Política económica del franquismo
Acabada la Guerra Civil, España estaba arrasada y endeudada. Para conseguir la autosuficiencia, se implementó una política económica autárquica, caracterizada por la intervención del Estado mediante la creación del Instituto Nacional de Industria (INI). Sin embargo, debido a la carencia de fuentes de energía y a un secular atraso industrial, esta política fracasó, situando a la economía española al borde del colapso: racionamiento, mercado negro y corrupción.
Posteriormente, Franco formó un nuevo gobierno que incluyó a tecnócratas como Navarro Rubio y Ullastres, quienes elaboraron el Plan de Estabilización Económica para sanear la economía mediante la limitación del gasto público, el encarecimiento del crédito, la congelación de salarios y la devaluación de la peseta. Estas medidas redujeron el control estatal y fomentaron la apertura a los mercados exteriores.
El desarrollismo
El Plan de Estabilización Económica y las medidas de liberalización sentaron las bases del desarrollismo. Gracias a una favorable coyuntura internacional, influyeron factores como la abundante mano de obra barata, la acumulación de capitales extranjeros, los ingresos del turismo y las remesas de los emigrantes, lo que impulsó la industrialización.
Entre 1964 y 1975, bajo la dirección de Laureano López Rodó, se ejecutaron tres Planes de Desarrollo Económico y Social. Se concedieron ventajas fiscales y crediticias a las empresas con objetivos claros: el desarrollo industrial mediante la creación de Polos de Desarrollo, la modernización de la agricultura y el incremento del PIB.
No obstante, el desarrollismo presentó limitaciones: una industria con bajo nivel tecnológico, el incentivo a la emigración exterior, un bienestar social y renta per cápita por debajo de la media, un sistema fiscal regresivo e insuficiencia de recursos.
La oposición a la dictadura
La oposición a la dictadura fue llevada a cabo por partidos, formaciones políticas y organizaciones de diversa índole. Tras la Guerra Civil, los partidarios de la República se vieron forzados al exilio en Francia, México y Rusia. En España, el régimen aplicó una dura represión bajo la cobertura de diversas leyes: Ley de Responsabilidades Políticas, Ley sobre la Supresión de la Masonería y el Comunismo, Ley para la Seguridad del Estado y Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo.
Resistencia y contestación social
En la clandestinidad actuaban pequeños grupos de oposición, como los maquis. El Partido Comunista (PCE) organizó en octubre de 1944 una invasión por el valle de Arán para provocar una sublevación con ayuda de las potencias aliadas, intento que fracasó, llevando al PCE a abandonar la lucha armada en 1948. Por su parte, el gobierno republicano intentaba obtener apoyo de las democracias occidentales, mientras que los monárquicos, liderados por don Juan de Borbón, reivindicaban una monarquía constitucional (Manifiesto de Lausana, 1945).
En los años 50, la oposición concentró sus esfuerzos en la contestación social con las primeras huelgas laborales, lideradas por el sindicato clandestino Comisiones Obreras. Asimismo, comenzó la contestación universitaria: Joaquín Ruiz Jiménez practicó una política aperturista que llevó a profesores y estudiantes a reclamar mayor libertad de cátedra.
Fractura con la Iglesia y resurgimiento de nacionalismos
Desde finales de los años 50, la jerarquía eclesiástica inició un proceso de distanciamiento del franquismo. El pontificado de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II provocaron la fractura entre el régimen y la Iglesia. En 1971, obispos y sacerdotes aprobaron una declaración rechazando la división entre vencidos y vencedores y pidiendo perdón por el papel de la Iglesia.
En 1962, el IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich marcó un hito. Resurgieron los nacionalismos: el catalán, con Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana, y el vasco, con dos tendencias, una moderada y otra radical (ETA). Como respuesta, se creó el Tribunal de Orden Público para delitos políticos y se declaró el estado de excepción.
La crisis del franquismo (1973-1975)
En junio de 1973, Franco nombró a Carrero Blanco jefe de gobierno. Su asesinato por ETA supuso un duro golpe para el régimen. Le sucedió Arias Navarro, quien inició un tibio aperturismo (Espíritu del 12 de febrero) con expectativas de cambio que fueron truncadas por el rechazo tanto de los aperturistas como del «búnker», además de la represión ejercida, ejemplificada en la ejecución de Puig Antich.
La caída de las dictaduras en Grecia y Portugal aisló a España, mientras que la crisis económica aumentaba la conflictividad social y el paro. El último acontecimiento en las relaciones exteriores fue la Marcha Verde (6 de noviembre de 1975), por la que Marruecos se anexionó parte del Sáhara Occidental. El 20 de noviembre de 1975 fallecía Franco, marcando el fin del régimen franquista.