1. La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Dos Opciones Enfrentadas

Tras la muerte de Fernando VII (1833) se reactivó la dinámica de guerra y revolución propia de la disolución del Antiguo Régimen y estalló la Primera Guerra Carlista, un conflicto civil con fuerte contenido social e ideológico entre los absolutistas partidarios de Carlos María Isidro y los liberales defensores de Isabel II. Carlos proclamó sus derechos en el Manifiesto de Abrantes y la sublevación se desplegó en zonas rurales del País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, Aragón y Valencia, donde los carlistas organizaron partidas armadas y en 1834 llegaron a constituir un pequeño Estado con Don Carlos instalado y un ejército comandado por Zumalacárregui. Su lema “Dios, Patria y Rey” expresaba el legitimismo absolutista, la preeminencia social de la Iglesia, la defensa de las estructuras económicas del Antiguo Régimen y la conservación de los fueros frente a la centralización liberal.

Socialmente, el carlismo sumó al clero (por la amenaza de desamortización), a buena parte de la pequeña nobleza agraria (por la pérdida de mayorazgos y desvinculaciones), a oficiales reaccionarios, a artesanos arruinados por la abolición de los gremios y a campesinos arrendatarios temerosos de perder tierras con las reformas y de los nuevos impuestos, adhesiones motivadas por el miedo al cambio y la idealización del pasado. Los isabelinos contaron con la alta nobleza, funcionarios reformistas y parte de la jerarquía eclesiástica y, ante la dinámica de guerra y problemas económicos, ampliaron su base incorporando a la burguesía (compradora de bienes desamortizados) y a sectores populares (participación en la Milicia Nacional) a cambio de reformas políticas, de modo que la guerra actuó además como acelerador del cambio político.

El conflicto tuvo también una dimensión internacional: los carlistas recibieron apoyo de potencias contrarrevolucionarias como Rusia, Prusia, Austria y Nápoles, mientras que Francia y el Reino Unido respaldaron a los liberales y firmaron la Cuádruple Alianza (1834), reflejo del interés de las potencias acreedoras en estabilizar regímenes liberales.

Desarrollo del Conflicto

Militarmente, entre 1833 y 1835 el ejército carlista avanzó hasta que la muerte de Zumalacárregui (1835) en el asedio de Bilbao debilitó su impulso. Entre 1835 y 1837 los carlistas hicieron expediciones para romper el aislamiento —en 1836 actuaron incluso en Andalucía y en 1837 Don Carlos llegó hasta las puertas de Madrid intentando pactar con la regencia— pero carecieron de apoyo popular fuera de sus zonas y sufrieron derrotas decisivas, como la imposición de Espartero en Luchana. Entre 1837 y 1839 la ofensiva isabelina dirigida por Espartero puso de manifiesto la debilidad carlista y su escisión entre transaccionistas (Maroto) e intransigentes/apostólicos (Cabrera). En 1839 el Convenio de Vergara (acuerdo entre Maroto y Espartero) acordó la conservación de los fueros en términos pactados para las provincias vascas y Navarra y la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Solo quedaron partidas de Cabrera resistiendo en el Maestrazgo hasta 1840, cuando fueron derrotadas y Don Carlos se exilió hacia Francia.

Consecuencias de la Guerra

Las consecuencias fueron muy graves:

• Demográficas: Entre 150.000 y 200.000 muertos en un país de aproximadamente 13 millones, con episodios de crueldad y represalias.
• Políticas: La guerra consolidó la división del liberalismo en moderados y progresistas y situó a los militares protagonistas en el liderazgo político hasta 1874.
• Económicas: Aumentó la deuda pública, condicionó los objetivos y efectos de la desamortización y dificultó el desarrollo industrial por la inestabilidad.

2. El Proceso de Revolución Liberal (1833-1843)

El Régimen del Estatuto Real

Ante la insurrección carlista, María Cristina y Cea Bermúdez concedieron amnistía a liberales y mantuvieron reformas “sin innovaciones peligrosas”, destacando la división provincial de Javier de Burgos (1833). En 1834 incorporó a liberales moderados como Martínez de la Rosa y promulgó el Estatuto Real, que creó Cortes estamentales sin soberanía ni poder legislativo, con sufragio muy limitado (0,15%). Este régimen consolidó la división entre moderados (transición gradual) y progresistas (recuperar Cádiz). Los ataques carlistas, la deuda, la epidemia de cólera y el malestar social junto al resurgir de prensa y tertulias intensificaron críticas al gobierno y al clero (matanza de frailes en Madrid).

