Carlismo y Guerras Civiles: El Conflicto por la Sucesión

Durante los últimos años del reinado de Fernando VII se planteó el problema de la sucesión al trono, que tras la muerte del rey desencadenó una guerra civil. Según la Ley Sálica, la corona solo podía transmitirse por línea masculina. Esta ley fue derogada al promulgar Fernando VII la Pragmática Sanción, por la que su hija, Isabel II, heredaría el trono. Tras la muerte del rey, su hermano, el infante Don Carlos María Isidro, reclamó sus derechos a la corona en contra de los intereses de su sobrina. Comenzaba así la guerra entre dos bandos:

• El bando isabelino: apoyado por las clases medias, los grupos de poder urbanos, la alta nobleza y, a nivel internacional, por Francia, Portugal y Gran Bretaña. Defendía las libertades económicas, políticas, sociales y el liberalismo.
• Los carlistas: apoyados por la baja nobleza del norte peninsular, los pequeños propietarios y el bajo clero rural. Los carlistas no contaban con un ejército regular y empleaban la táctica de guerrillas. Sus principios ideológicos eran la defensa del absolutismo monárquico (lema: «Dios, Patria, Rey y Fueros»), de los intereses de la Iglesia y del inmovilismo social.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Primera etapa (1833-1835)

El general carlista Tomás de Zumalacárregui empleó con éxito tácticas guerrilleras y controló grandes espacios rurales del País Vasco y Navarra. Murió en el intento de tomar Bilbao y fue sustituido en el liderazgo militar por el general Ramón Cabrera.

Segunda etapa (1836-1837)

El ejército isabelino, dirigido por el general Baldomero Espartero, vence e impide la caída de Bilbao y la ocupación de Madrid. Se efectuaron dos grandes expediciones carlistas: la de Miguel Gómez y la Expedición Real, dirigida por el propio pretendiente Don Carlos, que partiendo de Estella se dirigió a Madrid. Ambas fracasaron en su intento de tomar la capital.

Tercera etapa (1838-1840)

El bando carlista se fracturó en dos grupos: los intransigentes o «apostólicos», liderados por Cabrera, que negaban una solución pacífica al conflicto; y los moderados o «transaccionistas», liderados por el general Rafael Maroto, partidarios de un pacto con los isabelinos a cambio del respeto a los fueros. Finalmente, se firmó el Convenio o Abrazo de Vergara entre el general carlista Maroto y el isabelino Espartero, que supuso el fin de la guerra en el norte, aunque Cabrera resistiría en el Maestrazgo hasta 1840. El carlismo, sin embargo, volvería a resurgir posteriormente.

La Segunda Guerra Carlista o Guerra dels Matiners (1846-1849)

Tuvo lugar fundamentalmente en Cataluña durante la Década Moderada. Se originó, entre otras causas, por el fracaso del proyecto de matrimonio entre Isabel II y el pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón y Braganza (conocido como Carlos VI para sus seguidores).

La Tercera Guerra Carlista (1872-1876)

Se enmarcó durante el Sexenio Revolucionario y se extendió hasta los primeros años del reinado de Alfonso XII.

La Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)

Tras la muerte de Fernando VII, su esposa, la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, ocupó la regencia durante la minoría de edad de su hija Isabel. Durante este periodo, se consolidó la división del liberalismo en dos corrientes principales:

• Liberales moderados: partidarios de una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y de una fórmula intermedia entre el absolutismo y la soberanía popular.
• Liberales progresistas: herederos de la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, eran partidarios de la soberanía nacional y de una profunda reforma que limitase el poder del rey en favor del Parlamento.

Tanto María Cristina como, posteriormente, Isabel II favorecieron mayoritariamente a los liberales moderados. El inicio de la guerra carlista obligó a la regente a realizar una convocatoria de las Cortes para consolidar el trono. En 1834, María Cristina encargó formar gobierno a Martínez de la Rosa, quien aprobó el Estatuto Real. Este documento buscaba ser una transición entre el absolutismo monárquico y un sistema representativo liberal para ganar más apoyo popular para la causa isabelina. Establecía unas Cortes formadas por dos cámaras:

• Estamento de Próceres (Cámara alta): compuesta por nobles, el alto clero, la alta burguesía y personas de relevancia designadas por el rey con carácter vitalicio.
• Estamento de Procuradores (Cámara baja): compuesta por diputados elegidos mediante un sufragio censitario muy restringido.

