El estallido revolucionario en la zona republicana (1936-1937)

Paralela a la guerra militar, en la zona republicana estalló durante 1936-1937 una revolución social profunda que transformó temporalmente la estructura económica y política del país.

Cuando el golpe fracasó en las ciudades, el poder real pasó de las instituciones republicanas a las organizaciones obreras y sus milicias. Se formaron comités revolucionarios en toda la zona republicana (el Consejo de Aragón, el Comité Central de Milicias Antifascistas en Cataluña, el Ejecutivo Popular de Valencia…) que tomaron el control de las calles, las fábricas y los servicios. El gobierno republicano perdió el monopolio de la fuerza.

El fenómeno económico más notable fue la colectivización: fábricas, talleres, transportes y tierras fueron tomados por sus trabajadores y gestionados colectivamente, impulsados sobre todo por la CNT anarquista y la UGT socialista, en Cataluña, Aragón y el Levante. Al mismo tiempo, se produjo una represión revolucionaria contra propietarios, religiosos y personas consideradas desafectas.

El gobierno de Largo Caballero (septiembre 1936-mayo 1937) intentó canalizar este proceso: creó el Ejército Popular para militarizar las milicias y recuperar el control del Estado. Pero las tensiones entre las distintas fuerzas (comunistas, anarquistas, trotskistas del POUM, socialistas) explotaron en los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, donde se produjeron combates callejeros entre fuerzas policiales y anarquistas del POUM.

La derrota de los sectores más radicales marcó el fin del proceso revolucionario y la caída de Largo Caballero, sustituido por Juan Negrín, quien priorizó ganar la guerra sobre la revolución.

El aislamiento internacional y la reinserción del franquismo (1945-1953)

Tras la derrota del nazismo y el fascismo en 1945, el régimen de Franco atravesó una etapa de aislamiento internacional severo que amenazó su supervivencia, pero que supo superar gracias a la lógica de la Guerra Fría.

La hostilidad fue inmediata y contundente. En 1946, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 39(I), que condenaba el régimen de Franco por su carácter fascista y su apoyo al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, recomendando la retirada de embajadores de Madrid. Francia cerró su frontera con España. Las consecuencias económicas fueron graves: exclusión del Plan Marshall (1947) y de la OTAN (1949).

Franco resistió presentando la condena como una maniobra comunista internacional contra España. El cambio decisivo llegó con la Guerra Fría: desde 1947, el enfrentamiento entre EE. UU. y la URSS revalorizó el anticomunismo visceral de Franco, que se convirtió en un activo estratégico para Washington. La ONU revocó su condena en 1950 y los embajadores volvieron.

El año 1953 supuso la plena reinserción: el Concordato con la Santa Sede legitimó al régimen ante el mundo católico, y los Pactos con Estados Unidos instalaron bases militares estadounidenses en España (Torrejón, Morón, Zaragoza, Rota) a cambio de ayuda económica y militar. En 1955, España ingresó en la ONU.

El franquismo había sobrevivido al aislamiento, no porque hubiese democratizado el régimen ni cambiado su naturaleza, sino porque la lógica anticomunista de la Guerra Fría prevaleció sobre la condena ideológica a la dictadura.

La construcción del Estado totalitario en la zona nacional durante la guerra

Paralelamente al conflicto bélico, en la zona sublevada se fue construyendo entre 1936 y 1939 un nuevo Estado totalitario cuyas bases perdurarían durante cuarenta años.

El primer paso fue la concentración del poder en Franco. Tras la muerte accidental del general Sanjurjo en septiembre de 1936, los generales alzados eligieron a Franco como Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado el 1 de octubre de 1936. Hitler y Mussolini lo reconocieron como único interlocutor. El Decreto de Unificación de abril de 1937 creó el partido único (FET y de las JONS) bajo su jefatura directa, cerrando el frente político. A finales de 1937 era ya el Caudillo: concentraba los poderes militar, político y, desde 1938, el gubernamental.

Simultáneamente se construyó un aparato represivo. El estado de guerra se extendió a todo el territorio nacional, sometiendo a la población civil a la jurisdicción militar. Los detenidos eran juzgados en consejos de guerra rápidos y sin garantías. Desde agosto de 1936 se crearon campos de concentración por los que pasaron unos 700.000 cautivos hasta 1947. La represión tuvo también una dimensión específica contra las mujeres.

La zona nacional impuso además la España única: se abolieron los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña, se suprimieron sus instituciones y se prohibió el uso público de sus lenguas. La guerra se presentó como una ‘cruzada’ gracias al apoyo de la Iglesia, formalizado en la Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de julio de 1937.

A finales de enero de 1938 se formó el primer gobierno formal en Burgos, que aprobó las primeras Leyes Fundamentales: el Fuero del Trabajo (1938), que establecía el modelo laboral corporativo. Las bases de la dictadura estaban completamente construidas antes de que terminara la guerra.

La crisis de 1956-1959 y el Plan de Estabilización

La segunda mitad de la década de 1950 marcó un punto de inflexión en el franquismo: una crisis múltiple obligó al régimen a abandonar la autarquía e iniciar la liberalización económica que transformaría España en los años 60.

La crisis tuvo tres dimensiones simultáneas:

• Oleada de huelgas (1956-1957): Principalmente en el País Vasco y Asturias, reclamando mejoras salariales. Los trabajadores consiguieron la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos (1958).
• Disidencia estudiantil: En 1956, los universitarios de Madrid y Barcelona protagonizaron protestas reclamando libertad de expresión. El régimen respondió con detenciones y el cese del ministro Ruiz Giménez.
• Crisis económica: La inflación, el déficit comercial y el agotamiento del modelo autárquico llevaron la economía al borde del colapso.

En 1957, Franco incorporó al gobierno a tecnócratas del Opus Dei (López Rodó, Ullastres, Navarro Rubio) que, con el apoyo del Banco Mundial y el FMI, elaboraron el Plan de Estabilización de 1959.

El Plan supuso el fin oficial de la autarquía: liberalización de precios, apertura al comercio exterior, devaluación de la peseta y fomento de la inversión extranjera. A corto plazo generó desempleo y emigración masiva, pero fue la base del espectacular crecimiento económico de los años 60, conocido como el ‘milagro económico español’.