El Acceso de los Progresistas al Poder

En 1835 estallaron revueltas, motines y quemas de conventos (Zaragoza, Barcelona, Valencia, Málaga, Madrid) y el incendio de Bonaplata. Surgieron juntas progresistas que exigían reformas y el programa de 1812 y 1823. María Cristina nombró a Mendizábal, con objetivos militar (derrotar al carlismo), político (reformar el Estado) y económico (desamortización y supresión de órdenes religiosas). La oposición a su programa provocó su destitución y el retorno de los moderados. En 1836 las revueltas en Andalucía y el motín de La Granja obligaron a María Cristina a aceptar la Constitución de 1812, entrando en el poder Calatrava con Mendizábal en Hacienda.

Desmantelamiento del Antiguo Régimen y Liberalización Económica

Entre 1835-1837, los gobiernos progresistas de Mendizábal y Calatrava desmantelaron el Antiguo Régimen, instaurando un sistema liberal y parlamentario. La Constitución de 1837, breve y flexible, reunió principios progresistas (soberanía nacional, derechos) y moderados (Senado de designación real, soberanía compartida, amplios poderes de la Corona, financiación del culto). Se aprobaron la Ley de imprenta y la Ley electoral, ampliando el voto al 2,4% de la población. Se excluyó a las colonias de la Constitución y se expulsó a diputados americanos.

La liberalización económica incluyó:

• Abolición de señoríos, desvinculación de mayorazgos.
• Desamortización del clero regular (1836) y secular (1841).
• Abolición de diezmos, gremios y aduanas interiores.

Los bienes desamortizados se vendieron en subasta para financiar el ejército, reducir el déficit y crear propietarios defensores del liberalismo, consolidando la propiedad privada, la libre industria y el mercado nacional.

La Vuelta al Poder de los Moderados (1837-1840)

Tras las elecciones de 1837 ganaron los moderados, que gobernaron hasta 1840 suspendiendo la Constitución, limitando libertades, frenando la desamortización, restringiendo prensa y Milicia Nacional, y centralizando el poder municipal con la Ley de Ayuntamientos (1840). La exclusión progresista provocó nuevas revueltas (1835, 1836, 1840) y la formación de juntas. María Cristina apoyó a los moderados, pero la victoria progresista, simbolizada en Espartero, la obligó a renunciar y exiliarse.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero disolvió juntas, convocó elecciones con mayoría progresista, optó por regencia única y gobernó con personalismo apoyado en “ayacuchos”, enfrentándose a críticos progresistas como Olózaga. Impulsó libertades, prensa, asociacionismo obrero y venta de bienes eclesiásticos. Su política librecambista (arancel de 1842) provocó una insurrección en Barcelona, que reprimió bombardeando la ciudad. La oposición moderada, financiada desde París, intentó movimientos militares fallidos (1841). En 1843 la alianza de opositores progresistas y generales moderados forzó su exilio. Las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, proclamándola reina a los 13 años, y tras el breve gobierno de Olózaga, los moderados retomaron el poder.

3. La Década Moderada (1844-1854) y el Bienio Progresista (1854-1856)

Bases del Régimen Moderado

Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron gobierno con Narváez, basado en el liberalismo moderado o doctrinario, con el objetivo de cerrar la etapa revolucionaria y garantizar estabilidad mediante reformas institucionales y medidas represivas. El régimen se sustentó en la oligarquía propietaria (nobleza y burguesía compradora de bienes nacionales) y sectores financieros cercanos, con apoyo de la Corona, consolidando un orden social que protegiera las instituciones liberales de la reacción carlista y de las expectativas populares.

Las Cortes aprobaron la Constitución de 1845, limitando libertades bajo modelo censitario, y la Ley electoral de 1846, restringiendo el voto a grandes contribuyentes y personas con “capacidades”, reduciendo electores de 635.000 a menos de 100.000. La libertad de prensa quedó bajo control gubernativo. Los moderados mejoraron relaciones con la Iglesia, paralizaron la desamortización y firmaron un Concordato (1851) que reconocía a Isabel II, aceptaba la desamortización previa, comprometía al Estado a financiar al clero, otorgaba competencias educativas y reconocía el catolicismo como religión oficial.