El estatuto no satisfacía ni a los progresistas, que reclamaban mayor participación ciudadana, ni a los carlistas, que querían la vuelta del Antiguo Régimen. El progresista Juan Álvarez Mendizábal planteó sufragar los gastos de la guerra carlista con la desamortización de los bienes del clero. Hacia 1833, la agricultura era la base de la economía española. Sin embargo, el crecimiento y la modernización agraria estaban obstaculizados por la gran cantidad de tierras amortizadas o de «manos muertas», que no se podían vender. En 1836, un grupo de sargentos del Ejército se sublevó en el palacio de La Granja de San Ildefonso (Motín de los Sargentos de La Granja) y forzó a la regente a suspender el Estatuto Real y a restablecer la Constitución de 1812. Los progresistas, con José María Calatrava al frente del gobierno, llevaron a cabo importantes cambios, como la supresión definitiva de los gremios, la Mesta y los diezmos, y la promulgación de la Constitución de 1837, cuyas características eran:

• Soberanía nacional, aunque en la práctica se tendía a una soberanía compartida entre el rey y las Cortes.
• División de poderes y un parlamento bicameral (Congreso y Senado).
• Refuerzo del poder de la Corona, que obtenía el derecho de veto y la capacidad de disolver las Cortes.
• Amplia declaración de derechos y libertades individuales, como la libertad de imprenta.

En 1837 se celebraron elecciones que ganaron los moderados. Estos intentaron modificar la Ley de Ayuntamientos para que los alcaldes fueran designados por el gobierno central, en lugar de ser elegidos por los vecinos. Esto, sumado al descontento militar con María Cristina, provocó un levantamiento progresista que culminó con la renuncia de la regente y el ascenso al poder del general Espartero.

La Regencia del General Espartero (1840-1843)

En 1840, María Cristina renunció a la regencia y se exilió tras el enfrentamiento con los progresistas a causa de la mencionada Ley de Ayuntamientos. Los progresistas ganaron las elecciones de 1841 y Espartero asumió la regencia. Gobernó con un marcado autoritarismo y con gran influencia del ejército, rodeándose de militares afines (los «ayacuchos»). Su política autoritaria y la dura represión de levantamientos, como el de Barcelona en 1842, le granjearon la oposición de gran parte de su propio partido. Un pronunciamiento liderado por moderados y progresistas descontentos en 1843 le obligó a exiliarse. Ante el vacío de poder, las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de la princesa Isabel, que fue proclamada reina con tan solo 13 años.

El Reinado de Isabel II (1843-1868)

Durante el reinado de Isabel II se consolidó un sistema de partidos. Estos eran muy distintos a los actuales: se trataba de agrupaciones de personalidades notables (partidos de notables) con un gran peso de los líderes militares (espadones), y el fraude electoral y la corrupción eran habituales debido a la baja participación ciudadana en la política. Además de los liberales moderados y progresistas, existían otras corrientes:

• Carlistas: situados fuera del sistema, apoyaban el absolutismo, los fueros vascos y navarros y la pervivencia del Antiguo Régimen.
• Partido Demócrata: escindido del progresismo, defendía la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, la supresión de las quintas y una amplia declaración de derechos y libertades.
• Unión Liberal: partido de centro creado por Leopoldo O’Donnell, que agrupaba a los sectores más moderados del progresismo y a los más abiertos del moderantismo.

