La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

El conflicto carlista se desarrolló en dos grandes etapas:

Primera Etapa (1833-1835): Estabilización y triunfos carlistas

La primera etapa (1833-1835) se caracterizó por la estabilización de la guerra en el norte y los triunfos carlistas, aunque estos nunca consiguieron conquistar una ciudad importante. La insurrección tomó impulso cuando el general Zumalacárregui, que se hallaba al mando de las tropas norteñas, logró entonces organizar un ejército con el que conquistó las áreas rurales del País Vasco, pero fracasó en la toma de Bilbao, donde encontró la muerte, quedando los carlistas privados de su mejor estratega. En la zona de Levante y Cataluña los carlistas estaban más desorganizados. En el Maestrazgo, el general Cabrera se convirtió en uno de los líderes carlistas más destacados.

Segunda Etapa (1836-1840): Decantación liberal y Convenio de Vergara

En la segunda fase (1836-1840), la guerra se decantó hacia el bando liberal a partir de la victoria del general Espartero en Luchana (1836), que puso fin al sitio de Bilbao. Los insurrectos, faltos de recursos para financiar la guerra y conscientes de que no podían triunfar si no ampliaban el territorio ocupado, iniciaron una nueva estrategia caracterizada por las expediciones a otras regiones. La más importante fue la expedición real de 1837, que se dirigió a Madrid con la intención de tomar la capital, pero las fuerzas carlistas fueron incapaces de ocupar la ciudad y se replegaron hacia el norte.

La constatación de la debilidad del carlismo propició discrepancias entre los transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente, el jefe de los transaccionistas, el general Maroto, acordó la firma del Convenio de Vergara (1839) con el general liberal Espartero. El acuerdo establecía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Solo las partidas de Cabrera continuaron resistiendo en la zona del Maestrazgo hasta su derrota en 1840.

Los liberales en el poder

La guerra carlista aceleró de forma irreversible el proceso de revolución liberal en España. Frente al absolutismo y al tradicionalismo de los insurrectos, el bando isabelino solo podía establecer una base social sólida atrayendo a los liberales hacia su causa.

Los primeros gobiernos de transición (1833-1836)

El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente María Cristina, que estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez y compuesto en su mayoría por absolutistas moderados, con la pretensión de llegar a un acuerdo con los carlistas. El nuevo gabinete se proclamó defensor del absolutismo al tiempo que proponía algunas tímidas reformas administrativas que no modificaban la esencia del sistema político vigente.

Pero ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino empezó a tambalearse por falta de apoyos sólidos. Militares y asesores reales convencieron a la regente de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales, que se habían convertido en aliados indispensables. Se escogió para presidirlo a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que llevó a cabo las primeras reformas, aunque muy limitadas. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real.

Aunque representaba un avance considerable sobre el absolutismo, todavía negaba a las Cortes la capacidad legislativa plena. En tanto que Carta Otorgada, significaba, en definitiva, que cualesquiera derechos o libertades eran concedidos «por gracia real», con lo que se negaba al mismo tiempo el principio de la soberanía nacional. Pronto se hizo evidente que estas reformas eran insuficientes para una buena parte del liberalismo. La división entre los liberales doceañistas (moderados) y los exaltados (progresistas), que ya se había iniciado en el Trienio Liberal, formó las dos grandes tendencias que dominarían la vida política española en los siguientes decenios.

El descontento en las ciudades fue en aumento. La indignación popular que suscitó el rumor de que los frailes habían envenenado las aguas provocó la quema de varios conventos y la matanza indiscriminada de frailes a manos de los milicianos progresistas. La propagación de la ola incendiaria aconsejó a la Reina llamar a formar gobierno al progresista Mendizábal.

Los progresistas en el poder: Mendizábal y el restablecimiento de la Constitución de Cádiz

Mendizábal rápidamente inició la reforma del Estatuto Real y tomó medidas con el fin de conseguir los recursos financieros necesarios para organizar y armar un ejército contra el carlismo. Pero cuando decretó la desamortización de bienes del clero, los privilegiados apremiaron a María Cristina para que lo destituyese en el verano de 1836.

Además, estallaron revueltas en muchas ciudades a favor del restablecimiento de la Constitución de 1812 y se produjeron quemas de conventos. También tuvo lugar el levantamiento de los sargentos de la guarnición de La Granja, residencia real de verano donde se encontraba la regente. Ante tantas presiones, en agosto de 1836, María Cristina accedió a restablecer la Constitución de Cádiz y entregó el poder al progresista Calatrava.

El desmantelamiento del Antiguo Régimen

En el corto período de tiempo que transcurrió entre agosto de 1836 y finales de 1837, los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Una de sus primeras actuaciones fue la llamada reforma agraria liberal, que consagraba los principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra. La reforma agraria liberal se llevó a cabo en 1837 a partir de tres grandes medidas:

• La disolución del régimen señorial: Implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la propiedad de las tierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias.
• La desvinculación (supresión de mayorazgos): Significó el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución, y sus propietarios fueron libres para poder venderlos sin trabas en el mercado.
• La desamortización: Como medio para conseguir recursos para el Estado con la venta de tierras propiedad de la Iglesia y de los ayuntamientos.

Junto a la abolición del régimen señorial y a la transformación del régimen de propiedad, una serie de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron la liberalización de la economía: la abolición de los privilegios de la Mesta, la libertad de arrendamientos agrarios y también la de precios. La abolición de los privilegios gremiales, el reconocimiento de la libertad de industria y comercio, la eliminación de las aduanas interiores, así como la abolición de los diezmos eclesiásticos, completaron el marco jurídico de la implantación del liberalismo económico en España.

La Constitución de 1837

El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptase el de 1812 a los nuevos tiempos. El documento, aprobado en 1837, era breve y tenía el objetivo de fijar un texto estable que pudiera ser aceptado por progresistas y moderados.

La Constitución de 1837 proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos (libertad de prensa, de opinión, de asociación…), la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado. También recogía algunos elementos moderados: establecía dos cámaras colegisladoras, el Congreso y el Senado —esta última no electiva y designada directamente por el rey—, y concedía amplios poderes a la Corona (veto de leyes, disolución del Parlamento…).

Como la desamortización y la supresión del diezmo habían dejado al clero sin su patrimonio y sin sus fuentes de recursos tradicionales, la Constitución recogió el compromiso de financiación del culto católico. Otras leyes vinieron a culminar el entramado jurídico constitucional: la Ley de Imprenta hizo desaparecer la censura previa y la Ley Electoral fijó un sistema de sufragio censitario y extraordinariamente restringido, pero que amplió el censo electoral al 2,4 %. De este modo, tenían derecho al voto los españoles varones mayores de 25 años que pagasen un mínimo de 200 reales de contribución directa.

Los moderados en el gobierno (1837-1840)

Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones que fueron ganadas por los moderados. En esta etapa de gobierno, los moderados intentaron, sin salirse del marco constitucional, desvirtuar los elementos más progresistas de la legislación de 1837. En 1840 prepararon una ley electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y una Ley de Ayuntamientos dio a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia.

La Ley de Ayuntamientos enfrentó a progresistas y moderados, ya que los primeros defendían la elección directa de los alcaldes. El apoyo de la regente a la propuesta moderada provocó la oposición progresista, que impulsó un amplio movimiento insurreccional con la formación de Juntas revolucionarias en muchas ciudades. María Cristina, en 1840, antes de dar su apoyo a un nuevo gobierno progresista, dimitió de su cargo. Entonces, los sectores afines al progresismo dieron su apoyo al general Espartero, vencedor de la guerra carlista y con un gran soporte popular, que asumió el poder y se convirtió en regente.