El Régimen Franquista (1939-1975)

El régimen de Franco (1939-1975) fue una dictadura personal de origen militar que encarnó los valores de los vencedores de la Guerra Civil. Bajo el título de “Caudillo”, Franco acumuló todos los poderes del Estado. Ideológicamente, se caracterizó por el rechazo a la democracia liberal, el anticomunismo, una concepción unitaria de España y el nacionalcatolicismo, aspectos recogidos en las siete Leyes Fundamentales. Sus principales apoyos fueron el Ejército, la Iglesia y las élites conservadoras. El resto de la sociedad mantuvo, en general, una actitud pasiva. Fue un régimen monopolítico con diversos grupos de poder como la Falange, los Carlistas, los monárquicos, los Católicos y los tecnócratas, a los que Franco concedía poder según el momento político internacional.

Apertura, Desarrollo Económico y Reformas Políticas en los Años 60

La apertura internacional, el desarrollo económico y la transformación de la sociedad en los años 60 impulsaron ciertas reformas políticas. La ascensión política de Carrero Blanco reforzó el gobierno de los tecnócratas, muchos de ellos vinculados al Opus Dei. El objetivo principal de estos gobiernos era el desarrollo económico, una cierta renovación política y la modernización del país. El llamado “desarrollismo” esperaba consolidar el franquismo mediante reformas legislativas y modernizar la imagen de la dictadura sin acometer cambios sustanciales.

En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), que remitía los delitos políticos a la jurisdicción civil. Sin embargo, esto no significó una disminución de la represión. En 1967 se aprobó la Ley de Seguridad Social, que amplió los mecanismos de cobertura social. En 1966 se celebraron elecciones en el Sindicato Vertical y el ministro Manuel Fraga Iribarne promovió la Ley de Prensa e Imprenta, que suprimía la censura previa. En 1967, la Ley de Libertad Religiosa reconocía la igualdad de las religiones y la libertad de práctica religiosa. También se aprobó la Ley de Representación Familiar, que permitía una tímida apertura en las Cortes franquistas al incluir nuevos procuradores elegidos por los cabezas de familia. La Ley Orgánica del Estado, una nueva Ley Fundamental, depuraba el lenguaje fascista y confirmaba la institución monárquica del régimen, estableciendo la separación entre Jefe del Estado y presidente del Gobierno.

En 1969, Franco nombró a Juan Carlos de Borbón su sucesor a título de Rey, con la denominación de Príncipe de España. Este nombramiento significó el culmen del programa de institucionalización de los tecnócratas.

Política Internacional y Crisis Final del Régimen

En el ámbito internacional, se firmó en 1970 un Acuerdo Preferencial con la Comunidad Económica Europea (CEE). España participó en la descolonización africana, retirándose de Marruecos (protectorado norte), Guinea Ecuatorial e Ifni.

Las discrepancias entre inmovilistas y aperturistas estallaron en 1969 con el escándalo Matesa, que supuso el fin de la influencia preponderante de los tecnócratas. Carrero Blanco defendió endurecer la política interna y aumentar la represión. Los Sucesos de Burgos en 1970 (un consejo de guerra contra miembros de ETA) provocaron un aumento de la presión internacional contra el régimen. En este contexto, las tensiones internas se decantaron a favor de las posiciones inmovilistas, avaladas por Carrero y el propio dictador.

En junio de 1973, Carrero Blanco fue nombrado presidente del Gobierno, convirtiéndose en la figura clave para mantener la unión de las familias del régimen y asegurar su pervivencia tras la muerte del dictador. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año fue asesinado por ETA. A partir de ese momento, la fractura entre los inmovilistas (el “búnker”) y los aperturistas se fue haciendo cada vez mayor.

En enero de 1974 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, que, bajo el programa conocido como el “espíritu del 12 de febrero”, apostaba por un mayor pluralismo político. Los sectores inmovilistas se opusieron frontalmente y, con Franco ya gravemente enfermo, el gobierno de Arias Navarro viró hacia el inmovilismo. Durante estos años se produjo un crecimiento de la conflictividad social y la contestación política, con numerosas protestas obreras y estudiantiles.