Desarrollo del Estado Liberal Moderado

El moderantismo consolidó el Estado mediante centralismo, uniformidad y jerarquización:

• Las leyes de administración local y provincial (1845) crearon un sistema jerárquico con gobernadores civiles, diputaciones y ayuntamientos.
• Alcaldes de ciudades de más de 2.000 habitantes y capitales de provincia eran nombrados por la Corona; alcaldes de municipios menores por el gobernador civil, reduciendo la influencia de juntas y Milicia Nacional.
• Se implantó un sistema electoral de distritos uninominales que permitía al gobierno controlar el voto rural a través del gobernador.
• Se creó un orden jurídico unitario (Código Penal 1848, proyecto Código Civil 1851) y se reformó la administración pública con Ley de funcionarios.
• La Hacienda se centralizó con la Ley Mon-Santillán (1845), estableciendo contribución directa y un impuesto al consumo.
• La Milicia Nacional fue reemplazada por la Guardia Civil (1844) para proteger personas y propiedades rurales.
• Se estableció un sistema nacional de educación (Plan Pidal, 1845) y un único sistema de pesos y medidas (métrico decimal).

La Crisis del Moderantismo

A pesar de su control, los moderados no lograron estabilidad: 16 gobiernos en 10 años, vida política centrada en la Corte y camarillas, oposición retraída. Entre 1847-1849 se reactivó el carlismo en el Pirineo catalán con la guerra dels matiners. El ciclo revolucionario de 1848 produjo barricadas en Madrid, Sevilla y Barcelona, duramente reprimidas por Narváez. En 1849 surge el Partido Demócrata, defendiendo sufragio universal y libertad de asociación, atrayendo progresistas y núcleos republicanos. Dentro del partido moderado convivían corrientes: los conservadores apoyaron la reforma de Bravo Murillo (1852) para reducir el parlamento y aumentar el control tecnocrático, pero fracasó. Entre 1852-1854 los gobiernos moderados se desgastaron por corrupción (ferrocarril) y el pronunciamiento de puritanos y sectores del ejército.

La Revolución de 1854 y el Bienio Progresista

La crisis del poder moderado y problemas de subsistencias provocaron la Revolución de 1854. Tras el fracaso del pronunciamiento de O’Donnell en Vicálvaro, el Manifiesto de Manzanares recogió demandas progresistas: reforma electoral, reducción de impuestos y restauración de la Milicia Nacional. Progresistas y demócratas apoyaron las jornadas revolucionarias en Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid, reactivando juntas locales.

Isabel II aceptó un gobierno presidido por Espartero, con O’Donnell en Guerra, que recuperó legislación previa a 1844: sistema electoral, libertad de prensa, descentralización y democratización local. La convocatoria de Cortes Constituyentes con la Ley electoral de 1837 dio mayoría a progresistas y unionistas, con 20 diputados demócratas. Las Cortes aprobaron un proyecto de Constitución (1856) que la Corona no sancionó.

La Nueva Legislación Económica

El gobierno progresista impulsó reformas económicas que fomentaron desarrollo y expansión. Se aprobó la Ley de Desamortización (1855) de Pascual Madoz, que privatizó bienes municipales y comunales, generando recursos para Hacienda y beneficiando a la burguesía agraria en detrimento de pequeños campesinos. La Ley General de Ferrocarriles (1855) incentivó la construcción de líneas ferroviarias con ventajas fiscales, atrayendo inversión extranjera, especialmente francesa y británica. La Ley de sociedades bancarias y crediticias (1856) facilitó la inversión ferroviaria y el surgimiento de un mercado financiero moderno, promoviendo bancos industriales, comerciales y de emisión. Se ampliaron telégrafos, carreteras, sociedades por acciones y minería, consolidando la connivencia entre poder económico, político y real.

Problemas Sociales y Conflictividad Obrera

Las reformas no mejoraron la vida de las clases populares. La crisis de subsistencias y epidemias de cólera aumentaron la mortalidad. En Cataluña, la conflictividad obrera derivó en huelgas por salarios y jornada laboral; la represión del capitán general culminó en la primera huelga general (2 de julio de 1855), que se extendió a zonas industriales. En 1856, los levantamientos rurales en Castilla se propagaron con motines e incendios de fincas y fábricas, mostrando un descontento social generalizado.

Crisis y Fin del Bienio Progresista

La conflictividad llevó a O’Donnell a aplicar medidas represivas y enfrentarse a Espartero. La intervención directa de Isabel II nombrando a O’Donnell presidente provocó que diputados progresistas y demócratas apoyados por la Milicia Nacional presentaran censura y exigieran la sanción de la Constitución, lo que fue respondido con represión, incluso cañoneando el Congreso. Finalmente, la facción militar de O’Donnell cerró las Cortes, suprimió la Milicia, destituyó ayuntamientos y diputaciones y anuló la libertad de prensa, dando fin al Bienio Progresista y consolidando un golpe contrarrevolucionario exitoso.