La Década Moderada (1844-1854)

Los moderados controlaron el gobierno durante diez años con el apoyo explícito de la reina. La figura más destacada fue el general Ramón María Narváez, quien modeló un Estado centralizado y uniforme. Se aprobó la Constitución de 1845 y se llevaron a cabo importantes reformas:

• Constitución de 1845: de carácter moderado, establecía una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, fortaleciendo el poder del monarca.
• Ley Electoral de 1846: implantó un sufragio censitario muy restringido, que reducía el cuerpo electoral a menos del 1% de la población.
• Confesionalidad católica del Estado, que se reforzó con la firma del Concordato con la Santa Sede en 1851.
• Creación de la Guardia Civil en 1844, un cuerpo armado con fines civiles y estructura militar para el mantenimiento del orden público, especialmente en el ámbito rural.
• Reforma fiscal de Mon-Santillán (1845), que modernizó la Hacienda y estableció un sistema de impuestos directos e indirectos más racional.
• Reorganización de la Instrucción Pública, con la creación de diferentes niveles de enseñanza.
• Ley de Ayuntamientos de 1845, que reforzaba el centralismo al establecer que el alcalde de las capitales de provincia sería nombrado por la Corona.

A partir de 1850, el autoritarismo de los gobiernos moderados y la corrupción generaron un gran descontento social y político.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La crisis del gobierno moderado derivó en 1854 en una sublevación militar y en la vuelta de los progresistas al poder. El general Leopoldo O’Donnell dirigió un levantamiento militar en Vicálvaro (la «Vicalvarada»). Aunque inicialmente no tuvo un claro vencedor, los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo, en el que exponían sus peticiones de reforma política. El éxito del pronunciamiento militar, junto con las revueltas urbanas, obligó a Isabel II a entregar el gobierno al general progresista Espartero. Se inició así un gobierno de coalición entre Espartero y O’Donnell. Se llevaron a cabo importantes reformas:

• Elaboración de un proyecto de Constitución en 1856 (la «non nata»), que no llegó a promulgarse.
• Restauración de la Milicia Nacional.
• Desamortización de Madoz (1855), que afectó a los bienes de los municipios (bienes de propios y comunes) y del Estado.

La persistencia de las crisis de subsistencia generó una gran conflictividad social, con huelgas obreras en Cataluña, levantamientos campesinos en Castilla y motines urbanos.

Los Gobiernos de la Unión Liberal y la Crisis del Moderantismo (1856-1868)

Ante la creciente conflictividad social, O’Donnell dio un golpe de Estado y asumió la presidencia del gobierno, poniendo fin al Bienio. Se inició un periodo de alternancia entre la Unión Liberal de O’Donnell y el Partido Moderado de Narváez. Durante el «gobierno largo» de O’Donnell (1858-1863), se llevó a cabo una activa y agresiva política exterior para restaurar el prestigio internacional de España:

• La Guerra de Marruecos (1859-1860), que tenía como objetivo la defensa de Ceuta y Melilla y que finalizó con la victoria española en las batallas de Tetuán y Wad-Ras.
• La intervención en México (1861), junto a Francia y Reino Unido, para exigir el pago de la deuda. España se retiró pronto al comprender las intenciones imperialistas de Francia.
• La expedición a Indochina (1858-1862), en apoyo de Francia, que se saldó con una indemnización de guerra y libertad comercial para España en la zona.

La Crisis Final del Reinado y la Revolución de 1868

A partir de 1863, la inestabilidad política se acentuó. El régimen isabelino se mostró incapaz de poner en práctica una verdadera alternancia en el poder e integrar a los progresistas en el juego político, que optaron por el retraimiento y la conspiración. Una grave crisis económica en 1866 (financiera, industrial y de subsistencias), el autoritarismo de los últimos gobiernos moderados, un fallido pronunciamiento militar en el cuartel de San Gil y la firma del Pacto de Ostende (1866) entre progresistas y demócratas (al que más tarde se uniría la Unión Liberal) para derrocar a la reina, aceleraron la descomposición del régimen. Finalmente, en septiembre de 1868, el almirante Juan Bautista Topete se sublevó en Cádiz, dando inicio a la revolución conocida como «La Gloriosa». La victoria de las fuerzas sublevadas en la Batalla del Puente de Alcolea sobre las tropas leales a la reina provocó la huida de Isabel II a Francia, poniendo fin a su reinado e iniciando el periodo del Sexenio Democrático.