En 1974 se creó en París, a iniciativa del Partido Comunista de España (PCE), la Junta Democrática de España, que apostaba por un régimen democrático. En 1975 surgió la Plataforma de Convergencia Democrática, a iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la Democracia Cristiana, la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En estos últimos años de la dictadura se produjo también el recrudecimiento de la violencia política por parte de ETA, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y el GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

La enfermedad de Franco se agravó a lo largo de 1974. En estos últimos meses de vida del dictador, España tuvo que hacer frente a la Marcha Verde sobre el Sáhara Español, que culminó con los Acuerdos de Madrid, suponiendo la entrega del territorio a Marruecos y Mauritania. El dictador falleció el 20 de noviembre de 1975. La idea de que todo estaba “atado y bien atado” acabó siendo una ilusión sin fundamento.

La Transición Democrática (1975-1982)

La muerte de Franco inició la transición democrática, el paso de la dictadura a la democracia. A partir de la legalidad franquista, se pusieron de acuerdo sectores del franquismo y de la oposición (liberales e izquierda). Este proceso contó con la oposición de la extrema izquierda y del “búnker” (franquismo inmovilista). La sociedad española, en su mayoría, se alejó de las posiciones extremas. El Rey, Juan Carlos I, asumió su papel de monarca constitucional y potenció la democratización de España entre 1975 y 1978. Este periodo se cerró con el triunfo electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1982.

Posturas Políticas en 1975

Las principales posturas políticas en 1975 eran:

• Franquismo:
  • El “búnker”: No querían ningún cambio. Su fuerza aumentó tras el asesinato de Carrero Blanco.
  • Aperturistas: Proponían cambios sin poner en duda los principios del franquismo (unidad de España, rechazo al comunismo), buscando una democracia limitada.
  • Reformistas: Conscientes de la distancia entre el Régimen y la sociedad, proponían una reforma a través de la legalidad vigente para llegar a una democracia plena (figura clave: Adolfo Suárez).
• Oposición democrática: La Coordinación Democrática (conocida popularmente como “Platajunta”) reclamaba elecciones libres, libertades políticas y sindicales, amnistía para los presos políticos, el retorno de los exiliados y estatutos de autonomía. Se dividía principalmente en:
  • Oposición moderada: Buscaba la democracia a través de una reforma pactada.
  • Rupturistas (principalmente el PCE y el PSOE en sus inicios): Exigían una ruptura total con el franquismo.

De la Muerte de Franco a las Elecciones de 1977

Tras la muerte de Franco, la incertidumbre sobre el futuro político de España era generalizada. Tal como estaba previsto en las Leyes Fundamentales, Don Juan Carlos fue coronado Rey de España. Las Cortes y el Consejo del Reino conservaban los poderes de Franco, y su posición sería determinante para el futuro del país. El ambiente era tenso, con un franquismo inmovilista fuerte y una oposición que exigía la ruptura.

El Rey Juan Carlos I tomó la iniciativa, anunciando su deseo de instaurar una democracia. Nombró a Torcuato Fernández-Miranda presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Ante la presión de los inmovilistas, mantuvo inicialmente a Arias Navarro como presidente del Gobierno, quien se mostró incapaz de realizar las reformas necesarias. La parálisis política y la mala situación económica, agravada tras la crisis del petróleo de 1973, aumentaron la tensión social, que fue reprimida (como en los sucesos de Montejurra en 1976).

En julio de 1976, Arias Navarro dimitió y fue sustituido por Adolfo Suárez, un político procedente del franquismo. A pesar de la desconfianza inicial de la oposición, Suárez, con el apoyo del monarca, dirigió la transición política entre julio de 1976 y junio de 1977. El proyecto de Suárez consistía en pasar del régimen franquista a uno democrático. Con la ayuda de Torcuato Fernández-Miranda, se elaboró la Ley para la Reforma Política, presentada como la octava ley fundamental del franquismo. Esta ley preveía la celebración de elecciones a Cortes bicamerales (Congreso y Senado) por sufragio universal. La Ley fue sometida a referéndum popular en diciembre de 1976, siguiendo la Ley de Referéndum de 1945. Los resultados demostraron el deseo mayoritario de la sociedad española de avanzar hacia la democracia. Para convencer a la oposición de participar en las elecciones, se legalizó el Partido Comunista de España (PCE) en abril de 1977, una decisión arriesgada pero crucial. La reforma culminó con las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977. Los partidos nacionalistas obtuvieron resultados importantes en Cataluña y el País Vasco, y ganó las elecciones la Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Adolfo Suárez.

