Consecuencia de la primera república de Venezuela

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6.3 EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874): LA CONSTITUCIÓN DE 1869. EVOLUCIÓN POLÍTICA: GOBIERNO PROVISIONAL, REINADO DE AMADEO DE SABAOYA Y PRIMERA REPÚBLICA.

Durante los últimos años del reinado de Isabel II, progresistas, demócratas y las primeras organizaciones obreras viven una marginación y represión manifiestas, las elecciones son controladas por los caciques y el pronunciamiento militar es un recurso constante.

En 1866 se produce el Pacto de Ostende entre demócratas y progresistas con el objetivo de derrocar a la reina; los conspiradores dan la dirección del movimiento al general
Prim. Tras la muerte de O’Donnell (1867), los generales de la Uníón Liberal se incorporan a la conspiración antiborbónica creándose un comité secreto en Madrid que excluye a los demócratas. Así, en 1868, se inicia “La Gloriosa”, revolución encabezada por los generales Serrano y Prim que apoyarán la sublevación del almirante Topete en Cádiz. Tras la derrota del ejército realista en Córdoba, el movimiento se extenderá por Cataluña, Valencia y Andalucía. La creación de Juntas revolucionarias con el control de las clases populares, convierten el pronunciamiento militar en una revolución civil. Isabel II se exiliará a Francia.

En un gobierno provisional encabezado por Serrano, surgen contradicciones entre el espíritu demócrata de las Juntas y la actitud del Gobierno, que incumple su compromiso de suprimir las quintas. A esto se añade el problema colonial de Cuba debido a las promesas incumplidas del régimen revolucionario (representación de la colonia en las Cortes, abolición de la esclavitud…). Sociedades independentistas protagonizan una insurrección en 1868, dirigida por Céspedes al “grito de Yara” (Cuba libre), inicio de la “Guerra Larga” que se prolongará hasta 1878.

Prim exige la disolución de las Juntas y se convocan Cortes Constituyentes, con unas elecciones para decidir el sistema político. Una mayoría centrista (progresistas, unionistas y demócratas monárquicos) se decantan por una monarquía democrática. Sus tareas inmediatas son la elaboración de una constitución y la búsqueda de un rey no Borbón.

La Constitución de 1869 recoge el principio de soberanía nacional y otorga mayores derechos. El legislativo contempla un Congreso (por sufragio universal directo) y un Senado (por elección indirecta desde las provincias y compuesto de altas autoridades civiles, militares y religiosas). El rey sería controlado por los ministros, pero sin responsabilidad política, con iniciativa legislativa y capacidad para convocar y disolver Cortes. Se prevén juicios con jurados, para delitos comunes y políticos. En la Administración local se da el autogobierno a los municipios. Respecto a las relaciones Iglesia-Estado, se reconoce la libertad de culto y el compromiso de mantener el culto y a los ministros de la religión católica. La educación se estipula como general y obligatoria.

Hasta la elección de un rey demócrata se crea la Regencia de Serrano y un Gobierno dirigido por Prim. Este iniciará medidas legislativas (Ley Electoral, Ley de Matrimonios Civiles, Ley del Poder Judicial, Reforma del Código Penal) y algunas económicas como el librecambismo, de Figuerola (pese a la oposición de empresarios catalanes).

Para la elección de un rey demócrata se contará con varios candidatos (prusiano, francés y portugués). Finalmente será el italiano Amadeo de Saboyá, hijo del unificador de Italia, el que será aceptado por los liberales, a pesar de las presiones de los embajadores de Francia y Reino Unido por ocupar sus respectivos países el trono español. Amadeo acepta el trono gracias a las gestiones de Prim, su gran valedor, que, sin embargo, muere en atentado terrorista tres días antes de la llegada a España del nuevo rey.

El reinado de Amadeo I de Saboyá (1870-1873) contó con numerosos problemas que quedaron sin resolver a pesar de los gobiernos consecutivos, en tan pocos años, de Serrano, Ruíz Zorrilla, Serrano de nuevo y Sagasta: la oposición de la nobleza y el clero simpatizantes del partido alfonsino de Cánovas, la ignorancia mostrada por la alta burguésía que ve sus negocios en peligro, un nuevo episodio carlista (Carlos VII), los republicanos inmersos en el movimiento obrero que aspiran a la revolución marxista, el descontento de una parte del ejército, la insurrección en Cuba, y las disputas por el poder entre los distintos partidos. Por todo ello, Amadeo abdica y regresa a Italia en 1873. Una sesíón conjunta del Congreso y el Senado se declaran Asamblea Nacional y proclaman la Iª República.

La Primera República (1873-1874) fue una frágil alianza entre monárquicos y republicanos. No fue reconocida ni por Francia ni por el Reino Unido. En España contó con los apoyos de un sector de la burguésía liberal, intelectuales y elementos obreros. Pero fueron pocos los sectores convencidos del republicanismo: las clases populares desconfiaban, y fueron hostiles los conservadores, la Iglesia y los carlistas. En tan solo once meses de vida contó con cuatro presidentes: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar.

La Presidencia de Figueras sostuvo una República Unitaria, cuya primera tarea era la de elegir Cortes Constituyentes que elaborara una nueva Constitución, pero antes había que abordar graves problemas: la “Guerra Larga” de Cuba, en la que el ejército español se enfrentó a guerrillas apoyadas por EEUU, que ejercía una gran influencia económica en la isla; la tercera guerra carlista, en la que el pretendiente Carlos VII logró establecer su corte en Estella; la ruina de Hacienda; la tensión creada por el movimiento obrero en zonas industriales y por los campesinos que querían el reparto de tierras; y la reivindicación de una república federalista por parte de Cataluña. Pero Figueras realizó grandes reformas como la promulgación de una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y la supresión de las quintas. Un fallido Golpe de Estado de Cristino Martos, alcalde de Madrid, produjo la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, en las que triunfaron los republicanos federalistas, por lo que Figueras se exilió a París.

La Presidencia de Pi i Margall inició un nuevo modelo de Estado Federal, quedando España dividida en 17 estados, incluidos Cuba y Puerto Rico. Sin embargo existieron graves diferencias entre los republicanos federales transigentes, mayoritarios, con Pi i Margall, y los llamados intransigentes o cantonalistas que llevaron a cabo una revolución, en Levante y Andalucía, desde la que pretendían una organización de municipios que voluntariamente se fueran federando, la autonomía para las regiones, y en algunos casos la total independencia, desde posiciones claramente socialistas. La mayoría de los cantones fueron disueltos militarmente, por lo Pi i Margall, negándose a utilizar la fuerza contra este movimiento, presentó su dimisión.

La Presidencia de Nícolás Salmerón se apoyó en el ejército para restablecer el orden: el general Martínez Campos “pacificó” el cantonalismo en Levante y el general Pavía lo hizo en Andalucía. Su política se centró en la eliminación de las secciones de la AIT para tranquilizar a las clases conservadoras. Presentó su dimisión al negarse a firmar penas de muerte tras las movilizaciones obreras reprimidas por la fuerza.

La Presidencia de Emilio Castelar dio un giro conservador a la República, asumiendo gran cantidad de poderes y reorganizando el ejército, que tuvo éxitos contra el cantonalismo y el carlismo. Suspendíó las garantías constitucionales y clausuró las Cortes. Cuando decidíó la reapertura de las mismas y se votaba una moción de confianza (que Castelar perdíó), el general Pavía, conociendo el resultado de esta votación, llevó a cabo un pronunciamiento en el Congreso de los Diputados obligando a su disolución y poniendo así fin a la Iª República Española.

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