El Desastre de Annual (1921) y la caída del sistema parlamentario
El Desastre de Annual (julio de 1921) fue una de las peores derrotas militares de España en Marruecos, donde más de 10.000 soldados murieron tras ser sorprendidos por la resistencia rifeña liderada por Abd el-Krim. La ofensiva española, dirigida por el general Manuel Fernández Silvestre, fracasó por mala planificación, exceso de confianza y sobreextensión de las líneas. La muerte de Silvestre simbolizó el colapso del mando.
El desastre tuvo un impacto político y social enorme: la opinión pública denunció corrupción, abandono de tropas y desorganización, y la prensa lo comparó con el «segundo 98». El Expediente Picasso (1922) detalló las negligencias militares y políticas, evidenciando la influencia clientelar del Ejército y la debilidad del Parlamento. La monarquía de Alfonso XIII, vinculada con los militares africanistas, también quedó desprestigiada.
La crisis interna se profundizó: entre 1921 y 1923 hubo trece gobiernos inestables, huelgas, inflación y enfrentamientos entre poderes civiles y militares. El sistema parlamentario de la Restauración quedó deslegitimado, y el Ejército empezó a contemplar soluciones extralegales.
Annual no fue solo un desastre militar, sino la tumba política del sistema liberal de 1875. Expuso corrupción, debilidad institucional y clientelismo, allanando el camino para el golpe de Primo de Rivera en 1923, percibido por amplios sectores como la única salida frente al colapso del régimen.
El golpe de Estado de Primo de Rivera (1923)
El golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923) puso fin al sistema parlamentario de la Restauración e instauró una dictadura militar que duró casi siete años. Fue el resultado de una crisis profunda del Estado liberal, marcada por gobiernos inestables, corrupción, conflictos sociales y un Parlamento ineficaz.
El Ejército, reforzado tras el Desastre de Annual y la impunidad de sus mandos, se consideraba con derecho a intervenir para «salvar» al país. Primo de Rivera presentó su golpe como un proyecto regenerador, apelando a acabar con la corrupción y el desorden, y obtuvo apoyo de sectores sociales influyentes: la burguesía catalana, la monarquía (Alfonso XIII), la Iglesia, la prensa y amplias capas de la clase media urbana.
Aunque prometía ser temporal, el Directorio Militar suspendió las Cortes, prohibió partidos, censuró la prensa y gobernó por decreto, creando una dictadura personalista con inspiración en modelos autoritarios europeos. Solo los anarquistas y los republicanos radicales se opusieron desde el inicio.
El golpe no fue un accidente, sino la consecuencia de la debilidad del sistema liberal y de la demanda de orden de élites y sectores sociales. Marcó el fin del modelo constitucional de 1876 y el inicio de un régimen autoritario que dejó profundas huellas en la historia política española.
El Directorio Militar (1923–1925)
El Directorio Militar (1923–1925) fue la primera fase de la dictadura de Primo de Rivera, con el poder en manos exclusivas del Ejército y bajo el amparo del rey Alfonso XIII. Su objetivo era restaurar el orden, reformar la administración y regenerar el país, combinando medidas modernizadoras con fuerte represión política y social.
Para controlar el país, el régimen suspendió las Cortes, ilegalizó partidos, censuró la prensa y actuó con mano dura contra huelgas y sindicatos, especialmente en Cataluña. Se crearon cuerpos civiles de seguridad, como los somaténes, y se promovió la profesionalización de la administración y la realización de obras públicas (carreteras y ferrocarriles).
En política colonial, tras la derrota en Annual se recuperó la autoridad española en Marruecos con el desembarco de Alhucemas (1925), considerado un triunfo militar y político. En lo territorial, el Directorio fue centralista, disolviendo la Mancomunitat de Cataluña y limitando expresiones nacionalistas, lo que generó oposición en Cataluña y otras regiones.
Los partidos políticos fueron marginados, aunque en 1924 se creó la Unión Patriótica como intento de apoyo civil al régimen. El Directorio carecía de ideología clara, centrando su discurso en «servicio a la patria» y «eficacia administrativa».
Fue un periodo modernizador en lo administrativo, pero autoritario y represivo en lo político, logrando cierta estabilidad y éxito militar, pero sin construir una base civil sólida. Esto preparó el terreno para el Directorio Civil de 1925.
El Directorio Civil (1925–1930)
El Directorio Civil fue la segunda fase de la dictadura de Primo de Rivera, destinada a institucionalizar el régimen y alejarlo del control exclusivo del Ejército. Buscaba crear un sistema autoritario sin partidos ni elecciones, apoyado en la Unión Patriótica como instrumento de lealtad.
El gobierno incorporó civiles y tecnócratas, como José Calvo Sotelo y Eduardo Aunós, que impulsaron reformas económicas, laborales y de infraestructura, bajo un modelo corporativista inspirado en Italia. Se mantuvo la censura, la represión política y la centralización territorial, limitando la autonomía de Cataluña y del País Vasco.
En el ámbito económico, el régimen desarrolló una política intervencionista, con importantes inversiones en infraestructuras y la creación de monopolios estatales como CAMPSA. En política social se implantaron comités paritarios para regular las relaciones laborales.
Se convocó una Asamblea Nacional Consultiva (1927) y se propuso un proyecto constitucional (1929) para institucionalizar el autoritarismo, pero recibió escepticismo general. La crisis económica de 1929, la censura, la represión y el desapego social debilitaron al régimen.
En enero de 1930, Primo de Rivera dimitió, dejando una monarquía desprestigiada, una sociedad desconectada del poder y una oposición republicana en crecimiento. El Directorio Civil fracasó en su intento de crear un sistema político estable y duradero.