Consolidación Democrática (1977-1982)

Adolfo Suárez se convirtió en el primer presidente del Gobierno de la democracia restaurada. La consolidación democrática exigía una Constitución democrática elaborada por consenso. El gobierno de UCD sabía que era imposible una constitución de consenso sin paz social. Para ello, se firmaron los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977, unos acuerdos económicos y sociales suscritos por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y los principales sindicatos para hacer frente a la grave crisis económica.

Inmediatamente después, se procedió a la elaboración de la Constitución de 1978, que fue aprobada por las Cortes y ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Sus principios básicos son:

• Es una constitución democrática aprobada por consenso.
• Define a España como un Estado social y democrático de Derecho, que tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales como la sanidad, la educación, el trabajo y la vivienda.
• Establece la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
• Reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que se generaliza hasta crear el Estado de las Autonomías.
• Proclama la aconfesionalidad del Estado, garantizando la libertad religiosa.
• Incluye una amplia declaración de derechos y libertades, como el divorcio y el fin de la pena de muerte.

Una vez aprobada la Constitución, se celebraron nuevas elecciones generales en marzo de 1979, con una nueva victoria de la UCD.

Este periodo, hasta 1982, se caracterizó por la fragilidad de la democracia, amenazada por la segunda crisis del petróleo de 1979, el terrorismo (principalmente de ETA y GRAPO) y los intentos involucionistas de grupos de extrema derecha con respaldo en sectores del ejército. Adolfo Suárez dimitió en enero de 1981. El 23 de febrero de 1981, durante la votación de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, se produjo un intento de golpe de Estado (23-F). Tras el fracaso del golpe, y a pesar de los intentos de Calvo-Sotelo por mantener la cohesión, la descomposición de la UCD llevó al adelanto de las elecciones generales a octubre de 1982, que fueron ganadas por el PSOE de Felipe González con una amplia mayoría absoluta.

Los Gobiernos de Felipe González (1982-1996)

La crisis de la UCD y las promesas de cambio dieron una mayoría absoluta al PSOE en las elecciones de octubre de 1982. Felipe González fue presidente del Gobierno durante cuatro legislaturas. Renovó la mayoría absoluta en 1986 y 1989, pero no en 1993, cuando el PSOE tuvo que buscar el apoyo de otros partidos para gobernar.

Programa de Reformas y Modernización

El gobierno socialista emprendió un amplio programa de reformas. La prioridad era poner fin a la crisis económica, modernizar las administraciones públicas y avanzar en la construcción del Estado del bienestar. Para reactivar la economía, se buscó garantizar la estabilidad financiera, reducir la inflación y estimular la inversión. Se llevó a cabo una dura reconversión industrial, cerrando empresas en crisis, lo que provocó un aumento del paro y protestas sindicales. Sin embargo, esta reforma se consideró necesaria para adaptar la economía española a las exigencias del mercado internacional y para la entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE).

Las reformas económicas fueron acompañadas de reformas sociales, como la despenalización parcial del aborto, que generó fuertes críticas por parte de grupos católicos. En el ámbito educativo, se impulsó la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983, que reconocía la autonomía de las Universidades, y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en 1985. La educación gratuita se extendió hasta los 14 años, y en 1990 la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) prolongó la escolarización obligatoria hasta los 16 años.

Política Exterior e Integración Europea

En 1982, poco antes de la llegada del PSOE al poder, España había ingresado en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). El PSOE, que inicialmente se había opuesto durante el gobierno de Calvo-Sotelo (cuando se votó en contra en el Parlamento), cambió su postura y convocó un referéndum en 1986 en el que se votó a favor de la permanencia en la Alianza Atlántica.

Las autonomías se consolidaron, aunque la distribución de poderes y competencias fue un proceso complejo. Se aprobó la Ley del Proceso Autonómico (LOAPA), aunque algunos de sus artículos fueron declarados inconstitucionales. La integración de España en la CEE era prioritaria. En junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la CEE con el consenso de todos los partidos. La incorporación efectiva se produjo en enero de 1986.

