechos fundamentales y el Estado de las Autonomías.

En 1979 se celebraron elecciones generales, que volvió a ganar UCD. Sin embargo, Suárez gobernó en un clima cada vez más inestable. Las tensiones internas de su partido, la presión de los militares, el auge del terrorismo de ETA, y las críticas por su gestión territorial le llevaron a dimitir en febrero de 1981. Durante la votación de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, el teniente coronel Tejero protagonizó un intento de golpe de Estado (23-F), que fracasó tras la intervención televisada del rey.

Calvo Sotelo gobernó hasta 1982, periodo en el que se aprobó la Ley del divorcio y se produjo la entrada de España en la OTAN. Sin embargo, la UCD estaba profundamente fragmentada, lo que llevó al adelanto electoral. En octubre de 1982 el PSOE, liderado por Felipe González, ganó por mayoría absoluta. La llegada de la izquierda al poder simbolizó el final de la Transición y la plena consolidación de la democracia en España.

La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías

Tras las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, se inició la elaboración de una nueva Constitución con el objetivo de establecer un marco legal para la democracia y superar la etapa franquista. A diferencia de las anteriores constituciones españolas, la de 1978 fue fruto del consenso entre las principales fuerzas políticas del momento. Los conocidos como “padres de la Constitución” representaban a distintos partidos: UCD (Cisneros, Pérez Llorca y Herrero), AP (Fraga), PSOE (Peces-Barba), PCE (Solé Tura) y la Minoría Catalana (Roca). Fue aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un amplio respaldo ciudadano, aunque el PNV se abstuvo al no considerarse suficientemente reconocida la identidad vasca.

La Constitución establece que España es un Estado social y democrático de derecho y configura una monarquía parlamentaria. El Rey deja de tener funciones ejecutivas y actúa como jefe del Estado, representante de la unidad nacional y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con funciones simbólicas y protocolarias. Además, el texto constitucional reconoce tanto los derechos individuales (como la libertad, la igualdad o la propiedad) como los sociales (educación, salud, trabajo o vivienda). España se declara un Estado aconfesional, aunque se reconoce la importancia histórica y social de la Iglesia católica.

El nuevo marco político se basa en la división de poderes. El poder ejecutivo recae en el presidente del Gobierno, elegido por el Congreso, quien dirige el Consejo de Ministros y tiene la capacidad de disolver las Cortes. El poder legislativo reside en unas Cortes Generales bicamerales: el Congreso de los Diputados, que aprueba leyes y controla al Gobierno, y el Senado, que actúa como cámara de representación territorial y de segunda lectura. El poder judicial es independiente, con el Tribunal Constitucional como garante del cumplimiento de la Constitución.

Uno de los elementos más novedosos fue la creación del Estado de las Autonomías, una estructura descentralizada que reconocía las aspiraciones históricas de autogobierno, especialmente en Cataluña, el País Vasco y Galicia. Para evitar agravios comparativos, se estableció un sistema abierto a todas las regiones. Así, la Constitución contempló dos vías de acceso: la vía rápida del artículo 151, para las nacionalidades históricas, y la vía lenta del artículo 143, para el resto de territorios. Andalucía, inicialmente encuadrada en la vía lenta, accedió finalmente por la rápida tras un referéndum en 1980.

Cada Comunidad Autónoma tiene una Asamblea legislativa elegida por sufragio, un presidente regional y un Tribunal Superior de Justicia. Cataluña y el País Vasco fueron los primeros territorios en constituirse como autonomías en 1977 y 1978. Entre 1981 y 1983 se completó el proceso para el resto, con Ceuta y Melilla alcanzando el estatus de ciudades autónomas en 1995. A lo largo del tiempo se transfirieron competencias en materias como educación, sanidad o policía autonómica, y algunas comunidades han logrado un mayor grado de autogobierno que otras. En la actualidad, España es uno de los Estados más descentralizados de la Unión Europea.

La Normalización Democrática y la Alternancia Política hasta 2018. La Amenaza del Terrorismo de ETA y el Terrorismo Yihadista

Desde el fin de la Transición en 1982, España vivió un proceso de normalización democrática caracterizado por la alternancia política entre gobiernos del PSOE y del PP, y por la lucha constante contra el terrorismo, tanto de ETA como el yihadista. El PSOE de Felipe González gobernó entre 1982 y 1996, en un periodo clave para consolidar la democracia. Se completó el proceso autonómico, se modernizó el Ejército y se reforzó la lucha contra ETA mediante acuerdos como el Pacto de Ajuria Enea (1988). España se integró en la CEE (1986), ratificó su permanencia en la OTAN y participó en la Guerra del Golfo (1990). En economía, se aplicaron medidas de economía liberal como la reconversión industrial, privatizaciones y reducción del gasto público, lo que provocó inicialmente una subida del paro, aunque luego se vivió un crecimiento hasta 1992, año marcado por los grandes eventos de Barcelona y Sevilla, y el inicio de una nueva crisis. El desgaste por la recesión, casos de corrupción (Luis Roldán, GAL) y la pérdida del apoyo nacionalista condujeron a la derrota del PSOE en 1996.

