La Revolución de 1868: El Fin del Reinado de Isabel II
Las principales causas de la Revolución Gloriosa de 1868, que puso fin a la monarquía de Isabel II, fueron la crisis económica y el deterioro del sistema político. A partir de 1865, la expansión económica se vio interrumpida por la crisis del sistema capitalista en sus aspectos financieros e industriales. Además, en 1866 se inició una nueva crisis de subsistencias por la escasez de trigo, provocando un aumento del paro.
En el ámbito político, las imposiciones de los gobiernos moderados con el apoyo de Isabel II llevaron a los partidos progresistas de Prim y al demócrata a firmar en 1867 el Pacto de Ostende. A este pacto se unieron los unionistas de Serrano tras la muerte de O’Donnell. Su objetivo era acabar con la monarquía isabelina y elegir, mediante sufragio universal, Cortes Constituyentes que debían decidir sobre la forma de Estado.
En septiembre de 1868, el brigadier Topete inició en Cádiz un alzamiento militar al que se sumaron Prim y Serrano. La reina se enfrentó a ellos, pero sus tropas fueron derrotadas en la batalla de Alcolea, lo que forzó la dimisión del gobierno y el exilio en Francia de Isabel II. El carácter revolucionario de este movimiento se explica por el apoyo popular en las ciudades, donde se formaron las Juntas Revolucionarias. Sin embargo, los sublevados moderaron el carácter radical de estas al nombrar un gobierno provisional presidido por el general Prim, formado por progresistas y unionistas, con el general Serrano como regente. Este gobierno convocó las elecciones a Cortes Constituyentes que se celebrarían a comienzos de 1869.
La Constitución de 1869
En enero de 1869 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino. La coalición monárquica, formada por progresistas, unionistas y demócratas, obtuvo más del 70% de los diputados, pero con la presencia de minorías republicanas y carlistas.
Las Cortes promulgaron la Constitución de 1869 según los principios liberal-democráticos: soberanía nacional, división de poderes, derechos de manifestación y asociación, libertad de enseñanza y religiosa, e igualdad para obtener empleo. Puesto que se mantenía la monarquía y al estar vacante el trono, se estableció la regencia del general Serrano, con Prim como jefe de gobierno. En el ámbito económico, se trató de proteger los intereses de la burguesía y la llegada de capital extranjero, por lo que se liberalizó la economía, pero continuó el grave problema de la deuda pública.
De este modo, las aspiraciones populares se vieron frustradas, lo que condujo a una fuerte conflictividad social. Los campesinos reclamaban el reparto de las tierras, y el movimiento obrero se radicalizó en la defensa de mejoras laborales y salariales. Ante la falta de representación política, se difundieron las ideas internacionalistas (anarquismo y socialismo). La Constitución estableció la monarquía democrática como forma de gobierno, por lo que se inició la búsqueda de un nuevo monarca.
El Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)
Según la Constitución de 1869, España era una monarquía democrática, por lo que se inició la búsqueda de un candidato que suscitara un consenso internacional. Descartadas las monarquías portuguesa y alemana, se optó por Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, que había logrado la unificación de Italia y tenía una concepción democrática de la monarquía. Fue elegido por las Cortes en 1870 y proclamado rey el 2 de enero de 1871, días después del asesinato de Prim.
Desde el principio, sus apoyos fueron escasos (progresistas y unionistas). Por el contrario, el establecimiento de un régimen democrático obtuvo el rechazo de los moderados, que deseaban la restauración de los Borbones en Alfonso, hijo de Isabel II. Los sectores populares eran en su mayoría republicanos, por lo que aspiraban al fin de la monarquía y protagonizaron insurrecciones apoyadas por los anarquistas. Incluso una parte del ejército le negó su apoyo, de especial importancia ante la guerra carlista y la guerra de los Diez Años en Cuba, que había comenzado con el Grito de Yara en 1868.
Todo ello creó una gran inestabilidad durante el reinado de Amadeo de Saboya, unida a los graves problemas de endeudamiento del Estado. La crisis final se produjo por la ruptura de la coalición gubernamental. Sin apoyos, Amadeo presentó su renuncia al trono en 1873 ante las Cortes, lo que abrió paso a la proclamación de la Primera República.
La Primera República (1873-1874)
Tras la renuncia de Amadeo de Saboya, las Cortes proclamaron por mayoría la Primera República y eligieron como presidente a Figueras. Pero ese resultado no implicaba un apoyo verdadero, puesto que buena parte de los monárquicos votaron a favor para ganar tiempo y organizar la vuelta de los Borbones al trono. Además, el nuevo régimen no fue reconocido internacionalmente, salvo por Suiza y Estados Unidos.
La República sí contó con un entusiasta apoyo popular, que aspiraba a un cambio social y desarrolló un proceso revolucionario con insurrecciones en el campo andaluz, movilizaciones obreras y la creación de Juntas Revolucionarias. Sus reivindicaciones desembocaron en la petición de un Estado federal, pero los dirigentes, respetuosos con la legalidad, disolvieron las juntas y sofocaron las protestas. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que ganaron por mayoría los republicanos federales, pero con una abstención del 60%. Las nuevas Cortes proclamaron en julio de 1873 la República Democrática Federal.
A los pocos días dimitió Figueras, sustituido por Pi y Margall. Se inició una labor legislativa reformista y se redactó un proyecto de Constitución que no se aprobaría. Lo más novedoso fue la propuesta de un Estado federal compuesto por 17 estados regionales con autonomía. La acción de gobierno se vio paralizada por los conflictos armados (la guerra carlista y la guerra en Cuba) y por el cantonalismo. Se proclamaron cantones independientes, con sus propios gobiernos y leyes, en zonas republicanas y anarquistas decepcionadas por el lento cambio social.
Pi y Margall dimitió al negarse a acabar con la revuelta por la fuerza, y le sustituyó Salmerón. Éste intervino militarmente y acabó con la insurrección cantonalista en Cartagena, pero se negó a firmar las penas de muerte contra los líderes cantonalistas. La presidencia pasó a Castelar, un republicano unitario que emprendió un rumbo más conservador y gobernó de forma autoritaria, al margen del Congreso.
Al reabrirse las Cortes, y ante el miedo a una derrota que condujera a un gobierno de izquierdas, el general Pavía asaltó y disolvió el Congreso en enero de 1874. El poder pasó a una nueva coalición de unionistas y progresistas, con el general Serrano al frente de una república conservadora. Pero su base social apoyaba a Alfonso de Borbón, que junto a Cánovas del Castillo dio a conocer su ideario político con el Manifiesto de Sandhurst. El pronunciamiento militar del general Martínez Campos en Sagunto en 1874 supuso la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII y la regencia de Cánovas hasta el regreso del rey a España en enero de 1875.