Consolidación del Estado del Bienestar y Tensiones Sociales

A partir de 1986, coincidiendo con un ciclo de desarrollo económico mundial, se produjo un descenso del paro y un crecimiento de la economía. Esto permitió desarrollar una política social que generalizó el Estado del bienestar, aumentando los servicios y las prestaciones. Se universalizó la asistencia sanitaria gratuita, se consolidó el sistema público de protección por desempleo y el sistema de pensiones, que posteriormente se reformaría con el Pacto de Toledo (1995). Para financiar estas reformas, fue necesario aumentar los ingresos, lo que se consiguió mediante una reforma fiscal.

Las reformas económicas de los primeros gobiernos socialistas supusieron un deterioro en las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno, ya que los esfuerzos de modernización económica fueron soportados en gran medida por los trabajadores. A la oposición de Comisiones Obreras (CC.OO.) se unió la de la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato históricamente vinculado al PSOE. El resultado fue la convocatoria de una exitosa huelga general el 14 de diciembre de 1988. Tras ella, se adoptaron medidas sociales y laborales entre 1990 y 1995 que profundizaban en el Estado del bienestar.

Hitos de 1992 y Reformas Estructurales

Los fondos europeos permitieron la realización de importantes obras públicas, como carreteras y la primera línea de Alta Velocidad Española (AVE) entre Madrid y Sevilla. El año 1992 fue emblemático, con la celebración de la Exposición Universal de Sevilla (Expo ’92), los Juegos Olímpicos de Barcelona y la designación de Madrid como Capital Europea de la Cultura.

Se llevó a cabo una importante reforma del ejército para evitar tentaciones golpistas, que incluyó la reducción de la plantilla y su plena sumisión al poder civil.

Terrorismo, Corrupción y Final de Etapa

En 1988 se firmó el Pacto de Ajuria Enea entre las principales fuerzas políticas vascas (a excepción de Herri Batasuna) y el Gobierno central para luchar contra el terrorismo de ETA. A principios de la década de 1990, surgieron tensiones internas en el PSOE entre dos facciones: los “renovadores” (liderados por González) y los “guerristas” (seguidores de Alfonso Guerra).

Varios casos de corrupción salpicaron al gobierno y al partido, como el caso Ibercorp o el caso Filesa, que demostró que el PSOE había financiado ilegalmente gastos electorales en las elecciones de 1989. También se destapó la “guerra sucia” contra el terrorismo protagonizada por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), grupos de pistoleros financiados con fondos reservados del Ministerio del Interior que asesinaron a presuntos miembros de ETA y a ciudadanos franceses sin relación con la banda, principalmente entre 1983 y 1987. Por su parte, ETA cometió algunos de sus atentados más graves, como el atentado de Hipercor en Barcelona en 1987.

En 1992 comenzó una recesión económica mundial que afectó a España, provocando un aumento de la inflación y del paro. En este contexto de crisis económica y desgaste político, las elecciones generales de marzo de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular (PP), liderado por José María Aznar.

Los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004)

Las elecciones de marzo de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular (PP), y José María Aznar se convirtió en presidente del Gobierno. Al no tener mayoría absoluta, buscó el apoyo de los partidos nacionalistas moderados: Convergència i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).

Primera Legislatura (1996-2000): Centrismo y Euro

La primera legislatura tuvo una orientación centrista para mantener el apoyo de sus socios nacionalistas. La tarea principal fue la política económica, ya que la crisis iniciada en 1992 había frenado el crecimiento y elevado la inflación. Se impulsó también una política social que asegurase el Estado del bienestar y se inició un diálogo con los sindicatos. El mayor logro económico fue alcanzar las condiciones impuestas por la Unión Europea para el ingreso de España en la moneda única, el euro, que se implantó en 2002 (como moneda de cuenta desde 1999).