José María Aznar (PP) gobernó entre 1996 y 2004, primero en minoría con apoyo nacionalista y luego con mayoría absoluta. Continuó la lucha contra ETA, profesionalizó el Ejército y endureció las políticas migratorias. Se alineó estrechamente con EE. UU., participando en la invasión de Irak (2003) y actuando militarmente en la crisis de la isla de Perejil (2002). En economía, la política liberal impulsó el crecimiento y el empleo, se logró la entrada en el euro (2002), pero se formó una peligrosa burbuja inmobiliaria. El hundimiento del Prestige, la oposición social al Plan Hidrológico y, sobre todo, los atentados del 11-M (2004) y la gestión de la información por parte del Gobierno provocaron la derrota electoral del PP.

José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) gobernó de 2004 a 2011. Se retiraron las tropas de Irak y se reforzó la relación con Europa. Se impulsaron leyes sociales (como el matrimonio igualitario) y se enfrentó a dos grandes desafíos: el terrorismo y la crisis económica. Tras los atentados yihadistas del 11-M, se intensificó la lucha contra este tipo de terrorismo y también contra ETA, que anunció un alto el fuego definitivo en 2011. Sin embargo, la crisis económica mundial de 2008 provocó una gran recesión en España, elevando el desempleo y el déficit. En 2010, el Gobierno aplicó recortes impopulares que desgastaron al PSOE y llevaron al triunfo del PP.

Mariano Rajoy (PP) gobernó entre 2011 y 2018. Su prioridad fue gestionar la recuperación económica mediante recortes y reformas laborales. A partir de 2014, la economía mostró signos de mejora, aunque con empleo precario y bajos salarios. El bipartidismo se debilitó con la irrupción de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos. En política territorial, el independentismo catalán creció y culminó con el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y una fallida declaración unilateral de independencia. En 2014 abdicó Juan Carlos I en su hijo Felipe VI. Rajoy fue finalmente destituido en 2018 tras una moción de censura promovida por el PSOE tras un caso de corrupción del PP.

Durante todos estos años, el principal enemigo interno fue ETA, que sembró el terror con asesinatos y secuestros, pero fue debilitada progresivamente hasta su disolución en 2018. También existieron otros grupos nacionalistas armados como Terra Lliure o GRAPO, pero con menor impacto. Desde 2004, el terrorismo yihadista ha representado la mayor amenaza, con atentados como los del 11-M en Atocha o el ataque en Las Ramblas de Barcelona en 2017.

Consecuencias Económicas, Sociales y Políticas del Proceso de Integración en la Unión Europea. Participación en las Instituciones Europeas

La integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 supuso un hito fundamental en su historia reciente, con profundas consecuencias políticas, económicas y sociales. Tras la dictadura franquista, el objetivo de los gobiernos democráticos fue el regreso a Europa. Ya en 1970, bajo el régimen, se había firmado un acuerdo preferencial con la CEE, pero fue tras la Transición cuando se inició el proceso formal de adhesión, impulsado por Adolfo Suárez. Las negociaciones comenzaron en 1979 y culminaron con la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985, bajo el gobierno del PSOE de Felipe González.

La entrada en la CEE fue compleja, debido a los recelos de algunos países como Francia o Reino Unido, preocupados por la competencia del sector primario español y por el coste de ampliar los fondos estructurales. Alemania apoyó la adhesión a cambio de que España reconvirtiera parte de su industria para evitar competir con la alemana. La entrada en la CEE implicó duras condiciones para el sector primario y secundario: la agricultura, pesca, ganadería y algunas industrias fueron desmanteladas o profundamente reformadas a cambio de ayudas económicas.

Las consecuencias económicas fueron significativas. España se integró en el mercado común, lo que implicó la liberalización del comercio, la apertura al capital extranjero y la modernización de las infraestructuras gracias a los fondos europeos. La renta per cápita aumentó, y el país experimentó un notable desarrollo económico, aunque con una fuerte terciarización de la economía y una pérdida de peso del sector primario y secundario. La reconversión industrial provocó desempleo en algunas regiones, pero también estimuló la modernización tecnológica y la mejora de la competitividad.

En el ámbito político, la integración reforzó la democracia y consolidó a España como miembro activo del proyecto europeo. Participó en todos los tratados fundamentales del proceso de construcción de la Unión Europea: el Acta Única (1986), que introdujo las “cuatro libertades” (personas, mercancías, servicios y capitales); el Tratado de Schengen (1991), que eliminó los controles fronterizos; y el Tratado de Maastricht (1992), que transformó la CEE en la Unión Europea y estableció las bases de la unión política y monetaria.

España fue uno de los países fundadores del euro, tras cumplir en 1998 los requisitos de estabilidad económica. La moneda única entró en circulación en 2002, sustituyendo a la peseta. A lo largo de los años, también apoyó la ampliación de la UE hacia Europa del Este (Tratado de Niza, 2003) y la fallida Constitución Europea de 2004, que aunque aprobada en referéndum en España, fue rechazada por otros países. Posteriormente, respaldó el Tratado de Lisboa (2007), que reorganizó las instituciones europeas y dotó a la UE de personalidad jurídica propia.

En conjunto, la integración en la UE ha sido clave para el progreso económico, la estabilidad democrática y la modernización de España, aunque también ha planteado retos relacionados con la dependencia económica exterior, el desempleo estructural o la desigualdad entre regiones.