Para ello, se llevó a cabo un programa de privatización de empresas públicas (como Telefónica, Repsol, Endesa o Argentaria), lo que permitió recaudar importantes sumas de dinero para equilibrar el déficit de las cuentas del Estado. El dinero recaudado y el contexto de crecimiento económico permitieron la construcción de grandes infraestructuras y un auge en el sector de la vivienda, estimulando el sector de la construcción y contribuyendo a la reducción del paro.

En cuanto a la lucha contra ETA, la primera etapa se caracterizó por un cierto entendimiento entre el Gobierno y el PNV. Sin embargo, la situación cambió debido a un recrudecimiento del terrorismo de ETA. El secuestro durante año y medio del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, liberado por la Guardia Civil en julio de 1997, y el posterior secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, provocaron protestas masivas y una gran conmoción social. La sociedad vasca y española perdió el miedo a manifestarse masivamente contra ETA, generando el llamado “Espíritu de Ermua”. No obstante, los partidos nacionalistas vascos interpretaron que se estaba produciendo un frente de partidos no nacionalistas y decidieron un cambio de alianzas, que sustituyó el Pacto de Ajuria Enea por el Pacto de Lizarra-Garazi en 1998, firmado por fuerzas nacionalistas vascas, incluyendo a Herri Batasuna.

Segunda Legislatura (2000-2004): Mayoría Absoluta y Desgaste

En las elecciones del año 2000, el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento. El segundo mandato del PP se caracterizó por una buena coyuntura económica y por la aprobación de importantes reformas legislativas:

• La Ley de Extranjería, que regulaba la situación de los extranjeros en España.
• La Ley Orgánica de Universidades (LOU), que reducía la autonomía universitaria y fue muy contestada.
• La Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), que reestructuraba las enseñanzas medias y también generó una fuerte oposición.
• La Ley de Partidos Políticos, que permitía la ilegalización de partidos que no condenasen el ejercicio de la violencia o la apoyasen (dirigida principalmente contra Batasuna).

Además, se suprimió el servicio militar obligatorio en 2001 y se creó un ejército profesional.

El PP tuvo que hacer frente a diversas cuestiones que erosionaron su gobierno. Entre ellas, el Plan Hidrológico Nacional (PHN), que preveía trasvases de agua de unas cuencas fluviales a otras y generó una gran contestación territorial, y el hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas, cuya gestión de la crisis fue muy criticada.

Giro en Política Exterior y Atentados del 11-M

El gobierno de Aznar protagonizó un giro importante en la política internacional española al alinearse estrechamente con la política exterior norteamericana de George W. Bush, especialmente tras los atentados del 11-S de 2001. Esta alianza se visualizó en la cumbre de las Azores (el “Trío de las Azores”), donde España apoyó la invasión de Irak en 2003, a pesar de la fuerte oposición de la opinión pública española, que se manifestó masivamente en contra de la intervención militar. El gobierno no cambió de opinión y apoyó a Estados Unidos en la guerra.

Para las elecciones generales de 2004, José María Aznar designó como candidato a la presidencia a Mariano Rajoy. Sin embargo, el 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones, el estallido de diez bombas en diversos trenes de la red de cercanías de Madrid alteró dramáticamente la campaña electoral. Fallecieron 192 personas y alrededor de 2000 resultaron heridas. Estos datos convirtieron al 11-M en el peor atentado terrorista de la historia de España.

En un primer momento, el gobierno, a través del ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó la autoría de los atentados del 11-M a ETA, cuando diversas pistas apuntaban ya a una orientación islamista vinculada a la organización Al Qaeda. Las manifestaciones de condena del acto terrorista fueron multitudinarias. La campaña electoral quedó suspendida y se desató una “guerra informativa”, en cuyo fondo estaba latente la posible responsabilidad del gobierno por haber apoyado una guerra en contra de la voluntad de la mayoría de los españoles.

La jornada electoral se celebró el 14 de marzo de 2004 en un ambiente político profundamente sacudido por el atentado terrorista de Madrid. Las previsiones que auguraban una nueva victoria del PP no se cumplieron: el PSOE consiguió un mayor número de votos y José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del Gobierno. La inesperada victoria socialista, que el PP atribuyó al ambiente generado por los atentados y a la gestión informativa de los mismos, provocó que el clima político de la nueva legislatura estuviese caracterizado por un alto grado de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición.